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¿Y si EE.UU. rechazase los acuerdos de libre comercio?
Por Pablo Ramos | APM -
Thursday, Jan. 26, 2006 at 11:07 AM
pramos@perio.unlp.edu.ar
La mayoría de los países latinoamericanos negocian acuerdos comerciales con Washington. Sin embargo, el propio Capitolio puede ser quien atente contra el libre comercio.
Periodistas y economistas de Argentina y Estados Unidos, como Andrés Oppenhaimer, Jorge Ávila y Mariano Grondona –voceros del modelo neoconservador y librecambista- sostienen, iteran y reiteran que el único camino hacia el progreso, hacia el desarrollo, es el libre comercio. Señalan a Chile como el ejemplo a seguir por todas las naciones latinoamericanas si desean abandonar el atraso material de nuestras sociedades. Y ese libre comercio que tanto se predica se debe establecer con todas las naciones del mundo, pero por sobre todo, con los Estados Unidos por cuestiones económicas y también estratégicas.
Junto a Canadá y México, Washington conforma el NAFTA. Con seis países de Centroamérica y la República Dominicana, desde este mismo año está en vigencia el CAFTA, mientras que con Santiago de Chile ya tienen en vigencia un acuerdo similar.
Además, negocia con Perú, Colombia y Ecuador un tratado de libre comercio (TLC), en tanto que Uruguay manifestó –aunque luego se desdijo- su intención de marchar en este sentido.
No obstante esta “fiebre librecambista” regional, los deseos de muchos de estos gobiernos podrían ser truncados por un actor imprevisto: el propio Congreso de los Estados Unidos.
Según refleja el diario EL Tiempo, de Bogotá, en ocasión de iniciar la última etapa tendiente al cierre del TLC bilateral con la Casa Blanca, aunque se arribe a un acuerdo “no hay garantías de que el pacto comercial arranque de inmediato”.
El diario colombiano pone como ejemplo al CAFTA. Ese instituto comercial fue rubricado a principios de 2004, en setiembre del año pasado obtuvo la aprobación del Capitolio, pero no cumplió con la meta de entrar en vigencia con el primer día de 2006.
“Cuarenta y ocho horas antes de que el TLC entrara a operar, el gobierno de Estados Unidos les informó que consideraba que aún no estaban listos. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), señaló que los centroamericanos no han tenido los suficientes progresos en la implementación de reformas que les permitan cumplir con lo que se comprometieron, aunque asegura que está trabajando con cada uno de ellos para que hagan las reformas y que a medida que la USTR determine cuál país está listo, este podrá poner en vigencia el TLC en el siguiente mes”, según publica el mencionado medio de prensa.
Según la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, una ONG de ese país, “la opinión centroamericana desconocía que no basta con firmar el tratado, sino que necesario cambiar las leyes de los países”.
Lo que sostiene esta ONG es rigurosamente cierto: en una negociación entre desiguales, vence el más fuerte. “Claro que Estados Unidos no está obligado a efectuar cambios en su legislación, pues esta es la que prima en el tratado. Además, si algún texto quedó redactado en forma ambigua, Estados Unidos vela porque la interpretación sea la suya e incluso obliga a los países a hacer cambios legislativos por si alguno cree que puede hacerle conejo”.
Es decir, estos acuerdos tan defendidos por los Oppenhaimer, los Ávila y los Grondona no sólo implican la apertura comercial, sino sustanciales cambios en la legislación de los países interesados en acceder al apetecible mercado norteamericano. Pero este “favor” que Washington otorga no resulta gratuito.
Para sus socios centroamericanos, la letra chica del CAFTA establece que los miembros menores –es decir, todos excepto Estados Unidos- deben introducir reformas para que las empresas estadounidenses puedan acceder a las compras gubernamentales, se reconozca la propiedad intelectual, y al sector servicios.
Pero estos inconvenientes no son padecidos sólo por los países de América Central. Tanto Perú, como Colombia y Ecuador se han encontrado con que el Departamento de Comercio se pone más firme con cuestiones que, en principio, parecían superadas. Es decir, se recurre a la adopción de barreras paraarancelarias –como por ejemplo al ingreso de carne vacuna y aviar- para evitar el ingreso de cierta producción de Sudamérica.
Además, es necesario aclarar cómo acuerda Estados Unidos los distintos tratados comerciales. El Poder Ejecutivo pide la autorización al Capitolio para que le sea otorgada la “Fast track” o “Vía rápida” para negociar con los distintos países.
La Fast track le permite a la Casa Blanca negociar los acuerdos en forma global, mientras que el Congreso sólo puede aprobarlos o desaprobarlos en su conjunto, pero no modificarlos. Este poder que el legislativo otorga al Departamento de Comercio no es ilimitado; en general se concede por un tiempo menor al período presidencial, que es de cuatro años.
Así, a la administración del presidente George Bush le queda sólo este año para cerrar acuerdos dentro de la Fast track. En 2007 se van a realizar elecciones legislativas en ese país, por lo cual es poco probable que el Congreso renueve esta herramienta comercial. Los “perjuicios” van a recaer sobre los países de la región que ahora quieran negociar un TLC con Estados Unidos y sobre el futuro de las negociaciones dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con especial interés para nuestra región en el tema de la eliminación de los subsidios a la agricultura que aplican los países desarrollados.
Dentro de un marco donde varios países latinoamericanos intentan derribar las trabas al ingreso al mercado estadounidense y donde este país levanta –literalmente- una pared para evitar el ingreso de los desplazados del sur, el propio Tío Sam puede volverse proteccionista.
¿Qué van a decir ahora los Oppenheimer, los Ávila y los Grondona?
www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=1406