Papeleras sobre el río Uruguay: “Hay una imposibilidad legal de detener su intalación" : Argentina Indymedia (( i ))

Ha pasado mucha agua bajo el puente imaginario que se emplaza entre las costas de la República Oriental del Uruguay y de la Argentina. Y desde hace un tiempo, ese paso específico se ha teñido de conflicto, casi de Estado, donde el Río Uruguay ha sido testigo protagónico. Evidentemente, las mayores autoridades de ambos países han tenido que ocuparse de las demandas de un pueblo –el argentino-, que consideran “peligrosísimo” el emplazamiento de unas plantas de celulosa de gran porte en la región. La relación amistosa, casi fraternal, entre los gobiernos de Uruguay y de Argentina se vio afectada ya hace un tiempo. La disputa por la instalación de industrias transnacionales en la ribera del Río Uruguay, puso en tela de juicio la relación excelente entre los dos países del sur continental, miembros permanentes del Mercado Común del Sur (Mercosur). El objetivo que tiene el gobierno de Uruguay, es construir el complejo papelero más grande del mundo. La facción argentina, liderada por los habitantes de la zona, dirigentes políticos y diversas organizaciones de defensa del medio ambiente y de los Derechos Humanos, estima que las consecuencias ambientales serán devastadoras debido a la cantidad de sustancias cancerígenas que contaminarán el ecosistema de la cuenca del Uruguay. La planta, que se instalaría en la localidad de M`Bopicuá, a ocho kilómetros de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, es una iniciativa del grupo empresario español Eince-Elnosa. Este grupo, fue sentenciado a cumplir condenas penales y civiles por Justicia en Galicia, España, al haber sido encontrado responsable de la devastación de la ría de Pontevedra y de haber cometido delito de contaminación ecológica continua. Daría la sensación de un gran vacío legal en cuanto a cuáles son las posibilidades y los impedimentos para concretar el proyecto. En este marco, el Derecho Internacional toma una relevancia directa como exclarecedor al respecto, o por lo menos algo orientador. Norberto Consani sostuvo que desde el punto de vista del Derecho Internacional clásico, puro, estricto “cualquier emprendimiento en el territorio de una Nación es de total competencia de esa Nación, ese es un elemento fundamental”. “Además –continuó- el derecho contemporáneo, moderno a avanzado muchísimo; una de las ramas es el Derecho del Medio Ambiente por ejemplo, en el marco de la Unión Europea (UE) y algunas normas en el marco internacional. Pero está en un estadio menor de desarrollo de, por ejemplo, los Derechos Humanos”.

Consani, es abogado, docente titular de cátedra de Derecho Internacional Público y Director fundador del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) creado, en 1989, por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El IRI, tiene como fines la enseñanza, a nivel de grado y de postgrado en dicha casa de estudios, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. “No hay muchas normas obligatorias. Por lo tanto, el tema de las papeleras deviene en un tema político entre Uruguay y Argentina; no puede entablarse un tema legal. Si fuera el marco del UE, sería mucho más estricto. No hay en el MERCOSUR, en la parte del medio ambiente, un desarrollo amplio, es muy bajo, casi inexistente, de obligatoriedad”, dijo Consani. Además, haciendo analogía con otros escenarios reales, dijo que “hay un avance muy fuerte en la sociedad civil y hay un avance muy pobre –prácticamente nada- a nivel jurídico y estatal. Hay una gran conciencia ambientalista de la sociedad regional, nacional e internacional, pero hay poco en lo referido a la normativa. Sí, hay ese tipo de normativa en la UE, por eso se establece un reclamo allá. Estos organismos hasta prevén que las empresas no contaminen afuera”. Esto último, hace referencia el entrevistado ante el recurso de denuncia internacional que están planteando las máximas autoridades entrerrianas. Ante la solicitud de asistencia técnica sobre industrias forestales que el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, Atilio Savino, y el ministro de Medio Ambiente del Uruguay, Mariano Arana, formularon al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), el gobierno entrerriano manifestó haber quedado “sorprendido y estupefacto”.

