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La Masacre de Puente Pueyrredón. EL JUICIO
Por reenvío lavaca.org -
Monday, May. 16, 2005 at 2:35 PM
Treinta y cuatro meses y 21 días después de la masacre del Puente Pueyrredón comenzará el juicio oral y público contra los acusados de ser los autores materiales y los encubridores de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Siete policías y un civil estarán en el banquillo del Tribunal Oral Nro. 7 de Lomas de Zamora. Pero el proceso no indagará en las responsabilidades políticas de los acontecimientos que terminaron con dos muertos, 33 heridos y obligaron al entonces presidente Eduardo Duhalde a adelantar en seis meses el llamado a elecciones para sucederlo.
Después del caso Cabezas, este será el juicio más grande de la provincia de Buenos Aires, tanto por su volumen como por su trascendencia política. Se estima que unos 300 testigos desfilarán por la sala a lo largo de más de tres meses. Durante los primereros 45 días declararán miembros de la policía bonaerense, Gendarmería y Prefectura. Sin embargo, los testimonios más esperados por los familiares de las víctimas llegarán después, cuando sean citados los funcionarios que tenían responsabilidades sobre los hechos que se juzgan. Entre ellos, el ex senador a cargo de la presidencia de la Nación, Eduardo Duhalde; el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasoff; el ex titular de la SIDE Carlos Soria y su segundo Oscar Rodríguez; el ex secretario de Seguridad Juan José Álvarez y el ministro provincial del mismo área Luis Genoud. También tendrán que testimoniar el el gobernador de Buenos Aires Felipe Solá entonces titular de la cartera de Justicia, Jorge Vanossi, quien en ese momento presentara una denuncia judicial contra las organizaciones de desocupados por presunta violación de la ley de Defensa de la Democracia. Aquella acción formó parte de la intención inicial del gobierno de hacer pasar los sucesos como una guerra entre piqueteros. Las fotografías tomadas por Sergio Kowalewski y José Mateos -ambos declararán en el juio- desbarataron el plan.
Como todos los ex funcionarios hoy conservan algún tipo de cargo público, podrán excusarse de asistir y presentar su declaración por escrito. El actual presidente, Néstor Kirchner, también será citado. Según fuentes tribunalicias, existen avanzadas gestiones para que no haga uso a su derecho de declarar por carta y responda a través de una videoconferencia a las preguntas que los fiscales y los abogados de los familiares de las víctimas quieren hacerle sobre la información que resguarda la SIDE sobre los hechos que se juzgan. A la querella le parece una manera interesante como método de presión a los ex funcionarios duhaldistas que piensan declarar por escrito. El gobierno lo ve como un gesto hacia la opinión pública para sumar puntos en la guerra no declarada contra el PJ bonaerense.
Los familiares de las víctimas esperan sacar provecho de esta situación y que surjan elementos que permitan juzgar las responsabilidades políticas de la masacre. No será para este juicio, que tiene un techo fijado por la instrucción de la causa: el eslabón más alto a juzgar será el comisario José Félix Vega, quien era jefe de la Departamental de Lomas de Zamora. Si aparecen nuevas pruebas o implicados podrán sumarse a las otras dos causas que se siguen por la represión en el Puente Pueyrredón, que aún están en etapa de instrucción. Una es la que investiga al grupo encabezado por el sargento Carlos Leiva, que disparó balas de plomo sobre avenida Mitre. La otra busca esclarecer el allanamiento ilegal en un local partidario de Izquierda Unida.
Los principales acusados en esta causa son el ex comisario inspector que aquel día estuvo a cargo del operativo, Alfredo Fanchiotti, y el cabo Alejandro Acosta, quienes serán acusados de ser coautores de doble homicidio y de herir con intención de matar a otras cinco personas. De ser hallados culpables, podrían ser condenados a cadena perpetua, una pena que implica 25 años de prisión.
Las imágenes dejan poco margen de defensa para Acosta, quien aparece disparándole por la espalda a Darío Santillán mientras intentaba escapar de la estación de trenes de Avellaneda. La distancia era tan corta, que los siete perdigones de plomo de su Itaka impactaron el cuerpo del piquetero. Por eso, la querella buscará incorporar en la acusación la figura de alevosía.
