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CON EL AGUA NO! (Coordinadora en Defensa del Agua)
Por Coordinadora en Defensa del Agua -
Friday, Nov. 25, 2005 at 11:12 AM
camilalucha@yahoo.com.ar
COORDINADORA EN DEFENSA DEL AGUA
La Coordinadora en defensa del agua, denuncia ante la opinión pública que la empresa de servicios de aguas y cloacas denominada: AGUAS DE SANTIAGO, ha desatado nuevamente una campaña salvaje en contra de los miles de usuarios, amenazando a través de comunicados encubiertos la reducción y corte de dicho servicio llegando a promover en muchos casos demandas judiciales y embargos de viviendas únicas. Todo ello con la total indiferencia de los organismos oficiales de control cuya supuesta función es la de defender al usuario. Estos organismos se desentienden de los agobiantes problemas de la gente con la manifiesta complicidad de la empresa monopólica que tiene la concesión del servicio.
Los constituyentes no trataron el tema del agua y la tierra (traicionando al pueblo quien los eligió), en complicidad con el poder económico y político. La trampa jurídica de la caída del recurso de amparo, que se presentó en contra de la empresa prestataria, perjudica a los miles de usuarios con cobros compulsivos e intereses abusivos; sostenemos también, que los medidores son otra trampa de la empresa y las tarifas injustas y abusivas.
El conflicto es político, porque se descubre la corrupción que avala a tres familias: CASTIGLIONE, ICK Y CURI quienes roban a los santiagueños, en nombre de AGUAS DE SANTIAGO.
El conflicto es social, porque ataca al pueblo y al derecho humano –inalienable-, de igualdad de consumo de agua considerando que la misma es un bien natural.
El conflicto es inmoral, ya que dicen hacer obras públicas y que terminan pagandolos usuarios.
El conflicto es jurídico, por la inconstitucionalidad del acto del INTERVENTOR SCHIARETTI, quien firmó la ley marco de privatización del servicio de agua, cuando ya no era legalmente interventor.
AGUAS DE SANTIAGO PAGÓ $100.000 AL ESTADO POR LA CONCESIÓN O ENTREGA DE LA EMPRESA POR 30 AÑOS DE EXPLOTACIÓN.
¿Cómo ganaron la licitación? Con el apoyo de todos los políticos de turno y el silencio de la justicia.
Por todo lo expuesto defendemos el DERECHO AL CONSUMO DEL AGUA, que es necesario para la vida y exigimos que la empresa vuelva al estado con control y participación del usuario.
Coordinadora en Defensa del Agua
Aguas y otros
Por solidaridad -
Saturday, Nov. 26, 2005 at 5:53 AM
SOLIDARIDAD
Asociación de Defensa del Consumidor, el Usuario y el Trabajador
Nuestra nación argentina vive un colapso generalizado de su economía, situación que lleva a un caos creciente en todos los ámbitos de la sociedad.
Las autoridades caen cada vez en mayor desprestigio y las normas legales dejan de cumplirse, con el peligro que esto conlleva.
Una sucesión de abusos y desaciertos está sumiendo al Estado en un marasmo peligrosísimo, puesto que ante su ausencia se comienza a imponer con alarmante frecuencia la ley del más fuerte.
Debido a dicha circunstancia es que las grandes empresas financieras, hoy privilegiadas en todos los niveles de la economía argentina, se abalanzan con fuerza al parecer incontenible sobre los habitantes de nuestra nación, para arrancarles hasta sus últimos bienes y apropiarse de ellos.
Tal es el caso de las concesionarias de los servicios privatizados. Ellas tienen como único objetivo el lucro, a diferencia de los entes estatales, que cuando controlaban un servicio de primera necesidad -electricidad, agua, gas- lo hacían con un sentido de beneficio público.
Por ello, cuando los números de las concesionarias de agua o electricidad "no cierran" (en el sentido de preservar sus exorbitantes ganancias) estos consorcios no trepidan en dejar a toda una comunidad sin estos servicios imprescindibles para la subsistencia, con tal de salvar sus ganancias.
Imperio de las corporaciones privadas
El Estado argentino fue debilitándose extraordinariamente en estos últimos años a causa de estas privatizaciones de las principales empresas productivas y servicios esenciales para la población. Los nuevos "dueños" de casi todo lo necesario para la vida, con tarifas irreales, impuestas en base a cálculos complicados efectuados sobre la base de enésimos polinomios abstractos, han llevado a la población en innumerables casos a la grave disyuntiva de elegir entre cumplir con sus acosos tarifarios cada vez más agresivos o dar de comer a nuestros hijos.
