El lunes 26 de junio se presentaron en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dos informes que analizan la cuestionada gestión de 160 millones de pesos entre 2002 y 2004, bajo responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, a cargo en ese momento de Jorge Gosis, hombre del gobierno nacional muy cercano al Rector Jaim Etcheverry, quien le agradeció "los servicios prestados" al aceptarle la renuncia en mayo de 2004, en medio del escándalo producido al revelarse la presunción de severas irregularidades.

Uno de los informes fue firmado por la mayoría de la comisión investigadora, formada precisamente a partir de que esa situación saliera a la luz. Pero sus conclusiones aún no se dieron a conocer, lo que da sustento a variadas especulaciones respecto al por qué de una sesión cerrada para tratar un caso de enorme importancia pública.

El análisis contenido en el otro informe, que difundimos a continuación, fue impulsado por la Comisión Gremial Interna del Rectorado de la UBA, que nuclea a los trabajadores no docentes, y presentado por el presidente de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires), organismo que agrupa a los centros de estudiantes.

En el documento se cuestiona fuertemente a la gestión actual, a cargo de Guillermo Jaim Etcheverry; a la anterior, a cargo de Oscar Shuberoff; y también a los Administradores Gubernamentales -entre ellos Gosis como máximo responsable- que, cabe destacar, no eran funcionarios dependientes de la Universidad sino del gobierno del presidente Kirchner, que de esta manera podría enfrentar un escándalo en un territorio inesperado a pocas semanas de las elecciones legislativas del 23 de octubre.

Cómo y por qué se conformó la comisión investigadora en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires.
Conclusiones de uno de los dos informes presentados el lunes 26/09/05

Marcos Britos
Delegado General
Comisión Gremial Interna
Rectorado UBA

Adjuntamos el informe presentado por Agustín VANELLA, Consejero Superior de la UBA, Presidente de la FUBA e integrante de la Comisión Especial que investigó por disposición del Consejo Superior el destino que se le dio a 160.000.000 de pesos del presupuesto de la Universidad de Buenos Aires.

La Comisión se formó en base a un Proyecto de Resolución aprobado por el Consejo Superior (Resolución CS 4788/05) presentado por el mismo Vanella.

La Resolución (CS) Nº 4788/05 crea la Comisión Especial con el objeto de "investigar, analizar y esclarecer el destino, trámite y oportunidad de los gastos financiados con las partidas provenientes de los montos en concepto de contribuciones patronales durante el período 2002-2004, determinando también el saldo inicial y evaluando el destino final y aplicación de los fondos provenientes de los juicios respectivos y de los acuerdos celebrados entre esta Universidad, la AFIP y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con más los intereses ganados en el período 2002-2004."

La Comisión estuvo conformada por Consejeros Superiores de los tres claustros universitarios (docente, no docente y estudiantil) y Decanos.

El Secretario de Hacienda bajo cuya responsabilidad estuvo la administración de los fondos de la UBA en este período (objeto directo de la investigación realizada) Dr. Jorge B. G. Gosis, renunció con los servicios prestados agradecidos por el Rector Jaim Etcheverry. Con él renunciaron los Administradores Gubernamentales (AG) destinados a su área por la Jefatura de Gabinete del actual gobierno del Presidente Kirchner. Otros AG como el Ingeniero Gabriel Marchi (que cumplió funciones en Rectorado como Secretario de Extensión Universitaria) actualmente las desempeñan en la cuestionada Dirección del Hospital de Clínicas, Hospital al cual se destinó un alto porcentaje de esos fondos y bajo permanentes denuncias de irregularidades de distinto tipo, algunas gravísimas.

Finalmente el día lunes 26 de setiembre en una sesión cerrada el Rector y los Decanos recibieron el informe despachado por la mayoría de la Comisión (que cuenta con el aval parcial de Vanella), y el informe que adjuntamos que desarrolla aspectos no tomados por la mayoría de la Comisión y que profundiza otros. Está integrado por una parte de evaluación administrativo/contable y otra sobre política universitaria con tres Anexos documentales. El Rector Jaim Etcheverry tiene diez días para responder ambos informes.

El equipo de trabajo que realizó la investigación estuvo conformado por una docena de trabajadoras y trabajadores universitarios profesionales y administrativos (centralmente con funciones en el Rectorado) que trabajó en coordinación con la Comisión Gremial Interna -APUBA-Rectorado.
Tal como plantean los tres primeros párrafos del Informe del Presidente de la FUBA y la Comisión Gremial Interna del Rectorado:

El presente informe tiene como objeto aclarar los puntos en los que disentimos con el redactado y suscripto por la mayoría de la Comisión Especial, creada por Resolución CS Nº 4788/05, siendo su principal objetivo abundar en las inconsistencias halladas así como para solicitar la profundización de la investigación realizada hasta la fecha.

Todo ello tomando como base el convencimiento de que:

- el desfinanciamiento no es consecuencia del uso indiscriminado de modalidades de carácter excepcional (pago por memos para adelantos financieros o cajas chicas) sino que, el uso de ellas es consecuencia directa del desfinanciamiento que se vio sometida la UBA a resultas de las políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional, y

- que la presente situación financiera y presupuestaria en la que se encuentra inmersa la Universidad no es exclusiva responsabilidad de la gestión actual, sino producto de sistemas contables y financieros hechos a medida y falta de controles necesarios, entre otras realidades.

El mencionado informe desarrolla también críticamente los aspectos de la política universitaria que permiten, de una u otra manera, que la gestión y administración del presupuesto universitario no sea absolutamente transparente.

Las conclusiones de la parte administrativo/contable del informe son las siguientes:

? Los fondos se utilizaron para cubrir la carencia de recursos que otorga el gobierno nacional a esta universidad.