La autoría del asesinato de Maximiliano Kosteki intentará ser puesta en duda por la defensa de Fanchiotti. Las imágenes registradas muestran a Fanchiotti y a Acosta adelantarse al cordón de Infantería y comenzar a disparar contra los piqueteros que estaban a la altura del Carrefour. Sin embargo, Fanchiotti declaró en la instrucción que había otra gente disparando, que también lo hizo Gedarmería y apostará a convencer al Tribunal de que a la distancia a la que él se encontraba, su arma no tenía un alcance mortal. Insiste que estaba a 113 metros del piquetero asesinado. Sin embargo, las pericias de la Asesoría Legal de La Plata indican que sus disparos fueron a 81 metros, suficiente para que su itaka tenga poder asesino. Por esos 32 metros pasarán buena parte de las discusiones. Los abogados de las víctimas aseguran que las imágenes de fotos y videos no dejan duda
Para evitar que Fanchiotti pueda evitar la condena de homicidio por el beneficio de la duda, la fiscalía intentará demostrar la coautoría del hecho. "Había un plan común para matar piqueteros, Él y Acosta tiraban con balas de plomo y cualquiera de los dos podría haber matado", argumenta uno de los que pergeñó la estrategia de la querella. En los 300 metros que separan el inicio de los incidentes hasta la estación Avellaneda, ambos policías se movieron juntos colaborando uno con el otro.
Las lealtades policiales ya quedaron totalmente rotas. En la instrucción de la causa, Fanchiotti declaró que Vega le ordenó evitar bajo todos los medios que suban el puente. Agregó que su superior había invocado órdenes superiores. Vega, a su vez, dijo en los tribunales todo lo contrario: que le había ordenado a Fanchiotti que deje pasar a los manifestantes por el puente para evitar disturbios. En otra declaración, Fanchiotti subrayó que en la estación Avellaneda él no disparó, tirándole toda la responsabilidad de los hechos a Acosta.
Además de Fanchiotti y Acosta, otros cinco policías serán juzgados por encubrimiento, con penas que van de uno a seis años de prisión. Entre ellos:
Felix Vega, quien era superior de Fanchiotti como Jefe de la Departamental de Lomas de Zamora. "Él sabía que hubo muertes y heridos y no hizo ningún tipo de denuncia", asegura la querella.
Mario de la Fuente, jefe de calle de Avellaneda, el hombre de máxima confianza de Fanchiotti, que se apostó en la puerta de la estación de Avellaneda e impidió el ingreso de la infantería mientras se producía la ejecución de Santillán. "Es uno de los que carga los cuerpos en los vehículos poiciales y después negó haber sabido que había muertos", dice otro de los abogados.
Carlos Jesús Quevedo: es el oficial que aparece en todas las fotos riéndose al lado del cuerpo de Santillán. Al principio también estaba acusado por homicidio, pero no pudo demostrarse que su arma estaba cargada con balas de plomo. Se le hará muy difícil demostrar que no sabía que Acosta mató a Santillán.
Lorenzo Colman, otro de los oficiales que se encontraba dentro de la estación. Declaró en la instrucción que pensaba que los heridos eran con bala de goma. Negó haber visto sangre de Santillán. Sin embargo, las imágenes fotográficas lo muestran al lado de los charcos de sangre. Siendo policía, no hizo denuncia.
Gastón Sierra, el oficial que fue registrado por las cámaras mientras juntaba los cartuchos servidos de las balas de plomo que iba disparando Leiva en la zona de Plaza Alsina.
El único civil imputado es Francisco Robledo. Su caso es un síntoma más del deterioro al que llegó la policía bonaerense. Se retiró de la institución por propia voluntad en el año 2000, bajo sospechas generalizadas de que era quien cobraba a comercios de Avellaneda a cambio de protección, en nombre de Fanchiotti. El 26 de junio Robledo, de civil y con un palo en la mano, daba órdenes a uniformados, negociando con manifestantes y después se lo ve en la comisaría 1era. de Avellaneda. Puede ser condenado de un mes a un año de prisión por usurpación de títulos y honores. Su coartada será señalar que hizo uso de la facultad que tiene cualquier ciudadano para aprehender a una persona en el momento que comete un delito.
El martes, a las 14, la presidenta del tribunal, Eliza Moyano, dará comienzo al juicio, ladeada por los otros dos magistrados: Jorge Roldán y Roberto Lugones Enfrente de la sala, el Frente Darío Santillán organizará un festival artístico y acampara hasta el próximo 26, cuando se cumplan 35 meses de la masacre. El fallo, no llegará antes de setiembre.
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