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Las papeleras y la visita del Banco Mundial
Por Julián Macías (*) | APM -
Thursday, Oct. 27, 2005 at 10:20 AM
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El Banco Mundial ya detuvo el financiamiento por pedido de la provincia argentina de Entre Ríos. Los ambientalistas de ambos países se oponen al proyecto contaminante del río Uruguay.
En los últimos días ha cobrado nuevo impulso el movimiento que se opone a la instalación de la planta de celulosa en M`Bopicuá, en las inmediaciones de la ciudad de Fray Bentos, Uruguay. Se renovaron las entusiastas manifestaciones a raíz de la visita de miembros y técnicos inspectores del Banco Mundial (BM) para auditar la situación en lo referido a la controvertida situación regional en materia política y ambiental uruguayo-argentina.
El movimiento opositor no es nuevo, ya que en 1996 surgió MOVITDES, (Movimiento por la Vida, el Trabajo, y un Desarrollo Sustentable), cuando se supo de la instalación de una fábrica de celulosa y reciclaje de papel detrás del antiguo Frigorífico Anglo; luego vino la coordinación de acciones con ambientalistas argentinos, principalmente de la provincia de Entre Ríos. Y últimamente se habían estado movilizando miles de personas (entre ellos un gran porcentaje de niños) que proponían soluciones de acción directa.
El gobernador entrerriano, Jorge Busti, y el vicegobernador, Pedro Guastavino, viajaron el pasado 3 de octubre hacia Washington, donde presentaron una denuncia contra el Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por entender que “Uruguay no sólo ha renunciado a ejercitar los controles ambientales exigidos por normas internacionales para la instalación de las plantas de celulosas en Fray Bentos, sino que además oculta información técnica sobre la contaminación a los argentinos y a los uruguayos directamente afectados”.
A su vez, efectuaron la segunda denuncia por este tema, aunque ante la oficina del “ombudsman” de la Corporación Financiera del Banco Mundial, contra los proyectos de las empresas que levantan las plantas de celulosa sobre el Río Uruguay.
En este caso, la presentación se fundamentó en “los severos impactos ambientales, sociales y económicos que el desarrollo de los proyectos Orion 23817 y Celulosas M´ Bopicua 23681 producirán sobre los residentes de la zona afectada, y pidieron que se suspenda el proceso de evaluación de otorgamiento del crédito en los proyectos, hasta que los riesgos ambientales, sociales y económicos sean debidamente evaluados.
Según el portal electrónico Análisis Digital, la zona de impacto directo del daño ecológico se puede medir, conforme a estándares internacionales, como un área geográfica triangular comprendida entre Fray Bentos (Uruguay), Villa Elisa (Entre Ríos), atravesando Gualeguaychú y llegando hasta Perdices, y abarcando toda la zona de islas sobre el Río Uruguay. Este triángulo geográfico uruguayo-argentino será contaminado afectando el derecho a la vida de más de 300.000 personas.
En cuanto al vicegobernador peronista de la provincia argentina de Entre Ríos, Guillermo Guastavino, subrayó que “cuando hicimos la presentación ante la “ombusman” Meg Taylor, del BM, en contra de las papeleras, lo que más le impresionó fue que pusimos sobre la mesa las 39 mil firmas de los ciudadanos de Gualeguaychú. Este nivel de participación es el que está movilizando la lucha”, sostuvo. Dicha funcionaria informó entonces, que entre el 10 y el 14 de octubre llegarían a la ciudad una misión del BM a investigar la situación, para realizar una auditoría y luego analizar si se otorgará financiamiento a ENCE y Botnia, las empresas privadas que han fomentado este emprendimiento industrial.
El BM cumplió efectivamente una esa auditoría en Gualeguaychú y frenó provisoriamente la financiación a las papeleras.
Los funcionarios deben elaborar un preinforme sobre el impacto ambiental que ocasionaría el funcionamiento de las pasteras en el ecosistema del río Uruguay. Dicho análisis, deberá ser elevado al presidente del BM a fin de este mes, quien decidirá si se le otorga o no los créditos solicitados por las firmas para la construcción de las plantas. Asimismo, trascendió que terminado el informe, Meg Taylor visitará a fines de noviembre la ciudad de Gualeguaychú.
El recorrido que hicieron los delegados del BM fue desde la desembocadura del río Gualeguaychú hasta el puente Internacional General San Martín. En esa zona el hábitat es de más de 400 especies de aves y unas 30 clases distintas de peces, todo se completa con los humedales, las 20 mil hectáreas de bosques nativos, que se encuentran del lado argentino solamente.
Siguió por el río Uruguay, por otro brazo fluvial denominado arroyo Pereyra hasta el puente internacional y finalizó en el arroyo Venerato, un brazo del río Gualeguaychú, según informó el medio electrónico “diarionogoya”.
Uruguay trabaja para que el Banco Mundial otorgue un préstamo que facilite la instalación de la planta, aunque la entidad escuchará también a la Argentina.