A esto debemos agregar en nuestra provincia la aparición de préstamos y órdenes de compras a crédito o contado de mutuales, sindicatos, financieras, tarjetas de crédito y bancos, que se apoderaron de los salarios de empleados públicos y privados, pues sus cuotas e intereses son descontados directamente –a través de la Dirección de Cómputos- por planilla o a través de la tarjeta de débito. Esto ha originado, como es ya conocido, miles de casos en que los trabajadores retiran a fin de mes de su salario sólo un papel que indica "cero peso".
Así este pueblo más que consumidor puede considerarse hoy "consumido" por el pequeño sector más fuerte de la sociedad, concentrador de casi todo el dinero que antes circulaba libremente por el mercado. A esto coadyuva la corrupción administrativa,
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jurídica y comercial, que declama actitudes contrariadas luego por la realidad, lo cual ahonda de un modo sombrío la incredulidad pública en todas las instituciones.
Han proliferado las tarjetas de crédito, financieras, bancos de préstamos etcétera en nuestra provincia, a través de mutuales, sociedades sindicales u otras añagazas, contrariando en su accionar la conocida cláusula constitucional que condena la usura. Muy por el contrario, estas verdaderas depredadoras de los ingresos económicos de nuestra sociedad gozan de protección legal y jurídica extraordinaria. Del mismo modo actúan las privatizadoras del gas, electricidad, agua, teléfonos, ferrocarriles, peajes, etcétera, que se lanzan discrecionalmente sobre la población amparadas en reglamentos amañados para garantizar, por encima de todo, la enormidad de los beneficios empresariales, dejando casi completamente desprotegidos a los usuarios. Un caso ejemplar de esta desmesura irracional de injusticia reglamentaria lo constituyen las injustificables prebendas otorgadas por la legislación vigente a la ineficiente empresa "Aguas de Santiago".
Los problemas acuciantes de la población santiagueña
Por causa del desolador estado económico de la población de nuestra provincia, se han suscitado situaciones de grave violencia recayendo sobre miles de familias santiagueñas, que al no poder pagar las asfixiantes tarifas de los servicios públicos privatizados, se encuentran hoy naufragando entre los cortes de electricidad, gas, teléfonos y agua, sin poder equilibrar jamás una subsistencia digna, pues cuando corren a cumplir con alguna de las empresas que los acosan, deben dejar por fuerza de hacerlo con las otras. Cosa que provoca, fatalmente, que en una casa cuando hay gas y agua no haya electricidad, y cuando hay electricidad y agua se corra el peligro de que nos corten el gas. El teléfono, pese a su extraordinaria función de primera necesidad en casos de urgencias sanitarias o de otro tipo, se ha convertido hoy en un artículo suntuario, debido a la irracional tarifa cobrada por Telecom, mucho más alta que las tarifas cobradas por ejemplo en Europa por la misma empresa.
Hoy, pues, se ciernen sobre la población graves amenazas principalmente en cuatro áreas:
1) Agua y cloacas. La empresa Aguas de Santiago ha lanzado una belicosa campaña de cobro compulsivo sobre la población, con miles de intimaciones y amenazas de corte (en la mayoría de los casos concretadas) del agua corriente y servicio de cloacas, con el peligro humanitario y ecológico que esto significa.
Esta acción contraría -además de los derechos humanos consagrados por la legislación internacional (derecho a la alimentación)-, recientes fallos judiciales del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en el sentido de prohibir expresamente los cortes de la provisión del agua para uso humano.
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2) Electricidad. El caso de esta empresa –también ineficiente- es otro paradigma de inequidad social, abuso tarifario e incumplimiento de los parámetros básicos de calidad requerido por los propios reglamentos adoptados para la prestación del servicio.
La abusiva norma de corte de suministro eléctrico ante la primera boleta que el usuario no puede pagar debe ser abolida:
a) En primer lugar porque las tarifas son exorbitantes, y no guardan relación alguna con los ingresos reales de la población.
b) No contempla la aguda crisis económica de la sociedad, en la cual una urgencia sanitaria u otro imponderable pone al ciudadano ante la opción de abandonar a sus seres queridos a su suerte ante una emergencia para atender las gabelas de los servicios o someterse a la amenaza de un corte de luz.
c) Esta norma da lugar a otros abusos, como el de la "reconexión", cuyo costo se cobra frecuentemente aún sin haberse producido el corte, bajo el sólo requisito de una advertencia impresa sin cumplir eficientemente la notificación, con lo cual se ha convertido en otro negocio de la empresa concesionaria.
Por otra parte, existen numerosos y graves desperfectos en casi todos los niveles del sistema de provisión de energía eléctrica, en muchos casos fácilmente solucionables. Pese a ello, no se han tomado los recaudos necesarios para la seguridad pública, en todos los años de explotación que lleva EDESE en nuestra provincia.
