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De la Doctrina Monroe a la Doctrina Bush
Por Horacio López * | APM - Thursday, Oct. 27, 2005 at 10:43 AM
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La política para “el patio trasero”

Un riguroso ensayo que categoriza, con un carácter histórico, a las tendencias hegemónicas de la política exterior de Estados Unidos hacia América latina y el Caribe.


Podemos considerar a la Doctrina Monroe como la instancia fundacional del sistema Interamericano. Se basaba en el principio de no colonización, según el cual el área continental americana no podía ser colonizada por parte de Estados europeos, y el principio de no interferencia, por el que toda agresión externa a una de las repúblicas americanas, se consideraría una agresión a los Estados Unidos.

Fracasado el intento del Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, y las posteriores convocatorias: México, 1831, 1834, 1839; Perú, 1839, 1846; Venezuela, 1856; Guatemala, 1856, y otras posteriores, Estados Unidos intensificó su viejo anhelo de hegemonizar una unidad económica y política de todo el continente.

A mediados del siglo los Estados Unidos habían anexado inmensos territorios: Texas, Oregón, California, Nueva México; más tarde vinieron las anexiones en el Pacífico. Luego de la Guerra de Secesión se terminó de concretar la expansión hacia el oeste del Misisipi. A partir de 1860 vino una fuerte expansión industrial, lo que obligó a una política de dominación económica con el fin de colocar los excedentes de la industria.

El origen del panamericanismo, como resultado de esa necesidad, se puede ubicar en la circular convocando la Primera Conferencia Panamericana por parte del Secretario de Estado norteamericano Blaine, el 29 de noviembre de 1881, para que se desarrollara a partir de 1882. En ese año el término “panamericanismo” apareció por primera vez en The Evening Post de Nueva York. Debido al asesinato del presidente James Garfield la iniciativa se vio postergada, y recién pudo concretarse en 1889. A partir de entonces, la denominación “panamericanismo” se popularizó en las noticias aparecidas en la prensa a raíz de dicha Conferencia.

No concurrieron Haití ni Santo Domingo, países que por entonces tenían fuertes disputas con Estados Unidos, quien les reclamaba soberanía sobre porciones de territorios. Ya mostraba su hilacha el coloso norteño: en castigo a la resistencia de Santo Domingo a entregar su bahía de Samaná, le aumentó los impuestos a la caoba importada de allí. Por Haití ya andaban merodeando cuatro buques de guerra yanquis.

Entre los temas que aparecían en el temario figuraban medidas encaminadas a la formación de una unión aduanera americana, protección de los derechos adquiridos bajo patentes o privilegios de invención y marcas de fábrica, propiedad literaria (intelectual), disposiciones sobre extradición de criminales, adopción de una moneda de plata de curso forzoso en las transacciones comerciales recíprocas, plan definitivo de arbitraje, etc.

Obsérvese cuánta similitud tienen las reivindicaciones que los Estados Unidos de América (EUA) pretendía que se aprobaran en esta primera Conferencia, con insistencias actuales propuestas para el ALCA u otras iniciativas, como unión aduanera, derechos adquiridos bajo patentes o privilegios de invención y marcas de fábrica, y la propiedad literaria (intelectual), moneda de plata de curso forzoso (dolarización), extradición de criminales (terroristas o narcotraficantes), etc.

Han quedado las crónicas que José Martí enviara al diario La Nación, relatando el desarrollo de la Conferencia. Martí “ve el peligro de que Estados Unidos imponga a todos un complemento económico de la doctrina Monroe”.

En el proyecto de Unión Aduanera, la Comisión encargada de dictaminar no pudo ponerse de acuerdo en sus recomendaciones a la Conferencia. La mayoría consideraba que no era practicable el establecimiento de esa unión como sistema continental, entre otros motivos, porque todas las naciones americanas derivaban sus principales rentas de los derechos que recaudaban sobre el comercio exterior; y las más que no eran manufactureras, sufrirían una reducción más o menos considerable en esas rentas, de las que dependían en gran parte para cubrir sus gastos públicos.

