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Jueza federal denuncia que la policía de Santa Fe vende droga con complicidad del gobierno
Por Reenvío medio corporativo -
Thursday, May. 05, 2005 at 3:52 PM
"Hay policías que cobran por proteger y que hacen vender su propia droga"
4 de mayo de 2005:
"Hay policías que comercializan su propia droga", dijo Cosidoy
Rosario.- La jueza federal Laura Cosidoy amplió sus advertencias sobre la supuesta complicidad de agentes de la Policía con el narcotráfico, al afirmar que "hay funcionarios policiales que no sólo cobran su cuota por proteger, sino que comercializan su propia droga".
En diciembre de 2003, Cosidoy desató un escándalo institucional al señalar que había policías que eran cómplices del narcotráfico y ayer, al comentar el fallo de un juicio oral por drogas que puso bajo la lupa a los jefes de la pesquisa, aseguró: "No cambió nada. En Rosario sigue existiendo un alto nivel de tráfico que no condice con la gente que llega a ser juzgada. Ni en cantidad ni en calidad".
"En mi opinión personal tiene que haber complicidad policial. Tiene que haber arreglos, tiene que haber protecciones. No hay otra explicación", analizó.
En declaraciones a Radios Dos, la magistrada dijo hoy que “hay policías que están cobrando por favorecer y dejar hacer”, además de precisar que “hay funcionarios policiales que no sólo cobran su cuota por proteger, sino que comercializan su propia droga a través de esta gente”.
Cosidoy recordó las denuncias que efectuó hace dos años y reafirmó sus conceptos. "En la Policía y en el Gobierno hay facilitamiento, porque sin complicidad, lo que estaba pasando en Rosario era imposible y ahora lo reitero”, dijo.
Finalmente, manifestó que “hay complicidad en las autoridades de no combatir el tráfico de drogas”.
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5 de mayo de 2005:
"Hay policías que cobran por proteger y que hacen vender su propia droga"
La jueza Laura Cosidoy afirma que se negocian los retazos de los operativos. E incluye a los niveles superiores
La jueza federal Laura Cosidoy amplió ayer sus graves imputaciones acerca de la complicidad de policías provinciales con traficantes de droga. La magistrada, que integra el tribunal que el lunes ordenó investigar a dos importantes jefes de Inteligencia de Drogas Peligrosas, sostuvo que hay policías que cobran para brindar amparo a los proveedores de narcóticos y que hasta los hacen concretar negocios en su provecho. "Se cobra por favorecer. Pero también hay funcionarios policiales que no sólo cobran una cuota a cambio de protección sino que les dan a los traficantes su propia droga, que son remanentes o retazos de los procedimientos, para que las vendan en su beneficio", le dijo a La Capital.
Al hablar de funcionarios la magistrada no acota las prácticas denunciadas al dominio de los sectores policiales inferiores sino que las ubica también en niveles escalafonarios superiores de la fuerza. Y señaló que el gobierno tiene responsabilidad. "Hay complicidad en no combatir el tráfico de drogas", sostuvo, actualizando algo que ya había advertido en diciembre de 2003: la falta de voluntad política, en su criterio, de dar una lucha más intensa contra el narcotráfico.
El resonante planteo de la jueza publicado ayer en este diario casi no fue contrastado desde la conducción política de la policía provincial. El responsable de la Dirección General de Drogas Peligrosas de Santa Fe, Hugo Baigoría, no contestó el teléfono. El centro de los gruesos reproches de Cosidoy había apuntado a la repartición que él comanda. Solamente se avino a hablar del caso la jefa de policía provincial, Leyla Perazzo, quien dijo que había ordenado actuaciones a raíz de los dichos de la magistrada (ver aparte). Perazzo señaló que no le constan las imputaciones de Cosidoy. Y disintió con la valoración que la magistrada hizo de la reforma interna anunciada en Drogas Peligrosas en diciembre de 2003. En cuanto a la eficacia para desterrar esa corrupción interna, Cosidoy le había atribuido un nulo impacto.
El inseparable contexto de las declaraciones de la jueza es un fallo emitido el lunes por el Tribunal Federal Oral Nº1 que, al concluir un juicio oral por drogas, ordenó abrir causas penales contra los responsables de la investigación policial. Que, precisamente, no son policías de bajo rango sino altos oficiales de la fuerza. Uno de ellos es el comisario mayor Alberto Antegiovanni, ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas de la provincia. El otro es el comisario Carlos Rodríguez, que ocupaba el mismo rol en Rosario. El tribunal también requirió investigar a dos comandantes de Gendarmería. Y pidió actuaciones contra un juez a quien reprocha incumplir con medidas ordenadas por la Cámara de Apelaciones en esta causa, y también contra un fiscal por no investigar a personas que, pese a aparecer en las escuchas telefónicas de aquella pesquisa, ni siquiera figuraron como imputados en la causa.