3) Gas. La empresa que provee este servicio imprescindible también tiene una política agresiva de cobro y cortes de servicio en plazos exiguos si se tiene en cuenta la grave situación económica de la población. Tanto esta como Edese no cumplen con el debido cobro legal en Lecop, moneda con la cual mayoritariamente se liquidan los salarios, aplicando otro factor de violencia sobre los cautivos usuarios. Como factor adicional, esta empresa actúa de un modo arbitrario y discrecional, llevando adelante todo tipo de modificaciones o planes de expansión, instalación, etcétera, sin proveer la suficiente información o consultas previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240.
Existen casos de barrios enteros al sur de la ciudad que se encuentran en un largo conflicto con esta empresa debido a este manejo abusivo de su poder como concesionaria monopólica del sistema.
Asimismo, estaríamos ante otro caso semejante en el ofrecimiento en venta que estaría haciendo Gasnor de un edificio público, que le fuera concedido en arrendamiento, lo cual estaría violando los derechos patrimoniales que por ley y tradición pertenecen de un modo irrenunciable al Estado Provincial.
4) Otros servicios. Tanto los teléfonos, como tarjetas de créditos, planes de ahorro previo, peajes, sistemas de salud, bancarios, etcétera cometen innumerables abusos cotidianamente sobre la población. Podrían generarse varios tomos de mil páginas cada uno con los abusos cometidos por todos ellos a lo largo de estos últimos veinte años, en que se ha afianzado el modelo perverso que les concedió poderes dictatoriales sobre la sociedad. Ponemos a disposición de la Comisión de Defensa del
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Consumidor de la Honorable Cámara de Diputados nuestra colaboración para detectar y corregir en la medida de lo posible estas situaciones que atentan contra la armonía y la paz social que sería deseable reine en cualquier sociedad civilizada.
Consideraciones
Consideramos que el Poder Público al servicio del pueblo debería ejecutar políticas que eliminen instituciones jurídicas permisivas para la obtención de ganancias exorbitantes, exageradas y en algunos casos violatorias de los derechos humanos elementales de los pobladores de nuestra provincia, como lo son por ejemplo los códigos de descuentos, otorgados mayoritariamente una sola empresa monopólica de nuestro medio.
Creemos que las relaciones sociales de nuestra comunidad serían mucho mejores si se desalentara la mezquindad empresarial, la usura, la explotación desmedida de los trabajadores y el consumidor. Para ello ejercen un rol vital las leyes, que emanadas del poder legislativo, ejercen un alto poder regulatorio sobre la sociedad. De ahí la importancia de que dichas leyes sean elaboradas contando con la información, el asesoramiento y la ecuanimidad necesarias como para dotar de un marco equitativo y protector de los derechos esenciales de los más débiles a las transacciones comerciales de los habitantes.
Las anomalías comerciales en precios y tarifas son la constante perversa en nuestra sociedad, donde quienes deberían actuar con mayor prudencia debido al grave período que estamos atravesando, por el contrario ponen en riesgo a cada momento la paz social, remarcando irracionalmente los productos de primera necesidad y ajustando las tarifas con la mayor irresponsabilidad al tener en cuenta únicamente sus ganancias ya abultadas, sin considerar en absoluto la imposibilidad de nuestra sociedad para satisfacerlas.
ACCIONES URGENTES
Debido al peligro que se cierne sobre toda la comunidad santiagueña por la presión agobiante de las empresas proveedoras de insumos básicos, como lo son el agua, la electricidad y el gas, creemos necesario que los poderes constitucionales del Estado tomen urgentes medidas de protección de nuestra sociedad, especialmente de los sectores más humildes.
Por ello se solicita a la Comisión de Defensa del Consumidor de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero que proponga al Poder Ejecutivo y a los organismos competentes las siguientes resoluciones:
1) Se prohíba expresamente a los entes privados de agua, electricidad y gas el corte de servicios bajo cualquier circunstancia.
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2) Se decrete la conciliación obligatoria en todos los casos, efectuando reuniones entre los usuarios y los prestadores privados para consensuar planes de pago o refinanciaciones para acordar modos viables de solucionar los conflictos.
3) Se efectúen auditorías sobre los métodos y sistemas tarifarios que pergeñan las empresas, los punitivos e intereses aplicados a las moras y otros índices de medición sobre los servicios, con la colaboración de asociaciones de Defensa del Usuario y el Consumidor.
