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La constitución del hombre sediento (parte II)
Por (((i-sde))) - Thursday, Dec. 15, 2005 at 9:18 PM

Cuando uno recuerda el estallido social del noventa y tres, la primera sensación que aparece es el calor. La imagen de las llamas devorando las sedes de los tres poderes del estado y de las casas de diputados y funcionarios bajo los 40º de calor que aportaba el clima, hacen inevitable que la memoria sobre aquellos hechos reposen en el calor que envolvía la ciudad aquel día. Y la angustiante sed que nos agobiaba también reaparece en la piel del recuerdo.

A doce años de la rebelión popular más grande que conozca la historia de Sgo. del Estero, recordar el santiagueñazo es resistir, y repasar los hechos y nombres que le dieron contexto, un acto vital para nuestra historia.

Diciembre, la justicia por asalto

Los quince diputados radicales asumen el 10 de diciembre de 1993 con la misión de evitar la intervención a la provincia. Tarea imposible. Un mes antes, el 11 de noviembre, los legisladores salientes habían aprobado la ley ómnibus, dando lugar así al ajuste económico y a los despidos masivos en la provincia. La ley ómnibus era el instrumento parlamentario diseñado por Cavallo para ajustar a las provincias a su plan, al que la legislatura santiagueña se había resistido tratar durante meses. El día de su sanción, cuatro horas de enfrentamiento entre la policía y los empleados públicos dejó como saldo 12 detenidos y 35 heridos. (4) El clima volátil en la provincia quedaría instalado desde entonces.

Mientras los diputados de Zavalía comenzaban su efímero mandato, el 14 de diciembre Alfonsín y Menem se reunían en Olivos para acordar “el marco político” de la reforma de la constitución que tendría lugar al año siguiente. La negociación no tuvo en cuenta la crítica situación institucional de las provincias y se concentró en moldear los nuevos mecanismos de poder en la Argentina. Tras el estallido social, el pacto “preservaría” de la intervención federal a los municipios de la ciudad capital y de La Banda, a cargo de los intendentes radicales Mario Bonacina y Eduardo Chabay Ruiz, respectivamente.

El jueves 16 de diciembre, después de horas de reprimir a jubilados, docentes y empleados públicos, la policía se repliega y abandona la plaza San Martín. Minutos antes, el gobernador Fernando Lobo y sus ministros habían huido de la Casa de Gobierno escondidos en una autobomba de los bomberos. “Nos quedamos sin municiones” –dijeron las autoridades policiales para explicar la orden de repliegue.

Aún hoy, para los operadores políticos, aquél día la policía recibió una orden de “arriba” para dejar sin custodia la Casa de Gobierno. Típica lectura reduccionista de quienes niegan (y temen) los alcances de la voluntad popular y las capacidades de su organización. Para ellos las cosas siempre se deciden en esa abstracción del poder que se sitúa “arriba” y nunca en el llano, “abajo”, donde se desenvuelve el pueblo.

Como sea, mientras la policía utilizó las municiones, el pueblo resistió la violenta represión durante toda la mañana a pesar de los heridos que les causaban aquellas. Tras la retirada policial, la gente tomó la Casa de Gobierno y desahogó la indignación acumulada por años de injusticias y corrupción. Entre el humo gris que invadía los pasillos podía verse todo tipo de gente: jóvenes, mujeres, empleados, desocupados, jubilados. Recorrer esos pasillos vedados durante décadas al pueblo, representaba una inimaginable manifestación de libertad en la tierra de Juárez. Contra el dramatismo que los medios le imprimieron a la información -en sintonía con el gobierno nacional-, durante su explosión, el santiagueñazo tuvo más de goce que de sufrimiento por parte de la gente. Aunque hubo momentos de tensión, como el de un grupo de manifestantes que quedó atrapado entre las llamas en el segundo piso de la Casa de Gobierno y que tuvieron que escapar por la ventana mediante improvisados sostenes que la gente desde afuera había armado con telas y sogas.

