Republiqueta sojera 2: paraguay
Por anti transgenicos - Monday, May. 09, 2005 at 1:51 PM

La primera es la Argentina...

La guerra de la soja en Paraguay
El napalm de Monsanto
Por: Raúl Zibechi (Fecha publicación:07/05/2005, en argenpress.info)


El pequeño país sudamericano se ha convertido, en pocos años, en el
tercer exportador y el cuarto productor mundial de soja, desplazando
a cientos de miles de campesinos de sus tierras, y acorralando a los
que resisten entre la represión y la intoxicación por fumigaciones
masivas.

El cuerpito del pequeño Antonio, de 11 años, sentado casi desnudo en
su cama del Hospital Regional de Encarnación, es la imagen viva de
la desolación. Presenta lesiones cutáneas en todo el cuerpo como
consecuencia de uno de los tantos casos de contaminación que afecta
a miles de campesinos paraguayos que viven en zonas 'sojeras'. En
diciembre de 2003, unas 300 familias del departamento de Itapúa, a
270 kilómetros de Asunción, fueron contaminadas por dos grandes
productores de soja de la zona, uno de origen japonés y el otro
alemán, que fumigaron sus cultivos con glifosato y paraquat,
producidos por Monsanto (1).

Según relata Ramona, la mamá de Antonio Ocampos, el niño comenzó a
presentar llagas en la piel unos dos meses antes de que las familias
lo llevaran al hospital. Antonio y otros amigos, también
contaminados, se bañaban a diario en un arroyo cercano a sus casas,
donde un colono alemán limpia su pulverizadora de herbicidas. Pero
los agrotóxicos no sólo llagan la piel de los niños sino que
destruyen los cultivos de subsistencia: las aves de corral y el
ganado de los campesinos, forzándolos a menudo a emigrar a las
ciudades y dejar sus tierras en manos de los negociantes de la soja.

Enero de 2003

El 7 de enero de 2003 fue un parteaguas en la historia reciente del
movimiento campesino paraguayo. Ese día, Petrona Talavera enterraba
a su pequeño Silvino, también de 11 años, contaminado con herbicidas
en el mismo departamento. Cinco días atrás, Silvino regresaba en
bicicleta a su casa luego de comprar carne y fideos para el almuerzo
familiar. El camino está rodeado de sojales, que llegan casi hasta
la puerta de su humilde vivienda. Tuvo la mala suerte de que Herman
Schelender se encontrara en el camino, fumigando sus plantaciones.
Justo cuando Silvino pasaba frente a la máquina fumigadora,
Schelender activó el dispositivo empapando al niño. Una vez en la
casa, Petrona sin saber lo sucedido preparó la comida con los
comestibles mojados por herbicidas mortales. Al cabo de unas horas,
toda la familia sufría nauseas, vómitos y cefaleas, pero Silvino
llevó la peor parte, ya que había inhalado el líquido
involuntariamente.

El 6 de enero le dieron el alta y volvió a su casa. Pero ese mismo
día, otro plantador de soja, Alfredo Laustenlager, fumigó sus
cultivos a apenas 15 metros de la casa de Silvino. Esta vez el niño
no se repuso y murió al día siguiente. Una parte de su familia
(Silvino tenía once hermanos) y otras 20 personas fueron trasladadas
a Asunción para recibir tratamiento.

Petrona comenzó un largo periplo que la llevó a los tribunales de
justicia, apoyada por la Conamuri (Coordinadora Nacional de
Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas), en la
que participa hace años. Contumaz, consiguió algo casi imposible
para una mujer pobre del campo: poco más de un año después de la
muerte de Silvino, el 12 de abril de 2004, un tribunal de
Encarnación condenó a Laustenlager y Schelender por homicidio
culposo a dos años de cárcel y a una indemnización de 25 millones de
guaraníes cada uno. Pero poco después, los dos empresarios
brasileños apelaron y la condena quedó sin efecto.

Pese a la impunidad, la denuncia de las fumigaciones y el debate
sobre el modelo agrícola quedaron inscriptas como dos de las
demandas centrales del activo movimiento campesino paraguayo.