Enseguida decidió seguir otro camino: En un mes presentará una acción legal ante los Tribunales de la Comunidad Económica Europea de Derechos Humanos. También se está tomando contacto con un estudio jurídico de Finlandia para realizar una presentación de amparo ambiental en ese país. Consani dijo al respecto que “Entre Ríos no tiene posibilidades de parar el proyecto, depende del gobierno nacional la política exterior del Estado; el problema puede sí darse a nivel político”. Refrendó que, “hay una imposibilidad legal de detener el emplazamiento de las papeleras; hay un vacío jurídico al respecto”. Hasta ahora la administración uruguaya del progresista Frente Amplio, encabezada por el médico oncólogo Tabaré Vazquez, ha ratificado la instalación y con ella la preocupación de miles de habitantes de una de las reservas acuíferas más importantes del planeta. Las descargas al río, el proceso de fabricación, el olor nauseabundo y el humo que invadirá a toda la región y el cloro en el agua que afectará de manera directa, son algunos de los peligros naturales que acarrearía la instalación de la planta, además de la destrucción de la actividad turística y la actividad hotelera en toda la costa de la región. No por nada en el mundo se considera a este tipo de plantas como una de las más nocivas en materia de contaminación ambiental. La postura que sostiene el gobierno argentino consiste en insistir en que se ponga en marcha una comisión mixta para evaluar el impacto ambiental de las plantas con la participación de miembros de universidades públicas de las dos naciones, tal como acordaron el 5 de mayo último los presidentes de Argentina, Néstor Kirchner y de Uruguay, Tabaré Vázquez. Sobre esto último hubo reacciones adversas, tanto desde el gobierno entrerriano como desde los ambientalistas de Gualeguaychú, por entenderse que se daba por hecho la instalación de Botnia y ENCE; aunque luego desde el oficialismo intentaron aclarar que de parte de Savino, no se intentó desautorizar la posición del gobierno entrerriano. La encargada de salir a realizar esa aclaración fue la diputada nacional por el Partido Justicialista Rosario Romero. Frente a este panorama, el gobernador entrerriano Jorge Busti confirmó que a las presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina del Ombusman del Banco Mundial (BM), se agregarán una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de la UE, un amparo ambiental en la República de Finlandia –país de origen de Botnia– y el apoyo a la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú que el 6 de diciembre se movilizará ante las embajadas de España, de Finlandia y del Uruguay en Buenos Aires. En lo que se refiere al contralor del BM, Consani, aclaró que esta entidad “tiene normas estrictas en el tema Medio Ambiente. Todo proyecto que se hace con una cierta insfraestructura, tiene que pasar ahora por este auditor internacional”. Infirió que “como ya está el préstamo, es medio difícil que la auditoría se vuelque en contra del proyecto”. "Dicha entidad –explicó Norberto Consani- realizará una auditoría e investigará por qué se otorgó un crédito de 400 millones de dólares a un proyecto sumamente cuestionado". En línea con esta política de oposición al proyecto, la Aduana argentina suspendió el pasado viernes la exportación a Uruguay de estructuras de hormigón destinadas a la construcción de las dos plantas. También, diversos sectores involucrados con la causa ecologista, mostraron su satisfacción por la congelación provisional de los créditos solicitados por parte de las empresas que pretenden instalar las papeleras, tras señalar que la demanda interpuesta al respecto en septiembre pasado ante el defensor del pueblo del Banco Mundial (BM), Meg Taylor, "dio resultados". Para los habitantes de la zona, traen severos problemas de contaminación para el ecosistema circundante. La actividad humana, principalmente la industria química y los medios de transportes, es responsable, en la mayoría de los casos, de los problemas de contaminación que afectan al planeta, y a medida que aumenta la población humana, los problemas de contaminación se hacen mayores y más diversos. Como experto en cuestiones internacionales, el Presidente del IRI, preocupado dijo que “si las poblaciones toman medidas se puede tornar peligrosísimas, por lo incontrolables que podrían resultar”. Además, analizó las decisiones uruguayas, diciendo que “no se entiende como un gobierno progresista avaló esto. Éste es el problema central; según Uruguay, no existe ningún tipo de problemas para la instalación. Lo cierto que es –la papelera- una industria muy contaminante”. Pero en líneas generales, se debe realizar un análisis de fondo al respecto, más allá del análisis del particular, puesto que la inexistencia de normativas en lo que se refiere a medio ambiente, convierte a nuestras regiones en lugares totalmente desposeídos, libres de una posible contaminación, carentes de un escudo protector que impida que empresas transnacionales se enriquezcan a costa de la pudrición de nuestros territorios. Tendrían que ser presurosos los esfuerzos por legislar en esta materia, puesto que los daños suelen ser irreparables y ninguna sanción bastaría para suplir el saneamiento ambiental que casi siempre produce daños perpetuos.

(*) Julián Macías es alumno del seminario curricular de grado "MERCOSUR, procesos de Integración Latinoamericana y Medios de Comunicación", de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.