RESOLUCION INTERNACIONAL SOBRE LOS PRESOS MENDOCINOS
Por reenvío agencia walsh - Friday, Jul. 08, 2005 at 4:12 PM

El Estado argentino deberá informar bimestralmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas que adopte para garantizar la integridad de quienes están en las penitenciarias mendocinas. Esta decisión del organismo internacional de justicia, da la razón -mediante la resolución del 18 de junio- a los reclamos que la CIDH viene realizando desde hace más de 2 años respecto de la situación de los detenidos en Mendoza.

En Mendoza existen 2.229 personas presas. Según datos del Indec (Censo Nacional de Población, 2001) en la provincia, la cantidad de personas presas es similar a la de turistas albergados en hoteles. Recordemos que Mendoza es uno de los principales destinos turísticos

del país.



SITUACIÓN DE LOS PRESOS EN MENDOZA



Según consta en el relevamiento de la CIDH, los internos se encuentran abandonados; 18 internos y un guardia han muerto desde comienzos de 2004 y ha habido muchos internos y guardias heridos, sólo en dos casos ha habido imputados; quienes declararon sobre una de las muertes, fueron trasladados y sus nombres dados a la prensa; tres menores han sido condenados a prisión perpetua en violación a la Convención sobre los Derechos del Niño; existen condiciones inhumanas que ponen en riesgo la integridad personal de los internos, tales como la sobrepoblación y la falta de servicios sanitarios; el sistema de seguridad es deficiente, lo que propicia la violencia entre internos; el personal penitenciario es insuficiente; la mayoría de los internos no tienen acceso a la escuela o a talleres; no existen planes de contingencia; no existe separación entre condenados y pro cesados, ni por su peligrosidad; existe demora en la tramitación de los procesos; sólo existe un juzgado de ejecución penal y, además, éste no concede beneficios penitenciarios; y no se ha creado el nuevo juzgado de ejecución penal.



Es necesario un sistema de seguridad que sea compatible con los derechos humanos. En particular, es necesario determinar cuáles son los factores que causan la violencia para mejorar las relaciones entre los detenidos, se destacan el hacinamiento; la falta de atención médica y psicológica; la falta de actividades y capacitación para lograr una reinserción; la duración del proceso; y la corrupción que facilita la existencia de armas y drogas, así como la consecuente formación de grupos de poder a lo interno de la prisión.



MEDIDAS PROVISIONALES VIGENTES



1. Con respecto al personal penitenciario: incrementar el personal penitenciario destinado a garantizar la seguridad en los establecimientos.

2. Separación de los internos por categorías: separar a los internos procesados de los condenados y los jóvenes de los adultos.

3. Medidas para evitar la presencia de armas: implementar requisas de armas, con un adecuado monitoreo, y con presencia y control judicial, a efectos de garantizar su legalidad. Evitar el ingreso clandestino de armas, incluyendo en el control a los ámbitos destinados a los agentes penitenciarios.

4. Régimen disciplinario: se notificara a la defensa de toda persona que sea objeto de un sumario administrativo tendiente a su sanción, para que ejerza su derecho de defensa. A mediano plazo, establecer un régimen disciplinario conforme a la Convención sobre Derechos Humanos.

5. Mejoras Progresivas en las Condiciones de Detención: implementar un relevamiento de las personas alojadas en el sistema penitenciario provincial; duchas y sanitarios que funcionen; provisión semanal de artículos de higiene; agua potable suficiente; iluminación en todas las áreas del penal; se prohibirán los encierros prolongados y los grupos de represión de encapuchados y las restricciones de visitas; se prohibirá el acceso de personal con perros a los pabellones y en de visitas.

A mediano plazo: se ampliará el registro de los internos; se informará bimestralmente sobre el relevamiento de salud de los internos; se implementará la atención psicológica, siquiátrica, odontológica y oftalmológica; se garantizará el acceso equitativo de los internos a los Programas de Trabajo, recreación, educación formal y no formal y se crearán otros programas vinculados a la reinserción; disminuir el hacinamiento mediante la reducción de la cantidad de personas encarceladas en prisión preventiva (conforme con los criterios establecidos en el reciente fallo de la CSJN sobre las cárceles de Buenos Aires) para lo cual se deberán utilizar mecanismos alternativos a la prisión preventiva por ejemplo programas de libertad bajo palabra; y en cuanto el hacinamiento se debe garantizar el efectivo cumplimiento del régimen progresivo de la pena.

6. Activación del sistema judicial: Efectivo cumplimiento de los plazos de duración de los procesos judiciales; investigación de los hechos de violencia acaecidos en la Penitenciaría de Mendoza y Gustavo André; y visita periódica a las cárceles de Jueces, Fiscales y Defensores Oficiales con detenidos y/o procesados a cargo de la dependencia del Poder Judicial de la cual son Titulares.

7. Creación de Comisión de Investigación: para investigar los hechos de violencia y muertes sucedidos desde enero de 2004; la Comisión tendrá las características de especialidad, independencia e imparcialidad; y será nombrada por los gobiernos nacional y provincial.

8. Fortalecimiento de la Comisión de Seguimiento: La comisión de seguimiento creada en noviembre de 2004, integrada por el gobierno nacional, por el gobierno de Mendoza, la Senadora nacional Marita Perceval, la Suprema Corte de Justicia provincial y por los peticionarios, será ampliada en su integración de modo de optimizar su horizonte de operación, evaluándose la posibilidad de incluir al Ministerio del Interior de la Nación, la Jefatura de Gabinete de la Nación y la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

9. Asistencia y cooperación: El Estado Nacional se compromete a asistir a la provincia de Mendoza con los recursos necesarios para la implementación de las medidas establecidas.



Agencia Walsh

Fuentes: Equipo Nizkor, INDEC, DEIE-Mendoza

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