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“Motín” y ¿después?
Por CMI-Córdoba - Saturday, Jun. 18, 2005 at 8:26 PM

El próximo motín Algunos presos del penal de San Martín conversaron con Indymedia Córdoba (C.M.I.) y señalaron que el gobierno de José Manuel de la Sota no cumple con los acuerdos a los que había llegado en febrero, mediante los cuales se garantizó el levantamiento de la revuelta. Hace algunas semanas, tal como se conoció a través de los medios masivos de comunicación, los presos de San Martín mantuvieron durante algunos días una huelga de hambre en reclamo del cumplimiento de los acuerdos.

¿Qué piden los presos, cuáles son sus reclamos?

En la entrevista con C.M.I., aseguraron que el gobierno provincial, no sólo no cumple con las promesas de febrero, sino que desoye la propia Ley Nacional 24.660, que regula las condiciones de la condena y el camino que tiene que recorrer el preso para recuperar su libertad, tras cumplir el castigo.

José Manuel del la Sota, responsable directo de la vigilancia en la aplicación de la ley, viola sistemáticamente las normas vigentes que él mismo reglamentó. Incluso, a través del Servicio Penitenciario de Córdoba (S.P.C.), de esta manera:

• Exige que el preso trabaje para avanzar en su tratamiento hacia la libertad, pero no ofrece trabajo dentro del penal de San Martín.

• Exige que el preso estudie para obtener progresividad en las fases, pero mantiene cupos mínimos en las actividades educativas.

 

• Exige que el preso se mantenga limpio y en condiciones de higiene, pero no suministra jabón, máquinas de afeitar, ni los elementos mínimos de limpieza.

 

• Obliga al preso a cumplir la totalidad de la pena, cuando las reglamentaciones, leyes y decretos que regulan la vida carcelaria, permiten los beneficios de la pre-libertad, la libertad asistida y otras formas de cumplir el castigo estipuladas por la ley.

 

• Realiza los descuentos de dinero que la ley prevé en los salarios de quienes trabajan, pero no destina esos descuentos a resarcir a las víctimas, realizar los aportes de los presos a las cajas de jubilación y guardar el dinero para que tenga el preso cuando le otorguen su libertad.

• No garantiza que las distintas Cámaras de la justicia provincial asistan al penal a realizar las audiencias en los tiempos y forma convenidas.

“Según estadísticas oficiales del año 2004, el 74 % de los presos cordobeses no tiene trabajo remunerado y no pasó del nivel primario de educación, el 94 % no participó en programas de capacitación laboral, el 67 % tampoco en programas educativos. Además, en el Establecimiento Penitenciario Nº 2 la superpoblación se ubicaría entre un 51% según datos del S.P.C. y cerca del 270 % según la prensa local”. (datos extraídos del matutino Página/12 del 13 de febrero de 2005, página 8). 

¿Cómo se condice que el propio Estado Provincial le exija a personas privadas de su libertad condiciones que él mismo no le ofrece? Construye así, el gobierno de De la Sota, un círculo cerrado en el cual para recuperar su libertad, un hombre tiene que cumplir requisitos a los que no puede acceder, por las condiciones sostenidas por el propio sistema que debería darle facilidades para recorrer el camino hacia la libertad.

¿Será, tal vez, que el S.P.C. aplica la política gubernamental de una venganza sin final a quienes alguna vez delinquieron? ¿Será que el gobierno de José Manuel de la Sota aplica un castigo extra sobre el castigo de haber perdido la libertad? ¿Será (por último) que como sociedad le permitimos al poder desplegar su brutalidad contra nuestros presos, o que gozamos con la venganza descarnada sobre algunos hombres?.

Sabemos que el Estado tiene –teóricamente- la obligación de aplicar la ley. Pero ello implicaría liberar de inmediato a cientos de presos en toda la provincia, y multiplicar por 10 el presupuesto. ¿Será que en un año electoral, el gobierno estima que le puede redituar más votos violar la ley que aplicarla?  

Recordemos la historia reciente

El jueves 10 de febrero de 2005 se produjo el conflicto más sangriento en la historia de las cárceles de la provincia de Córdoba y uno de los peores del país: cinco reclusos muertos cuando intentaban escapar, además de dos guardiacárceles y un policía. Los heridos, muchos de gravedad, sumaron 63. Aparte de este trágico saldo, la policía reprimió en las inmediaciones del penal a los familiares e incluso se desconocen los resultados de la represión policial dentro del penal una vez recuperado.