Las principales acusaciones de la jueza contra los policías provinciales se sintetizan en estos puntos:
u Hay un alto nivel de tráfico de droga que no condice con la siempre menor cantidad de casos que llegan a juicio ni con el número de las personas juzgadas.
u Los procedimientos se cortan siempre en los eslabones más bajos de la cadena -consumidores, transportadores y distribuidores pequeños- que son los que terminan acusados.
u Nunca se llega a los grandes proveedores porque las investigaciones de la policía se interrumpen antes. Esto se produce porque hay acuerdos entre investigadores policiales y narcos donde a cambio de dinero los primeros encubren a los segundos.
u La reestructuración de Drogas Peligrosas de diciembre de 2003 fue apenas una reasignación de destinos que no impidió que policías cuestionados por sus prácticas siguieran desarrollándolas. En aquel momento se anunció que el 80 por ciento del personal sería recambiado. "En Rosario cambiaron a dos o a tres", dijo Cosidoy.
En el juicio que terminó el lunes pasado también fueron severamente cuestionados los comandantes de Gendarmería Nacional Francisco Ramón González y Oscar Alfredo Ochova. Al último lo señalaron directamente como posible participante del delito de tráfico de estupefacientes.
En las escuchas telefónicas ordenadas en la investigación -se trataba de un tráfico de cocaína desde Salta a Rosario- aparecen muchas personas que no llegaron al juicio y jamás fueron investigadas. "Hubo el caso grosero de una persona que llegó al juicio como testigo pero que aparece en las escuchas telefónicas como aparentemente involucrado en el tráfico. Esta persona fue inicialmente imputada en la investigación policial. Pero de un plumazo, en cuatro renglones, quedó desvinculado sin que se expliquen los motivos", señaló Cosidoy. Por esta situación irregular fue responsabilizado el comisario mayor Antegiovanni.
Desde 2003 hubo varios casos de juicios donde los investigadores pasan a ser investigados por las irregularidades de sus procedimientos. Según Cosidoy, nunca las órdenes de investigar estas anomalías -que a veces obligaron a la anulación de las acusaciones- produjeron resultados.
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5 de mayo de 2005:
Perazzo: "En Drogas Peligrosas hubo cambios"
La jefa de policía provincial, Leyla Perazzo, dijo que no tiene más conocimiento de efectivos de la fuerza envueltos en irregularidades en casos de narcotráfico que lo que aflora de los casos que se divulgan en la Justicia. Aseguró que no comparte que los cambios producidos en la Dirección General de Drogas Peligrosas en diciembre de 2003 hayan sido ineficaces. Y resaltó que el trabajo de prevención de esa dependencia ha sido últimamente valorado por organismos nacionales.
-La jueza Cosidoy dijo que en Rosario la situación de complicidad entre policías provinciales y narcotraficantes está peor que en 2003, cuando hubo una reestructuración en Drogas Peligrosas. ¿Cuál es su opinión?
-Las irregularidades que pueden haber en los procedimientos de drogas depende de lo que resuelvan los jueces. Por lo tanto vamos a tomar las medidas que correspondan según lo que surja de las investigaciones. Porque durante la investigación que se realiza en los tribunales federales no tenemos acceso. Con relación a lo que la jueza menciona sobre estos policías, vamos a solicitar la copia de las actuaciones y procederemos en consecuencia.
-¿Qué medidas van a tomar con respecto a estos dos oficiales?
-En principio iniciaremos los sumarios que correspondan. Estas dos personas ya no trabajan en Drogas Peligrosas desde hace bastante tiempo.
-No están en Drogas Peligrosas pero siguen en servicio. ¿Cuál es el destino actual de estos empleados?
-Di una directiva a Personal para que me informara sobre ello. No lo retengo ahora, francamente no tengo en la memoria los destinos de esos efectivos.
-También hay una valoración de la jueza de que policías -incluso de alto rango como los que ahora serán investigados- tienen negocios con proveedores de droga. ¿Esto le consta? ¿Que usted sepa aparece en alguna investigación de Asuntos Internos?
-No me consta y no tengo ningún indicio de que así sea. Nada más que los casos concretos que se ventilan a través de la Justicia. Es la única forma que tenemos de tener imputaciones concretas. Lo que sí me consta que Drogas Peligrosas de la provincia está trabajando regular y normalmente. Yo no advierto que haya menos procedimientos. Y en este último año y medio no he tenido denuncias de este tipo de irregularidades. Al contrario, en algunos casos se ha destacado el trabajo que hace en materia de prevención con organismos nacionales. La jueza se está refiriendo a un caso muy concreto que resultó de una investigación. Ojalá que siempre sea así. Que los jueces nos informen o hablen a través de sus sentencias y nos marquen el trabajo que la policía no hace adecuadamente.
-También dijo la jueza que en Drogas Peligrosas sólo hubo reasignaciones de destino, que sigue el mismo personal y no hay ningún cambio de fondo. ¿Cómo está hoy esa Dirección?
