Se lanzo en La Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscando que se denuncie la explotación sexual infantil
Sin clientes no hay prostitución infantil.” Con este razonamiento, el gobierno porteño inició una campaña publicitaria que busca generar conciencia sobre la ilegalidad de la práctica
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“Sin clientes no hay prostitución infantil.” Con este
razonamiento, el gobierno porteño inició una campaña publicitaria que busca
generar conciencia sobre la ilegalidad de la práctica. “Si te proponen tener
sexo a cambio de plata o cualquier otra cosa, llamanos al 102, las 24 horas”,
reza la otra parte de la iniciativa, dirigida a los chicos. Según el jefe de
Gobierno, Aníbal Ibarra, la campaña tiene el objetivo de “facilitar la denuncia,
posibilitar la intervención de la policía y de la Justicia y también darles
apoyo y contención a las víctimas”. Con la imagen y la información se “intenta
que la población se involucre y denuncie si tiene algún conocimiento de algún
caso de este tipo”, afirmó. Según un informe de la ciudad, entre 1993 y 2004
“sólo se emitieron 36 sentencias” sobre explotación sexual infantil. Para
Florencia Calcagno, coordinadora del programa porteño contra la Explotación
Sexual y el Trabajo Infantil, esto se debe a que “es muy difícil demostrarla,
porque la relación entre el proxeneta y los chicos es muy complicada”. No
obstante, “siempre que tenemos pruebas hacemos la denuncia. Hace poco logramos
que una mujer estuviera presa, pero le dieron la pena mínima y ya salió”. En
este sentido, indicó que “la línea gratuita 102 es fundamental. Necesitamos la
ayuda de la comunidad, que nos dé precisiones. Por ejemplo: muchas veces llaman
para decir que hay una nena en la calle que pareciera estar siendo sexualmente
explotada. Lo que requerimos es que quien vea algo así también anote la patente
del auto que se la lleva, detalles que nos sirvan para hacer la denuncia”,
consideró Calcagno ante Página/12. La campaña, coordinada por el Consejo de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cdnna) de la ciudad, apunta también
a que los chicos que hayan sido víctimas de delitos sexuales puedan integrarse
al programa de atención para víctimas de explotación sexual. Allí reciben
atención médica, asesoramiento legal, becas y ayuda para volver a la escuela.
Ibarra, por su parte, dijo que una de las consecuencias del crecimiento del
turismo en Buenos Aires, producto de la devaluación, es que algunos visitantes
extranjeros buscan tener sexo con menores. “Es muy bueno el turismo en la
ciudad, pero hay una parte, chica, de ese turismo que busca la explotación
sexual infantil.” Para la titular del Cdnna, María Elena Naddeo, hay una
diferencia entre “las estadísticas de abuso sexual y prostitución infantil, que
son escasas, y las múltiples situaciones de explotación que conocemos por los
relatos de los propios chicos que han vivido estas terribles experiencias. En
2004 y lo que va de este año, solamente en el Consejo hemos trabajado con más de
50 casos de prostitución infantil, por lo que entendemos que el universo es
mucho mayor. Por eso apelamos a la conciencia ciudadana, a generar un alerta
para prestar atención a este tema y no invisibilizarlo”. De la campaña
participan Unicef, el Serpaj, la Red No a la Trata y Puerta Abierta Recreando,
entre otras ONG y organismos públicos. Para armar la iniciativa, se consideró
que “hay una franja de perversos irrecuperables, son los que buscan chicos para
tener sexo. Pero hay población adulta que habitualmente concurre a determinados
lugares donde hay comercio sexual. Necesitamos que ellos nos cuenten si ven allí
a chicos o adolescentes. Tener sexo con personas menores de 18 años a cambio de
dinero es un delito”. Naddeo se mostró confiada en recibir esta cooperación, ya
que “se han recibido denuncias de clientes alarmados e indignados de que hubiera
chicas muy chicas en los prostíbulos”, sostuvo.
En los últimos dos años, en la ciudad se duplicaron las denuncias de prostitución infantil y se registraron más episodios de turismo sexual
Información general Miércoles 24 de Agosto de 2005
En la ciudad
Preocupa la prostitución infantil
En los últimos dos años, en la ciudad se duplicaron las denuncias de
prostitución infantil y se registraron más episodios de turismo sexual,
según los datos del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, dados a conocer ayer tras el lanzamiento de una campaña
sobre el tema.
"Es muy bueno el turismo en Buenos Aires, pero hay una parte de ese
turismo en busca de turismo sexual infantil y contra eso tiene que
trabajar también el Estado", dijo Aníbal Ibarra durante el lanzamiento.