Al hablar en el programa de televisión "Desayuno", que se emite por Canal 7 de Argentina, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, señaló que "parecería que el Banco Mundial está haciendo un informe que es muy favorable a Uruguay".
Sin embargo, el mandatario -primer presidente socialista de Uruguay- aclaró: "Tampoco sobre este punto tenemos que dramatizar. Tenemos una excelentísima relación con nuestros hermanos argentinos. La Argentina más que un país vecino es un país hermano. Tenemos una excelente relación con el gobierno argentino, pero tenemos esta diferencia".
Actualmente las posiciones entorno al tema están diametralmente opuestas, ya que mientras los ambientalistas uruguayos y argentinos se oponen tajantemente a la instalación de la planta industrial, en medios políticos, incluida CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) reina un espíritu de confianza hacia los técnicos de la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay).
Julia Cócaro de Medina reside en Fray Bentos, Uruguay, e integra MOVITDES (Movimiento por la Vida, el Trabajo, y un Desarrollo Sustentable). En diálogo con el diario uruguayo El Telégrafo, el pasado 14 de octubre dijo: "Desde el momento que comenzó en Uruguay la actividad forestal ya sabíamos que esto, de la instalación de la planta de celulosa, se iba a venir, porque no es rentable talar los árboles y embarcarlos para procesarlos en el viejo mundo, es mucho más fácil procesarlo al pie de los montes".
”Estas empresas multinacionales que gozan del aval de nuestros gobiernos están yendo en coche, y cierran el círculo de su comercio, y ahora piensan en llevar la madera en forma de pasta de celulosa, una vez hecho el procesamiento acá, y la contaminación nos queda a nosotros", afirmó.
Hay que recordar que Uruguay también se ha comprometido en tratados internacionales a disminuir la emisión de dioxinas y puranos, tóxicos de primera línea, y las papeleras son emisoras de estos tóxicos, afirmó la entrevistada.
Uno de los organismos que en este tema juega un papel muy importante es la DINAMA, del Ministerio de Vivienda uruguayo, pero su veredicto no es confiable para los ambientalistas, ya que -según dicen- las propias jerarquías del organismo han reconocido públicamente que no tienen los medios para hacer un seguimiento de este tipo de industrias.
Los ambientalistas dicen que quienes aprueban este tipo de emprendimientos lo hacen con un sólo argumento, que se crean puestos de trabajo, pero no puede ser a cualquier costo.
Además señalan que estas fábricas utilizan mano de obra calificada que en la región no hay, y por unos pocos puestos de trabajo se hipoteca la región. Asimismo, destacan algo llamativo, ya que desde hace 15 años se insiste con la promoción turística, porque el turismo genera muchos puestos de trabajo, y la instalación de esta planta podría afectar seriamente las actividades turísticas regionales, ya que las consecuencias contaminantes de una papelera pueden llegar a 70 kilómetros.
En declaraciones a EcoPortal.net, Antonio Mazá, titular del grupo ecologista español "Asociación del Río de Pontevedra" denunció que la instalación de la planta celulósica en ese ayuntamiento por parte del mismo grupo empresario que intenta hacerlo en Fray Bentos ha destruido todo, desde el punto de vista ambiental y sanitario.
Allí la pelea llevó cuarenta años, pero la empresa celulósica fue condenada a pagar y retirarse, por incumplir la legislación ambiental. El ecologista informó que los motivos de la condena fueron el incumplimiento de la legislación ambiental, tanto para las emisiones atmosféricas, como los vertidos hídricos al río, lo que lleva a la destrucción de los recursos naturales y de la calidad de vida y la salud de las personas que habitan en Pontevedra.
El grupo ecologista de Pontevedra logró el traslado de la empresa , por lo que sugirió a las comunidades del Uruguay y Argentina, no permitir la instalación de esta planta , ya que "incumple sistemáticamente la legislación y se maneja con falsas promesas".
(*) Julián Macías es alumno del Seminario curricular de grado “MERCOSUR, Procesos de Integración y Medios de Comunicación”, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP
www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=1045
le arde
Por el polenta -
Tuesday, Nov. 15, 2005 at 7:58 PM
Les arde el orto por las plantas manga de envidiosos. Miren, cierren todas sus plantas de celulosa, cierren atucha y despues hablamos. Dejen de hablar mentiras y de complotar sobre MI PAIS. CApaz que si se hubieran instalado en Entre Rios o quizas en Corrientes nadie decia nada. Si tan toxico fuera el papel hace decadas que se hubiera dejado de fabricar como paso con el gas de las heladeras y sprays que lo cambiaron por otro mas ecologico. Yo aca mas bien veo un atentado hacia mi pais y su futuro. Si son tan nocivas ¿porque el gobernador de Corrientes las quiere? MAs nociva es la planta Atucha la energia nuclear es mas peligrosa y sin embargo no dejan de meterse en nuestros asuntos.