Las manufactureras de los Estados Unidos, tendrían que prescindir a lo menos parcialmente, del sistema proteccionista que habían adoptado en mayor o menor escala y no parecían estar todavía preparadas para dar ese paso. Cuando se propone que la conquista quede eliminada pasa siempre del derecho público americano, los Estados Unidos niegan su firma al proyecto.

El plan norteamericano era de arbitraje continental y compulsorio sobre las repúblicas de América, con tribunal continuo e inapelable residente en Washington. Cuenta Martí entusiasmado que finalmente “sale, pues, más pobre que todos los demás, el proyecto que se quería dar más pompa y énfasis... “Y uno tras otro, los pueblos de América, votan en pro del proyecto contra la conquista. ‘Sí’, dice cada uno, y cada uno lo dice más alto. Un solo ‘no’ resuena: el ‘no’ de los Estados Unidos”.

Estados Unidos temía que con la cláusula de la “conquista” se le cuestionara el despojo hecho a México. Finalmente queda la cláusula del arbitraje en los casos de renuncias territoriales forzosas. Estados Unidos terminó firmando y fue el único que salió de la conferencia con la cabeza baja. Así que la primera conferencia panamericana no pudo llegar a feliz término con el objetivo de tratado de comercio y llegó con un acuerdo de arbitraje insatisfactorio para quien fuera promotor del mismo.

Martí, al realizar el balance de la conferencia, enuncia sus prevenciones en cuanto a lo que busca el imperio en el tema del comercio con nuestros países: “Jamás hubo en América, de la independencia acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas, de menos poder”.

La primera conferencia había determinado en su temario inicial, discutir sobre la unificación de las monedas; como en ella no se llegó a tratar el tema a fondo, se convocó a una Comisión Monetaria Internacional, que se reunió casi un año después, en marzo de 1891, en el mismo lugar, para insistir con dicho objetivo. En esta ocasión Martí llegó a la Comisión como delegado de Uruguay.

Estados Unidos insistía en recomendar la creación de una Unión Monetaria Internacional y la creación de una o más monedas internacionales, y con tales propósitos auspició esta comisión para sacar tal resolución y acordar el tipo y reglamentación de la moneda que resultase. Estaba claro que lo que pretendía era imponer su moneda a todo el continente (temprano intento de dolarización.

Las contradicciones electorales en los Estados Unidos obligan a Washington a retroceder y renunciar a lo mismo que renunciara en el congreso panamericano. Paralelamente a las negociaciones económicas, en ese fin de siglo los infantes de marina estadounidenses incursionan por Centroamérica: Bluefields y San Juan del Sur en Nicaragua, puerto de Corinto en Panamá; por la isla de Hawai, en donde derrocan al reino independiente y anexan el territorio; por el Caribe, arrebatándole Puerto Rico a España e involucrándose en la guerra independentista de Cuba.

La segunda conferencia se realizó diez años después, en octubre de 1901, en México. Asistieron dieciocho países y no lo hicieron Cuba, supeditada a la Enmienda Platt, y Venezuela. Lo destacable de este encuentro fue la insistencia de EUA en la creación del Banco Pan-Americano, cuestión que quedó en una mera recomendación. Lo interesante fue la iniciativa de Haití: propuso una nueva interpretación de la doctrina Monroe, en el sentido de que la prohibición a Europa para conquistas e intervenciones, se ampliase a cualquier Estado de las Américas, en una referencia indirecta a las apetencias del coloso del norte; obviamente fracasó. La cuestión del arbitraje obligatorio que se había tratado en la primera conferencia, no contó con la adhesión de Estados Unidos; apenas se logró firmar ad referéndum, un tratado por el cual se obligaban a someter a arbitraje las reclamaciones por daños y perjuicios económicos.

