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Tolerancia Cero: el"Gulag" del Capital
Por COLECTIVO NUEVO PROYECTO HISTORICO -
Tuesday, Oct. 18, 2005 at 7:15 AM
correo@colectivonph.com.ar
A propósito de la masacre del penal de Magdalena: capitalismo, criminalización de los pobres, Argentina campeón mundial de presos por habitante: la otra cara de la acumulación del capital.
Extraído del documento del colectivo: PROKLA Nº 3 - Problema de la Lucha de Klases - Mayo - 2005
Tolerancia Cero: la vía posfordista al Gulag capitalista:
A la gigantesca aceleración de la acumulación salvaje del capital le acompaña el estado punitivo contra el pobre y el marginal. La caracterización de la forma estado del posfordismo como “estado de excedencia” no es una simple innovación del lenguaje. La desocupación y el trabajo atípico se configuran como el margen de excedencia de la productividad social. La negación del acceso a un trabajo en los parámetros fordistas (ciudadanía) excluye masas cada vez mayores de sujetos que no son reconocidos como socialmente como consumidores, y con condiciones para acceder a una existencia social plena. Un régimen de excedencia significa que la dinámica productiva posmoderna excede continuamente los dispositivos institucionales de atribución, reconocimiento y garantías de la vieja ciudadanía social. No hay más inclusión de sujetos. La escisión entre la constitución material de la sociedad y la constitución formal de las instituciones de gobierno es insalvable. No hay mediación entre amplios sectores de la fuerza-trabajo y el capital. Este déficit se traduce en anomia. Se deben planificar dispositivos que controlen esta población excedente y el “surplus” de fuerza de trabajo descualificada. Este “sobrante” del posfordismo puede dividirse en “social junk” y “social dynamite”: el primero se refiere a aquella parte de la multitud desocupada pero que representa un detrito social inofensivo en la confrontación con los aparatos del poder (manejables a través del “Welfare” o el clientelismo de los partidos y sindicatos); el segundo, aquella fracción potencialmente explosiva y peligrosa, se activa el sistema carcelario posmoderno. El “Capital-Parlamentarismo” tiene en construcción nuestro propio GULAG para los rebeldes asociales. Al trabajo atípico se le contrapone, como Jano, la policía posmoderna, la encarcelación preventiva y la privatización de la represión. El control social de las clases trabajadoras siempre tuvo una relación privilegiada con las relaciones de producción históricas y cambios en el modo de gobernabilidad de la multitud repercuten inmediatamente en los mecanismos de exclusión, inclusión y castigo punitivo. La rebelión en las cárceles argentinas, el problema de la seguridad (Blumberg dixit) oculta más que explica la nueva función del estado posfordista. Si una de las caras es que el salario medio está un 30% por debajo del que teníamos en 1999, la otra nos da un panorama desolador: la cantidad de detenidos por causas penales no para de subir en el “País en Serio”. En los últimos siete años (fecha clave: 1998) la población carcelaria creció un 100%. La tasa de encarcelamiento es hoy de casi 200 presos por 100.000 habitantes: el primer lugar lo ocupa EE.UU. con 686 presos, le sigue Rusia, pero la Argentina de Kirchner ocupa… el lugar octavo del mundo¡¡¡¡¡. Suecia, por ejemplo, tienen 68 y Japón 48. Hablemos del Gran Buenos Aires, el feudo de Duhalde: 400 personas terminan en una celda cada día. Estamos en promedio deteniendo a 130/150.000 personas por año, sólo en GBA. Se producen 25.000 delitos por mes, de los cuales el 64% son contra la propiedad. Pero lo peor no es eso: de los detenidos sólo un 10% tenía antecedentes, lo que quiere decir que el 90% delinquía por primera vez. Casi el 70% no tiene condena a nivel nacional. El perfil del preso argentino es un calco de la nueva figura del trabajador posfordista: varón, pobre con empleo precario o intermitente, soltero, tiene entre 18 y 34 años, con educación formal (primaria), además sólo el 4% es extranjero. El 46% tenía un trabajo a tiempo parcial; el 19% un trabajo a tiempo completo y sólo el 35% estaba desocupado. Casi un 60% tenía un oficio o profesión. El 81 % no participó en alteraciones al orden público nunca. El 8% de las mujeres detenidas tenían hijos con ella. El 72% de los condenados no era reincidente. El 11% de los condenados gozo durante el año de salidas transitorias, el 2% sufrió una suspensión o revocación de las salidas y al 87% no le fueron otorgadas (cuando más del 70% es calificado como de excelente o buena conducta). El 94% de los detenidos con condena no tuvo reducción de pena. El 94 % tenía residencia urbana y la provincia de Buenos Aires es el principal lugar de procedencia (42%). Los detenidos privados de libertad se encontraban acusados o condenados por la comisión de robos en su mayor parte, en un segundo plano homicidios dolosos, hurtos, infracciones a la ley de drogas y violaciones. La superpoblación es de un 20%, hay presos hoy en el Hospital Psiquiátrico Borda y Moyano, hay presos en el año 2005 en contenedores (como los talibanes