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Un werken en la ONU
Por Arnaldo PÉREZ GUERRA / Azkintuwe Noticias - Thursday, Jun. 23, 2005 at 12:51 PM
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Enrique Antileo de Meli Wixam Mapu

Un werken en la ONU...
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Enrique Antileo, miembro de Meli Wixam Mapu, expuso ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra (Suiza), las graves violaciones a los derechos fundamentales que ha sufrido nuestro pueblo a manos del gobierno chileno. Antileo desarrolló además en Europa variadas reuniones y entrevistas con organismos de derechos humanos. También se reunió con el Relator Especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, quien reconoció que en los juicios contra mapuches en Chile se estarían violando gravemente las garantías básicas del debido proceso. Uno de estos juicios se reinició precisamente hoy miércoles, en la ciudad de Temuco (Foto de Jorge Zúñiga).


GULUMAPU / Entre marzo y abril de cada año, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se reúne y recibe los informes elaborados por organizaciones que dan cuenta de las atrocidades cometidas por sus gobiernos. Se evacuan extensos legajos y se hace más de alguna recomendación a las autoridades. Sin embargo, poco y nada puede hacer dicha Comisión porque -paradójicamente- no hay un seguimiento para observar que las recomendaciones sean cumplidas y se detengan las violaciones a los derechos humanos que cometen los gobiernos.

Ya se cumplió un año desde que Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial para Pueblos Indígenas, presentara el informe sobre Chile en el que señaló que, a pesar de ciertos avances los indígenas continúan viviendo la represión y marginación. Stavenhagen constató serias deficiencias en nuestro ordenamiento jurídico que no protege los derechos indígenas y criticó la “criminalización” de sus demandas, que se ha expresado en el encarcelamiento y la aberrante aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de las comunidades y sus autoridades ancestrales.

Stavenhagen propuso además la declaración de una amnistía general para los presos políticos mapuche. Lamentablemente, hasta la fecha sus recomendaciones no han sido escuchadas. Sobre estos y otros temas relacionados con la situación del pueblo mapuche en Chile, conversó el Relator Especial y el joven werken Enrique Antileo, miembro de la organización mapuche urbana Meli Witran Mapu y quien en abril de este año realizó una extensa gira por diversas ciudades de Europa.

"Nos reunimos con Stavenhagen y uno de los temas que trabajamos, fue la anulación del juicio oral contra los mapuche que hoy han vuelto a ser enjuiciados. Nos señaló que lo mantuviéramos informado y que enfatizaramos que en estos juicios se están violando normas básicas del debido proceso", señala Antileo. Sobre la crítica visión de Stavengahen respecto del resguardo de los derechos indígenas en Chile, la particular defensa del Subsecretario de Mideplan de las políticas indígenas y la creciente participación indígena en los foros internacionales, conversamos con Antileo en la siguiente entrevista.

-¿Cómo fue tu exposición ante la Comisión de Derechos Humanos?

-“Tuvimos la oportunidad de presentar un informe, acotado y resumido, que se pudo redactar antes del viaje, tomando en cuenta todos los informes anteriores de derechos humanos referidos a la situación mapuche, que constituyen un muy buen material. Cuando se tocó el tema de los pueblos indígenas una de las organizaciones que tiene estatus consultivo en la ONU nos acreditó para que pudiéramos hablar. Pudimos exponer por cuatro o cinco minutos, un tiempo preciso. Cuando se acaba tu tiempo, te apagan el micrófono. Había que condensar todo el problema mapuche en esos minutos, ser preciso. Pudimos leer. Además, hay traducción simultánea a siete idiomas. No sólo debes denunciar lo que ocurre, sino, también, hacer propuestas en torno a los derechos humanos. Es complicado decir todo lo que está pasando con nuestro pueblo solo en cuatro minutos”.

-¿Qué planteaste?

-“Lo primero fue hablar de las exigencias. Los mapuche exigimos derechos territoriales, políticos, y también culturales, por supuesto. Señalamos que ante esa petición, en los últimos ocho años la respuesta del gobierno ha sido sólo la represión. Especificamos el asunto sobre la represión policial, judicial y física, que se traduce en allanamientos sistemáticos, instalación de campamentos policiales fijos en las comunidades, control de caminos y de identidad, torturas, detenciones arbitrarias e ilegales, y varios otros aspectos que enumeramos. Expusimos que ésa había sido la única respuesta del gobierno a nuestras demandas. Y después, enfatizamos un poco más en el plano judicial, en la aplicación desproporcionada de la Ley Antiterrorista y cómo esto ha sido objetado por organismos de derechos humanos, en más de una oportunidad, que han dicho que la sola invocación de esa ley para acusar a los mapuche y a los presos políticos chilenos es aberrante.