Estados Unidos no perdía su tiempo en la construcción de su hegemonía. Había visto caer el canal de Suez bajo el dominio inglés; luego la intención francesa por construir una ruta por Panamá lo preocupó sobremanera. Acudió al acuerdo con Inglaterra, logrando en 1901 el tratado de Hay – Paunceforte, por el que los ingleses aceptaron que el canal se construyera con el patrocinio de Estados Unidos. Así fue que la potencia del norte impulsó la “independencia” de Panamá para facilitar sus planes y se abocó a la construcción del canal.

Cerca de un año después de la segunda Conferencia Panamericana, un suceso inverosímil vino a perturbar las relaciones diplomáticas del continente con los ex colonialistas y, por omisión, también con los EUA: Navíos de guerra de Gran Bretaña, Alemania e Italia bombardearon las costas de Venezuela como represalia por las deudas no pagadas del gobierno de aquel país. En contra de lo que se podía suponer sería la actitud de los Estados Unidos –si es que reaccionaba en forma coherente con su famosa doctrina Monroe- el gobierno norteamericano justificó la agresión, aclarando a través de lo que se llamó “primer Corolario Roosevelt” que la doctrina Monroe estaba referida a la adquisición de territorio en América por parte de una potencia no americana y no a intervenciones como la ocurrida en Venezuela.

El gobierno de Cipriano Castro no tuvo más remedio que acordar pagar sus deudas. Desde la Argentina el Ministro de Relaciones Exteriores Luis María Drago presentó ante el gobierno de Estados Unidos una enérgica nota de protesta sosteniendo que “la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea”.

Este posicionamiento argentino se conoció como “Doctrina Drago”. Estados Unidos estableció por esos años protectorados en Panamá y Cuba (Enmienda Platt) y siguió interviniendo militarmente en otros países centroamericanos. El Presidente norteamericano Taft y su Secretario de Estado Knok lanzan sus avanzadas de marines y empréstitos, controlando las economías débiles de dichos países.

Antes del comienzo de la Primer Guerra Mundial se realizaron dos conferencias panamericanas más: la tercera en 1906 en Río de Janeiro (asistieron por primera vez Cuba y Panamá y no lo hicieron Haití y Venezuela) y la cuarta en Buenos Aires en 1910, con la participación de 20 Estados; la primera de ellas aprobó la creación de la Junta de Jurisconsultos que, con sede en Río, debía codificar el Derecho Internacional Americano; la otra, la más intrascendente de todas, apenas logró tratar reclamaciones pecuniarias y la Oficina Internacional, a la que se rebautizó como Unión Panamericana.

Terminada la guerra se crea la Liga de las Naciones. En el nuevo orden mundial incipiente, EUA igual se las arregla para mantener su hegemonía continental mediante la vigencia de la Doctrina Monroe. La Quinta Conferencia Panamericana que inicialmente debía realizarse en 1913, y luego en 1914, fue obligadamente postergada por el inicio y desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Se realizó en Santiago de Chile entre marzo y mayo de 1923. Estuvieron ausentes Bolivia, Perú y México y asistieron 18 Estados.

El tema más importante que se debatió fue el referente a la Codificación del Derecho Internacional Americano, cuestión que venía fracasando en su aprobación desde la segunda conferencia. Aquí también volvió a postergarse su resolución, limitándose la conferencia a volver a recomendarla.

La delegación norteamericana volvió a oponerse a la consagración del arbitraje obligatorio. Se derivó a una Comisión de Juristas que debía reunirse en Río de Janeiro en 1925 el tema relacionado con los derechos de los extranjeros, cuestión que suscitaba controversias dado que EUA pretendía conseguir garantías especiales para sus empresas y ciudadanos en el resto de los países, cuestión a la que obviamente el resto de Latinoamérica se oponía, planteando un trato igual para los extranjeros que para los nacionales.

