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DESVERGUENZA E IMPUNIDAD
Por Gustavo Espinoza M -
Monday, Dec. 12, 2005 at 7:31 PM
gustavoe@terra.com.pe
Nuevamente en el Perù se levanta una demanda de las instituciones castrenses: olvidar la guerra sucia y acabar con los juicios a los responsables de los crìmenes contra el pueblo. Como en otros países, la impunidad busca afirmarse
PERU
DESVERGUENZA E IMPUNIDAD
Por GUSTAVO ESPINOZA M.
Ha sido una constante del gobierno de Alejandro Toledo el buscar que tender un manto de olvido sobre los crímenes contra las poblaciones civiles consumados por las instituciones castrenses en las dos décadas de violencia genocida vividas en el Perú a fines del siglo pasado.
En esa línea, las autoridades del régimen que termina sus funciones, echaron simplemente al olvido las recomendaciones planteadas por al Comisión de la Verdad e hicieron oídos sordos a las demandas de los familiares de las víctimas de esta política de horror que azotó sobre todo las regiones del interior del país.
Pocas veces, sin embargo, se ha diseñado más claramente ese intento como ahora con motivo de las celebraciones del Día del Ejército, efectuadas el pasado sábado 10 de diciembre.
Cuando el país entero podría haber esperado del Comandante General del Ejercito un pedido de perdón a la ciudadanía por los crímenes cometidos contra el pueblo; el General Luis Muñoz Díaz, al frente de la institución armada demandó más bien “poner fin a la persecución a militares”, reclamando así que queden sin efecto los procesos judiciales iniciados en la materia. Expresamente el uniformado expresó su “solidaridad con los oficiales, sub ofciales, técnicos y personal de tropa que “por defender la democracia, son objeto de largos juicios y persecuciones indebidas que les causan zozobras personales y familiares”.
Profundizando en el tema, el Jefe del Ejército dijo, además que esos militares “sacrificaron su propia existencia… y ahora se elevan por encima de mezquinos intereses personales, de grupo, o de aquellos que para alcanzar sus propósitos no reparan en dañar honras y en poner en peligro del futuro del país”
No fue necesario que precisara casos específicos ni que citara nombres para que todos repararan en la intención del máximo exponente de las armas. Obtener el fin inmediato de los juicios por las matanzas de Accomarca, Llocllapampa. Pomatambo, Puccas, Cayara y otras, en las que aparecen involucrados jefes militares aún en actividad y que, en aquellos años estaban al frente de los grupos operativos que implementaron la guerra sucia contra el pueblo. El más caracterizado de estos altos oficiales es sin duda el general José Williams Zapata, que tuvo a su cargo los sucesos de Accomarca, contra quien se dictó vanamente orden de arresto judicial que no se cumplió, y que ahora se desempeña como Jefe de la Región Militar con sede en Piura y está en linea de sucesión para asumir eventualmente la Comandancia General del Ejército.
La presencia del general Williams Zapata en el acto de celebración del Dia del Ejército, fue notable. No sólo porque todos percibieron que el general Muñoz Diaz se refería directamente a su caso; sino además porque el Presidente de la República, rompiendo todo protocolo hizo subir al estrado al citado militar y le rindió homenaje diciendo luego emocionado, por cierto- que él “no permitiría jamás la persecución” contra de los uniformados.
Hay que recordar solamente que el caso Accomarca está actualmente en manos de la justicia ordinaria; y que los oficiales acusados por los hechos ocurridos allí, no tienen escapatoria por cuanto todos los elementos y pruebas acumuladas, los acusan. Lo mismo sucede en el tema de Cayara, en el que está involucrado el general José Valdivia Dueñas. Aunque los entes judiciales, en un claro fallo político, decidieron absolver al Jefe de Estado de ese entonces, Alan García Pérez, no pudieron hacer lo mismo con el general, cuya responsabilidad directa en la masacre ocurrida en la Pampa de Jeschua el 13 de mayo de 1987 quedó plenamente confirmada.
En situación similar se encuentra el general Luis Pérez Documet, acusado por la matanza de estudiantes en la Universidad Nacional del Centro del Perú, con sede en Huancayo, y que estuviera también vinculado al caso de La Cantuta, en julio de 1992, cuando fueron secuestrados y asesinados 8 estudiantes y un profesor; y el contralmirante Luis Giampietri, que participó en los sucesos de los Penales en Junio de 1986, en lo que se conoce comúnmente como “la matanza de El Frontón”, en el que perecieran casi 180 reclusos.“.
No debiera sorprender en absoluto que, en el marco de la campaña electoral que se inicia, los candidatos de las principales fuerzas coincidan en la necesidad de extender una suerte de “olvido y perdón” en beneficio de los incoados. Lo han dicho de una u otra manera Alan García, Lourdes Flores, Rafael Belaunde –el nuevo candidato del gobierno- y otros- Y la medida podrìa beneficiar, además, a Antauro Humala que en aquellos años, operó también en la selva del departamento de Huanuco realizando acciones que han sido denunciada, aunque aun no investigadas.
Un “consenso” se busca sin duda para lanzar el tema a la canasta del olvido, y hacer que el país, una vez más, pierda la memoria.
Eso, claro, como un primer paso para luego repetir la historia (fin)
(*) Del colectivo de Dirección de Nuestra Bandera