Un año de gobierno del PSOE
Por EL MILITANTE -
Tuesday, May. 10, 2005 at 2:26 PM
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España: El primer año de gobierno de
Zapatero |
Con los trabajadores
o con los capitalistas |
Autor : Periódico El
Militante - Eapaña Fecha : ( 09-Mayo-2005 ) Categoria :
Europa
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n este
mes de mayo se cumple el primer aniversario de la formación del
gobierno presidido por Rodríguez Zapatero tras el vuelco electoral
del 14 de marzo de 2004. El hecho de que el PSOE ganara las
elecciones en el contexto del mayor auge de la movilización social
desde los años setenta, y que las masas sintieran la victoria
electoral como una conquista propia, ha condicionado la política del
gobierno en este primer año de legislatura.
La
consecuencia más notable de la victoria de la izquierda, tal como se
produjo, radica en que los trabajadores y los jóvenes se sienten
mucho más legitimados para exigir al nuevo gobierno un cambio
sustancial de política, después de la pesadilla reaccionaria vivida
con los gobiernos de José María Aznar.
No obstante,
en muchos sectores de los trabajadores, a la tremenda satisfacción
de echar, por fin, al PP del gobierno, se suma un punto de cautela
por la larga etapa de gobiernos socialistas (1982 a 1996) que con su
política de ataques a las conquistas sociales de la clase
trabajadora y a los derechos democráticos causaron una enorme
frustración. La consigna de “no nos falles” coreada la noche del
triunfo electoral era una clara advertencia.
Diferencias con la anterior etapa de gobiernos del
PSOE
Existen muchas diferencias entre este
gobierno y los encabezados en la década de los ochenta por Felipe
González y Alfonso Guerra. La victoria del PSOE en 1982, que
electoralmente fue mucho más contundente, abrió paso al primer
gobierno de la izquierda desde la caída de la dictadura. Por otra
parte, los dirigentes del PSOE estaban muy experimentados en lidiar
con el movimiento obrero, ante el que tenían una enorme autoridad, y
con las tendencias de izquierda existentes en su propio partido.
Los anteriores gobiernos del PSOE se beneficiaron,
además, del auge económico que se prolongó desde la segunda mitad de
la década de los 80 hasta principios de los 90, en un ambiente
subyacente de cierto optimismo en relación al futuro y a las mejoras
sociales. A pesar de todo ello, los sucesivos gobiernos socialistas
se enfrentaron a un movimiento obrero que protagonizó cuatro huelgas
generales y durísimas luchas sectoriales. Finalmente, Felipe
González fue castigado en las urnas y el partido tardó ocho años en
remontar la situación, no tanto por los aciertos de la dirección
como por el movimiento de masas contra el PP. Tanto el panorama
económico como el político son ahora distintos. Zapatero tiene que
desenvolverse en un contexto de mucha más inestabilidad y
polarización política.
El giro al ‘centro’, una
estrategia fracasada
Fue la movilización de la
clase trabajadora, rompiendo la dinámica abstencionista de los
últimos años, lo que proporcionó la victoria de la izquierda. Los
atentados salvajes del 11-M y la política manipuladora y mentirosa
del gobierno del PP precipitaron la respuesta en las urnas. Pero el
impresionante movimiento que se generó como consecuencia del 11-M no
se podría entender sin la intensa movilización que se desarrolló
durante dos años, desde la huelga general del 20-J de 2002 a la
lucha contra la guerra imperialista. Así, la victoria del PSOE y el
crecimiento de opciones como ERC supusieron una contundente
refutación de aquellos que insistían en el giro al “centro” y la
moderación del discurso político como estrategia para la izquierda.
Las primeras medidas del gobierno del PSOE estuvieron
mediatizadas por el contexto en que ganó las elecciones. La retirada
de las tropas de Iraq, cuyos efectos políticos tanto dentro como
fuera del Estado español no se pueden minimizar, fue vista por las
masas, correctamente, como producto de su lucha.
Inmediatamente Zapatero se dedicó a presentar un
perfil político escorado hacia cuestiones sociales y democráticas.
Leyes contra la violencia doméstica o a favor del reconocimiento del
derecho a contraer matrimonio y realizar adopciones por parte de
parejas homosexuales, han encontrado un amplio apoyo, y no podía ser
de otra manera.
No obstante, a pesar de toda la
cobertura mediática que estas medidas han tenido, el gobierno de
Zapatero, en las cuestiones decisivas que afectan a millones de
jóvenes, trabajadores, parados, ha mantenido una política
continuista que en ningún caso refleja un giro a la izquierda.
