La tragedia vivida en la Unidad Penitenciaria N° 2 de barrio San Martín nos retrotrae dramáticamente a la imagen de un país Cromañón. En efecto, lo acontecido debe hacernos pensar en los distintos niveles de responsabilidad que se conjugaron y que no debieran ser eludidos en el análisis. También pone en evidencia la falta de previsión, el recurso a soluciones de corto plazo y el incumplimiento de deberes y normas que el Estado debe garantizar. Lo que mostró, además, es la fragilidad de las medidas efectistas que no encaran el tema del delito y de la inseguridad integralmente, sin tener en cuenta que son consecuencia de situaciones de extrema vulnerabilidad, de patrones culturales que las promueven y reproducen.

La primera responsabilidad es del Estado en sus más altas esferas, donde se diseñan las políticas públicas. Porque allí se distribuye el presupuesto y se definen orientaciones que pueden tender a la promoción y a la contención social sustentables o, en cambio, a la reproducción de sistemas perversos que alimentan la ruptura de los lazos sociales, las posiciones autoritarias que colocan la culpa en el otro, que actúan sólo sobre los efectos y que olvidan ese principio elemental de que la violencia siempre genera más violencia.

¿Qué responder a esos ciudadanos que, indignados por las imágenes de violencia y crueldad de los amotinados, se pronuncian por empeorar las condiciones de existencia de los presos para que sean más severos los castigos? Representación que se condensó en preguntas tales como: “¿Por qué tenemos que mantener a esos delincuentes que son la lacra de la sociedad?”

En primer lugar, no habría que olvidar que los que habitan las cárceles son personas, condenadas por diferentes tipos y grados de delitos. En principio, nadie debería creer que está absolutamente exento de ser él mismo, o alguna persona allegada, sujeto de un delito y objeto de una condena. Todo el que delinque debe ser sancionado y para ello están las distintas penas privativas de la libertad. Pero el delinquir no adjudica necesariamente una “naturaleza” de delincuente que no pueda ser revertida.

En segundo lugar, el Estado no puede actuar de la misma manera que los que delinquen porque la función del Estado debe ser ejemplificadora; él es el garante de los derechos y del bien común. En sus diferentes ámbitos, es el encargado de hacer cumplir las normas, los deberes y los derechos que están consagrados en la Constitución.

En tercer lugar, respetar las condiciones de vida y garantizar derechos en las cárceles tiene una función social más amplia y -además- de reaseguro social: ser una de las herramientas para no multiplicar el delito y, por lo tanto, la sociedad debería reivindicarlo como una garantía para su propia subsistencia. Por el contrario, todos sabemos que actualmente las cárceles se convierten en escuelas perfeccionadoras de delitos que luego revierten hacia la sociedad.

Sin embargo, no conseguiríamos nada haciendo desaparecer todos los presos existentes ya que en poco tiempo volveríamos a tener las cárceles saturadas sino se trabaja sobre las causas que provocan la delincuencia y en mejorar integralmente el sistema judicial, en el que la cárcel sólo es el eslabón más visible. 

Por último, garantizar condiciones de vida dignas no es sólo ofrecer paredes pintadas, cuartos aseados, asistencia sanitaria y alimentaria. Sin duda que esas son precondiciones, pero esto tampoco basta. De lo que se trata para modificar positivamente ese orden de cosas, es de ofrecer la posibilidad de afirmarse como persona, de generar proyectos de vida alternativos a los que los llevaron a delinquir o a los que ofrece la cotidianidad carcelaria.

Es necesario que la palabra y la racionalidad amortigüen la violencia. Las imágenes de los amotinados mostraron gente que desprecia la vida, tanto la propia como la ajena, porque no tienen nada que perder. La irracionalidad de quienes no tienen herramientas para pensar un proyecto alternativo.

Nuestra experiencia en la implementación -desde hace ya varios años- del Programa Universitario en la Cárcel (PUC) de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC nos muestra que, sin duda, las soluciones que apuntan a descubrir otros mundos a través de la educación, del trabajo, de la creación artística, de la adquisición de valores, son mucho más invisibles y requieren de apuestas a largo plazo pero que, también, son las únicas duraderas.

La educación en todos sus niveles es una obligación del Estado y un derecho de los internos. Sin embargo, ésta es también una cuestión pendiente dentro de las normas que no se cumplen como debieran; una de las áreas en las que el presupuesto destinado es totalmente insuficiente para atender las necesidades de los internos.

Como Universidad pública, como parte del Estado que somos, llegamos a un núcleo muy reducido de internos; nuestro aporte es sólo un granito de arena dentro de un inmenso desierto, pero estamos convencidos de su efecto multiplicador. Nuestra trayectoria nos afirma cada día más en estas convicciones, porque no sólo se ofrece la posibilidad de formación en los contenidos de las cinco carreras que se dictan en el penal sino, fundamentalmente, se brindan las herramientas para construir identidades diferentes, para reconocerse como personas con posibilidades, para generar pautas de convivencia sostenidas en el valor de la palabra, en la valoración y el respeto por el otro, en la razonabilidad frente a la imposición violenta, en el valor de la libertad que permite trasponer los muros inmediatos.

Sólo reforzando estos espacios y trabajando integralmente para intervenir en la compleja problemática de la seguridad/inseguridad podrán desactivarse tragedias como la vivida. 

  Dra. Mónica B. Gordillo

Vice decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC

Fuente: Alfilo, revista virtual de la Facultad de Filosofìa y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Abril 2005. Año 1. (http://www.ffyh.unc.edu.ar/alfilo)