Juez ordena detener a técnicos de Incupo con policías y gendarmes
Por Fuente: x - Thursday, Dec. 22, 2005 at 10:03 AM
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Procedimientos en la zona de Santos Lugares, Alberdi. Oscar Juárez acusa al Instituto de Cultura Popular de "incitar al hurto de productos forestales", junto a un alto número de campesinos. Es una denuncia del año 2004.

Campesinos de la zona de Santos Lugares, departamento Alberdi, y un número no precisado de técnicos del Instituto de Cultura Popular, Incupo, fueron objeto de una orden de detención y captura librada por el juez Oscar Juárez, del Juzgado del Crimen de 4ª Nominación, y ayer eran buscados por policías y gendarmes tras un allanamiento que se realizó por la mañana en una oficina de la institución educativa en aquella localidad desde donde se llevaron una computadora y una serie de documentación, según denunció la entidad educativa.
Dos personas fueron detenidas mediante un espectacular operativo que comenzó a las 7. Los apresados serían Mariano Acosta y Benigno Barrera. Entre los técnicos de Incupo buscados figura un veterinario que cumple tareas en la zona.
El juez se basa en un expediente que tiene fecha del año 2004, expediente 960/04 Acosta Santos Marino y otros por supuesto hurto de productos forestales en perjuicio de Adolfo Darío Suárez.
El magistrado acusa a Incupo de "incitar al hurto de productos forestales a través del programa de radio en la FM 103.9 Trinidad de los Montes" de la parroquia Santo Cristo de Santos Lugares, que pertenece a la jurisdicción del Obispado de Añatuya.
Algunos de los técnicos de Incupo denunciados son Gabriel Barrera, Diego Corvalán y Eduardo Schierloh.
Ayer a las siete de la mañana se presentó la comitiva de Gendarmería y policías especiales de Santiago capital. "Revolvieron toda la casa del médico veterinario Eduardo Schierloh, incluyendo las habitaciones. Secuestraron una computadora 486 y materiales educativos (libros, revistas y discos compactos de audio) de uso diario en las capacitaciones de Incupo", aseguraron representantes de la entidad.
La casa donde vive Schierloh con su familia pertenece a la parroquia Santo Cristo y funciona también como oficina de Incupo.
"Llama la atención la relación que existe entre lo denunciado, el material secuestrado y la magnitud que tuvo el operativo", declararon fuentes de Incupo. "En virtud del pedido de captura, la policía y gendarmería operó en la zona generando zozobras y miedo a gran parte de las poblaciones de esa zona de la provincia de Santiago del Estero", agregaron.
La Embajada de Alemania en la Argentina tomó participación en el tema teniendo en cuenta que Incupo recibe financiamiento de dos entidades de aquel país europeo para el desarrollo de sus tareas en bien del campesinado santiagueño.
El titular de la Oficina Antiimpunidad Luis Bordón solicitó ayer audiciencia con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, para ponerlo al tanto de lo que consideran un atropello y de los antecedentes que este año se produjeron en contra de los campesinos.
La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, provincia donde funciona la sede central de Incupo, también hizo conocer su disgusto por la forma en que se produjeron los hechos ayer en Santos Lugares.

La ONG apuntó dos antecedentes antes de la orden de detención
Incupo cree que se agravó la indefensión jurídica y social de los campesinos

Antes de llegar a la orden de detención y captura de 25 campesinos de Santos Lugares, departamento Alberdi, y de técnicos del Instituto de Cultura Popular (Incupo) que trabajan en esa zona, firmada ayer por el juez de Crimen de Cuarta Nominación, Oscar Juárez, sucedieron otros dos hechos en menos de un mes, afirmaron miembros de Incupo.
Relataron que el martes 29 de noviembre último en la comunidad de San Bernardo, dpto. Pellegrini, se produce un hecho "por demás violento".
"Un grupo de seguridad fuertemente armado liderado por Francisco Ale y Bruno Viroche; junto a Franco Martín Zeballos, Alain Zeballos, hermano del anterior, ambos contratados por Ale, todos oriundos de la provincia de Tucumán, amenazan y disparan criminalmente con sus armas de fuego en contra del grupo de campesinos que defendían sus posesiones en el lote de San Bernardo", afirmaron.
Agregaron: "Es importante resaltar que el empresario de Tucumán no es titular de dominio, sino que compró acciones y derechos y pretende reclamar por posesión veinteñal el campo que está alambrando con este tipo de custodia".
Indicaron que los campesinos ejerciendo el derecho a una legítima defensa, lograron reducir a tres de los custodios y se trasladaron hacia el destacamento de Santos Lugares.
"Allí, según acta de exposición y denuncia queda documentado que el hijo del supuesto titular del campo y dos personas contratadas estaban armados, que los pobladores no tenían armas y que posteriormente fueron trasladados por voluntad propia hacia la sede policial", señalaron.
Sostuvieron que los hechos fueron presentados a los miembros del Superior Tribunal de Justicia durante una audiencia y se les manifestó la preocupación por la gravedad de los hechos, especialmente porque los empresarios pagan adicionales a policías y a seguridad privada, y cuestionaron el accionar de algunos jueces.

Otro episodio
Los integrantes de Incupo contaron que, en otro hecho, ocurrido el jueves 15 de diciembre de 2005, más de cincuenta pobladores de San Bernardo y otros campesinos socios de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPPSAN) ratificaron la denuncia hecha en el destacamento policial de Santos Lugares, Alberdi.
Ese mismo día -añadieron- se realiza una movilización hacia Tribunales y la Legislatura de Santiago del Estero.
En esa ocasión, un grupo de campesinos y técnicos de ONGs fueron recibidos por el secretario de la Presidencia, Dr. Luis Bordón, y el subsecretario de justicia, Santiago Nasiff.
Indicaron que Bordón escuchó atentamente los relatos de los campesinos, muchos de ellos amenazados por matones y detenidos por policías cómplices, y el funcionario nacional se comprometió a hacer llegar al presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, el reclamo de justicia de los campesinos santiagueños.
Asimismo instó a denunciar estos atropellos en la Oficina Antiimpunidad, de la cual es presidente.
"Nasiff, por su parte, se defendió aduciendo que ellos (el Ministerio de Justicia santiagueño) habían estado trabajando a favor de los campesinos en el caso El Ceibal en el norte de la provincia", afirmaron.
Destacaron que en la Legislatura, un grupo de campesinos fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Dr. µngel Niccolai, quien se ofreció ayudar en lo que estuviera en sus manos.
"Esta voluntad no se vio reflejada en su bloque a la hora de vetar el artículo 182 bis del Código de Procedimiento Criminal y Correccional (conocido como Ley de Desalojos), que pone en riesgo la posibilidad de defensa de derechos de muchos miles de campesinos dentro del territorio provincial. Lo cierto -agregaron- es que la Cámara de Diputados aprobó con casi la totalidad de los presentes la ratificación y vigencia de este artículo, con lo cual la preocupación por lo que puede suceder en un escenario próximo aumenta día a día", finalizaron.

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