En primeras horas de la tarde, el Ministro del Interior Carlos Ruckauf, anunció en conferencia de prensa que cuatro manifestantes murieron carbonizados en la sede de gobierno. La estrategia mediática del gobierno nacional tuvo un efecto psicológico dispar entre los manifestantes. La noticia generó confusión, muchas de las personas aseguraban no haber visto nada semejante durante la toma de la Casa de Gobierno. Otros, en cambio, sintieron el impacto de los compañeros muertos. De todas maneras, la desmovilización recién se daría al anochecer, con la llegada de Gendarmería a la ciudad. Pero el plan de Ruckauf tenía otros alcances, el de evitar la expansión de la protesta en la región. En Tucumán, el gobierno de Palito Ortega vivía por esos días una profunda crisis institucional debido al caso del Malevo Ferreira, comisario que se mantenía prófugo ante la acusación de asesinato, develando así el grave estado de corrupción de la policía local. En Jujuy, la Corriente Clasista Combativa del “Perro” Santillán acorralaba al gobierno los cortes de ruta. En La Rioja, los empleados públicos sufrían un conflicto similar al de los santiagueños y sus manifestaciones estaban cobrando una dimensión inconveniente para la imagen del presidente Menem, último gobernador de la provincia. En ella, el efecto de la operación Ruckauf pudo comprobarse de manera visible. Para el viernes 17 de diciembre, los gremios tenían programada una nueva protesta. Pero ante los “trágicos” acontecimientos de Santiago, se decidió rendir un homenaje a los supuestos muertos del estallido social. El objetivo de apaciguar la protesta en la región se cumplió.

El enfrentamiento en la casa de Zavalía también tuvo un pico de dramatismo por causa del actual senador radical. Desde el techo, Zavalía y los pocos seguidores que lo custodiaban, realizaron disparos con armas de fuego a los manifestantes que se acercaron hasta su domicilio en el barrio Cabildo. En el documental Santiago en llamas, de J.C. Díaz Gallardo y J. Ducornau, puede verse claramente al dirigente radical disparar un revólver contra la gente que rodeaba su casa. (5)

Después de incendiar la Casa de Gobierno, los manifestantes se dirigieron al Palacio de Tribunales y a la Cámara de Diputados, donde repitieron la expropiación de muebles, computadoras, aires acondicionados y elementos de oficina antes de encender el fuego purificador.

La anarquía era una realidad. Sin poderes estatales en funcionamiento y sin policías en las calles, la gente se movió con toda libertad para castigar a sus corruptos gobernantes. Ante esto, el llamado “voto castigo” quedaba en evidencia en su real dimensión, un recurso de valor retórico que el sistema democrático cede a la burguesía empadronada, un instrumento inconsistente y falaz para los cambios políticos de fondo.

Otra de las cosas que quedaron demostradas con el santiagueñazo fue que la ausencia de policía no se tradujo necesariamente en inseguridad y violencia. La misma gente garantizó que los saqueos no afectaran a los comerciantes ni a los domicilios particulares que no fueran de algún político. Prueba de ello es el siguiente hecho. Durante la marcha hacia la Cámara de Diputados, los manifestantes alcanzaron a ver al Dr. Carlos González Ávalos – ex diputado provincial de la UCEDE y actual abogado del empresario Néstor Ick- sentado en una confitería frente a Plaza Libertad. Seguramente el doctor González Ávalos no se sentía afectado por la protesta y decidió mirar el espectáculo de “la pueblada”, como más tarde calificaría al estallido su jefe Álvaro Alzogaray, de la misma manera cómo había ejercido su representación en el parlamento: tomando café en actitud pasiva. Por supuesto, los manifestantes no pensaban lo mismo y avanzaron sobre él. El terror del referente liberal encontró límites cuando parte de los mismos manifestantes se opusieron a que fuera golpeado. El bar cerró sus puertas y la manifestación siguió su camino sin provocar daños al lugar.

Otro hecho importante que demuestra el carácter popular y espontáneo del santiagueñazo, y que nunca los medios dieron a conocer, fue la decisión de la gente de quemar las bancas de la Cámara de Diputados en la calle. La razón fue que bajo el recinto deliberativo de ese cuerpo, ubicado en un primer piso, se encuentra el teatro 25 de Mayo, la sala más antigua de la ciudad, fundada en 1910. A diferencia de la Casa de Gobierno y tribunales, la legislatura no fue incendiada, solo se quemaron algunas pequeñas oficinas pero el fuego no se extendió al resto del edificio.

Con las tres sedes del poder estatal tomadas por el fuego, cuando el sol de la siesta iluminaba con sus 40 grados, la marcha se dirigió a las casas particulares de funcionarios, diputados y dirigentes políticos. Durante el resto del día, la expropiación de bienes de la corrupta clase dirigente santiagueña fue la imagen que representaría la postal de este histórico día para el pueblo. Y el fuego, la marca irrevocable del mandato popular.

