Exigencia de justicia al gobierno
Por Pedro CAYUQUEO / Azkintuwe Noticias - Thursday, Jun. 09, 2005 at 12:33 PM
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Ante nuevo juicio oral por "terrorismo"

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Diversas organizaciones han comenzado a pronunciarse con el fin de exigir al gobierno se desista de participar como parte querellante en el juicio sobre "asociación ilícita terrorista" que comenzará a desarrollarse este lunes 13 de junio en Temuco y que afecta a 16 dirigentes y miembros del movimiento mapuche. Una de estas organizaciones es el Consejo de Todas Las Tierras, quien envió una carta al propio Presidente Ricardo Lagos, solicitando que el gobierno se desista de sus acusaciones. En la nota, los dirigentes mapuche acusan además al ex ministro Juan Agustín Figueroa de “un evidente tráfico de influencia y de presión política” (Foto de Archivo).


GULUMAPU / El próximo 13 de junio se dará inicio en Temuco a un nuevo juicio oral por "asociación ilícita terrorista", en contra de 16 miembros del movimiento mapuche, vinculados a la organización Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco y a comunidades en conflicto de Traiguén. El nuevo proceso penal responde al polémico fallo de la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema, que acogió un recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público con el objeto de dejar sin efecto una anterior sentencia, que había absuelto a los imputados de los cargos presentados por la fiscalía del Ministerio Público de la IX región.

Ante este escenario, diversas organizaciones mapuche se han pronunciado y exigen hoy a las autoridades del gobierno "desistirse" de continuar persiguiendo a los dirigentes y miembros de comunidades mapuches acusados de "terrorismo" por los fiscales de Temuco.

"Exhortamos a su gobierno a que se desista de la querella, debido a que el caso ha sido lo suficientemente investigado y considerando que mediante una resolución del Tribunal Oral en lo Penal, ha resuelto la absolución de las 16 personas mapuche, por considerar que no existen elementos sustantivos coherentes con la práctica del terrorismo que concluya una decisión condenatoria”, señalaron en una carta al Presidente Lagos los dirigentes Aukan Huilcaman, José Naín, Manuel Levin e Isaias Colihuinka, del Consejo de Todas las Tierras (CTT).

En la misiva del CTT, junto con pedir al Primer Mandatario que el gobierno - a través del Ministerio del Interior- se desista de sus constantes actuaciones judiciales contra los mapuches sometidos a proceso en la zona sur del país, los dirigentes reiteran su crítica a la participación del abogado, empresario, ex ministro de estado y demandante, Juan Agustín Figueroa, a quien acusan abiertamente de ejercer “un evidente tráfico de influencia y de presión política” en la Corte Suprema de Justicia, a objeto de revertir aquellos fallos que no se corresponden con sus particulares intereses.

El CTT considera además que la resolución de parte de la Corte Suprema en cuanto a ordenar un segundo proceso judicial en contra de los imputados, constituye un verdadero ejemplo de discriminación racial. "La práctica de los tribunales en la última década sienta un precedente muy negativo en cuanto a resolver que los Lonko Pascual Pichun Paillao y Aniceto Norin Catriman, sean juzgados en cuatro oportunidades, por dos causas similares. Estos hechos constituyen una denegación de justicia por parte los tribunales en contra de las comunidades que reivindican legítimamente sus derechos territoriales. Dicha situación representa un caso ejemplar de discriminación racial en contra de los mapuche", señalan.

Tomando como base la reciente e histórica determinación del alcalde de Temuco, Francisco Huenchumilla (DC), quien por considerar "improcedente" su participación se ha desistido institucionalmente -a diferencia de su antecesor Rene Saffirio- de participar como parte querellante del polémico proceso judicial a desarrollarse en Temuco, el CTT solicita al primer mandatario no insistir con la criminalización de los dirigentes mapuche, tal como lo han recomendado sendos informes de organismos de derechos humanos, relativos a la situación de los pueblos indígenas en Chile. Entre ellos, el propio Relator Especial para Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen.

"Quisiéramos que el gobierno asuma las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas, que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizada o penalizadas las legitimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”. Paralelamente a esta recomendación el Comité Internacional del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, “El Comité Recomienda al Estado Parte que no aplique leyes especiales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado, (12.927) y la Ley Antiterrorista (18.314), a actos relacionados con la lucha social por la tierra y las reclamaciones legitimas de los indígenas”, señalan en la misiva.

Cabe destacar que en su Informe sobre Chile, el Relator Especial de la ONU recomienda que el Gobierno de Chile considere -entre otras importantes medidas- la posibilidad de declarar una "amnistía general" para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas frente a empresas transnacionales. Recomendaciones similares han realizado en los últimos años al gobierno chileno diversas organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, las cuales sin embargo, se han estrellado irremediablemente contra la indiferencia y porfía del ejecutivo chileno.

Mapuches a La Moneda

Por su parte, la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuche, anunció en Temuco que mañana jueves hará entrega de una misiva al gobierno en el Palacio de La Moneda en Santiago, donde exigirán formalmente al Gobierno que desista de ser parte de la acciones judiciales en este tipo de juicios y termine de una vez con la persecución política y judicial de que son objeto las comunidades que luchan por sus territorios.

