LA ÚNICA RESPUESTA VOLVIÓ A SER LA REPRESIÓN
Tartagal y la lucha de un pueblo abandonado a su suerte

Foto COPENOA

Boletín quincenal Nº32 - El abandono de las tareas más esenciales se vislumbra en Tartagal. Los niños se enferman por causas evitables, los ancianos corren riesgo de cruzar un puente en condiciones precarias, decenas de personas no pueden volver a sus hogares y, ante el reclamo de los vecinos, la policía repite lo que le da existencia a este cuerpo de seguridad: reprime.

En diciembre, el derrumbe del puente que une el partido General San Martín con el norte de la provincia de Salta, sobre el Río Seco, dejó a alrededor de 300 mil personas en una crítica situación. La falta de agua y su contaminación, la ausencia de alimentos y medicinas y los cortes de luz se agudizaron con el desabastecimiento.

Los vecinos se encontraron aislados, comenzaron a transitar por un puente alternativo, pero también era riesgoso. "Ir y volver caminando por el puente del ferrocarril es peligrosísimo. Lo que hay son unas simples maderas que puso la gente para tapar los espacios vacíos. Hay chicos y hay gente que no puede caminar. A nadie le interesa nada, es como hace cinco siglos. Uno está abandonado a su suerte, el Estado hizo abandono de persona, no le importa que la gente muera. Sólo desde las organizaciones sociales se busca cubrir las necesidades esenciales”, afirmó Mara Puntano, abogada de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi.

El 24 de enero, decenas de trabajadores desocupados de Tartagal realizaron una movilización en reclamo de que fuera restaurado el puente. La respuesta de la policía salteña fue -como en los últimos años en la provincia- represión y detención de manifestantes. Ventiséis detenidos, 40 heridos con balas de goma y golpeados por las fuerzas de seguridad. Juan Carlos "Hippy" Fernández, hermano de José “Pepino” Fernández, uno de los dirigentes de la UTD, recibió 14 impactos de balas de goma. Aunque al día siguiente los detenidos fueron liberados, 21 manifestantes quedaron acusados de los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones y amenazas y la causa va a seguir su curso. Con el nuevo procedimiento penal, el proceso, además, es abreviado. “Esta Justicia criminaliza la protesta, te pueden detener sin causa alguna. Este es el comienzo, si el fiscal promueve la acción penal, como es probable que pase, después vendrá el juicio. Es una cuestión política”, afirmó Mara Puntano.

Los integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi querían entrevistarse con el vicegobernador salteño Walter Wayar para reclamar la realización de obras públicas y presentar un proyecto de construcción de puentes. "Pepino" Fernández declaró: “Hicimos una propuesta de hacer un puente alternativo, nosotros lo queríamos armar. El agua que tomamos está contaminada, las petroleras contaminan todo. Nosotros fuimos los primeros en salir con los camiones a limpiar las alcantarillas. ¿Y después qué pasó? Nos mandaron a la policía y a la Infantería y secuestraron los camiones”.

Las lluvias permitieron que cualquier vecino pudiera comprobar la presencia de aceites en los charcos de agua que se formaron. Según explicó Fernández a Prensa De Frente, la contaminación es causada por las empresas que explotan el gas en las zonas altas, que arrojan los desechos desde los piletones de almacenamiento a los arroyos. El periodista Marco Díaz Muñoz fue con "Pepino Fernández" a investigar cómo los deshechos erosionaban las calles de tierra de los barrios bajos dos semanas atrás. Se dirigieron a las Lomitas, propiedad de Tecpetrol, pero antes de llegar fueron interceptados por cuatro camionetas de seguridad privada. “Fue complicado. Nos prohibieron continuar la marcha, preguntaron qué hacíamos y quisieron llevarse a Pepino por averiguación de antecedentes. Yo les expliqué que no estábamos haciendo nada, que eso era un secuestro. Finalmente pudimos irnos. Después vino la represión, una más, que dejó a varios compañeros heridos”, explicó Muñoz.

La respuesta del Estado se hace esperar. El gobernador Juan Carlos Romero se toma vacaciones en Punta del Este y su vice hace declaraciones como forma de campaña (todos consideran que tiene posibilidades de suceder a su jefe en el cargo). Aun cuando se construya otra vez el puente, las medidas sociales siguen postergándose. Así lo afirmó Díaz Muñoz: “En Salta los servicios se piensan como administración privada: los hospitales no tienen directores sino gerentes, cuentan con un presupuesto mínimo y cuando hay que hacer un estudio determinado, te cobran. Si no tenés obra social para pagarlo, tenés que justificar que sos pobre, va un asistente social a tu casa y te da un certificado de pobreza. Con la policía es lo mismo. Los efectivos de la provincia tienen un contrato con las petroleras. Es un convenio que hicieron por una suma de dinero importante y la policía lo toma como ingresos”.

En Tartagal y en Mosconi la lucha sigue. Mientras la explotación siga, la resistencia se mantiene. Fernández lo resume: “Se siguen llevando el petróleo, el gas, no dejan nada, y las consecuencias de la explotación de los hidrocarburos las sufrimos nosotros. Por eso, aunque nos manden a la policía y a la Gendarmería, nosotros vamos a seguir peleando”.

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