Ofende a la conciencia ética de la humanidad, así como a la memoria de las víctimas, que el Presidente de la República haya guardado absoluto silencio frente a la masacre perpetrada el pasado 21 de febrero en San José de Apartadó y tan solo se haya ocupado de presentar públicamente nuevos mecanismos de agresión, situación que revela profunda insensibilidad frente a este crimen que nos enluta.
Las repetidas declaraciones de Uribe Vélez calumniando a la comunidad de Paz de San José de Apartadó, acusándola de tener vínculos con las Farc y de obstruir la justicia, y en donde ordena la militarización de la comunidad, evidencian el plan de exterminio que lidera el gobierno junto con los gremios económicos de Uraba. La orden es exterminar a las comunidades que se oponen a la guerra, o donde el capital no ha podido entrar a hacer y deshacer, como con las reservas campesinas, las comunidades negras ancestrales o los resguardos indígenas.
La ofensiva contra la comunidad de San José de Apartadó se entiende porque ha sido una de las pocas comunidades en la región paramilitarizada de Urabá, que no se ha rendido a los paramilitares, ha proscrito en su territorio las armas y se niega a convertirse en escudo de fuerzas armadas, cualquiera sea su naturaleza.