El lunes, miercoles y jueves hubo movilización de las partes en conflicto en Salta. Los funcionarios del Grand Bourg apresuraron una conferencia de prensa con un informe oficial sobre el tema. Tampoco ocultaron acusaciones sobre los intereses extranjeros que estarían en juego por las tierras. "Vemos con tristeza el abierto interés de organismos nacionales e internacionales", dijeron.
Adelantaron además que recién después de las elecciones, las partes podrían volver a sentarse para seguir analizando la decisión sobre la base del resultado. Tales afirmaciones confirmarían el caracter de que el proceso es vinculante. Secretario de Estado: Dr. Raúl Romeo Medina dijo a la prensa que "detrás de los indigenas salteños hay intereses internacionales y, específicamente ingleses, que no quieren dejar de recibir fondos para seguir publicando libros y lucrando a costa de las capmunidades salteñas. Para concluir repitió un curioso argumento que fue lanzado por el Chaqueño Palavecino. Relacionó el conflicto con el caso de Las Malvinas, diciendo que "hay mucha sensibilidad respecto al tema de los intereses ingleses en los lotes 55 y 14, porque en la zona vive un familiar del cacique Vilca Condorí, que fue muerto en la guerra contra los Ingleses".

Operar y dividir para ganar

Hace dos semanas Salta Libre brindó dos informes especiales sobre las denuncias de la operación de división que lleva adelante el Gobierno. El jueves se pudo confirmar los argumento de las notas. En diversos medios televisivos, Camacho y Medina, develaron esas intenciones, al cuestionar públicamente la representatividad indígena de la Fundación Lakha Honhat que preside el cacique Francisco Pérez. Como una contrafigura plantearon la dicotomía entre los indígenas de la zona. En este sentido el gobierno "bendijo" abiertamente al cacique Indalecio Calermo asegurando que "Calerno es el único y máximo representante de la comunidad Wichí en los lotes 55 y 14 y remarcaron que este hecho deja a la vista que existen profundas divisiones existentes entre las comunidades. Respaldando el referéndum expresaron también que "ya son muchos los indígeneas y criollos que nos piden les entreguemos las tierras y se realicen obras públicas en la zona".

El gobierno ignoró el debate

Sin la participación de los funcionarios (estaban invitados, pero no concurrieron), en la sede de la UNSa, y luego en la Fundación Salta, se realizaron jornadas informativas y el debate público trató el tema: "Los Lotes 55 y 14: Democracia, Derechos Indígenas y Referéndum".
El el debate del jueves estuvo destinada a discutir y esclarecer la situación de los lotes 14 y 55 y sobre el llamado a referendum planteado por el gobierno provincial en forma coincidente con las elecciones legislativas de octubre en el departamento Rivadavia, al Norte de Salta.
La jornada se relizó en la UNSa, Campo Castañares, de 9 a 17, con la participación de integrantes de comunidades indígenas, representantes del CELS, organismos gubernamentales nacionales, INAI, Secretaría de DDHH de la Nación y Defensoría del Pueblo.
En este sentido el funcionario nacional Ricardo Scoles recordó que "desde hace varios años se estaba analizando la entrega de los lotes 14 y 55, con la participación de Lhaka Honhat, el CELS, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos, pero Salta dio un paso al costado en el diálogo sin dar ninguna explicación.

"Quieren robarles la propiedad"

El Defensor del Pueblo, Scoles subrayó: "Un solo artículo del convenio 169 dice que deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos, puedan aprovecharse de las costumbres o del desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros, para robarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos".
Asimismo, indicó que el artículo es muy claro, sólo hay que tener la voluntad de cumplirlo en serio y de llevarlo a cabo de la mejor manera posible, para que sea consensuado y se pueda convivir como una comunidad intercultural sin problemas".

Apoyo de Pérez Esquivel

El Debate Público en la Fundación Salta, contó con la presencia de: Morita Carrasco, asesora para temas indígenas del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), docente e investigadora de la UBA; Pablo Ceriani, abogado del CELS, Francisco Pérez, integrante de la organización Lhaka Honhat, Dip. Provincial del (PO) Pablo López; Antonio Dell Elce y Ricardo Scoles de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Durante la sesión sobre este caso, que tiene un planteo jurídico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se leyó un documento de apoyo enviado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, repudiando el referéndum y pidiendo a la Justicia una decisión definitiva sobre el tema.

Cheques en blanco

El abogado Martín Avila, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el caso de Lotes 32 y 33, como así también los Lotes 55 y 14, señaló que se hizo una presentación a la Secretaría de Medio Ambiente, respecto a la audiencia pública que se había llevado a cabo, en la cual se pidió la nulidad absoluta de dicha audiencia. Solicitó la aplicación del convenio 179, que establece que antes de realizar cualquier tipo de actividad se debe consultar a las comunidades y en sus idiomas.
Avila, afirmó que el estado nacional a través de distintos organismos presentó una nota al Gobierno de la Provincia solicitando que se tomen las medidas necesarias para suspender la realización del referéndum. Indicó también que el problema no es el hecho que se entreguen o no las tierras, el problema es saber como y cuanto se le entrega a cada uno, "ante esta situación se jugaría un cheque en blanco, porque lo único que ocurriría es que la provincia entregue las tierras a su gusto y placer".
Asimismo, explicó que "las tierras están habitadas por la comunidad Wichi ancestralmente" y recién en el año 1975 apareció un criollo en el lugar, es decir "si algún criollo vive ahí, no pasan de los 120 años, lo que quiere decir que los aborígenes llevan milenariamente antecedentes mayores a cualquier tipo".
Avila, señaló que la Comisión Asesora Honoraria dictaminó, antes del año 1996, que se tenían que otorgar aproximadamente 300 mil hectáreas para los indígenas, 130 mil para aborígenes y 70 mil para una reserva ecológica, pero los intereses económicos siempre tuvieron una velocidad altísima ante la violación de los derechos de la gente.
Por otra parte, dijo que confía en la acción original que interpuso el CELS ante la Corte de Justicia de la Nación demandando, al estado nacional y a la provincia, como una medida cautelar. "El procurador general de la nación ya se expidió declarando la competencia de la Corte de Justicia. Posiblemente en los próximos 15 días pueden haber novedades al respecto", finalizó.

