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Decisión prohibida: anticoncepción y aborto en Argentina
Por Laura Moya - Wednesday, Nov. 23, 2005 at 2:04 PM
moyalaura@yahoo.com.ar

"El aborto ilegal constituye la principal causa de mortalidad materna en Argentina, donde se estima que se realizan medio millón de abortos ilegales y por lo tanto inseguros, lo que constituye más del 40 % de todos los embarazos", de esta forma empezó la presentación del informe "Decisión prohibida: acceso de las mujeres a la anticoncepción y al aborto en la Argentina" a cargo de su autora, la jurista danesa Marianne Møllmann.

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(FOTO: Stine Kjær)

Marianne Møllmann, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch - Organización Internacional dedicada a los derechos humanos con sede en Estados Unidos - presentó su informe a mediados de noviembre en la Facultad de Medicina, en el marco de la campaña nacional por la despenalización del aborto que en nuestra ciudad viene organizando el movimiento de Mujeres Autoconvocadas de Rosario (MAR).

La acompañaron en el panel, la Directora de Programación de Salud de la Municipalidad de Rosario, Beatriz Martinelli, y la representante del Programa Nacional de Salud Reproductiva, Juliana Weisburg.

Frente a un auditorio colmado por mujeres, Møllmann explicó que su investigación, llevada a cabo entre septiembre y octubre de 2004, se focalizó sobre las provincias de Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires.

En cuanto a nuestra provincia, su investigación hace un llamado de atención sobre la ley, adoptada en 1992, que exige la educación sexual en todas las escuelas privadas y públicas, la cual jamás se implementó. El Coordinador del Programa de Procreación Responsable del gobierno provincial, Horacio de la Torre, argumentó en el informe que la misma "no se implementó nunca ... por razones eclesiásticas". Dicho funcionario, que durante la presentación formó parte del público, realizó una intervención acerca de los resultados sobre la aplicación del DIU, método anticonceptivo y de planificación familiar. "Se distribuyeron 52.000 DIU en toda la provincia y se colocaron sólo el 10 %. Cuando distribuimos los DIU creímos que no iban a dar a vasto, ya que hay 499.000 mujeres en edad fértil actualmente, pero esto no fue así". Estas cifras dan cuenta de la ineficiencia gubernamental, o de la falta de una voluntad política real, para terminar con la problemática de embarazos no deseados.

Por el momento, si bien es muy reciente, similares resultados arrojó la legislación sobre la ligadura turbaria, pero en la aplicación de la misma se vienen presentando dos problemas. Por un lado, algunos trabajadores de la salud siguen temiendo potenciales consecuencias legales. Según un asistente legal de la provincia de Santa Fe "aquí se tienen dos opciones. Si vos tenés la plata, te vas al instituto privado y el mismo médico que lo hace allá (la ligadura turbaria) es el que te lo está negando en lo público". Por el otro lado, existen muchos hospitales que han diseñado e implementado procedimientos casi insuperables con los que las mujeres deben cumplir para obtener una ligadura turbaria, por ej. el consentimiento conyugal, en violación de las interpretaciones autorizadas de los derechos de las mujeres a la salud, a la privacidad, a la no discriminación, y a decidir sobre el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos. Møllmann afirma que "esta situación somete la toma de decisiones de la mujer, en el área más íntima de su vida, a la autoridad masculina o a la intervención medica arbitraria".

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Obstáculos para la anticoncepción
Por Laura Moya - Wednesday, Nov. 23, 2005 at 2:04 PM
moyalaura@yahoo.com.ar

Obstáculos para la a...
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(FOTO: Stine Kjær)

La autora danesa, en su informe, identifica tres principales obstáculos que truncan el acceso de las mujeres a los anticonceptivos: la violencia doméstica y sexual, la entrega de información incorrecta e inadecuada por parte de funcionarios de salud pública, y las restricciones económicas, incluyendo a veces el cobro indebido por anticonceptivos y servicios de salud que debieran ser gratuitos de acuerdo a la Ley sobre Salud Sexual y Procreación Responsable.

Se estima que en 1999 el 25 % de las mujeres en Argentina sufrían violencia doméstica de manera regular, mientras que el 50 % de las mujeres habían sufrido algún tipo de violencia de género en algún momento de sus vidas. La mayoría de la mujeres entrevistadas sufrieron reiteradamente violación por parte de sus parejas. Al mismo tiempo, el informe denuncia que en algunos hospitales públicos existen médicos que inyectan a las mujeres con anticonceptivos hormonales sin obtener su consentimiento previo, en una flagrante violación al derecho de la mujer a la integridad física.