María Elena Naddeo, titular del Consejo, detalló que en septiembre
último se desbarató un tour organizado en Europa, hacia Buenos Aires y de
allí hacia el Norte, en el que se ofrecían encuentros con adolescentes
argentinas. "En marzo y abril se logró detener a un grupo de europeos que
recorrían Recoleta y la 9 de Julio y reclutaban a niños para producciones
pornográficas", explicó Naddeo. En la zona de Caminito, diversas familias
de La Boca denunciaron la presencia de extranjeros que se acercaban a sus
hijos y que los invitaban a lugares o que ofrecían hacerles regalos.
En los últimos dos años se duplicó la cantidad de denuncias por
explotación sexual de menores: hubo 50 denuncias, 15 de ellas, judiciales.
La mayoría de las víctimas son adolescentes de las provincias, traídas a
la Capital para trabajar como mucamas o mozas, y que fueron obligadas aquí
a prostituirse. En los afiches de la campaña las víctimas o los testigos
de estos abusos tienen un teléfono, el 102, donde realizar sus denuncias.
PROCESARON A UN MATRIMONIO QUE EMPUJO A SU HIJA A PROSTITUIRSE A LOS 13
AÑOS
La edad de la inocencia
El padre de Paula –suboficial de la Policía Federal– le ordenó ir a trabajar
a una casa donde la violaron y la obligaron a prostituirse. Ahora lo procesaron,
en una causa donde ella misma es querellante. Pero el fallo habla de “abandono
de persona” y no “facilitación de la prostitución”.
En un hecho sin antecedentes en el país,
la Justicia acaba de procesar a un matrimonio que empujó a su hija menor de edad
a prostituirse. La protagonista del caso es Paula, cuya historia fue relatada el
año pasado por este diario: cuando tenía 13 años, su padre –un suboficial de la
Policía Federal– le ordenó ir a una casa en Barrio Norte supuestamente para
cuidar a unos chicos, pero allí fue abusada y luego llevada a otros
departamentos donde debió trabajar como prostituta. Recién cuando se atrevió a
contarlo, a un profesor de su escuela, fue separada de su familia y pasó a vivir
en un hogar para adolescentes. Un año atrás, el caso de Paula fue noticia
cuando, pese a ser menor de edad, la Justicia la admitió como querellante en la
causa que involucra a sus propios padres y a los dueños de los departamentos.
Ahora, en un fallo que detalla los abusos que sufrió con conocimiento de sus
padres, ellos fueron procesados, se dictó su prisión preventiva –aunque no se
hará efectiva– y se ordenó el embargo de sus bienes. Paula (el nombre ha sido
modificado para proteger su identidad) hoy tiene 18 años. Está terminando quinto
año, trabaja y también empezó el CBC a través de UBA XXI. Cuando se enteró sobre
el procesamiento en primera instancia de sus padres, la enojaron dos cosas: que
no se hiciera efectiva la prisión preventiva y la calificación que aplicó el
juez: abandono de persona. “No lo entendemos –dice su abogado, Martiniano
Terragni–, porque el juez comprendió y describió detalladamente lo sucedido,
pero luego lo consideró abandono de persona en lugar de facilitación de la
prostitución. Por eso ya hemos apelado.” Las iniciales de su padre son D.D.S.
y de su madre M.R. de S. Los nombres completos se mantienen por ahora en
reserva, para no perjudicar el curso de la investigación. Según pudo saber este
diario, el padre fue objeto de un sumario interno en la Policía Federal y está
sin funciones aunque sigue cobrando su salario, ya que no se definirá su
permanencia en la fuerza hasta que el fallo no esté firme. Un año de
horror El fallo del juez de instrucción Eduardo Moumdjian es minucioso –y
escalofriante– en su descripción de lo que soportó Paula. Allí dice que “el 15
de marzo de 2001 –teniendo entonces 13 años– y con el conocimiento de sus
progenitores, habría comenzado a trabajar en el domicilio de la calle Sánchez de
Bustamante (...), donde un sujeto de sexo masculino, de nombre Antonio u
Horacio, de 58 años aproximadamente, a partir del mes de agosto de 2001 y hasta
el mes de noviembre de ese mismo año –cuando la menor tenía 14 años–, mediante
golpes y amenazas, la habría obligado a mantener relaciones sexuales –sexo
vaginal, anal y oral– y también a consumir drogas. Por otra parte, por aquella
época, entre mediados del mes de junio del año 2001 aproximadamente y las
vacaciones de invierno de ese mismo año, el nombrado Antonio u Horacio también
la habría obligado a concurrir, bajo la amenaza de golpearla en caso contrario,
a los departamentos ubicados en (...), principalmente los fines de semana,
destacándose que la menor identificó a Hugo –quien sería el imputado Hugo César
Peña– y a Osvaldo –se trataría de Osvaldo Aníbal Valdez– como los dueños del
primer local de mención. Que en ambos inmuebles, junto con otras chicas mayores
de edad, habría sido facilitada su prostitución, en tanto habría sido obligada a
mantener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero, tal cual habría
sido el caso de un hombre llamado Eduardo, que en pago le habría entregado dos
cheques. El juez sostiene que “los progenitores habrían tenido pleno
conocimiento de ello, puesto que respecto del primero de los inmuebles
mencionado fue (D.D.S.) quien le dio los datos del mismo y al serle manifestado
por la menor los terribles abusos que estaba sufriendo en dicho sitio, su padre
le contestó que ‘si no le gustaba podía trabajar de prostituta en otro lado’.
