Detrás de los motines. CARCELES SIN LEY
Por reenvío lavaca.org - Friday, Oct. 21, 2005 at 10:07 AM

Los motines carcelarios seguidos de muerte constituyen una nueva forma delictiva que tiene como protagonista "la actuación irresponsable de los representantes de los tres poderes del Estado", según denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales en su Informe 2004. Clara consecuencia del brutal aumento de la población carcelaria, la tristemente próspera industria de presos es, según analiza este informe, responsabilidad de las políticas implementadas por el Poder Legislativo y Judicial. Mientras se sancionan leyes que avanzan sobre garantías constitucionales para promover "la cárcel rápida", la justicia aplica con idéntica velocidad lo que este informe denuncia como "un abuso de la prisión preventiva" (89% de los detenidos bonaerenses son procesados, no condenados), en tanto demora las investigaciones de las cada vez más salvajes rebeliones de presos. Cronología de un 2005 sacudido por los motines.

Según sintetiza el capítulo "Superpoblación y violencia en cárceles y comisarías.

Las consecuencias de las reformas penales en la gravísima situación carcelaria" del informe 2004 Derechos Humanos en la Argentina, realizado por el Cels, estos son los principales aspectos que siembran violencia y muerte en las cárceles argentinas:

"La superpoblación en cárceles y comisarías es un problema crónico que las prácticas institucionales no están enfrentando seriamente. La superpoblación y las condiciones inhumanas de detención promueven la violencia al interior de las unidades, tanto entre las personas alojadas como desde los funcionarios que emplean la violencia como mecanismo de control y disciplinamiento dentro de la cárcel. El Poder Judicial no investiga ni sanciona estos episodios -salvo en honrosas excepciones, generalmente vinculadas al Ministerio Público de la Defensa- sino que la regla es la apatía, el trato superficial de la cuestión, cuando no la tolerancia."


"En la provincia de Buenos Aires cabe recordar que hace casi diez años el gobierno provincial decretó la emergencia carcelaria a raíz de que la población penal prácticamente duplicaba las plazas reconocidas por la administración penitenciaria. Al mes de julio de 2004, el número de personas privadas de libertad en el ámbito penitenciario bonaerense ascendía a 29.793. De ellas 5441 estaban alojadas en dependencias policiales y 24.352 en establecimientos penitenciarios. Ello supone un incremento del 149% respecto a la cantidad de personas privadas de libertad en 1994, a un ritmo promedio de 1.780 personas por año. En otras palabras, en una década, el desborde que motivó la declaración de emergencia casi se triplicó".


"Las condiciones en las que viven los detenidos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires suelen ser infrahumanas. Pero el hacinamiento en los centros de detención no es un fenómeno exclusivo del ámbito bonaerense, sino que se repite -aunque con distintos niveles de gravedad- en casi todas las provincias del país. Frente a esta situación, organismos de derechos humanos, familiares de detenidos y organismos de control solicitaron la intervención de la justicia -y en algún caso intimaron directamente a la Administración- para detener las masivas violaciones a los derechos de los detenidos, quienes padecen condiciones de alojamiento denigrantes que ponen en riesgo su salud y su vida".


"Asociada a la sobrepoblación, el hacinamiento y las denigrantes condiciones en las que se aloja a los internos, la violencia carcelaria es una situación cotidiana. El encubrimiento de la corrupción penitenciaria es otro de los factores que explica los altos niveles de violencia que caracterizan a los centros de detención".


"Las estadísticas sobre fallecimientos y lesiones ocurridos en el ámbito penitenciario constituyen una clara evidencia de los riesgos que entraña la privación de la libertad en las cárceles. En el ámbito del Servicio Penitenciario bonaerense, solo durante el año 2003, 139 personas murieron".


"Los episodios que concluyeron con la muerte violenta de internos alojados en establecimientos bonaerenses han constituido, en el último tiempo, una referencia permanente en el ámbito penitenciario provincial. Resulta evidente la responsabilidad de la administración penitenciaria en estos episodios: sino propicia la violencia entre los internos, cuanto menos la tolera. Por otra parte, la existencia de suicidios sospechosos e incendios intencionales posiblemente guarde vinculación con ajustes de cuentas o represalias que persiguen el disciplinamiento y la sumisión del resto de la población privada de libertad, ante episodios de corrupción en la administración penitenciaria".


"Además de las 139 muertes, durante 2003 se registraron 3.399 lesiones -a razón de 9 por día en episodios de distinto carácter ocurridos en unidades penitenciarias bonaerenses. Muchas de esas lesiones son producto de las torturas de las que son víctimas los internos. Los malos tratos, apremios y torturas cometidos en el ámbito provincial no sólo afectan a los adultos, sino que se ejercen también sobre los menores de edad. Solo durante el primer semestre de 2004 se asentaron 437 nuevas denuncias en el Registro de Denuncias de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, lo que suma un total de 3.914 hechos denunciados desde la creación del Registro, en setiembre de 2000".