Planteamos ese punto en base al pronunciamiento de esos organismos. Cuando estábamos hablando el problema judicial, explicamos el asunto de los presos políticos mapuche. El poco tiempo hacía imposible leer todos los nombres, pero se ingresaron a través del informe escrito. Explicamos que hay presos políticos condenados por la Ley Antiterrorista y por otras leyes, pero que tiene que ver con un contexto político general. Además, una gran cantidad de mapuche procesados, con distintas modalidades de prisión: el mapuche recluido propiamente tal y condenado por Ley Antiterrorista, el recluido y condenado por leyes comunes, y el mapuche con medidas cautelares que se encuentra sujeto al sistema judicial, y debe ir a firmar al tribunal. Los procesados ascienden a unos 400 mapuche, con procesos abiertos aún, y todavía sin solución.

Lo importante es que pudimos ampliar nuestra exposición en las reuniones posteriores Después venían nuestras propuestas. Básicamente, que se debe mejorar el acceso a la justicia internacional para los pueblos indígenas. La justicia internacional es inviable para quiénes no tienen los recursos suficientes para hacer demandas. El principal impedimento es económico. Citamos que en el caso de América Latina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, es completamente inaccesible para los pueblos indígenas que deben viajar a Washington a presentar una demanda, patrocinados por abogados. Presentar medidas cautelares para un territorio indígena tiene un costo altísimo. La justicia es real en la medida en que es efectiva. Propusimos que en América Latina debiera existir un organismo con jurisdicción en derechos humanos para el Cono Sur, y que podría estar en países como Venezuela o Uruguay, donde debiera funcionar un Tribunal Penal Internacional”.

-¿Qué contestó el representante del gobierno chileno?

-“Expusimos ante la Asamblea. Había unos 400 representantes de todos los estados. El representante chileno, Jaime Andrade Guenchucoy, de Mideplan, estaba presente junto a una delegación de su gobierno. Chile asiste con una delegación especializada en todos los temas a tratar. Cuando se toca el tema de la tortura, hay un representante chileno especial. Para la libre determinación hay otro. Cuando se abordó el problema indígena, estaba el ‘hombre indígena’ del gobierno. Cuando hablamos, Andrade estaba escuchando y, después, representantes del gobierno nos pidieron las declaraciones. Ese día, Chile fue acorralado. Varias organizaciones y medios de comunicación afirmaron que Chile estaba ‘acorralado por las denuncias’. Yo no fui el único en declarar contra Chile. Hubo por lo menos cinco organizaciones más, el mapuche Luis Llanquilef, la Comisión Andina de Juristas, la Asociación Interamericana de Juristas.

En el marco de los derechos humanos y el problema indígena, algunas organizaciones fueron muy precisas sobre todo en lo que se refiere a los presos políticos. Están muy enterados. Otros se enfocaron en que Chile es prácticamente el único país de América Latina retrasado en la legislación indígena. No tiene ratificado aún el Convenio 169 de la OIT, ni ha reconocido a los pueblos originarios en su Constitución Política. Chile sufrió un bombardeo. Entre las treinta declaraciones de pueblos indígenas, cinco eran en contra de Chile. Es un alto porcentaje. Solicitaron su derecho a réplica y Jaime Andrade hizo uso de la palabra. Fue la respuesta típica del gobierno. Cifras y más cifras de platas, dinero… ‘En pobreza se ha invertido esto’, ‘en educación, esto otro’, ‘en salud se ha mejorado'.

Pero, por otro lado, en el ámbito judicial justificó la aplicación de la Ley Antiterrorista y de otras normativas sin ningún argumento sólido, sólo que ‘los mapuche que aceptan la violencia son terroristas’. Justificó la represión ante las Naciones Unidas. No sé si habrá suscitado resquemor en los otros representantes de los gobiernos porque fue una justificación bastante absurda”.

-¿Se reunieron con el relator Stavenhagen? ¿Qué le informaron? Cuándo visitó Chile evacuó un informe lapidario...

