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Aguas: el Gobierno oscila entre la inacción y el doble discurso
Por Reenvío Diario Castellanos de Rafaela - Friday, Dec. 09, 2005 at 2:01 PM

El panorama de incertidumbre que rodea al futuro de los servicios sanitarios en la provincia parece agravarse con el correr de los días alimentado por la actitud del gobierno provincial que oscila entre la inacción y el doble discurso. Ante la indefinición del Ejecutivo, los accionistas de Aguas Provinciales de Santa Fe se preparan para resolver el destino de la empresa (y de la concesión) el 15 de este mes.

El panorama de incertidumbre que rodea al futuro de los servicios sanitarios en la provincia parece agravarse con el correr de los días alimentado por la actitud del gobierno provincial que oscila entre la inacción y el doble discurso.

Ante la indefinición del Ejecutivo, los accionistas de Aguas Provinciales de Santa Fe se preparan para resolver el destino de la empresa (y de la concesión) el 15 de este mes.

Mientras tanto, en la mayoría de las 15 ciudades de la concesión se padecen reiterados problemas por los deficientes servicios de agua y cloacas. Como cada año, estos inconvenientes tienden a agravarse con la llegada del verano, sin que exista un plan para atenuar el padecimiento de los usuarios.

En la asamblea de Aguas convocada para la semana próxima los accionistas decidirán el retiro de la concesión. Para el alejamiento Suez y sus socios manejan tres opciones: vender de acciones al grupo Taselli, liquidar de la empresa o directamente declararla en quiebra.

Lo que nadie tiene claro aún es qué hará el gobierno de la provincia ante las opciones de Aguas.

Anteayer el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alberto Hammerly, y el presidente del Enress, José Manuel Kerz, fueron a la Cámara de Diputados de la provincia a exponer la posición del Gobierno, pero sembraron más dudas que certezas.

Hammerly dijo que, independientemente de lo que haga la empresa, para el Gobierno "la concesión sigue vigente".

Además el ministro deslizó que la oferta del cuestionado megaempresario Sergio Taselli es "menos favorable" que las condiciones ofrecidas por Emgasud, el grupo liderado por Alejandro Ivanissevich, un empresario cercano al gobierno del presidente Néstor Kirchner, cuya propuesta el Ejecutivo provincial descartó meses atrás.

"Siempre dijimos que eran conversaciones entre particulares de las cuales no participamos. Nos resulta insatisfactoria la presentación del momento. Por el momento, y con la documentación que nos ofrecieron, para nosotros es insuficiente", dijo el funcionario.

Hammerly no pudo decir qué hará la Provincia en caso de que la empresa se disuelva o venda las acciones al grupo Taselli. "Eso deberá decidirlo la máxima instancia de gobierno de la provincia", señaló el ministro, haciendo alusión al gobernador Jorge Obeid.

Por su parte Kerz informó que Aguas Provinciales de Santa Fe le debe a la Provincia unos 41 millones de pesos a diciembre de este año. Mientras que -según dijo- el Gobierno le adeuda una cifra similar a la concesionaria por los "casos sociales", los servicios a Fonavis y edificios públicos.


Críticas de la oposición


Los diputados de la oposición cuestionaron el ofrecimiento realizado días atrás por el Gobierno sobre una readecuación unilateral del contrato y se declararon disconformes con las explicaciones que dio Hammerly.

Ayer, en diálogo telefónico con CASTELLANOS, el diputado del Partido Socialista, Raúl Lamberto, se preguntó si "¿era oportuno que el Gobierno, en forma unilateral, hiciera una propuesta por escrito, con beneficios para la empresa, cuando sabemos que se está en conflicto con Aguas incluso ante los tribunales arbitrales Ciadi?".

Consideró que "nadie ofrece un aumento de los ingresos si no entiende que hace falta una readecuación contractual, por lo que veo bastante inadecuado desde el punto de vista legal que el Gobierno haya salido a hacer esa propuesta".

Por otra parte Lamberto destacó que el Gobierno hizo la propuesta de mejora para Aguas, "cuando ya se conocía la intención del Grupo Taselli de comprar las acciones del grupo Suez".

"Como es insostenible, inoportuno y antijurídico que el Gobierno le haga la propuesta a un grupo que va a comprar las acciones y que ni siquiera participó de la concesión, uno se pregunta si esta propuesta que se le hizo a Suez, no se le hizo indirectamente al futuro comprador de las acciones", puntualizó el legislador.


Un nuevo contrato


El diputado socialista opinó luego que "la propuesta del Gobierno incorpora un nuevo actor en la concesión de los servicios públicos que es el Estado, como quien va a realizar las obras, y nosotros sostenemos que esto cambia la naturaleza del contrato inicial ya que originalmente era un contrato de riesgo que colocaba en manos de la concesionaria todas las obras de expansión y mejora, más la prestación del servicio a cambio de una tarifa".

Aclaró que "en ningún lugar del contrato se prevé la participación del Estado para realizar la obras que debía hacer la empresa, por lo tanto estaríamos en presencia de algo distinto del contrato inicial".

Lamberto resumió que esta situación "nos ubica ante graves incumplimientos, ante una política que ha afectado la buena fe fundamental en el contrato público y ante una propuesta que modifica sustancialmente los términos contractuales".

"Estamos ante un nuevo contrato y consideramos que en ese caso sólo es viable en el marco de una nueva licitación, porque de lo contrario estaremos ante una contratación directa con la gravedad que se haría con una empresa nueva que ni siquiera participó de la concesión", sentenció Lamberto.

En ese orden el legislador destacó que "sería bueno saber qué piensa la Fiscal de Estado sobre ésto, teniendo en cuenta que ya en una oportunidad rechazó el pasaje del contrato de riesgo al contrato de gerenciamiento con una ganancia asegurada; porque nos parece que la situación actual es la misma".

Ante ello destacó que "es importante que se revise legalmente lo que se va a hacer de aquí en más con la concesión; además hace falta saber cuál es la línea política que tiene la Provincia en este tema, porque por un lado la vicegobernadora (María Eugenia Bielsa) dijo que la Provincia estaba en condiciones de hacerse cargo en cualquier momento de la concesión, por otro lado Hammerly plantea que la propuesta del grupo Taselli era insuficiente y por otro lado el presidente de la bancada justicialista, Mario Lacava, que se manifestó a favor de defender la concesión. Son posiciones encontradas que dan cuenta de la política incoherente del Gobierno, que puede terminar perjudicando gravemente a los usuarios", completó Lamberto.

Finalmente insistió en la necesidad de que el Estado recupere el control de los servicios sanitarios y recordó que los bloques opositores en la Cámara de Diputados lograron aprobar una iniciativa que plantea la alternativa de conformar un servicio público con el aporte de los estados nacional, provincial y de los municipios.

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