"El gobierno de una vez por todas, debe atender y cumplir las reclamaciones y exigencias de organismos internacionales, principalmente en lo relativo a terminar con la criminalización y judicialización de las justas demandas Mapuche y a considerar la amnistía a todos (as) los (as) prisioneros políticos mapuche”, señala la Coordinación, instancia que agrupa a medio centenar de organizaciones mapuche de base en las regiones VIII. IX y X del sur del país.

Para la Coordinación, la aplicación de leyes represivas como la Ley Antiterrorista es absolutamente infundada, ya que según señalaron al respecto “no se dan en el caso los elementos subjetivos del tipo penal especial de terrorismo, entendida desde lo que dice las definiciones de la dogmática, de la jurisprudencia y de la historia del artículo 9º sobre “terrorismo” de la Constitución, donde se refieren a conductas extremadamente graves, crueles y atentatoria contra bienes básicos de personas, y que persiguen en último término afectar gravemente a la sociedad o al Estado".

Cabe destacar que el delito de "asociación ilícita terrorista" se encuentra tipificado en la Ley 18.314 sobre Conductas Terroristas, promulgada por el régimen militar de Augusto Pinochet. Y aunque esta ley cobró vida bajo el régimen militar para perseguir opositores políticos, han sido paradójicamente las reformas del gobierno de Patricio Aylwin (DC) las que la han convertido en aquello que los fiscales llegaron a considerar un "instrumento adecuado" para tratar los delitos que han caracterizado los conflictos de tierras entre comunidades y empresas forestales en la zona sur, todos ellos alejados por completo de la definición internacional de "terrorismo".

Solidaridad internacional

Desde Ginebra, Suiza, la Defensoría Internacional de los Derechos de los Pueblos (DIDEPU), por medio de una declaración pública condenó la persecución que persiste contra las organizaciones mapuche y sus dirigentes en Chile. ”Condenamos enérgicamente la persecución política del Estado chileno contra el pueblo mapuche y llamamos a la opinión pública chilena e internacional a movilizarse activamente en defensa de los luchadores sociales y sus libertades fundamentales”, manifestaron.

"El estado chileno -en alianza con las corporaciones trasnacionales y nacionales- utiliza todo tipo de medios para criminalizar las demandas del movimiento mapuche en su proceso de reconstrucción como pueblo y en sus luchas por la autonomía y sus derechos individuales y colectivos. Racismo, asesinatos, represión, tortura, secuestros, allanamientos, maltrato físico a niños y ancianos, juicios injustos, abuso de poder y aplicación de leyes heredadas de la dictadura militar, como la “Ley Antiterrorista”, son algunos de sus métodos; altamente cuestionados por la comunidad y el derecho internacional", señalan.

Las polémicas actuaciones de la Corte Suprema de Justicia en este caso no escapan al análisis de los miembros de la Defensoria Internacional. “La Corte Suprema de Justicia chilena, dejando de lado todo principio de neutralidad e imparcialidad -presionada por quienes ostentan el poder en el país- ha intervenido en dos ocasiones que se ha aplicado la Ley Antiterrorista anulando los fallos absolutorios que liberaban a los luchadores sociales mapuche de toda sospecha", denuncian.

"Los acusados tienen como querellantes al Estado chileno a través del Ministerio Público y el Ministerio del Interior, a la Municipalidad de Temuco, a empresas transnacionales como la Forestal MININCO, entre otros. ¿Cómo podría el Estado chileno garantizar juicios justos al pueblo mapuche cuando estos se enfrentan a un poder omnipotente?", se preguntan desde Ginebra. Y acto seguido, advierten con preocupación que "una condena por asociación ilícita terrorista no solo viola los derechos del pueblo mapuche, sino que crea precedentes para sindicar de terrorista a cualquier expresión social y organización que se oponga al modelo neoliberal".

Cabe recordar que el juicio en contra de la Coordinadora Arauco-Malleco se inició el 8 de octubre del año 2004 y tuvo una duración de cuatro semanas y media. El Ministerio Público acusó a 16 personas mapuche del cargo de "asociación ilícita terrorista", compareciendo al juicio solo ocho de los acusados, mientras que el resto de declaró en la "clandestinidad" al no confiar en el actuar de los tribunales chilenos, según señalaron a través de los medios de comunicación por aquellos días. El resultado final de dicho juicio oral fue un veredicto absolutorio adoptado por los jueces de la Segunda Sala, Oscar Viñuela, Leopoldo Vera Muñoz y Luis Torres.

En el sorpresivo falló, los jueces reconocían -entre otras cosas- que los lonko Pascual Pichún y Aniceto Norín, ambos inculpados por los fiscales del Ministerio Público, no eran líderes de una "asociación terrorista", sino más bien dirigentes de su Lof, que en castellano se define como comunidades y que su accionar apuntaba en esa dirección, asumiendo el rol político y cultural que les corresponde como tales, participando además en esa categoría del proceso reivindicativo territorial impulsado por sus comunidades y basados en sus derechos de propiedad ancestral. Sin embargo, todo ello fue anulado más tarde por la Corte Suprema / Azkintuwe

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