en Afghanistán) en Salta, en condiciones infrahumanas. El posfordismo exige que el nivel de subsistencia carcelario sea al menos inferior al de la franja de la clase trabajadora más degradada y precaria, de forma que el trabajo peor pagado sea de todos modo preferible a la condición carcelaria (a diferencia de las cárceles del siglo XIX descritas por Marx, donde el preso vivía mejor que el proletario medio). Hoy el encarcelamiento cumple una doble función: constante advertencia para los que no trabajan o no están conformes con un trabajo precario y miserable acerca de las consecuencias de pasarse de la línea y encarrilar los sentimientos de inseguridad de la clase media hacia estos “enemigos adecuados”, que de otro modo serían expresados en forma antagonista y peligrosa para el sistema. Como dice un viejo adagio la fianza es para las clases altas, la prisión en suspenso para la clase media; la prisión efectiva para los proletarios. La cárcel en el estado de excedencia del “Capital-Parlamentarismo” es una máquina barredora de grupos precarios, institución hoy concebida totalmente para los nuevos pobres supernumerarios, medio criminógeno modelado por el imperativo de la seguridad, una fábrica de miseria y pauperización, complemento indispensable de la imposición violenta de la acumulación y al imposición del trabajo atípico, precario y mal pago como obligación ciudadana. Simplemente incapacita, neutraliza y “aparca” categorías sociales. El “GULAG” del capital postfordista tiene como misión regular los segmentos inferiores y medios del mercado laboral, expandir y acompañar el desarrollo del trabajo asalariado de miseria y en negro, produciendo sin cesar una amplia reserva de mano de obra que jamás volverá a tener un trabajo digno. Entre 1990 y el 2000 el número de jóvenes pobres aumentó un 300%: en el 2004 el 60% de todos los jóvenes entre 14 y 24 años era pobre (de los cuales un 38% era indigente¡¡¡). Sólo el 40% de los jóvenes termina la secundaria; en Europa un 85%; sólo el 6% llega a la universidad, un tercio no completa ni siquiera la primaria. Pensemos que en el posfordismo para no ser pobre se necesita como requisito al menos doce años de escolaridad. Uno de cada cinco jóvenes del GBA, el coto privado de Duhalde, no va a la escuela ni trabaja. El 60% de la franja entre 15 y 21 años no tiene ningún tipo de cobertura social o sanitaria mínima. En Argentina hoy trabajan (UNICEF, 2004) más de 1.500.000 menores de 15 años, en la explotación más miserable. Pero aparte su proyección preventiva (el fantasma de la rebelión del 2001) es muy notoria. En suma: si el que delinque por primera vez es joven, con trabajo precario o desocupado, con primario completo, de familia proletaria, consume alcohol o drogas, es soltero y vive en zonas urbanas de riesgo, será considerado peligroso y merecerá una sentencia potencialmente durísima. Pertenece a una clase peligrosa; poco importa si, subjetivamente, es o no peligroso.
“No Future”: Control y Terror peronista:
Pero detrás de las cifras apabullantes de los efectos sociales salvajes del “Capital-Parlamentarismo” se incuba el huevo de la serpiente. El plan de seguridad lanzado por Kirchner en 2004 viene a confirmar una tendencia posmoderna: que las elecciones de los mecanismos represivos son políticas más que científicas y que las teorías criminológicas del postfordismo dominantes convergen con las estrategias de política criminal que se perfilan en concreto. Si la utopía correccional del estado populista recuperaba sujetos útiles, ahora se trata de neutralizar, anular, aislar, demarcar grupos de alto riesgo, poblaciones enteras. Veamos algunos datos de la “Cruzada Axel”: 1. BAJA DE LA EDAD DE LA IMPUTABILIDAD: se criminaliza la pubertad y adolescencia “sans phrase”, es coherente ya que el 53% de los pobres es menor de 21 años y de estos el 64% es menor de 13 años (el 31% de los argentinos menores de edad es indigente); 2. JUSTICIA RAPIDA PARA DELITOS "IN FRAGANTI" (sólo a delitos de pobres: robos, hurtos, etc. y nunca a delitos de guante blanco (defraudaciones, delitos de funcionarios y políticos, etc.). El procedimiento no garantiza el derecho constitucional de defensa. El atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daños es el "combo" de delitos con los que caratulan a quienes se criminalizará en 5 días. En la práctica, la policía tendrá poder absoluto, toda detención no ordenada por un Juez o no realizada para averiguación de identidad desembocaría en un juicio sumarísimo propio de tribunales militares de guerra; se impide la defensa particular (y probablemente la oficial). 3. RELOCALIZACION DE LA JUSTICIA CRIMINAL EN BARRIOS: Cuando resulta indispensable fortalecer la capacidad investigativa judicial desplazando a las policías (ya que facilita la connivencia mafiosa político-policial), al llevar jueces+fiscales a los barrios se fortalece el poder policial, aumentando la vulnerabilidad de los sectores sociales con menor influencia. La experiencia demuestra que la cercanía territorial de funcionarios judiciales con la maldita policía produce la metamorfosis que Neuman denominó "proceso de policización". La territorialidad no está destinada a perseguir el delito organizado. Los barrios elegidos tienen población de bajos recursos o fuertes diferencias en la distribución de los ingresos. 