La Sexta Conferencia Panamericana se desarrolla en La Habana en 1928, a pesar de la sanguinaria dictadura de Machado, cuestión que no preocupó a los Estados Unidos. Participaron el país anfitrión y otras 20 repúblicas. Las naciones latinoamericanas se atrevieron a cuestionar la política agresiva de los EE.UU. que continuaba sistemáticamente interviniendo militar, política y económicamente sobre el continente. Se discutió un proyecto redactado por el Comité de Jurisconsultos de Río, llamado “Estados: su existencia, igualdad y reconocimiento”. El tercer artículo del documento expresaba que “ningún Estado puede intervenir en los negocios internos de otro”. Mr. Charles Hughes, que presidía la delegación norteamericana, reconoció las intervenciones norteamericanas, con tal cinismo que las calificó de “interpelaciones”. “¿No es un principio de Derecho Internacional que en un caso semejante (que un gobierno se derrumbe) está justificado que un gobierno tome cartas en el asunto realizando lo que yo llamaría una ‘interpelación’ de carácter temporal con el fin de proteger las vidas y los bienes de sus nacionales?”. Apenas se votó finalmente una declaración tímida y ambigua que no resolvió el problema.

Entre la Sexta y la Séptima Conferencias se realizaron dos Conferencias especiales: la Conferencia Internacional Americana de Conciliación y Arbitraje, en 1929; en el mismo año, en Washington, la Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica. En 1932 Estados Unidos –que no se queda actuando solamente en el marco de las negociaciones- envía barcos de guerra a El Salvador con motivo de la sublevación de Farabundo Martí. El Congreso norteamericano aprueba la ley Webb que autorizaba la salida de grandes capitales para que se invirtieran en explotaciones agrarias, mineras, industriales y petrolíferas de América latina. Junto con la ley iba aparejada la protección de empresas y ciudadanos norteamericanos fuera de su país.

La Séptima Conferencia Panamericana tuvo lugar en Montevideo en 1933, bajo la dictadura del presidente Terra quien diera un golpe de Estado apenas cuatro meses antes, el 30 de marzo de 1933. Pareciera que a los Estados Unidos le iba resultando cómodo reunirse en países bajo regímenes dictatoriales. Los países latinoamericanos y caribeños iban con el interés de discutir y aprobar, por fin, el proyecto “Estados: su existencia, igualdad y reconocimiento”, que no se había podido aprobar en la Conferencia de La Habana.

Sobre este tema, de interés político hispanoamericano, los Estados Unidos se volvieron a oponer, alegando su resistencia a estipulación alguna y dejando librada al azar y a la política de “Buena Vecindad” –iniciada por el Presidente Hoover y continuada por Teodoro Roosevelt- la suerte de los países del continente. La delegación norteamericana se opuso a la Convención de Deberes y Derechos de los Estados, alegando que bajo el régimen del presidente Roosevelt, el Gobierno de los Estados Unidos se encuentra tan opuesto como cualquier otro gobierno a inmiscuirse con la libertad, la soberanía o cualesquiera negocios o procesos internos de otras naciones.

Agregaron además problemas de tiempo para poder elaborar interpretaciones y definiciones al respecto. En realidad, a Estados Unidos no le convenía que se condenase la intervención de sus tropas en cualquier país, pretextando la protección de sus ciudadanos; además se afectaba la Enmienda Platt y algunos otros convenios. Señala Dallanegra Pedraza: “El delegado de EUA, Cordell Hull, decidió aceptar la Convención, pero haciendo la reserva de que... el principio de intervención sostenido por la interpretación norteamericana de la Doctrina Monroe debía ser reconocido y aceptado”.