República sojera

En Paraguay la soja transgénica comenzó a cultivarse en el ciclo
agrícola 1999-2000. Se trata de la segunda oleada de agricultura
intensiva; la primera se había registrado en los 70, con el ingreso
de agricultores brasileños que expandieron la frontera de la soja
tradicional desde los estados del sur de Brasil. El sociólogo
paraguayo Tomás Palau, experto en cuestiones agrarias, asegura que
en esta ocasión, 'sin disponibilidad de tierras fiscales, la
frontera de la soja se expande sobre tierras campesinas, sobre
campos ganaderos reconvertidos y sobre lo que resta de monte' (2).

La progresión de cultivos es asombrosa. En 1995 se cultivaban 800
mil hectáreas de soja; en 2003 se llegó a casi 2 millones. En el
mismo período la producción pasó de 2,3 millones de toneladas a 4,5
millones. Pero en la misma década la extensión de los cultivos de
algodón -de los que viven los pequeños y medianos campesinos- cayó
un 20%, mientras el volumen de producción se redujo a la mitad.

Palau considera que la explosión sojera tuvo dos efectos: los
ambientales, que se agravaron por la desaparición de los últimos
bolsones de bosques en la región Oriental y por el uso
indiscriminado de herbicidas y pesticidas; y los sociales,
que 'resultan dramáticos en un país que venía sufriendo un acelerado
proceso de empobrecimiento y que ahora debe asistir a una expulsión
masiva de familias campesinas de sus tierras'. El 25% de los
campesinos paraguayos vive en la indigencia.

El país sufrió así, según Palau, una triple pérdida de
soberanía: 'depende de las exportaciones de un solo producto (soja)
cuyas semillas serán proveídas por una sola empresa (Monsanto)';
pierde soberanía territorial, ya que grandes extensiones son
adquiridas por extranjeros, en particular brasileños, los
llamados 'brasiguayos'; y también una pérdida de soberanía
alimentaria, porque el monocultivo sustituye la diversidad de
cultivos de subsistencia de las familias campesinas.

Acción directa

La superficie cultivada con soja representa el 5% de la superficie
total del país, pero una porción significativa de su área agrícola.
A partir de la muerte de Silvino, en enero de 2003, la
conflictividad en el campo se agravó a raíz de la expansión de la
soja. El punto culminante se dio un año después, en febrero de 2004,
en la comunidad de Ypekua en el departamento de Caaguazú. El 20 de
enero, campesinos armados se internaron en el bosque y dispararon
armas de fuego contra miembros de la Agrupación de Policías
Ecológica y Rural (APER), para impedir la fumigación con agrotóxicos
de 70 hectáreas de soja. Al día siguiente, un camión que trasladaba
50 campesinos que se desplazaban para apoyar la lucha contra las
fumigaciones, fue acribillado con fusiles M-16 por miembros de la
APER, resultando dos muertos y diez heridos. En febrero, cientos de
campesinos retienen tractores para evitar fumigaciones y se producen
incendios de terrenos destinados a cultivos de soja.

El 16 de marzo, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones
Campesinas (MCNOC), una de las organizaciones más importantes del
país, y la Plenaria Popular Permanente, espacio de unidad de
organizaciones populares y partidos de izquierda, convocan
movilizaciones bajo el lema 'Por la Vida y la Soberanía Nacional'.
La jornada, en la que se cerraron rutas en cinco departamentos,
expresó el repudio a la utilización de agrotóxicos pero también al
modelo agro-exportador. El gobierno de Nicanor Duarte Frutos
respondió criminalizando la protesta, llegando a calificar
como 'guerrilleras' a las organizaciones campesinas.

Según Palau, la respuesta campesina ante el desalojo por la
expansión de la soja tiene tres características. La primera, y la
más frecuente, es la 'aceptación pasiva del desalojo'. Sólo en el
ciclo agrícola 2002-2003 los campesinos perdieron unas 150 hectáreas
de cultivos familiares de subsistencia que fueron a parar a manos de
los grandes productores de soja. Se trata de 14 mil familias, unas
100 mil personas, que ya no viven en el campo y engrosan los
cordones de miseria de las ciudades.