En cuanto a la información correcta sobre anticoncepción, la considera fundamental en nuestro país; ya que en el 2003, el 17.5 % de los recién nacidos fueron hijos de madres adolescentes; y en el 2004, el 34 % de los adolescentes declaró no haber usado ningún tipo de anticonceptivo en sus primeras relaciones sexuales".

Las restricciones económicas imponen una fuerte carga sobre mujeres, a las que, al mismo tiempo, se les niega el derecho a elegir libremente el uso y método anticonceptivo y el acceso, de ser necesario, a un aborto seguro.

¿QUE CONSECUENCIAS TRAE QUE EL ABORTO SEA ILEGAL?

La penalización del aborto lleva a las mujeres, en su gran mayoría de bajos recursos, a medidas desesperadas como por ej. el intentar abortar con agujas de tejer, con sondas, con pedazos de madera, con tallos de perejil, o ingiriendo medicamentos abortivos (como misoprostol) sin asistencia médica adecuada.

La penalización les permite a las "clínicas" de aborto clandestinas funcionar con poco respeto por la salud y vida de las mujeres. Por otro lado, cuando una mujer, producto de un aborto inseguro, llega al hospital público sufriendo de hemorragias, infecciones o lesiones que ponen en peligro su vida, los funcionarios de salud pública a veces la menosprecian o le deniegan el tratamiento debido. En el informe hay testimonios que certifican la existencia de médicos que llevan a cabo el curetaje post-aborto (legrado uterino) —un procedimiento altamente doloroso, donde el médico raspa la pared del útero— sin administrar anestesia. En general, por miedo a ser procesadas legalmente, las mujeres evitan el cuidado necesario post-aborto, lo cual puede acarrear consecuencias perjudiciales para su salud. Algunas mujeres que han abortado son condenadas a prisión, en un ataque adicional a sus derechos humanos.

Se debe considerar que las consecuencias para la salud de un aborto ilegal pueden ser físicas y mentales. Según una entrevistada la naturaleza clandestina e ilegal del procedimiento hizo más difícil su recuperación: “Además de que uno queda re-mal [físicamente], tenía que tratar de perdonarle a mi pareja por dejarme sola, y perdonarme a mi misma. … Además sin ningún tipo de ayuda psicológica. Te lo haces y te tenés que olvidar”. A esto debe sumársele que la mayoría de las mujeres percibe realmente la amenaza de pena de prisión por someterse a un aborto.

En cuanto a consecuencias físicas, la peor es la muerte. Estudios realizados en distintos países han demostrado que las leyes de aborto restrictivas no reducen el número de abortos, sino que sólo disminuyen su seguridad y aumentan la mortalidad materna. En las disposiciones del Código Penal que prohíben el aborto en Argentina no existen reglamentos ni lineamientos éticos que rijan el tratamiento de mujeres que pagan por abortos en clínicas ilegales. El resultado de esto es que mientras médicos y parteras que practican abortos ilegales pueden ser condenados, y ocasionalmente lo son, de acuerdo a los artículos 85-87 del Código Penal por inducir el aborto196, estas mismas personas no tienen ninguna responsabilidad hacia las mujeres si el procedimiento sale mal. La reglamentación y la fiscalización, factores importantes para garantizar a las mujeres los derechos a la vida y al disfrute del nivel más alto posible de salud, sólo son posibles si el aborto es legal.

En el último capitulo del informe, Marianne Møllmann, se dedica a analizar la cuestión jurídica, y por ende, de derecho internacional, observando que con la penalización del aborto se están violando derechos: a la no discriminación y a la igualdad; a la libertad; a la privacidad y decidir el número de hijos e intervalo entre los nacimientos; a la libertad de conciencia y religión; a la salud y a la atención médica; y el derecho a la vida.

La jurista danesa, en su conclusión, sugiere a nuestro país que para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, urgentemente debe garantizar el acceso de todas las mujeres al aborto legal y seguro y otorgar acceso a anticonceptivos e información adecuada. Para todas las mujeres, es una cuestión de igualdad. Para algunas, es una cuestión de vida o muerte.


Los datos de esta nota se pueden corroborar en: http://www.hrw.org/spanish/argentina.html

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