"Además de tolerada, la tortura en el ámbito penitenciario bonaerense es promovida por el Gobierno provincial, que adquirió elementos de tortura para ser utilizados en las cárceles de la provincia. Según información publicada en diversos medios periodísticos en enero de 2004, el Servicio Penitenciario compró picanas y escudos eléctricos al menos en dos oportunidades: en 1993 y 1996. La adquisición fue confirmada por el gobernador Felipe Solá y por el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, luego de que trascendiera una denuncia hecha por un grupo de detenidos de la unidad Nº 3 de San Nicolás, quienes denunciaron haber sido torturados con corriente eléctrica en ese penal por personal penitenciario. Poco después de conocerse estos hechos, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires denunció que existen demoras en la investigación de casos de aplicación de torturas a presos que están en cárceles bonaerenses".


"Para comprender acabadamente este panorama resulta clave analizar la responsabilidad de los poderes Legislativo y Judicial por la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva. Los legisladores dictan leyes que restringen cada vez más las condiciones para conceder la eximición de prisión o la excarcelación y los jueces aplican esas normas pese a que violan derechos y garantías constitucionales".


"El abuso de la prisión preventiva llega a extremos inauditos en la provincia de Buenos Aires, en la que el 89% de las personas privadas de la libertad ostenta el carácter de procesadas. De los 2.825 detenidos en la Unidad Nº 1 de Olmos al mes de abril de 2004, por ejemplo, tan solo 109 (el 3,9%) habían sido condenados".


"La utilización abusiva del encarcelamiento preventivo coloca al sistema penal fuera de la legalidad. En este contexto, la abundante actividad parlamentaria en material penal, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, tuvo dos claros propósitos. Por un lado, hacer aún más masiva la privación de libertad de las personas sometidas a proceso judicial a fin de consolidar al encarcelamiento preventivo de los imputados como la regla que sostiene el funcionamiento de la administración de justicia penal bonaerense, esto es, profundizar la ilegalidad a la que hacíamos referencia. La cárcel rápida y como regla más allá de la calidad y el resultado de las investigaciones judiciales. Por otra parte, extender el plazo de detención efectiva de quienes fueron condenados penalmente. Las reformas implicaron serias violaciones a derechos y garantías constitucionales, y se concretaron sin un análisis previo de sus repercusiones sobre la consistencia y coherencia del sistema penal en su conjunto. Sus consecuencias más graves impactarán sobre los derechos de las personas que son sometidas a proceso penal y, en particular, sobre las condiciones de aquellas que son privadas de libertad".


"Así la aplicación de leyes penales inconstitucionales y su aplicación por parte del Poder Judicial, la inadmisible prolongación de los procesos, la falta de mantenimiento de la sobre exigida infraestructura penitenciaria, en suma, la actuación irresponsable de los representantes de los tres poderes del Estado, tornó en una ilusión la garantía contenida en el artículo 18 de la Constitución nacional, de acuerdo al cual "las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo...".


Consecuencia directa de este diagnóstico, son los motines que durante este año fueron noticia.

Esta es la cronología que resume algunos de los casos que trascendieron:

25 de enero. Entre Ríos
Un guardia y un interno del penal de menores "Clemente Once" de Victoria murieron como consecuencia de un motín que "se desató cuando imprevistamente el personal fue atacado en momentos que se disponían a cerrar las celdas para que los internos comenzaran a descansar", según la versión del titular de la policía de Entre Ríos, comisario Ernesto Geuna. El guardia muerto es el sargento del Servicio Penitenciario, Emilio Reinoso de 50 años y un recluso, Juan Machado, oriundo de Paraná.

10 de febrero. Córdoba
Ocho muertos y decenas de heridos graves, según la información oficial, es el saldo del motín en la Cárcel de San Martín. La revuelta culminó cuando las autoridades provinciales aceptaron evaluar un petitorio elaborado por los reclusos, en el cual exigían mejores condiciones carcelarias, respetar el régimen de visitas y que no sean reprimidos ni trasladados a otras penitenciarías. El establecimiento Penitenciario Número 2 de la provincia de Córdoba aloja a 1.621 internos condenados, según el sitio web del Ministerio de Seguridad cordobés y está situado en Colombres 1300 del barrio San Martín de la capital cordobesa. Es el penal más antiguo y uno de los cinco establecimientos que el Servicio Penitenciario tiene en la ciudad.

En el motín murieron los Walter Romero, Juan Gabriel Rivarola, Miguel Angel Acuña, Víctor Alejandro Bazán y David Roberto Alvarez y los guardiacárceles Andrés Abregú y Pablo Ferreyra y el policía, Roberto Cogote.

La capacidad real de alojamiento de la provincia es de 3.716 plazas, mientras que la cantidad de personas privadas de su libertad es de 5.823, es decir una superpoblación del 57 por ciento

12 de abril. Coronda
Trece presos murieron en el marco de un violento motín que se inició con una pelea entre internos en la cárcel de la ciudad de Coronda, una unidad penitenciaria cercana a la capital provincial. Los presos fueron asesinados, dos de ellos quemados vivos, durante una "cacería" de la que fueron víctimas por parte de otro grupo de reclusos, que al parecer cometió el ataque para vengar el asesinato de otro interno, sindicado como uno de los jefes de la cárcel.
Para concretar el ataque, los presos "armaron" un motín en el que tomaron como rehenes a dos guardiacárceles. Además de los trece presos asesinados, otros cinco sufrieron heridas graves. Diversas fuentes penitenciarias y de la justicia santafesina atribuyeron el episodio, que duró unas 10 horas, a una venganza de presos de la ciudad de Santa Fe contra los de Rosario por el homicidio del santafesino Eduardo Verón, uno de los cabecillas del penal. En total, en el penal hay 1.500 presos y se estima que unos 600 estuvieron involucrados en la pelea.

