Julio López
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Pueblos santiagueños, a remate
Por La Nación Line - Saturday, Jul. 09, 2005 at 1:09 PM

El frustrado remate de seis pueblos ubicados dentro de las 10.000 hectáreas conocidas como El Ceibal, en la provincia de Santiago del Estero, debería llamar la atención de las autoridades nacionales y provinciales sobre los graves problemas sociales que pueden producirse como consecuencia de simples conflictos de intereses no resueltos.

El rápido accionar del defensor del pueblo de esa provincia, más la prudencia y sensibilidad social del juez a cargo de la quiebra del Banco Platense SA, doctor Gerardo A. Echeverría, permitieron que, con la suspensión temporaria de la subasta pública de la fracción de campo donde se encuentran asentadas las poblaciones de San José del Boquerón, El Ceibal, Tres Varones, Villa San Juan, Nuevo Simbolar y Santa Lucía, se evitara un conflicto de magnitudes impredecibles.

Toda esta situación planteó una disputa muy difícil de resolver: por un lado estaba el derecho de los pacíficos ocupantes de los terrenos y, por el otro, el de los acreedores de una quiebra. Porque no se trataba de pobladores que invadieron o usurparon tierras de propiedad ajena, sino de habitantes que viven en un lugar -en algunos casos desde hace seis generaciones-, lo cual les otorgaba el derecho de ser considerados propietarios de las tierras, según la normativa de nuestro Código Civil, a quienes ocupan en forma pacífica una superficie de terreno por un plazo de 20 años. Por otra parte, existía el derecho de los pequeños ahorristas del quebrado Banco Platense, que tenían la expectativa de ver satisfechos sus créditos o reintegrados sus depósitos con la venta judicial del inmueble, cuya titularidad se encontraba en cabeza de la entidad bancaria hoy en liquidación.

Dentro de la fracción objeto del remate judicial también se alza una iglesia sobre los restos de una reducción jesuítica emplazada hace seis siglos y que fue nuevamente ocupada por dicha comunidad hace 30 años, para continuar con la evangelización y asistencia a los casi 4000 pobladores del lugar, que se dedican a la agricultura, a la cría de ovejas y vacas, y a la explotación forestal. Hay también un destacamento policial, varias escuelas primarias que dependen de la provincia, un cementerio, una usina eléctrica y una planta de agua, todos edificios públicos dentro del mismo predio, aunque éstos fueron excluidos de la subasta judicial.

Esta situación dominial anómala ocurre no sólo en las localidades mencionadas anteriormente, sino también en otros lugares de la provincia de Santiago del Estero y en otras provincias con territorios de poco valor y poblaciones de escasos recursos cuyas necesidades primarias son pobremente satisfechas, lo que les impide preocuparse por la titularidad de dominio de las tierras donde edificaron sus viviendas. Tal el caso de Jujuy, con Tilcara, en la Quebrada de Humahuaca, a pesar de haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003.

Las autoridades no pueden estar ausentes ante una realidad que pone en juego valores superiores que deben preservarse, como el bien común, la paz social y la seguridad interior, consagrados en nuestra Constitución Nacional; se hace necesario que desarrollen programas catastrales que individualicen a los pobladores de los distintos parajes. Además, en estas zonas ni los titulares de dominio ni los pobladores abonan impuestos territoriales al erario, lo que también significa un perjuicio y una desigualdad para quienes sí lo hacen.

Es de esperar que la rapidez y la decisión con que actuó el defensor del pueblo de la provincia de Santiago del Estero, doctor Darío Alarcón, frente a un remate judicial inminente, no se limiten a la presentación judicial y continúen en el futuro hasta resolver el problema de fondo de los pobladores que viven en las tierras objeto del remate. Esta solución no debe limitarse a Santiago del Estero, sino al resto de nuestro territorio nacional, toda vez que existan situaciones irregulares análogas.

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