Trampa y un disparate

"El referéndum es una trampa y un disparate inconstitucional", dijo el abogado Pastor Torres, quien participó de las Jornadas de Debate sobre los lotes 14 y 55, resaltó que "cuando los electores del departamento Rivadavia tengan que elegir entre el sí y el no, se volcarán por el primero, más aún los aborígenes, que son los verdaderos dueños". "La sorpresiva decisión del gobierno provincial de llamar a referendum, en el transcurso de un pedido prórroga de 30 días, automáticamente rompió el proceso amistoso de la Mesa de Diálogo entre las partes".
El letrado indicó que el referéndum es tramposo, porque el Gobierno Provincial no aclara la metodología con que se van a entregar las tierras, entonces se desconoce si la entrega será comunitaria, o en caso contrario cual será la dimensión de terreno que se les otorgará particularmente.
Asimismo, señaló que la inconstitucionalidad aparece cuando se convoca al referéndum con sólo dos opciones, porque en el caso que ganara el "no", el Gobierno no entregaría las tierras que pertenecen por ley a los habitantes de la zona, lo cual significa un "disparate total". Además, manifestó que en el caso que el "sí" resulte ganador, se realizarán obras de infraestructuras, lo cual está vedado en al constitución de la Provincia, porque no se puede convocar por temas presupuestarios a un referéndum, por lo que estarían infringiendo la ley".

Personerías jurídicas a discreción

Como ya lo denunció Salta Libre el gobierno está entregando personerías juríticas a discreción. A raíz de este tema, desde INAI, organismo gubernamental nacional, que trata sobre problemática Indigena en Argentina, se dio a conocer la propuesta del gobierno de Salta de unificar en un convenio las personerías jurídicas provincial y nacional que reconoce derechos y preexistencia de las comunidades indígenas que habitan en la provincia y el país.
El INAI, (Instituto Nacional de Asuntos Indigenas) que ya cuenta en su concejo con caciques que operan para el gobierno de Salta, se realizaría la consulta a las distintas comunidades indígenas de Salta.
Desde que se implementaron las personerías provinciales - conformadas como asociación civil, sin reconocimiento de preexistencia - se han radicado infinidad de denuncias e irregularidades en el INAI que afectan a las personerías provinciales, dijeron funcionarios del organismo estatal.
Para las comunidades Indígenas Kollas de Papachacra, La Falda, Pucallpa y el Mesón: "Las personerías provinciales se usan con fines partidarios a nuestras espaldas, no dándolos a conocer lo que se gestiona, la personería provincial margina y somete a seguir apoyando a lideres políticos, mientras que las otorgadas por nación nos permite trabajar en forma abierta y transparente en cada comunidad, la personería nacional no discrimina a nadie, si algo se consigue se comparte en forma abierta, lo que no sucede en las personerías otorgadas por la provincia de Salta".
Las comunidades indígenas Kollas agrupadas en la Unión de Comunidades aborígenes Victoreñas (U.C.A.V.) que congrega a 22 comunidades rechazarían la propuesta del gobernador salteño.

Advertencia de Kirchner

El presidente Néstor Kirchner advirtió a Juan Carlos Romero que debe abortar el Referéndum y que el tema tiene "rango constitucional".
La maniobra del gobierno provincial podría gatillar una condena al país de la Corte Interamericana de Justicia, que hasta el momento siempre falló a favor de los derechos indígenas y en contra de los gobiernos que los conculcan.
En un recuadro de tapa el diario Página 12 del domingo pasado se publica una clara advertencia del presidente Néstor Kirchner al gobernador Juan Carlos Romero: La Rosada le advirtió al salteño que el tema tiene rango constitucional, es "cuestión federal" y no algo a votar en una provincia". La condena será al país, no a la Provincia o a Romero. Un fallo de tal magnitud de la CIDH a la Argentina por violar los derechos de los indígenas -resolución que Kirchner ya ve venir por la torpeza y terquedad del gobierno provincial- afectará la imagen del gobierno nacional a nivel mundial y más aún a nivel Pan Americano. No hablará nada bien de un gobierno que se dice progresista y defensor de los Derechos Humanos.

El gobieno de Romero no cesa en su intento de entrega e insiste en fraccionar territorios indígenas y repartirlos entre los criollos, donde figuran testaferros, ex-funcionarios, punteros políticos y folcloristas famosos; violando los derechos constitucionales de sus legítimos dueños. La nómina de quienes sería los criollos futuros dueños de la tierra está oculta y no se da a conocer. Uno de los bendecidos declarados es Lucio Rojas, beneficiario de la "loteada romerista". El ex-intendente de Santa Victoria Este, le dijo a Clarín que su pariente, el Chaqueño Palavecino es su vecino. El cantor de "Chaco Mío" a su vez apareció en El Tribuno aplaudiendo la entrega de títulos provisorios a varios de sus parientes, entre los que figura también el apellido Balderrama.