Es posible intuir las acciones de “venganza” que guían a las fuerzas de seguridad cuando no están controladas por nadie. Y nadie controla al Servicio Penitenciario dentro de la cárcel de San Martín. Los familiares directos tuvieron que esperar cerca de 20 días para poder entrar al penal, los abogados reclamaban su derecho a defender a sus representados más de 40 días después del motín, cuando aún no les permitían el ingreso. Los docentes de distintas instancias, casi tres meses después, recién pudieron comenzar las actividades y tomar contacto con los reclusos. Aún esperan autorización para ingresar la Comisión Intersectorial de Observación y Seguimiento de la Situación Carcelaria y la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.

Después del conflicto, docentes del penal relataron que llamó mucho la atención que los presos no quemaron ni dañaron las aulas, la biblioteca y sus lugares de estudio. Según los dichos de la docente que participa en el Taller de Periodismo que se dicta en San Martín: “A la escuela  casi no la tocaron, porque saben que nosotros siempre fuimos el área que más los apoya”. De acuerdo con el testimonio que el interno Ricardo Serravalle le dio a La Voz del Interior, en su edición del 21 de febrero último, “el origen del motín hay que buscarlo en el cambio de los regímenes de visita que se pretendió imponer en San Martín y en las condiciones cotidianas infrahumanas en las que se vive en una cárcel donde la población supera tres veces la capacidad”. Cabe aclarar que para los presos las visitas constituyen algo “sagrado”, ya que es casi la única chance de contacto con el afuera y, a su vez, implican la posibilidad de continuar con sus vínculos: familiares, conyugales, de amistad, etc. Además, Serravalle –quien ofició como mediador entre los presos y la justicia durante las horas más tensas de la revuelta- explicó que el conflicto se profundizó cuando la policía ingresó con armas. Tal como sostiene este interno en el matutino cordobés "los presos con visitas intentaron antes que nada poner a resguardo a éstas en medio de un caos que se extendió en poco tiempo”.

En las semanas que siguieron al motín, numerosas voces se alzaron en la sociedad para criticar el modo en que el gobierno afrontó la crisis desatada por y repudiar, una vez más, la adopción de medidas a corto plazo que no aportan a solucionar los problemas de fondo que padece la población carcelaria e ignoran los derechos que debe garantizar el Estado.

Paralelamente, desde los medios de comunicación se abrieron intensos debates que recogían la opinión de sectores que reclamaban mayor represión para los presos sublevados. En esta polémica, la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, Mónica Gordillo, se preguntaba: ¿Qué responder a esos ciudadanos que, indignados por las imágenes de violencia y crueldad de los amotinados, se pronuncian por empeorar las condiciones de existencia de los presos para que sean más severos los castigos? Representación que se condensó en preguntas tales como: “¿Por qué tenemos que mantener a esos delincuentes que son la lacra de la sociedad?”. A lo que respondió: “No habría que olvidar que los que habitan las cárceles son personas, condenadas por diferentes tipos y grados de delitos. En principio, nadie debería creer que está absolutamente exento de ser él mismo, o alguna persona allegada, sujeto de un delito y objeto de una condena. Todo el que delinque debe ser sancionado y para ello están las distintas penas privativas de la libertad. Pero el delinquir no adjudica necesariamente una ‘naturaleza’ de delincuente que no pueda ser revertida”. (Alfilo, revista virtual de la Facultad de Filosofìa y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Abril 2005. Año 1. (http://www.ffyh.unc.edu.ar/alfilo))

 

Asimismo, las palabras de Anselmo Torres, interno de la cárcel de Villa Dolores de Córdoba y alumno universitario, ofrecen un panorama muy particular acerca de la rebelión de San Martín:

“No pude dejar de ver en el penal de San Martín, ese día, un capítulo de la gran trampa que es el perverso circuito de victimización mutua entre la parte “decente” y la parte “delincuente” de la sociedad, en el que ocupan alternativamente los roles de víctimas o victimarios. La secuencia, vista desde los de adentro, sería más o menos esta:

1ª) condenados a la miseria y a la ignorancia, víctimas.

2ª) condenados al delito, victimarios.

3ª) condenados a la cárcel, víctimas.

4ª) condenados al motín, victimarios.

5ª) condenados a la represión, víctimas.

El final bien podría ser condenados a la muerte en vida, o real, cumpliendo con los deseos de la mayoría de los televidentes y de muchos de los gobernantes. Pero la legislación penal no contempla este último punto sino que devuelve sujetos a la vida mundana como victimarios perfeccionados y mucho más resentidos y violentos, cerrando el circuito que recomienza”.

 

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subayudante
Por perez ricardo - Saturday, Jul. 29, 2006 at 8:23 PM
493 4567 b los paraisos

me parece que el articulo anteriormente mencionado es un comentario en contra del s.p.c severamente rechasado por la sociedad,es una postura anti de la sotista .el interno o preso actualmente goza de muchos privilegios acordes con su tratamiento y evolucion en la carcel para un futuro egreso.

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