Más de lo mismo en la política socio-económica
Cuando Zapatero llegó a La Moncloa también se
produjeron otro tipo de reacciones. Los grandes capitalistas
aplaudieron la decisión de situar a Solbes al frente del Ministerio
de Economía, seguros de que la política económica que aplicaría
estaría en absoluta sintonía con sus exigencias.
En
poco tiempo esta perspectiva se ha cumplido. Los Presupuestos
Generales aprobados para el año 2005 no han supuesto ningún cambio
en relación a las directrices aplicadas por el anterior ministro
Rodrigo Rato. El gasto social pasó del 49,4% en el presupuesto de
2004 al 50,2% en el nuevo presupuesto aprobado por el PSOE. El
incremento no llega siquiera a un punto porcentual.
Respecto a las necesidades de vivienda pública, lo
que está haciendo el gobierno de Zapatero es absolutamente ridículo.
En el marco del Plan de Vivienda aprobado por el PSOE, se ha
anunciado la construcción de 51.461 viviendas protegidas (VPO) para
su venta y 8.277 para alquiler. Mientras, en 2004 se construyeron
675.000 pisos en el mercado libre. ¿Esto es una acción de izquierda
para resolver el problema de la vivienda? Según datos del Banco de
España las familias destinan más del 57% del salario medio bruto a
pagar el piso, lo que en otros términos significa un trasvase brutal
de plusvalía a los bolsillos de los grandes consorcios de la
construcción y la gran banca.
Mientras tanto la
ministra del ramo, María Antonia Trujillo, propone modificar la
normativa de las VPO para poder construir viviendas de 30 metros
cuadrados como solución temporal a los jóvenes que quieren
emanciparse del hogar paterno, solteros, divorciados y personas
mayores. Suena a chiste que estas ideas las proponga una ministra
que se dice socialista. Lo que la clase obrera y la juventud
necesita es vivienda pública digna, sea en propiedad o alquiler, a
precios que no superen el 10% del salario medio. Esto se podría
lograr si el gobierno expropiara a las grandes empresas
constructoras, las nacionalizase bajo control democrático de los
trabajadores, y acometiese un plan de choque de construcción. Qué
duda cabe de que una medida así contaría con el boicot y la
oposición de los grandes empresarios de la especulación y los
capitanes de la banca pero, en contrapartida, despertaría el apoyo
entusiasta de la población y los trabajadores del sector.
El gobierno también ha proyectado una nueva reforma
fiscal que beneficiará a las rentas más altas. Según las propuestas
de Solbes, el tipo máximo de IRPF se rebajará del 45% actual al 43%
o 42%, pero el mínimo lo hará en menor cuantía. En 2002 los
impuestos a los trabajadores supusieron un 77,21% del total
recaudado, mientras que el número de ricos se limitaba a 3.471, que
son los contribuyentes que declaran percibir más de 600.000 euros al
año. ¿Qué planes tiene el gobierno para cortar este fraude colosal?
Ninguno, como se puede comprobar cuando Hacienda incrementa un 15,9%
las deducciones a las empresas hasta sumar un total de ¡4.220
millones de euros! en 2005, un tercio más que en 2004.
En materia salarial y de empleo la tónica es la
misma. Si en el año 2004 las empresas no financieras españolas
mejoraron el beneficio ordinario en una media del 21,7%, ocho puntos
más que el año anterior según la central de balances del Banco de
España, el poder adquisitivo de los salarios disminuye
progresivamente. Según datos del Ministerio de Trabajo, los
convenios firmados durante el primer trimestre del año 2005 han
fijado un incremento salarial del 2,85%, es decir, medio punto
inferior al último dato de inflación (3,4%). Asimismo, la jornada
media pactada es de 1.760,9 horas anuales, superior a la del mismo
periodo del año anterior.
Ante el estancamiento de la
economía de la zona euro, que se suma a la pérdida de competitividad
de la economía española, el descenso de inversión extranjera
directa, y el aumento del déficit por cuenta corriente, el gobierno
ha declarado sin ambigüedad su decisión de aplicar los planes de
austeridad propuestos por la Comisión Europea y el FMI. Zapatero ya
ha dicho que no planteará el debate de la jornada laboral de 35
horas, y lo ha hecho en una reunión con la dirección de la CEOE:
“Hay que trabajar más” ha sido el mensaje del presidente. También ha
manifestado su inclinación, a través de su Ministro de Trabajo, de
rebajar el costo de los despidos y abrir la mano a nuevas formas de
precarización del empleo, que han de negociarse en la sexta reforma
laboral de la democracia. De la misma forma está decidido a una
nueva reforma regresiva del sistema público de pensiones a través de
la ampliación del cómputo anual de las cotizaciones.
