Expropiación de otra empresa recuperada
Por reenvío lavaca.org - Wednesday, Mar. 30, 2005 at 4:04 PM

Los trabajadores de la Clínica Junín -recuperada hace tres años- fueron formalmente anoticiados de la conquista venían festejando desde el martes, cuando el Concejo Deliberante de la ciudad votó la expropiación temporaria del edificio de Deán Funes 581, donde funciona el sanatorio.

La Clínica Junín está de fiesta





Ayer, con la visita del intendente, el viceintendente y varios concejales de la ciudad de Córdoba, los trabajadores de la Clínica Junín -recuperada hace tres años- fueron formalmente anoticiados de la conquista venían festejando desde el martes, cuando el Concejo Deliberante de la ciudad votó la expropiación temporaria del edificio de Deán Funes 581, donde funciona el sanatorio. Saben que la lucha no terminó, pero ahora se sienten más respaldados para enfrentar la demanda de desalojo iniciada por una sociedad anónima (Frisias) de cuyas intenciones desconfían.

Como tantas otras clínicas cordobesas, la Junín iba camino al cierre cuando a fines de 2001 los dueños dieron el sanatorio a una empresa conformada por la gerenciadora Primord y el Hospital Italiano, para salvarla de la quiebra. El proceso terminó con el despido de 45 personas (sobre 65) y el abandono liso y llano del lugar. La administración solo volvió a aparecer en las audiencias ante la Secretaría de Trabajo. Conclusión: nadie se hizo cargo salvo los ex empleados que reabrieron la clínica el 13 de junio de 2002 y le iniciaron una demanda penal a la antigua patronal por vaciamiento y administración fraudulenta.

Hoy son más de cien las personas las que garantizan el funcionamiento de la Junín -entre médicos, enfermeros, auxiliares y otros trabajadores de la salud. Atienden a más de 3500 pacientes por mes en todas las especialidades, tienen guardia las 24 horas y como saben que la salud no es solo una cuestión orgánica ofrecen actividades culturales y de intercambio de actividades y campañas con otros movimientos sociales.

La clínica se convirtió en una opción imprescindible para sectores medios y bajos, cada vez más empobrecidos. Ofrece un plan de salud de 10 pesos por todo el grupo familiar sin límites en la cantidad de integrantes ni en la edad. Por cada consulta además, los miembros de la familia pagan tres pesos u ocho si no están asociados a esta propuesta.

De los seis pisos del edificio, están en funcionamiento dos. La cooperativa tiene en proyecto ampliar su estructura de servicios. Un estudio de factibilidad realizado por docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba indica que si la Clínica logra -en el mediano plazo- trabajar en toda su capacidad, podría abarcar a 100 profesionales (que cobran en función de la cantidad de pacientes que atienden) y a 87 trabajadores, que retirarían unos 1600 pesos mensuales. "Nosotros no queremos enriquecernos, nos conformamos con cubrir los costos de la canasta familiar, así que el resto de lo que ganemos pensamos invertirlo en algún objetivo social", sintetiza José López, uno de los trabajadores.

En tanto, Frisias, les inició un juicio por desalojo. Los trabajadores sospechan que esa sociedad anónima que se presenta como comprador de buena fe del inmueble pero que los trabajadores sospechan que encubre a la antigua patronal porque les llama la atención que una empresa sin antecedentes comerciales ni inmobiliarios decida invertir en una propiedad en conflicto.

Es por ello que los integrantes de la cooperativa le pidieron a las autoridades locales que tomaran la "decisión política" y lo consiguieron: la ordenanza de "utilidad pública y sujeto a expropiación" fue votada por todos los concejales excepto el bloque radical y la Municipalidad de Córdoba aceptó la posibilidad de incorporar el inmueble a su patrimonio y cederlo en comodato a cambio de que la Clínica presta la Comuna algunos servicios de salud.

Dadas las limitaciones económicas de las autoridades, los trabajadores se comprometieron a gestionar los fondos necesarios para que la expropiación se concrete. Requieren de 2,7 millones de pesos en el plazo de dos años que están siendo gestionados a nivel nacional. Es el único camino efectivo para terminar con el fantasma del desalojo que los ronda desde hace casi tres años.




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