Lo distintivo de esta Conferencia fue que, obviamente sin el voto de EUA, el resto de las naciones aprobaron el repudio a la política intervencionista de este país, lo cual fue un punto de fricción con la política de dominación ejercida casi sin reparos hasta entonces. En realidad, lo que a Estados Unidos le importaba en esta Conferencia era que se aprobara su Proyecto Económico, el que ya, en estos tempranos años del siglo, contenía elementos que hoy podemos visualizar en los debates de propuestas actuales, como ser en el ALCA. Dicho proyecto planteaba la eliminación de las barreras aduaneras, reducción de aranceles y adopción de tratados bilaterales de reciprocidad comercial, basados en las concesiones mutuas.

A pesar de que hubo intervenciones oponiéndose a este plan, el mismo fue aprobado por la conferencia. En 1934 se retiran los marines de Haití. En el mismo año se revoca la Enmienda Platt. En 1936 fue convocada la Conferencia Panamericana de Consolidación de la Paz en Buenos Aires, con el fin de afirmar, por parte de EUA, los objetivos económicos y de mercados que, ante la inminencia de la guerra que ya preveían, se hacía indispensable asegurar.

La Octava Conferencia Panamericana se desarrolló en Lima en diciembre de 1938 y, oh casualidad, en medio de una bárbara dictadura que dominaba al Perú, encabezada por el dictador Benavides. Al igual que en otras conferencias, se postergaron aquellos temas que no convenían a EUA. Este país tenía interés en que se perfeccionara el método de consultas acordado en Buenos Aires en la Conferencia de Consolidación de la Paz, debido a las preocupaciones sobre el enrarecimiento progresivo que se visualizaba en la política europea.

En función de esto, en la Conferencia de Lima presentó e hizo aprobar una declaración titulada: “Perfeccionamiento del método de Consultas”, mediante la cual se proponía que las mismas se realizaran con la presencia de los Ministros de Relaciones Exteriores, método que vuelve a tener vigencia en la actualidad, bajo la doctrina del Sistema Interamericano de Defensa, en otras condiciones y bajo otras instituciones supranacionales.

En lo económico, en esta Octava Conferencia, se acordó nuevamente la “Reducción de barreras aduaneras al Comercio Internacional”, que “los gobiernos de las repúblicas americanas tan rápidamente como sea posible, adopten aranceles razonables en vez de otras formas de restricciones al comercio”. En 1939 se convoca la Primera reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, en Panamá; se tocaron temas relacionados a la neutralidad, la protección de la paz en el continente, y el combate a las ideologías denominadas “subversivas”. En total, en el periodo, hubo cuatro reuniones de Cancilleres.

Pasada la Segunda Guerra Mundial se concretan las Conferencias Panamericanas sobre problemas de la Guerra y la Paz: México 1945 y Río de Janeiro,1947, lugar este último en donde se aprueba la creación del TIAR. Este tratado configuraba la zona de seguridad hemisférica que EE.UU. quería preservar del peligro de invasión de fuerzas que tuvieran que ver con el comunismo, en el marco de la llamada “Guerra Fría”. La Argentina sufrió en carne propia al darse cuenta de la inutilidad de este convenio durante la guerra de las Malvinas en 1982.

La Novena Conferencia se realizó en Bogotá en 1948, pocos días después del llamado “bogotazo”, masivo repudio popular por el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Pasaría a la historia como la conferencia que aprobó la Carta de los Estados Americanos. Se daba así fin a la etapa de la Unión Panamericana y comenzaba la existencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la que, a pesar del optimismo que despertó en numerosos delegados presentes, demostró que vino a ser un instrumento más de los mecanismos de dominación imperialista.

El 30 de abril de 1948, 21 naciones del hemisferio adoptaron la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde entonces la organización se fue expandiendo para incluir a las naciones del Caribe y también a Canadá. En dicha Carta, en su Capítulo I referido a Naturaleza y Propósitos, se lee: “La Organización de Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción de los Estados miembros”.

Esta aseveración es cambiada en el año 2001, a partir de la aprobación de la llamada “Carta Democrática Interamericana” que sí contempla la intervención de la organización en un país miembro cuando considera que en ese país se ha interrumpido o alterado el orden democrático. En el capítulo II de la Carta, referido a los Principios, podemos leer en el acápite e): “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”.