-“Sí, nos reunimos con él. Su informe es fundamental pues hizo variadas recomendaciones que aún no se han cumplido. Esa vez, el gobierno antes de ir a Ginebra respondió. Conversamos con él y estaba bien al tanto de lo que sucede. Le planteamos el asunto del seguimiento de sus recomendaciones. El Relator Especial de Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas no tiene una modalidad de seguimiento. Es lamentable. Nos informó que se está trabajando en eso. El mismo reclamo que hacemos los mapuche, lo hacen otros indígenas, por ejemplo, de Colombia.

Stavenhagen viajó a Colombia el 2004 y evacuó un informe aún más lapidario que el de Chile. Señaló que en Colombia hay un genocidio de los pueblos indígenas producto de la guerra. El relator va a terreno, hace un informe, recomienda a los gobiernos, pide la respuesta de éstos, pero después no existe un seguimiento del caso. No se vela para que sus recomendaciones se cumplan o se avance en el respeto a los derechos humanos. Es lamentable… Él tiene todo el interés de ayudar a los pueblos indígenas y de que este proceso de seguimiento se establezca a la brevedad.

Otro punto que trabajamos fue la anulación del juicio oral contra los mapuche. En esos días se anuló el juicio por asociación ilícita donde acusados mapuche habían sido absueltos. Conversamos acerca de qué podría hacer Naciones Unidas y el Relator en ese sentido. Nos señaló que lo mantuviéramos informado para ver si podía evacuar alguna nota. No puede venir a Chile porque la solicitud la debe hacer el gobierno. También conversamos sobre los argumentos jurídicos que debiéramos trabajar las organizaciones mapuche. Nos recomendó enfatizar que en estos juicios se están violando normas del debido proceso. No son juicios transparentes, ni con acceso a todas las pruebas. Se usan testigos sin rostro, medidas cautelares excesivas, pronunciamientos de la Corte Suprema para nada neutrales…

En un considerando del fallo anulatorio se dice que este nuevo juicio ‘deberá llevar a una condena totalmente nueva a la que se dictó’. La que se dictó fue de absolución. Por lo tanto, se infiere o se hace explícito qué es lo que pretende o quiere el gobierno y el poder judicial. Nos dijo que enfatizáramos en ese punto, en el tema de la aplicación de la Ley Antiterrorista y los nuevos juicios. Vamos a mantenerlo informado”.

-¿Qué otras organizaciones se reunieron con ustedes?

-“A la Comisión de Derechos Humanos concurren indígenas de toda América. Pude hablar con Santiago de la Cruz, vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Conversé con el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y con otros organismos indígenas colombianos. Este año en Naciones Unidas se hablaba especialmente de Colombia. Muchos indígenas fueron a denunciar las masacres a las que se exponen. En los últimos años han muerto miles de indígenas colombianos. Están al medio de los frentes armados y no se les respeta. Son desplazados y masacrados. En el informe de Stavenhagen se habla de los desplazamientos forzados y de la ocupación de sus territorios.

En los últimos años han migrado unos dos millones de indígenas hacia sectores urbanos porque les están robando y ocupando sus tierras. Casi el ochenta por ciento de quienes los han asesinado son las Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares, pero también existe un porcentaje de asesinatos a manos de las FARC y las Fuerzas Armadas gubernamentales en el marco de la guerra que libran. Su situación es extremadamente delicada. Distinta a la mapuche, pero ambos pueblos sufren la permanente violación de sus derechos.

Hablamos también con indígenas de Argentina, de la Comisión de Juristas Indígenas, calchaquíes, y de otros pueblos. Muchos se sorprendieron por la aplicación que hace Chile de la Ley Antiterrorista en contra de las comunidades. Les asombra, aunque ellos también tienen sus procesos judiciales. También pudimos compartir con indígenas de Hawai, con la Conferencia Circumpolar Inuit, y con otros indígenas de Canadá, del consejo Cri, y de México. Lamentablemente, no había zapatistas. Ellos no participan de estos procesos, lo que también es legítimo. Nos dimos cuenta que hay varias corrientes de pensamiento. Algunos quieren sacar adelante una Declaración Universal de los Pueblos Indígenas y otras organizaciones van derechamente a denunciar las violaciones a los derechos humanos de que han sido objeto. Nuestros pueblos están siendo exterminados”.

-¿Pudiste informar de la situación de los lonko y werken mapuche en prisión?

