El derecho a la seguridad
Por Equipo Patagónico de Derechos Humanos - Saturday, Dec. 03, 2005 at 8:45 AM
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El reciente asesinato de un chofer de remis, ocurrido en Bariloche, generó una denuncia pública de inseguridad por parte de algunos sectores, que rápidamente se tradujo en la decisión de las autoridades de incrementar el número de uniformados, principalmente en los barrios más pobres de la ciudad. En sólo cuestión de horas, se destinó gran cantidad efectivos de la policía de Río Negro, de la fuerza especial provincial BORA, de la Gendarmería y la Policía Federal.

Desde entonces, la gente que vive en los barrios del Alto se encuentra bajo constante vigilancia de las distintas fuerzas que -visiblemente armadas- recorren las calles, se apuestan en las esquinas y realizan permanentes operativos de control. La presencia de la policía en las calles apunta a generar una "sensación de seguridad", pero en la realidad cotidiana se materializa en operativos que no siempre derivan de la sospecha de comisión de un delito, sino que en su mayoría son hechos de amedrentamiento hacia la población civil - particularmente los jóvenes- con maltrato verbal y hasta físico por parte de los agentes.

Las organizaciones sociales y de Derechos Humanos han recibido gran cantidad de denuncias por abusos policiales ocurridos en los últimos días, las cuales no llegan a presentarse en las Comisarías por obvios temores o negativas del personal a recibirlas, ni en la Fiscalía por la falta de acceso de los sectores más pobres a los procedimientos legales.

El reclamo de mayor seguridad sólo tuvo por respuesta una operación simbólica, que no sólo no contribuye a disminuir los hechos delictivos, sino que propicia el aumento de la brutalidad policial de manera claramente discriminatoria: focalizada sobre los sectores empobrecidos y excluidos de la sociedad.


Seguridad y pobreza (de análisis)

El derecho humano a la seguridad obliga al Estado a garantizar el acceso de todas las personas a los bienes esenciales para la vida digna (tales como la salud, la vivienda, la vida, etc); este es el sentido estructural del concepto "seguridad".

Sin embargo, los ámbitos de poder intentan imponer una idea unívoca de seguridad, atada a un tipo de delitos (desapoderamientos violentos) y a un sector de la población (pobres), negando la existencia de otras conductas, otros autores y otras causas. Los problemas se sitúan en el lugar que ya ha sido social y económicamente excluido, de modo que su origen está "afuera" y su solución no implica interpelar al sistema ni, mucho menos, plantearse cambios estructurales en su funcionamiento. Esto explica por qué los problemas de seguridad se intentan solucionar solamente a través de erráticas políticas policiales, represivas y discriminatorias.

Esta noción de seguridad es parte de una construcción social del delito que naturaliza o tolera muchos hechos que son contrarios a la ley y que generan inseguridad: las malversaciones, la violación de derechos laborales, el desprecio y desconocimiento de los funcionarios sobre las obligaciones estatales frente a la población, la negativa a brindar información por parte del Estado, los repartos arbitrarios de bienes públicos que benefician sólo a sectores privilegiados (tierras, viviendas, costas, acceso a explotación de recursos naturales), la discriminación y un largo etcétera.

Muchas de estas situaciones, que no reciben la mirada oprobiosa de nuestra sociedad, son las que construyen la inseguridad de los sectores medios y pobres: la de los trabajadores que no pueden luchar por sus derechos laborales porque esto les cuesta el trabajo; la de las personas que no pueden acceder a una vivienda y son presas de la especulación inmobiliaria; la de las familias del barrio INTA que después de más de treinta años de vivir en sus casas (sin agua potable, sin gas, sin reconocimiento municipal a su condición de Barrio) se enteran que sus terrenos han sido escriturados por un particular; la de los vecinos de la Barda del Ñireco que viven en un estado de incertidumbre mientras sus viviendas corren serios riesgos de derrumbe; la de las mujeres hombres y jóvenes de Familias Mantel y Mate que han perdido a familiares en hechos violentos y se encuentran impotentes y desarmados ante un sistema policial y judicial que sistemáticamente los excluye; la de los niños y jóvenes que no acceden al sistema educativo, la de los pueblos originarios a quienes se desconocen sus territorios, su historia y su cultura.

Al excluirse la significación de lo que implica la seguridad en términos de derechos, se realizan análisis parciales sobre la cuestión. De esta manera, tanto quienes sostienen que las medidas represivas son correctas, como quienes se oponen a ellas reclamando -en lugar de policía- medidas sociales, parten del mismo supuesto: la pobreza es la causa principal de delitos. Los pobres ocupan un lugar de sospecha permanente: así como son personas en situación de riesgo, son también personas riesgosas.

Es innegable que la desigualdad, la falta de reconocimiento de derechos, el desprecio de las instituciones que activan sus mecanismos con celeridad para unos y los cierran para otros, son factores que generan situaciones de violencia. Pero la inseguridad, aún en su sentido más restringido, no es causada por los pobres sino por las relaciones de dominación, de exclusión y de discriminación y son estos los mecanismos que deben ser cuestionados, vigilados y controlados.

Se trata entonces de exigir: en lugar de planes sociales, la justicia social; en lugar de ocupaciones laborales precarias, trabajo digno, justo y bien remunerado; en lugar de represión, un sistema que garantice los derechos de todos.

EQUIPO PATAGONICO DE DERECHOS HUMANOS

Darío Rodríguez Duch - Sofía Bordenave - Mara Pereyra- Mariana Bettanin

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