Las casas que fueron tomadas durante el santiagueñazo fueron las de Carlos Juárez (senador nacional), César Eusebio Iturre (diputado nacional), Carlos Mugica (ex gobernador), Hugo Crámaro (ex diputado nacional, presidente Vialidad Provincial), Antonio López Casanegra (Ministro de Obras Públicas), Darío Moreno (Juez del Superior Tribunal de Justicia), Manuel Bellido (diputado provincial), Gustavo “Chinga” Gauna (ex dip. provincial), Miguel Ángel Granda (ex dip. prov.), Miguel Breveta Rodríguez (vocero de gobierno), Norma Riaschi (dip. prov.), Roberto Díaz (sindicalista docente) y un depósito de la empresa Matelsan, propiedad de César Iturre. Curiosamente, la policía solo apareció para custodiar la casa de Fernando Lobo y de José Zavalía.

Con la llegada de la Gendarmería Nacional, hacia la noche la ciudad retomó en parte su tranquilidad habitual, aunque por algunos barrios los ataques a las propiedades de políticos no se detenían. La Casa de Gobierno humeaba y una caravana de vecinos pasaba a tomarse fotos en el lugar. Desde los bares del frente, otros observaban esa masa oscura y humeante en que se había convertido el edificio y cruzaban anécdotas sobre la inolvidable jornada. Cada cerveza que se destapaba servía para brindar por el histórico día.

El viernes 17 de diciembre, con los gendarmes vigilando las calles de la capital santiagueña, la protesta cruzó el río Dulce y continuó su marcha en la ciudad de La Banda. Para entonces la policía de la provincia ya estaba restituida en sus funciones y la represión en la tierra de poetas y cantores fue muy dura. A pesar de ello, la gente no se dejó amedrentar y el escarmiento igual llegó a las casas de algunos dirigentes políticos. Los enfrentamientos con la policía se extendieron durante todo el día.

Intervenciones (las cenizas)

El interventor Schiaretti llegó a Santiago del Estero el día sábado 18 de diciembre y tomó posesión frente a los restos humeantes de la Casa de Gobierno. Se iría un año después, dejando el gobierno en manos de Carlos Juárez contra sus planes de traspasarle el mando a Enrique Bertolino, su candidato. Este fracaso electoral de la intervención de Schiaretti quedaría como herencia para las siguientes gestiones federales en la provincia. Una década después, el interventor Pablo Lanusse fracasaría con su candidato José “Pepe” Figueroa en los comicios para elegir gobernador. Gerardo Zamora, uno de aquellos quince diputados de Zavalía que ejercieron su mandato solo por seis días en el año 1993, sería el primer candidato de la UCR que se erigiría como gobernador desde la restitución de la democracia en el año 1983.

Tras la intervención de Schiaretti, el viejo Juárez regresó a la gobernación con sus oscuros planes de venganza contra los traidores. Para cumplir con ellos articuló un sistema de seguridad y persecución que dejó bajo la dirección de Antonio Musa Azar, el genocida beneficiado con la ley de obediencia debida. A pesar de las denuncias de los organismos de derechos humanos de la provincia, Juárez mantiene la decisión. “Ignoran el derecho” –dijo-. “Fue absuelto por una ley” –argumentó. A partir de entonces, Santiago del Estero se convirtió en tierra maldita para la libertad.

El juarismo inició numerosas causas contra el ex gobernador César Eusebio Iturre, principal objetivo de su venganza. Los fueros de diputado nacional mantenían a Iturre lejos de los tribunales y en el terreno político aun contaba con importantes reservas de cuadros en el peronismo santiagueño. Pero a partir del 10 de diciembre de 1995, con la culminación de su mandato en el Congreso, el ingeniero Iturre pasó a la clandestinidad y se convirtió en prófugo de la justicia local. Desde el exilio en Paraguay, el dirigente que intentó renovar el peronismo local traicionando a Carlos Juárez, siguió liderando el movimiento de la Corriente Renovadora. Enviaba directivas a sus seguidores mediante cartas o a través de los dirigentes fieles que lo visitaban secretamente.

Pero con Juárez dispuesto a terminar con cualquier posibilidad de oposición, el destino de César Iturre parecía ineluctable. El 22 de abril de 1997 lo encontraron sin vida en su departamento de la ciudad de Asunción. El parte médico señala a una afección cardíaca como causa del deceso. Pero la sospecha de que los servicios de inteligencia de Musa Azar están detrás de la muerte se escuchan en voz baja en las calles de Santiago. Hoy, el hijo del fallecido ex gobernador, César Eusebio Iturre (h), lleva adelante la causa sobre el deceso de su padre incriminando a Carlos Juárez y al aparato de seguridad montado durante su gobierno como responsables por la muerte de su padre.