Todo en el marco de 2,2 millones de parados
registrados, una precariedad laboral que en el caso de los jóvenes
menores de treinta años afecta al 90%, y de pensiones ridículas
incapaces de compensar la suba real del costo de la vida.
En otros terrenos, la política del PSOE sigue los
mismos cauces. En política educativa su reforma alienta a la
enseñanza privada y mantiene las concesiones a la Iglesia católica;
es decir, una receta acabada para nuevas movilizaciones de la
juventud en el próximo periodo.
En el terreno de los
derechos democráticos, se mantiene la Ley de Partidos y la
prohibición del derecho a sindicación de la Guardia Civil, una
institución reaccionaria que en realidad debería ser suprimida.
Aunque es verdad que en la cuestión nacional están tratando de
rectificar la política frentista con el PP practicada en el pasado,
como se ha puesto de manifiesto en la reciente campaña electoral en
Euskadi, no menos cierto es que se sigue sin reconocer el derecho a
la autodeterminación de las nacionalidades históricas. Además,
veremos si ese distanciamiento del PP no acaba embarrancado por las
divisiones internas entre los llamados barones del PSOE, teniendo en
cuenta las conocidas posiciones de Ibarra, Bono o Paco Vázquez
(alcalde de La Coruña), encuadradas en el más rancio españolismo.
Un pacto de legislatura de hecho
Muchas de estas medidas de gobierno han podido
ser ungidas de un barniz progresista por dos factores fundamentales.
En primer lugar porque la izquierda, tanto sindical (CCOO, UGT),
como política (Izquierda Unida, ERC), han apoyado de forma
incondicional la gestión del gobierno sin abrir la boca. En
realidad, la gestión de Zapatero se apoya en un pacto de legislatura
de hecho, aunque todavía no legalizado formalmente. El segundo
factor, nada desdeñable, es la actitud del principal partido de la
burguesía de este país, el PP.
La derecha no ha
digerido su derrota electoral. Su actitud ultraderechista y
cavernícola coloca a Zapatero, aunque no sea la intención de éste,
en el ángulo izquierdo de la escena política. Todas las actuaciones
del PP en este año han fortalecido la imagen del gobierno. Su
posición despreciable en la Comisión de Investigación del 11-M, su
servilismo hacia el imperialismo americano, su abierta vinculación a
la dictadura franquista puesta de manifiesto en su vociferante
oposición a la retirada de estatuas y signos franquistas de las
ciudades, su posición ultra reaccionaria y españolista ante la
cuestión nacional, su odio visceral a todo lo que huela a comunismo
o socialismo... Todo ello ha alimentado una espiral de polarización
política que está causando, paradójicamente, preocupación en
importantes círculos de poder del capital, deseosos de un clima de
“consenso” y pacto, un escenario más favorable para acometer las
próximas arremetidas contra el movimiento obrero.
Perspectivas
Pese a todo, la
perspectiva de nuevos enfrentamientos con la clase trabajadora están
en el horizonte, y la experiencia del conflicto del sector naval fue
una prueba del carácter radical que adoptarán. Obviamente existe un
margen, un grado de tolerancia por parte de los trabajadores hacia
el gobierno, más si se cuenta la actitud de la derecha. Pero la
experiencia demuestra que no se puede cuadrar el círculo: o se está
con los trabajadores, aplicando una genuina política socialista
basada en la nacionalización de las principales palancas de la
economía, o se aceptan las reglas del juego capitalista y, más
temprano que tarde, se ataca hasta el hueso al movimiento obrero.
Después de un año de gobierno de Zapatero la
perspectiva de más polarización social y política, lejos de
disminuir, se acrecienta. La lucha de clases entrará en un nuevo
período debido a la negativa del gobierno a aplicar una política
genuinamente socialista. En ese proceso la experiencia de las
luchas, la confianza de la clase obrera en sus propias fuerzas, y el
propio contexto convulso del capitalismo mundial, acercarán a miles
de trabajadores, jóvenes y activistas sindicales al programa del
marxismo revolucionario.
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