No hace falta ser un politólogo para darse cuenta del desprecio de los Estados Unidos sobre las letras muertas de los convenios; en particular sobre este artículo vale recordar la ingerencia yanqui en el golpe de Estado a la Guatemala de Jacobo Arbenz; sus invasiones a Grenada y Panamá, etc. En cuanto al derecho de cada Estado a elegir su sistema político, económico y social, sin injerencias, recordemos la contradicción al respecto que muestra la expulsión de Cuba del seno de la OEA en 1962.

El Secretario de Estado, general Marshall, no tuvo reparos, en esa novena conferencia, en desilusionar a los representantes del continente priorizando la ayuda a la Europa de post guerra; planteó que “nuestros compromisos como Estado, superan ya casi la capacidad de producción del país, y nos van a permitir que entre una Europa en agonía y una América simplemente en la pobreza, demos prioridad en primer término a la Europa en agonía y auxiliemos precariamente, si es posible, a esa América en la pobreza”.

Rapto de sinceridad que mostraba la prioridad político estratégica del momento. La Décima Conferencia Panamericana fue la última bajo esa denominación. Se realizó en 1954 en Caracas, sumida Venezuela en la trágica dictadura de Pérez Jiménez, pero sin importarle a Estados Unidos la violación a los derechos humanos que allí se producía. La obsesión de los norteamericanos era el peligro comunista que veían en el gobierno popular de Jacobo Arbenz en Guatemala.

Arbenz había hecho aprobar en 1952 una Reforma Agraria que había afectado parte de las propiedades de la United Fruit Company (UFCO). Esta era la mayor empresa, pues mantenía bajo su control dos tercios de la producción de banano, el transporte por barco y vías férreas, y los tres puertos del país.

Un informe de Inteligencia del Departamento de Estado de marzo de 1953, señalaba: “Existe una fuerte posibilidad de que una aceleración demasiado rápida del programa agrario, juntamente con la creciente fuerza e influencia comunista, pueda llevar a una violencia difícil de ser contenida por la Administración Arbenz”.

La delegación de los Estados Unidos presidida por Foster Dulles, propone una resolución que declara que la dominación o control de las instituciones de cualquier Estado americano por parte del movimiento comunista internacional... constituiría una amenaza para el hemisferio entero y requeriría una acción apropiada de acuerdo con los tratados existentes. Ayerbe reproduce parte de la respuesta de Guillermo Toriello, valiente patriota americanista y ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, denunciando el carácter intervencionista de la propuesta de Dulles: “‘La delegación de Guatemala se opondrá categóricamente a toda resolución o declaración que, con el pretexto del comunismo, conculque los principios fundamentales de la democracia, postule la violación de los derechos del hombre o vulnere el principio de no intervención con la tendencia a convertir el panamericanismo en un instrumento para mantener a los pueblos de la América Latina en condiciones semi coloniales en beneficio de poderosos intereses de los monopolios extranjeros’.

Sin embargo –sigue Ayerbe-, la resolución es aprobada por amplia mayoría, con la abstención de México y de Argentina y el voto contrario de Guatemala”. Así se crearon las condiciones para que tres meses después, Arbenz fuera derrocado por una fuerza mercenaria que entró en Guatemala desde Honduras, con el apoyo de los aviones yanquis que tiraban bombas sobre el territorio. Se mostraba la cara más perversa del panamericanismo.

En la segunda mitad del siglo, inmerso ya Estados Unidos en la llamada “Guerra Fría”, no cambió su política hacia el continente sino que la perfeccionó sobre la base de mantener desplegados sus dos brazos ejecutores de la dominación: el militar y el económico. En el plano militar consignamos, durante la década del ’60, el bloqueo a Cuba durante la crisis de los misiles –acción que persiste hasta nuestros días-; represión con armas de fuego a panameños que exigían la devolución del Canal; bombardeos y desembarcos en República Dominicana para impedir el reestablecimiento de la Constitución y del gobierno de Bosch; intervención de los Green Berets (Boinas Verdes) contra los rebeldes en Guatemala.