“Sí, llevé el listado de presos políticos mapuche actualizado hasta esa fecha. En nuestro informe se tratan sus casos. En 21 páginas bastante condensadas, recogimos todo lo que se ha hecho anteriormente en otros informes, y los hay muy buenos. El año 1999 apareció el de la Coordinadora Arauco Malleco. El Observatorio de Derechos Indígenas ha sacado varios. Las organizaciones agrupadas en la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales tienen uno muy completo, que apareció este año. Está el que evacuó el Relator Stavenhagen, el de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y el de Human Rights Watch (HRW).

Nosotros tomamos todos esos datos y los condensamos, también aportando ideas nuevas. Tratamos de abordar y profundizar ideas que no han sido tocadas en otros informes. Por ejemplo, el asunto de los beneficios carcelarios para los presos políticos mapuche. A nosotros nos toca, y estamos preocupados por lo que le ocurrió a nuestro hermano Julio Huentecura, que fue asesinado al interior de la Penitenciaría. Hemos abordado como la exigencia de un derecho que deben tener nuestros presos políticos.

También está el hacinamiento y las condiciones carcelarias, que sin duda atañen a toda la población penal, no sólo a los mapuche. Consideramos que nuestros presos políticos deben tener derechos a visitas y a mantener su cultura al interior de las cárceles. En estos momentos la cultura mapuche es marginal en los penales. Por otro lado, que puedan realizar trabajos libremente. Sabemos cómo son las cárceles en Chile y América Latina. También abordamos e invitamos a que los próximos informes se refieran a los mapuche urbanos. En los últimos dos años ha habido tres incendios de sedes mapuche y no hay culpables”.

-¿Y el problema de los hogares mapuche?

“Nosotros no lo abordamos, pero es un buen punto. Estudiantes mapuche permanecen en hogares universitarios con bastantes problemas. Se han movilizado en más de una ocasión protestando por sus derechos que no son respetados. Eso también debería estar en informes de derechos humanos. Otro punto son lo que llamamos los ‘daños colaterales’ de la represión. Generalmente, no son estudiados. Tampoco lo ha sido en el caso del pueblo chileno durante la dictadura y los gobiernos de la Concertación.

Por ejemplo, apareció un informe del Servicio de Salud de Araucanía Norte que hizo un estudio con un universo de niños pequeño, pero si lo extrapolamos a todas las comunidades que están sufriendo represión en el marco del conflicto mapuche, tenemos miles de niños afectados. Eso es lo que definimos como ‘daños colaterales’. Muchos mapuche han perdido ojos, oídos, pies. Mapuche que quedaron cojos producto de balines disparados por la fuerza pública, y que no pueden realizar su trabajo. En el campo perder el sentido de la audición, vista o el poder desplazarse es gravísimo. Son sólo algunos daños que no han sido abordados”.

-¿Cómo fue el recibimiento de los representantes de los países en la asamblea?

“Muy bueno. Para ser nueva nuestra organización en esto, hubo respeto e interés por escuchar y aprender de tema. Cuando uno declara lo hace con una copia escrita y después todos la piden. Hay personas que llevan muchos años trabajando en esto. Grupos indígenas que viajan tres o cuatro veces al año para presentar denuncias. Se pueden divisar varios mundos en Naciones Unidas. Nosotros mantenemos ciertos reparos con el trabajo este organismo. Vimos otras aristas importantes, por ejemplo lo que pasa con las votaciones en contra de Cuba, el caso de Palestina, las maniobras políticas de Estados Unidos y la Unión Europea que quedan en evidencia.

Hablé el 11 de abril como a las tres y media de la tarde. En el primer bloque de la mañana no alcancé porque se alargó un poco. Ese mismo día replicó el representante chileno, respondiendo nuestras denuncias. Básicamente acerca de la aplicación de la Ley Antiterrorista y el atraso en la legislación indígena. Chile lleva 15 años de supuesta ‘democracia’ y no ha modificado en nada de su Constitución dictatorial en lo relativo a los pueblos indígenas. Se promulgó la Ley Indígena, bastante deficiente, y que, además, no ha sido respetada por los grandes consorcios y el gobierno cuando se trata de aprobar megaproyectos. A mi entender la respuesta del gobierno chileno fue bastante mediocre” / Azkintuwe

(*) Arnaldo Pérez y Jorge Zúñiga son editores de la web Libertad http://www.libertad.dm.cl y colaboradores de Azkintuwe.

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