? Fundamentalmente, se financió Hospital de Clínicas y DOSUBA.

? Las autoridades utilizaron el superávit para agrandar la estructura de gastos de funcionamiento del Rectorado y de la UBA, una vez agotado el ingreso de recursos extraordinarios se llega lógicamente a una crisis financiera.

? Para utilizar parte de los recursos se evitaron los pasos administrativos establecidos en el Estatuto Universitario y se obvió el pedido de autorización al Consejo Superior.

? Al mismo tiempo, se hizo abuso de una modalidad extraordinaria como son los adelantos financieros, no reflejando de esta forma el gasto presupuestario y salteando todos los controles que se efectúan en cada etapa del gasto (preventivo /compromiso/ devengado/ pagado) y cuyo curso es establecido por Ley de administración Financiera.

? Esto no sólo trae perjuicios en los controles del gasto, sino que la modalidad de adelantos financieros genera que los mismos se aprueben una vez que ya han sido efectuados y no en virtud de la funcionalidad del sector. Así vemos que el incremento de adelantos del tipo "caja chica", "fondo rotatorio", "entrega de fondos con cargo a rendir" se ha incrementado ostensiblemente. Si a ello le agregamos que, con esta modalidad, no hay forma de llevar un control de los insumos adquiridos y utilizados, la ecuación llega a la arbitrariedad en los gastos y una absoluta discrecionalidad respecto de a quién se le entrega los fondos de caja chica. Como ejemplo podemos decir que la Secretaría de Hacienda y Administración se ha visto favorecida en todas sus Direcciones y en el caso de la Secretaria de Extensión Universitaria, la Dirección de Turismo gasta varias veces más que la Dirección de Salud. Esto sumado a que hay personas con más de una caja chica, lo que no está expresamente prohibido, y algunas de ellas se encuentran sin rendir desde el año 1998, cuando lo lógico es que se deberían rendir a fin del ejercicio.

? Sobre la distribución de los gastos vale mencionar que los recursos fueron utilizados para financiar gastos a veces innecesarios, los ejemplos son claros ($ 500.000 en la fachada del edificio Viamonte 430 o el casi $ 1.000.000. en canto rodado para el Albergue Inacayal o bien el más que excesivo gasto de $ 1.300.000. en seguridad), cuando se ha dejado casi sin recursos a las áreas de salud o becas.

Por todo lo antes expuesto solicitamos:

? Que el Señor Rector explique cuales fueron las medidas tomadas a partir de los informes de la AG-UBA (en especial el informe n° 323) frente a la inexplicable modificación de créditos de Fuente 16; si es cierto que falta crédito y la comparación entre balances de inicio y de cierre.

? Asimismo, explique la diferencia en el saldo de fondo de terceros al inicio del año 2002 comparado al cierre 2001 de $ 6.026.536,74 no registrándose diferencia en los saldos de banco.

? Ello porque no queremos que se sigan sosteniendo y extendiendo en el tiempo las irregularidades y la espeluznante pasividad (o complicidad) por parte del Rector hacia los errores de la gestión anterior y de la suya propia.

? Continuar y ampliar las investigaciones hasta ahora realizadas con el objeto de tener un acabado conocimiento de la situación financiera y económica global de la Universidad.

? Hacer especial énfasis en rubros como Obras, Extensión Universitaria y otras, apuntando a algunos gastos particulares que creemos presentan irregularidades en cuanto a su oportunidad y trámite así como también en la modalidad de contratación elegida (contratación directa en lugar de licitación).

Las conclusiones de la evaluación de la política universitaria son las siguientes:

En consideración a lo aquí planteado en el terreno de las consideraciones políticas de gestión universitaria entendemos que este Consejo Superior debería:

? Presentar denuncia judicial contra el Secretario de Hacienda y su equipo de Administradores Gubernamentales para la investigación de los posibles delitos que se hubieran cometido, incluyendo el de Asociación Ilícita.

? Que el Rector de la UBA sea suspendido en sus funciones hasta tanto la investigación judicial, y administrativa en el ámbito de la UBA, deslinde las responsabilidades que pudieran caberle.

? Que se extienda y profundice la investigación iniciada por la Comisión Especial para evaluar el manejo del financiamiento 12 por parte del ex Rector Shuberoff y especialmente respecto a las denuncias que hoy están en proceso de evaluación en el ámbito de la justicia. Nos referimos en particular a las áreas de la Dirección de Construcciones Universitarias, DOSUBA, Comisión de Administración de Campos y el Hospital de Clínicas (en donde el grado creciente de corrupción interna culminó en la acumulación de casos como el asesinato del Jefe de Cátedra Martínez Martínez por parte de un médico sindicado como integrante de una mafia interna, estafa con fondos propios para premios del personal, denuncias de accidentes por inseguridad de las instalaciones (quirófanos y ascensores) que llegaron a la muerte de una paciente en el incendio de un quirófano, hurtos diversos, desaparición de un número indeterminado de legajos del personal y persecuciones a los denunciantes de estos hechos.

? Que se ponga fecha a un cronograma de trabajo para evaluar y definir propuestas de democratización del control y gestión de la UBA para que la próxima Asamblea Universitaria pueda poner a votación las propuestas que surjan.

? Que se ponga fecha a la Asamblea Universitaria que se convoque para discutir las reformas necesarias para que la UBA revolucione su funcionamiento y organización interna para lograr un punto de inflexión por una Universidad al servicio del conjunto de la población (especialmente de los sectores mas desprotegidos socialmente) y no de los intereses particulares especialmente empresariales que la han llevado a esta situación.

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