En la década del ’70 el accionar encubierto para derrocar gobiernos y apoyar las dictaduras militares en Sudamérica. La década del ’80 está signada por la implicancia en la lucha contrainsurgente en El Salvador y Nicaragua, el armado de los “Contras”, construcción de bases en Honduras; incursiones de tropas en regiones productoras de coca en Bolivia y en Saint Croix en Islas Vírgenes contra disturbios de negros, y la invasión a Panamá para derrocar al gobierno de Noriega, entre otras tropelías.

En el plano de las relaciones diplomáticas – institucionales –económicas, podemos hacer un recorrido a grandes trazos señalando, por ejemplo, el surgimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 1959, como una palanca financiera funcional al panamericanismo; la creación en 1960, por el Tratado de Montevideo, de la Asociación latinoamericana de Libre Comercio (ALALC).

En 1961 se puso en marcha la Alianza para el Progreso. La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) reemplaza a la ALALC en 1980. En los años ’90, en los marcos de la globalización desenfrenada en el mundo unipolar, debido a la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista, recrudece la presión estadounidense mediante la llamada Iniciativa para las Américas, impulsada por la administración de George Bush padre; en 1994 surge el proyecto ALCA en el encuentro Cumbre de Presidentes de las Américas.

En ese mismo año tropas estadounidenses ocupan Haití. Luego vendría el involucramiento para combatir la insurgencia en Colombia, a partir del Plan que lleva el nombre de dicho país. La Segunda Cumbre de Presidentes se realiza en 1998 en Santiago de Chile; se crea la Oficina de Seguimiento de Cumbres. Allí se realiza también, en forma simultánea, la Primera Cumbre de los Pueblos, convocada por la Alianza Social Continental, como forma de resistencia global a los objetivos imperialistas. En la Tercera Cumbre de Presidentes de las Américas, 2001, se instruye a la Asamblea General de la OEA para que prepare la Carta Democrática Interamericana ya mencionada, con el objetivo de tener ingerencias sobre los Estados soberanos “no amigos”.

Allí, en Québec, Canadá, se realiza simultáneamente la Segunda Cumbre de los Pueblos. El 11 de setiembre, en Lima, se adopta al fin la Carta Democrática. Entre sus artículos leemos: “Artículo 20: En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente...”.

Pero inclusive este instrumento no es ya suficiente para los defensores del neoliberalismo. Es tiempo de una defensa más a fondo de la democracia representativa, ante el temor del avance de los ejemplos de democracia participativa que se evidencian en Cuba y Venezuela; se torna indispensable para ellos abandonar la romántica decisión de la no injerencia y tomar disposiciones para poder intervenir en cualquier país, de una u otra manera, donde sus intereses corran peligro.

Lo intentó EUA en la 35º asamblea general de la OEA reunida en Florida en junio de 2005 a través del presidente Bush, y de su Secretaria de Estado; en sus discursos plantearon establecer un mecanismo injerencista preventivo hacia aquellos países en donde se considere que la democracia –como ellos la entienden- no funcione; para ello aspiraban a que la OEA les diera cierto status adeterminadas ONGs que pudieran brindar los argumentos necesarios que justificasen dichas intervenciones. Cae de maduro lo fácil que les resultaría a los Estados Unidos, a través de sus oficinas legales y de las otras, subvencionar a dudosas organizaciones para que se presten, a cambio de algunas decenas de millones de dólares, a jugar ese papel. Así lo hizo la organización “Súmate” durante el referendo en Venezuela, intentando deslegitimar el proceso electoral.