-No comparto que no haya habido cambios en Drogas Peligrosas. Se está trabajando duramente no solamente para cambiar la situación. No tengo ningún inconveniente en brindarle a la jueza un informe. Estamos trabajando para dotarla de los medios que necesita y para formar al personal.
Fuente: La Capital
Por su parte, Apropol denunció robo de combustible con complicidad de los jefes
Por Reenvío otro medio corporativo -
Thursday, May. 05, 2005 at 3:57 PM
SEGURIDAD. Apropol pidió investigar al Comando Radioeléctrico por robo de combustible
Anunciarán aumento de sueldo a policías
Como a los maestros, se reforzará el básico y el piso remunerativo llegaría a $900
Apropol sostuvo que el aumento se debe al reclamo legítimo de los policías.
Foto: Marcelo Manera
Una de cal y una de arena. El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, anunciará hoy una recomposición salarial para la Policía de la provincia que llevaría el piso remunerativo de los agentes a casi 900 pesos. Y por su parte, la Asociación Profesional Policial (Apropol) presentó ayer ante la dirección de Asuntos Internos una denuncia por supuestas “irregularidades en el destino que se le da al combustible asignado al Comando Radioeléctrico”.
Luego del pago de los 500 pesos a todos los integrantes de la fuerza policial para la adquisición de uniformes –que se hizo efectivo el pasado viernes, con los sueldos correspondientes al mes de abril–, el ministro de Gobierno anunciará hoy un aumento similar al otorgado al sector docente, y pasará al básico las sumas otorgadas en negro, hecho que repercutirá en las asignaciones familiares y la antigüedad de los agentes.
Alberto Martínez, secretario general de Apropol, comentó que si llega el aumento es por “el reclamo legítimo y genuino de los trabajadores”.
“El viernes nos pagaron los 500 pesos correspondientes a los uniformes del año pasado y, si se cumplen todas las promesas, este año nos darán borceguíes y camperones y el próximo dos mudas de ropa, una de verano y otra de invierno, que en definitiva es lo que nos corresponde”, agregó.
Por otra parte, el integrante de Apropol explicó que ayer denunció en Asuntos Internos que existirían vales de “patrulleros fantasmas del Comando Radioeléctrico”.
Según el integrante de Apropol, desde hace meses vienen obteniendo información sobre irregularidades en la carga de combustibles de la Policía con vales de nafta, “algo parecido a lo ocurrido en Santa Fe”, aclaró.
“Incluso tenemos testimonios de agentes que cargaban combustible en móviles cuyo kilometraje era mucho más alto al que en realidad se leía en el patrullero”, explicó Martínez.
La denuncia, presentada ante Asuntos Internos, explica que luego de la imputación hecha por Apropol en enero por el robo de combustible en la Unidad Regional I, de Santa Fe, “la modalidad de carga en Rosario fue variando porque los agentes se quejaban de la maniobra”, agregó el secretario general de Apropol.
Según el escrito, “numeroso personal estaría atemorizado ya que luego de dar a conocer su disconformidad, se cambió el sistema y pasaron a ser los oficiales los encargados de la carga de combustible”.
Martínez dejó en claro que en esto no tienen nada que ver los agentes, ya que sólo cumplen órdenes. “Esto es algo organizado y sistemático que comprende desde el jefe del Comando hasta el jefe de unidad”, denunció.
En tanto, en la mañana de hoy, integrantes de Apropol sumarán un tercer punto de protesta a los dos que ya mantienen en el Concejo Municipal, ya que levantarán una “carpa móvil” en el Centro Municipal de Distrito Sur, en Uriburu 637, para “aprovechar la sesión del Concejo móvil y armar una mesa de discusión con los vecinos, repartir folletos y explicar qué es lo que está pasando con la policía”.
Evaristo Monti pidió “una solución pacífica”
El concejal Evaristo Monti efectuó ayer una presentación ante el Juzgado Correccional Nº 7, a cargo del doctor Juan Carlos Curto, con relación a la presencia de miembros de Apropol en el Concejo Municipal.
Según el edil, “la presencia de una cantidad de personas ocupando una zona del edificio destinado al cuerpo deliberativo de la ciudad es simplemente una concesión de alojamiento transitorio”.
“Los policías encontraron un ámbito de protesta instalándose en un poder absolutamente ajeno al que le formulan el reclamo”, apuntó Monti.
“Ni fueron autorizados a instalarse ni accedieron al pedido de irse”, sostuvo el concejal, quien le solicitó al juez que tome cartas en el asunto y encuentre “una solución pacífica para este problema.
Sobre esto, Alberto Martínez dijo que “esa es la apreciación de un dirigente político en campaña; nosotros somos trabajadores que estamos ejerciendo nuestros derechos en forma pacífica y ordenada”.
Fuente: El Ciudadano