Santa Cruz: Desborde de piquetes y paros
Por ((i))nformadora - Monday, Jun. 06, 2005 at 12:36 AM

El senador nacional Carlos Prades envió una misiva al Presidente de la Nación con vista a los graves problemas de conflictividad social que se presentan en el flanco norte de la provincia. (Fuente: Diario Tiempo Sur)

Sr. Presidente de la Nación: Estoy seguro que no escapa a su dominio la situación de conflictividad que rodea las relaciones laborales entre los representantes gremiales y las autoridades municipales en una pugna salarial que, lamentablemente, se ha desmadrado.

Si bien este litigio se concentra en localidades del norte santacruceño (Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado y en menor medida en Las Heras y Los Antiguos) resulta inminente una extensión geográfica al resto de la provincia e institucionalmente a los demás estamentos de la administración pública provincial.

Quien suscribe había advertido la problemática en ciernes y en su oportunidad se lo hice conocer al propio gobernador mediante una misiva cursada en marzo del año en curso, señalando el reclamo generalizado en materia salarial y solicitando se instrumentaran medidas conducentes en el corto plazo. Lamentablemente mi advertencia fue ignorada, nada se hizo al respecto y, tal cual lo señalé, hoy pasa lo que pasa en Santa Cruz.

El grado de conflictividad no solamente se amplifica en agravios cruzados entre distintos actores sino que, además, se propaga peligrosamente.

El diálogo se torna cada vez más difícil. Personalmente y a pedido de los gremialistas que nuclean la representación del empleado municipal de Caleta Olivia viajé a la Ciudad de Río Gallegos a solicitar una entrevista con el Sr. Gobernador y no fui atendido.

Esta descortesía frente a un Senador de la Nación que lo único que intentaba era una gestión de buenos oficios a los efectos de reencausar el diálogo interrumpido es la muestra de un extremo injustificable.

Sr. Presidente: No es mi intención entablar una disquisición política en procura de identificar los culpables que han hecho llegar a la sociedad a este cuadro de situación. Ud. sabe que en tal sentido tengo mi propio criterio y exponerlo ahora en nada contribuiría a reestablecer la calma social.

Y el grado de responsabilidad que, con todo respeto, considero que a Ud., le compete es superlativo.

No solamente por ser el Presidente de la Nación santacruceño, sino además, por haber gobernado durante más de una década los destinos de la Provincia de Santa Cruz.

En función de lo expuesto y apelando a su jerarquía presidencial que sin dudas otorga autoridad preeminente para restablecer un diálogo efectivo y conducente es que, con el mayor de los respetos, me permito solicitar su directa intervención.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludarle con la más distinguida de las consideraciones.



Dr. Carlos Alfonso Prades

Senador de la Nación



Caos en la provincia



La provincia de Santa Cruz está paralizada por varios conflictos gremiales.

Empleados municipales, docentes y trabajadores de la empresa minera Fomicruz iniciaron hace casi un mes una serie de protestas para reclamar, entre otras cosas, la incorporación al salario básico los $ 200 no remunerativos otorgados semanas atrás por el gobernador Sergio Acevedo.

En la ciudad de Caleta Olivia, la segunda en importancia después de la capital, Río Gallegos, los empleados municipales llevan 22 días de paro.

En Pico Truncado, donde nació Acevedo, y Puerto Deseado, por caso, el conflicto lleva 13 días y se agravó hace una semana, cuando un grupo de empleados municipales, afiliados a ATE, decidieron cortar las rutas 12 y 43 (y los caminos alternativos), en un intento por impedir el acceso a yacimientos petroleros.

Reclaman un aumento salarial intentando frenar el acceso a los yacimientos de Repsol YPF y subcontratistas de la zona, según explicó al diario Río Negro el secretario general de ATE en la provincia, Alejandro Garzón.

Por consecuencia de los piquetes en las rutas provinciales, en pueblos como Las Heras, por ejemplo, ya se siente el desabastecimiento de combustible, gas, medicamentos y alimentos, lo que produjo que varias escuelas de la zona suspendan sus actividades.

Varios vecinos del lugar se quejaron por el accionar de los gremialistas.