4) Se estudien los pliegos de condiciones y los contratos de las empresas de servicios públicos privatizadas, así como la reglamentación vigente, con miras a su reforma, debido a que gran parte de esa regulación fue redactada en forma inadecuada -durante una intervención federal- y con grandes prebendas para los entes privados en perjuicio del Estado y toda la población.
Aprovechamos la oportunidad para saludarles muy atentamente.
Carlos A. Melián Julio Carreras (h) José Raúl Gómez
Coordinador Técnico Coordinador Legal Coordinador de Relaciones Públicas
la nueva constitución hace agua ?
Por el topo -
Sunday, Nov. 27, 2005 at 2:09 AM
Esto dice la nueva constitución de la provincia diseñada y aprobada recientemente por el Frente de Unidad Santiagueño (FUS), pacto peronista-radical al servicio de Néstor Ick, respecto al uso del agua y en defensa del consumidor.
TÍTULO IX: ECONOMÍA Y RECURSOS
CAPÍTULO II: RECURSOS NATURALES
Artículo 111.- Régimen del agua. Las aguas de dominio público de la Provincia están destinadas a satisfacer las necesidades de consumo y producción.
Declárase que el derecho natural de usar el agua para bebida de las personas y para las necesidades domésticas de la familia, queda sujeto a los reglamentos generales que dicte la autoridad competente.
Los poderes públicos preservan la calidad y reglan el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales, subterráneas y termales que integran el dominio de la Provincia.
El uso de las aguas del dominio público destinadas al riego es un derecho inherente a los predios, en beneficio de los cuales se concede en la medida y condiciones determinadas por la ley y en atención a su función social y económica.
Los poderes públicos estimulan la expansión de las zonas bajo riego y la constitución de consorcios de regantes. Los usuarios del agua pública tienen participación en todo lo concerniente al aprovechamiento de aquélla.
Artículo 112.- La Provincia regula el uso y aprovechamiento de los ríos interprovinciales que atraviesan su territorio, mediante tratados con las otras provincias en base a la participación equitativa y razonable, priorizando los usos consuntivos de las aguas de la cuenca, evitando la contaminación y agotamiento de las fuentes.
TÍTULO II: DERECHOS
CAPÍTULO V: DEL CONSUMIDOR
Artículo 36.- Defensa del consumidor. Los consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, (2) en especial del cuidado de los alimentos en general y con estricto control de calidad de los destinados a planes de apoyo nutricional para la infancia y ancianidad, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección; a la calidad y eficiencia de los servicios públicos (3) y a la constitución de asociaciones en defensa de sus intereses. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia provincial, previendo la participación de las organizaciones de usuarios y consumidores en los organismos de control. (3)
Algunas observaciones al respecto:
"Declárase que el derecho natural de usar el agua para bebida de las personas y para las necesidades domésticas de la familia, queda sujeto a los reglamentos generales que dicte la autoridad competente." (del art. 111)
Es decir, "el derecho natural de usar el agua para bebida de las personas y para las necesidades domésticas de la familia” por parte de nosotros, los usuarios, parece tener límites en esta declaración constitucional por cuanto “queda sujeto a los reglamentos generales que dicte la autoridad competente."
Preguntas: cuál es la autoridad competente a la que debemos sujetarnos los usuarios ? a Aguas de Santiago o al ERSAC ? Quien dicta las reglas ? Quien las hace cumplir ? Acaso para ejercer ese "derecho natural de usar el agua para bebida de las personas y para las necesidades domésticas de la familia..." que proclama la nueva constitución debemos los ususarios poner en juego nuestros bienes, propiedades y flacos salarios ante los “reglamentos generales que dicte la autoridad competente.” ?
De acuerdo a como vienen sucediendo los hechos, tal “autoridad competente” es claramente la empresa Aguas de Santiago y no el Estado.
Es esta la forma en que la nueva constitución garantizará el ejercicio del “derecho natural de usar el agua” que tanto proclama ?
Es así como garantizará “la protección de su salud” y “la calidad y eficiencia de los servicios públicos” que declara el artículo de Defensa del consumidor ? Se pondrá en práctica la “participación de las organizaciones de usuarios y consumidores en los organismos de control” como pregona el mismo artículo ?
Por último, se le permitirá a la Coordinadora del Agua participar en los organismos de control por cuanto es una organización de usuarios y consumidores ?
quien està en la coordinadora?
Por uno -
Monday, Nov. 28, 2005 at 1:27 PM
Quien forma esta coordinadora del agua en Santiago????
Cuando se reune????
eso.
asambleas de la coordinadora
Por sediento -
Tuesday, Nov. 29, 2005 at 4:28 PM
las asambleas se realizan los martes a las 21hs. en el salón parroquial: “San Roque”.