11 de junio- Rosario
El motín se desató en la seccional 30ª de policía, en protesta por malas condiciones de alojamiento y malos tratos y terminó con la decisión de trasladar a los detenidos a otras seccionales. Cerca del mediodía, 31 presos de la comisaría 30ª, en Superí al 2400 del noroeste rosarino, prendieron fuego a colchones y frazadas en los calabozos, en protesta por malas condiciones de alojamiento (el lugar prevé no más de 15 internos) y maltrato policial hacia sus familiares en los horarios de visita. Convocados por los amotinados se hicieron presentes los integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, Carmen Maidagan, Antonio Tesolini y Lilian Echegoy, quienes intervinieron como mediadores. Los presos, tras las gestiones de los mediadores, fueron trasladados a otras seccionales.

21 de junio- Rosario
Una de las tres reclusas que sufrieron quemaduras diversas al incendiar la celda en que se hallaban, durante un motín, murió a raíz de las lesiones. La víctima fue identificada por la policía como Mónica Hernández de 23 años, quien estaba procesada por robo calificado. Las otras dos detenidas gravemente heridas en el incendio fueron identificadas como Yanina Borda y Natalia Ruiz, esta última en avanzado estado de embarazo. El motín se inició a las 15.50, en la Alcaidía de mujeres que funciona en un edificio anexo al de la seccional cuarta de Rosario, en la calle La Paz 450, en el macrocentro de la ciudad.

El jefe de Orden Público, comisario inspector Ricardo Ruiz, informó que en la Alcaidía de Mujeres había al momento del motín 24 internas distribuidas en distintos pabellones. Según Ruiz, la protesta se generó a partir de una frustrada gestión realizada por un grupo de internas que trataban de ubicar telefónicamente a uno de sus abogados. Los guardias les negaron la llamada.

26 de junio- Rosario
Siete de los 37 detenidos hacinados en la seccional 24ª fueron trasladados luego de una protesta. "Además de que el penal está superpoblado, tres internos fueron golpeados en la espalda luego de que se descubriera un agujero en la pared", denunciaron desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). La protesta se inició luego de concluida la hora de la visita, cuando una decena de detenidos se negó a la requisa acostumbrada y a los gritos empezó requerir la presencia de miembros de la CTC. Durante el intento de amotinamiento, los internos colocaron colchones contra la puerta de acceso al penal. De acuerdo con la versión brindada por el integrante de la CTC, Federico Garat, que hizo las veces de mediador, "los detenidos sufrieron represalias por la perforación que se encontró en la pared. Tres de ellos tenían marcas evidentes de golpes en la espalda, que se les propinaron cuando estaban tirados en el piso", señaló. Garat afirmó que en el penal había alojados 37 detenidos cuando sólo hay lugar para 15, a pesar de que existe el antecedente de un hábeas corpus presentado por el penal de esta comisaría y que debió derivar en la reducción de detenidos.

23 de julio- Mendoza
Un grupo de 40 internos de la cárcel de Mendoza tomó un guardiacárcel de rehén e inició un motín en el sector D del pabellón 10, donde se había producido una revuelta días antes. El motín se desató tras la asunción del nuevo director del penal, Omar Pérez Botti, designado por el gobernador Julio Cobos. Los internos del sector D reclamaron, al igual que en una revuelta anterior también con rehenes, mejoras en las condiciones de detención y mayor celeridad en las causas, entre otros puntos del petitorio.

16 de octubre de 2005- Magdalena
33 reclusos murieron por "inhalar monóxido de carbono" producido por la quema de colchones y frazadas. Fue la trágica consecuencia de un motín iniciado en la UP28 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Magdalena, cuando 32 de los 58 internos del pabellón 16, murieron calcinados o asfixiados por un incendio. El ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, aseguró que todo se había iniciado en una pelea entre presos. Curiosamente, no se registraron heridos. La UP28 es una de las 3 unidades del SPB en la localidad de Magdalena, a unos 60 kilómetros de La Plata. Alberga 1.040 presos. La fiscalía 4, a cargo de Sergio Delucis, caratuló el caso como "daños y averiguación de causales de muerte". La misma fiscalía investiga la muerte de dos reclusas de la UP33 de Los Hornos, que fallecieron de un modo semejante: durante una batucada (protesta ruidosa), estaban "engomadas" (encerradas) en la celda. Prendieron fuego al colchón. Los guardias llegaron media hora después. A una la sacaron muerta. La otra falleció en la internación. Días después, otra presa que estaba a punto de quedar libre murió carbonizada en su celda. Los penitenciarios dijeron que fue suicidio.




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