Denunciaron que no dejan pasar a los estudiantes que viajan en el transporte público hacia la Universidad de la Patagonia, en Comodoro Rivadavia.



Conflictividad



El máximo nivel de confictividad se vivió el martes, cuando los delegados de ATE decidieron "provincializar" el conflicto, y viajaron a la capital, Río Gallegos.

Aquí se entrevistaron con el ministro de Gobierno, Roque Ocampo, el subsecretario de Interior Osvaldo Pérez y con el titular de la Cartera laboral, Héctor Rojas.

Según explicó Garzón, "no nos dieron ninguna solución a los reclamos".

Fue por eso que un grupo de gremialistas cortó durante una hora y media aproximadamente la Ruta Nacional 3, protesta que culminó con la presencia de la gendarmería y las fuerzas policiales.

En Río Gallegos, además, el conflicto terminó de explotar ayer, cuando los empleados de la Municipalidad decidieron adherirse a los reclamos, haciendo paro de actividades durante dos horas por día.

Anoche, una asamblea de militantes de ATE decidía en Pico Truncado los nuevos pasos a seguir. "No tenemos respuestas del Gobernador, pero por ahora no intentamos ningún acercamiento con el presidente Kirchner", explicó Garzón.

El conflicto santacruceño coincide con un cambio de la postura oficial con respecto a las protestas gremiales y los cortes de ruta.

El 25 de mayo, día del segundo aniversario como presidente, Kirchner criticó el accionar de los piqueteros, intentando acercarse a la clase media en un año electoral: "Uno puede hacer una movilización sin tener que cortar o extorsionar la voluntad del resto ‑dijo‑.

Una verdadera libertad de expresión, de ideas, debe desistir definitivamente del procedimiento de cortar calles porque eso es quitarle derecho a otros argentinos que también trabajan y también sufren".

¿Los piquetes fueron declarados ilegales?



Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires abundan libremente marchas y piquetes, en Santa Cruz no supieron como solucionar los conflictos que se vienen sucediendo desde mayo y decidieron penalizar las protestas.

Según se informó, la jueza en lo Civil Graciela Ruata de Leone a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, habría declarado ilegal el corte de rutas en el norte de dicha provincia.

El comunicado emanado del Juzgado de Instrucción de Pico Truncado indica:

COMUNICADO A LA COMUNIDAD EN GENERAL

La dra. Graciela Ruata de Leone a cargo del juzgado de Instrucción de Pico Truncado por Subrogancia Legal, "a partir de la fecha" recuerda a la población en general de las localidades de Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos que integran las jurisdicción territorial del mismo, que en un Estado de Derecho, que se precie de tal de derechos de huelga y de peticionar a las autoridades en forma individual o colectiva de raigambre constitucional , son legítimos en tanto se ejerzan "conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio" como prescribe el art. 14° de la Constitución Nacional. El ejercicio de los mismos no puede de manera alguna vulnerar ni turbar otros derechos constitucionales del mismo rango, como el de trabajar y ejercer toda industria lícita, de comerciar, de transitar por el territorio argentino.

El método de protesta conocido como "corte de ruta" es un delito expresamente contemplado en el art. 194° del Código Penal que transcribo para conocimiento: "el que, sin crear una situación de peligro común impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire de los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, será reprimido con prisión de tres meses a dos años". En caso de que vaya acompañado de atentato y/o resistencia a la autoridad a mano armada o por una reunión de más de tres personas se le sumará una pena de prisión de seis meses a dos años prevista en el art. 237° del Código Penal. En caso de desobedecimiento a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia en virtud de una obligación legal, la pena contemplada en el art. 239° del Código Penal será de quince días a un año.

A la luz de estas normas cuya observancia he jurado garantizar al asumir el cargo de juez, hace un llamado a la reflexión a la población en general, a los fines de que canalicen sus legítimos reclamos por las vías legales correspondientes toda vez que los desvíos serán tratados como tales a los fines de resguardar los también legítimos derechos de terceros y del orden público.

A los medios de comunicación en general, se les recuerda además que deben ejercer su función de comunicadores sociales con responsabilidad y que el art. 213° del Código Penal prescribe que "será reprimido con prisión de un mes a un año el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito..."

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