4. INCORPORACION DE TIPOS PENALES RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: sólo puede explicarse por la exigencia de EE.UU. ya antes subordinado a la suscripción del Tratado Americano contra el Terrorismo de Barbados del 2002. Es un fenómeno sin relevancia en el país y abre las puertas para la persecución política de opositores (hipótesis de “guerra civil larvada”). 5. AMPLIACION DEL NÚMERO DE EFECTIVOS: Ya sea por la vía de la agencia federal de investigaciones, ya sea por el llamado "cuerpo nacional de paz", se aumentan los efectivos armados represivos, una tendencia contradictoria con el concepto de gasto público del postfordismo. 6. CUERPO MILITAR NACIONAL DE PAZ: La constitución de este pequeño ejército, que en principio iba a contar con 5.000 hombres para ampliarse a 18.000, señala su potencial función represiva. La terminología utilizada ("de Paz") remite a las teorías de guerra civil preventiva, de operaciones de "no guerra" o beligerancias de baja intensidad que se "resuelven" con brigadas de rápido desplazamiento, profesionales y de alta tecnología. Como cuerpo militarizado servirá para poner en caja la lucha de clases que no pueda ser encaminado por las policías provinciales (ya desbordadas con facilidad). Cubrirá con mayor eficacia y agilidad las misiones represivas frente a conflictos sociales que hasta diciembre de 2001 solía realizar Gendarmería. Con ella que la Alianza UCR-FREPASO "pacificó" la provincia de Corrientes para que pudiera asumir Mestre. 7. EXTENSION DEL USO DE LA FIGURA DEL "ARREPENTIDO": Ya existe en la ley anti-drogas y se lo propuso en todos los proyectos de leyes anti-terroristas (que no se aprobaron por el rechazo popular). Facilita la manipulación de los procesos penales y los montajes judiciales. Se lo presenta como una herramienta contra la "impunidad". 8- LIMITACION DE LAS EXCARCELACIONES: Pone como regla la no-excarcelabilidad de los delitos conculcando el principio de la presunción de inocencia consagrada en la Constitución. La reciente reforma que torna no-excarcelable la tenencia de armas acelera las causas fraguadas (la colocación fraudulenta de un arma a inocentes es el principal mecanismo empleado). 9- LEY DE ABIGEATO: el gobierno cede ante la "opinión" de voceros de la seguridad de la clase media (como el impresentable intendente del municipio sureño de Villarino o el viejo Patti), centro político del duhalde-kirchnerismo. 10. MODIFICACION DEL ART. 210 DEL CODIGO PENAL SOBRE ASOCIACION ILICITA: Se lo presenta como parte del mayor énfasis represivo sobre el delito organizado. Se desconoce el contenido de la propuesta. Una vez más el riesgo reside -con base en las experiencias de los últimos años- en que se oriente la figura hacia el castigo político. Se sustenta en un diagnóstico de “guerra civil latente”. ¿Qué significa todo esto? Obviamente demuestra el correlato entre delito y exclusión social, pero además señala el nuevo estado de excedencia del “Capital-Parlamentarismo”: el poder del capital ha perdido ya la capacidad de regular contractualmente el desarrollo de las luchas sociales y de interpretar políticamente (a través de sus mecanismos de captura: partidos políticos, etc.) el rompecabezas de las fuerzas en movimiento. La caída o el giro en vacío de los trámites de representación sistémicos y de lealtad de masas, sean populistas o republicanas, y la emergencia de zonas de opacidad política y social, de efectos de “salida” sobre “voz” (abstención, cinismo político, acción directa, etc.) son síntomas de las nuevas relaciones de producción y el derecho penal. El “Capital-Parlamentarismo”, empíricamente, está encontrando las formas punitivas que se acomoden a las nuevas subjetividades obreras. A los viejos aspectos keynesianos de control, el estado de excedencia los subsume bajo la guerra civil preventiva, la definición de grupos productores de riesgo, la ghettización territorial. Los índices demuestran un aumento de la tasa de criminalidad hacia la frontera social: delitos en las calles, microcriminalidad, desviación de la “working class”, es decir: los objetivos básicos del viejo reformismo social del capital ahora abandonados. La violencia ya no se legitima (ni siquiera con una condena retórica) sino que se basa en criterios de eficiencia y de flujo del sistema de mercado. La ideología que lo soporta es el “clima moral” diseminado por los medios de comunicación día tras día (a pesar que los que más sufren la violencia son los mismos pobres y la clase media baja tal como lo demuestran las mismas estadísticas). Así el delito y la inseguridad se transforma en otra barrera social más y en fuente de nuevas desigualdades sociales: los más ricos compran en el mercado la seguridad ciudadana que el estado de excedencia ha abandonado al automatismo del mercado. Precarios, trabajadores, jóvenes, la mayoría con trabajo y oficio: estos son los clientes privilegiados de las cárceles de Kirchner.