Iturre hijo es actualmente diputado provincial por el peronismo. Durante la intervención de Pablo Lanusse, se presentó en las internas del partido encabezando la lista de la Corriente Renovadora. La refundación del movimiento que marcó una de las etapas más negras de la historia contemporánea de la provincia, se concretaba bajo los aires renovadores de la primera intervención federal del gobierno de Néstor Kirchner. El joven Iturre perdió en las internas pero se integró a la lista del candidato ganador, José “Pepe” Figueroa. Como se sabe, en las generales Figueroa perdería por diez puntos con el radical Gerardo Zamora, pero Cesar Eusebio Iturre hijo se aseguró una banca en la legislatura provincial que hoy ocupa como un bloque personal entre las varias divisiones del peronismo.

Por su parte, José Luis Zavalía volvió a ser intendente de la capital en el año 1999, para abandonar la gestión en enero de 2002 ante las protestas de los empleados municipales que amenazaban con quemar el municipio. Zavalía se iría a Buenos Aires a ocupar el cargo de Senador al que había amagado renunciar en un principio. Al frente de la intendencia quedaría el presidente del Consejo Deliberante, el concejal Gerardo Zamora. Zavalía ya trabaja en su candidatura para las elecciones a intendente del 2006.

Entre otros hechos, tras el santiagueñazo, la UCR local daría a luz a un camaleónico dirigente: Eduardo Chabay Ruiz, intendente de La Banda y fundador del partido Santiago Viable. Junto a los otros dirigentes nombrados, el verborrágico Chabay Ruiz responde a los intereses de Néstor Ick, el empresario local que creció a la sombra de los últimos gobiernos del caudillo Juárez.

Del santiagueñazo al caso del doble crimen de La Dársena pasaron diez años. El tiempo en que en la Argentina se afianzó el neoliberalismo, se legitimó la impunidad y la corrupción, creció la pobreza extrema de la población y que la sociedad explotó ante la criminal exclusión.

Los medios oficialistas dicen que Santiago del Estero hoy goza de una apertura política que garantiza la paz, la libertad y la libre expresión. Que la “nueva” clase dirigente merece una oportunidad. Será por eso que el gobierno de Gerardo Zamora reformó nuevamente la Constitución Provincial. La cuarta en diecinueve años. (6)

De las dos históricas manifestaciones del pueblo de Santiago del Estero, el santiagueñazo y las marchas por el doble crimen de La Dársena, hoy nadie habla. Es la peligrosa indiferencia del poder que niega el protagonismo de la gente que lucha por el cambio, arrebatándole su lugar en la verdad histórica.

La gastada versión de aquellos viejos conocidos que aseguran que las decisiones siempre se toman “arriba”, donde el hombre sediento no tiene lugar.

Notas

(4) Nuevo Diario del 17/12/93 (pág. 3).

(5) Santiago en llamas, de Juan Carlos Díaz Gallardo y José Ducornau, 54 minutos, 1994, Sgo. del Estero.
En un inmejorable registro documental, la imagen deja ver la siguiente acción: Zavalía apunta directamente a cámara y dispara. El camarógrafo “Lito” Díaz Gallardo hace un movimiento para esquivar el disparo.

(6) La primera reforma de la Constitución Provincial en la nueva etapa democrática tuvo lugar en el año 1986. Aunque gobernaba Carlos Juárez, los radicales fueron mayoría en la asamblea constituyente y le impidieron la reelección al viejo caudillo. Por esa razón candidateó para gobernador a César Iturre en las elecciones del año 1987. La segunda reforma se llevó a cabo en el año 1997, bajo otro gobierno de Juárez. Esta vez, con mayoría propia, se aprueba la reelección. En el año 2002 se realiza la tercera reforma para reorganizar las circunscripciones de empadronamiento y acomodarlas a la conveniencia del juarismo. También se modifican las funciones del cargo de vice gobernador para evitar que Nina, ocupante del mismo, deba concurrir a las sesiones diarias de la legislatura.

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De luxe
Por clau ((icba))) - Wednesday, Dec. 21, 2005 at 9:58 PM

Muy buen trabajo, excelente.
Un aguante.
Clau de córdoba

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se agradece
Por (((i-sde))) - Thursday, Dec. 22, 2005 at 1:57 PM

otro aguante desde el norte.

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Bien por la historia
Por Bili - Saturday, Dec. 31, 2005 at 12:26 AM

Bien fundamentado. Relevante para lamemória histórica. Esos canallas que narrastes, son símbolos de un tiempo que reniega en acabar.(Ya sabemos que el parto lo hacen los pueblos y lo negocian las elites)
Bili

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