Que como consecuencia del cuadro de sometimiento gravemente ultrajante para la
menor, producto del abandono de los padres de la misma a esas condiciones de
vida, la misma habría sufrido un grave daño en su salud, tal como concluyen los
informes psicológicos practicados”. Esos informes explican que “el análisis
de los contenidos de sus manifestaciones a lo largo del proceso penal revela un
conocimiento sexual inapropiado para la edad –sexo oral, sexo anal, uso de
complementos–, descripción apropiada de efectos exotóxicos y concordancia a
través del tiempo en los puntos nodales del relato, orientando todo ello a una
alta probabilidad de que se haya visto expuesta a situaciones de riesgo para su
integridad psico-física y sexual”. En la causa declararon tanto el profesor
con quien Paula se franqueó como la vicerrectora de su escuela. También figuran
los resultados de su declaración en la Cámara Gesell y la evaluación de una
perito del Cuerpo Médico Forense, según la cual su relato “presentó las
características de verosimilitud, manteniendo el mismo a través del tiempo”.
El juez sostiene que “el daño que le fue provocado a (Paula) puede decirse
que fue el resultado o consecuencia natural de la concreción efectiva del
peligro que creó la conducta de los imputados, sus progenitores”. Sin embargo,
califica el hecho como abandono de persona, para sorpresa de la propia Paula y
sus abogados, quienes ya iniciaron el proceso de apelación. Aunque en la
resolución el magistrado dictó la prisión preventiva, no la hizo efectiva porque
tomó el antecedente de la exención de prisión ya decidida por la Cámara respecto
de otros imputados. Les fijó, sí, un embargo de 15.000 pesos a cada uno de los
padres. La vida después Después de que a fines de 2001 Paula pudo contar
en la escuela el abuso al que era sometida, sus autoridades se comunicaron con
la Defensoría de Niños y Adolescentes de Flores, que la trasladaron a un hogar,
desvinculándola de su familia. Luego también se les quitó a los padres la
tenencia de la hija menor, que hoy tiene cinco años. Las dos hermanas viven
ahora juntas en un hogar y no volvieron a ver a sus padres. El avance de la
causa penal, donde fueron imputados tanto los padres de Paula como dos
propietarios de los departamentos donde fue prostituida y un cliente, fue en un
principio extremadamente lento. El año pasado, Martiniano Terragni y Gabriela
Founcuberta, abogados de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes del
gobierno porteño, decidieron presentar a Paula, pese a ser menor, como parte
querellante, basándose en el artículo12 de la Convención de los Derechos del
Niño, es decir el derecho a ser oído en todo proceso judicial y administrativo.
“Solicito patrocinio letrado para poder defenderme de violaciones constantes y
sistemáticas a mis derechos personalísimos, llevados a cabo, entre otros por mis
padres”, sostuvo en la presentación. La respuesta fue negativa en primera
instancia, pero la Cámara de Apelaciones entendió que sus argumentos eran
lógicos y, en una resolución que sentó precedente, Paula se convirtió en
querellante. Desde entonces, la causa tuvo algunos avances: los dos hombres
acusados de prostituirla en dos departamentos, Osvaldo Valdez y Hugo Peña,
fueron procesados y sus procesamientos confirmados por la Cámara, al igual que
un cliente, de apellido Pampín, quien le dio dos cheques en pago de sus
servicios. Ahora fue el turno de los padres. Para Paula, los larguísimos
tiempos procesales son difíciles de entender. “A ella le hubiera venido muy bien
una respuesta en otro momento –cuenta Marisa Villarruel, psicóloga y
coordinadora de la Defensoría de Niños de Flores–. Esto sucedió cuando tenía 14
años y ahora tiene 18. Cuando le llevamos la cédula con la notificación, dijo
que estaba bien que los procesaran, pero ¿después de cuatro años y por abandono?
Eso no fue abandono, dijo.” Aun así, Paula está bien, cuenta Villarruel. Es
empleada administrativa en un estudio, está cursando el último año del
secundario y ya empezó el CBC, porque quería recuperar un año perdido cuando
estuvo mal y debió dejar la escuela. “Siempre le preocupó mucho el estudio. Ella
se siente responsable por su hermana, entonces poder trabajar y tener la
posibilidad de acceder a un título es muy importante. La vimos bien, haciéndose
cargo de su futuro.”