Un segundo grupo reaccionó de forma 'institucional', a través de las
organizaciones de campesinos (además de la MCNOC está la Federación
Nacional Campesina, FNC), con el apoyo de municipios y sectores de
la iglesia, formando coordinadoras nacionales y departamentales en
Defensa de la Vida. Este es el sector que ha realizado las
movilizaciones más importantes, entre ellas la Marcha por la Vida y
la Soberanía que recorrió 80 kilómetros en mayo de 2004, decenas de
cortes de rutas y grandes concentraciones campesinas como las
realizadas en setiembre pasado.

Finalmente, muchos campesinos optaron por la acción directa, que
va 'desde la disuasión directa a los propietarios de no cultivar
determinadas parcelas, a bloquear el paso al personal o vehículos
que van a fumigar, hasta la quema de cultivos terminados y listos
para la cosecha' (3). Nadie reivindica estas acciones, pero
recientemente surgieron voces que se pronuncian por 'expulsar a los
extranjeros'.

Una delgada capa separa las acciones del movimiento campesino de la
acción directa espontánea. Las organizaciones del campo suelen
realizar acciones ilegales pero legítimas para los campesinos, como
los cortes de rutas y las invasiones de tierras. La respuesta del
Estado ha sido, mayoritariamente, la represión: desde 1989 hasta hoy
murieron 90 campesinos que reivindicaban su derecho a la tierra y
otros 1.500 están imputados por delitos vinculados con la lucha
social. Pero los hacendados suelen contar también con personal
armado que ha provocado muertes que no recoge ninguna estadística.

Guerra social

En ocasiones, la impotencia lleva a las bases campesinas a desbordar
a sus propias organizaciones. El 28 de noviembre de 2004, unos 200
campesinos nucleados en la FNC atacaron con bombas molotov, petardos
y palos la sede la Comisaría 13a. de San Juan Nepomuceno, y
consiguieron liberar a un dirigente detenido el día anterior. Al día
siguiente la policía ocupó el asentamiento del que provenían los
campesinos. Dos días después, en otro asentamiento un grupo de
campesinos atacó a una comitiva policial que iba a desalojarlos,
matando a un oficial e hiriendo a dos. Las organizaciones
campesinas, MCNOC y FNC, negaron estar relacionadas con esos hechos.

Petrona Talavera y la Conamuri consiguieron que el 7 de junio se
reabra el juicio por la muerte de Silvino. Piden justicia, luchan
contra la impunidad. Enfrente tienen poderosos enemigos. El 85% de
las semillas plantadas en Paraguay pertenecen a Monsanto. 'Sus
representantes se reunieron con los sojeros, a quienes les obligaron
a pagar 20 dólares por cada tonelada exportada por concepto de
derechos intelectuales, un monto que sobrepasa en gran medida el 4
por ciento de impuestos que los sojeros ahora se niegan a pagar al
Estado paraguayo' (4).

Sin embargo, ese Estado despreciado por los grandes hacendados,
sigue siendo su fiel aliado. El 30 de septiembre, pasado el
presidente Duarte Frutos recorrió siete asentamientos de campesinos
sin tierra en el departamento de San Pedro, una de las zonas más
conflictivas del país. Les dijo que debían dejar de invadir tierras
porque de lo contrario sufrirían las consecuencias: 'Va a venir
alguien a violar a sus mujeres e hijas y tendrán que callarse. Les
darán de beber de su mismo remedio, la violencia' (5).

Petrona, como tantas otras mujeres campesinas, conoce la realidad de
su país, inscrita con dolor en su cuerpo, en las lágrimas que siguen
llorando a Silvino. La gran mancha de aceite que arrasa todo a su
paso, como algunos paraguayos definen la soja, puede estar perdiendo
su impunidad.

Notas:
1) Rosalía Ciciolli, 'El arsenal agrícola bombardea otra vez', en
Rel Uita, 22 de diciembre de 2003.
2) Tomás Palau, 'Capitalismo agrario y expulsión campesina', Ceidra,
Asunción, 2004, p. 25.
3) Idem, p. 56.
4) Rosalía Ciciolli, 'Impuesto a la exportación de soja. La
resistencia de los privilegiados', Rel Uita, 18 de noviembre de 2004.
5) Revista OSAL No. 15, diciembre de 2004, p. 145

agrega un comentario