En definitiva, no prosperó la propuesta de crear un mecanismo de monitoreo de las democracias del continente para crear las condiciones de intervención de la OEA en el país que fuese cuestionado. No obstante, Estados Unidos logró que se le otorgara más poder al Secretario General de la organización, con el velado objetivo de poder utilizarlo con el mismo fin en el futuro. En la Declaración de Florida, texto consensuado por el Grupo de Trabajo de la Comisión General, establecido para adelantar negociaciones a partir del proyecto presentado por la delegación estadounidense, se lee: “3. Se encarga al Secretario General que, luego de consultas con el Consejo Permanente, (...) elabore propuestas de iniciativas de cooperación oportunas, eficaces, equilibradas y graduales, según corresponda, para abordar situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder...”. Habrá que ver, ante un hecho concreto, qué interpretación le da la diplomacia interamericana a estas formulaciones.

En noviembre de 2005 se realizará la IIIª Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata, coincidiendo con una nueva Cumbre de Presidentes. Esta nueva Cumbre popular está organizada por la Alianza Social Continental y la Autoconvocatoria No al ALCA, un espacio horizontal integrado por distintas organizaciones que a lo largo de la Argentina trabajan en la sensibilización, educación y movilización hacia la promoción de políticas de defensa de la vida, los derechos humanos y la soberanía, frente a lo que representa el ALCA, el pago de la Deuda Externa, la militarización y la pobreza.

Será un nuevo capítulo de resistencia y confrontación de los pueblos del continente contra las políticas que nos quiere imponer Estados Unidos desde hace ya más de un siglo.

Durante las tres fases que muestra la historia del imperialismo según István Mészáros, a saber: el primer imperialismo colonial moderno, el imperialismo “redistributivo” y el imperialismo global hegemónico, siempre se aplicaron sobre nuestro continente medidas de dominación a través de la fuerza o de las imposiciones económicas.

Estas últimas fueron perfeccionándose a partir del panamericanismo transformándose, en la actual globalización, en una compleja trama de organizaciones, disposiciones y acuerdos supranacionales cuyo fin supremo es mantener la dominación, el saqueo e impedir que cualquier miembro se salga del sistema.

“Pero el hecho de haber sido tan exitoso –afirma Mészáros-, y de todavía continuar dominando, no significa que el imperialismo hegemónico de los Estados Unidos pueda ser considerado estable, mucho menos permanente. El soñado ‘gobierno global’, bajo la administración de los Estados Unidos, continua siendo un sueño propagandístico, así como lo fue la ‘Alianza para el Progreso’ y la ‘Alianza por la Paz’, proyectadas –en una época de colisiones militares y de explosiones sociales cada vez más frecuentes- como la fundación firme de la más nueva versión del ‘Nuevo Orden Mundial’”.

En los comienzos del siglo XXI Estados Unidos continúa perfeccionando sus mecanismos de dominación hacia el continente americano, como son la Carta Democrática de la OEA, el objetivo de imponer el ALCA, las diversas Cumbres y Encuentros de Ministros de Defensa o Relaciones Exteriores, los ejercicios militares combinados, etc. Pero como bien señala Manuel Medina Castro en un libro próximo ya a cumplir cuatro décadas desde su elaboración en el exilio: “La historia de las relaciones entre Estados Unidos y América latina adquiere sentido en el fragor de la más importante batalla de nuestro tiempo, la batalla por la liberación social y nacional de nuestra América. La restauración del proceso más que secular ilumina el escenario de la contienda. Además, ayuda a comprender que la lucha contra el imperialismo sólo se puede librar en el marco de la lucha contra el sistema que lo promueve, en la lucha por el socialismo”.

* Horacio A. López es columnista especial de APM y Director Adjunto del Centro Cultural de la Cooperación, de Buenos Aires.

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Doctina Monroe
Por Herrera Sanchez - Thursday, Nov. 03, 2005 at 9:36 PM

La doctina Monroe, principalmente fue usada como fundamento para la liberacion de las 13 colonias europeas, así que no veo el caso de un parecido con la doctrina Bush

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