Informe de Alerta Argentina. DERECHOS HUMANOS 2005
Por reenvío lavaca.org - Wednesday, Feb. 01, 2006 at 4:13 PM

“La Argentina es un país que en 2005 continúa viviendo en un estado de emergencia social e institucional, visible en la extensión de la pobreza, la persistencia del hambre y las altas tasas de desempleo. Pese al superavit fiscal, ni la política económica ni la política social se han orientado a la solución de estos problemas de fondo: el hambre de millones, la injusta redistribución de la riqueza y la destrucción de la ciudadanía social. Está claro, a esta altura de los anuncios oficiales acerca del destino de las reservas argentinas, cuáles son las prioridades. Esto significa, entre otras cosas, que la tensión social será una realidad a la que debemos enfrentarnos cotidianamente. Esta tensión está expresada en esa paradoja de un país rico que deviene cada vez más pobre.” Así comienza la introducción del Informe de Alerta Argentina, cuya versión completa aquí se reproduce e incluye una invitación a aportar datos e información antes del 28 de febrero.

El Informe 2005 de Alerta Argentina sobre la situación de los derechos humanos en el gobierno de Néstor Kirchner asegura desde su párrafo inicial:

"La Argentina es un país que en 2005 continúa viviendo en un estado de emergencia social e institucional, visible en la extensión de la pobreza, la persistencia del hambre y las altas tasas de desempleo. Pese al superavit fiscal, ni la política económica ni la política social se han orientado a la solución de estos problemas de fondo: el hambre de millones, la injusta redistribución de la riqueza y la destrucción de la ciudadanía social. Está claro, a esta altura de los anuncios oficiales acerca del destino de las reservas argentinas, cuáles son las prioridades. Esto significa, entre otras cosas, que la tensión social será una realidad a la que debemos enfrentarnos cotidianamente. Esta tensión está expresada en esa paradoja de un país rico que deviene cada vez más pobre."

El informe - que denuncia el cercenamiento de derechos civiles y, especialmente, la criminalización del reclamo social- señala que en el " contexto de profundización de las desigualdades, durante 2005, la situación de desprotección y violación de los derechos humanos en el país ha registrado nuevas inflexiones. Entre las principales, nos interesaría subrayar las siguientes:



-La estigmatización mediática, política y social de las organizaciones de desocupados.

-El avance en la judicialización de los reclamos sociales, con una tendencia al armado de causas, que ha incluido largas estadías en prisión por parte de los acusado/as y, posteriormente, el retiro de las inculpaciones.

-La tentativa de estigmatización y manipulación de los reclamos sindicales, los cuales se han incrementado notoriamente en el último año.

-La penalización de la pobreza y el aumento de la inseguridad ciudadana

-Las consecuencias de la feminización de la pobreza

-El agravamiento de la situación de las cárceles del país.

-La política de explotación de los recursos naturales

-La política gubernamental respecto de los medios de comunicación

-La persistencia de la impunidad".

Estos ejes son desarrollados en la introducción y ejemplificados a partir de "casos testigos" sobre los cuales Alerta Argentina convoca a aportar y ampliar información, antes del 28 de febrero de 2006. En principio, la lista de casos testigos es hasta ahora la siguiente:

Anexos que se incluirán a partir del 28 de febrero de 2006



1- La criminalización de la pobreza. El caso de la ciudad de Bariloche y los operativos conjuntos sobre los barrios pobres.

2- Las causas armadas (1): El caso Gabriel Roser: (informe preparado por el CIAJ).

3- Las causas armadas (2): Comodoro Rivadavia.

4- El Estado actual de la causa de la legislatura porteña (16 de julio de 2004) y el Código contravencional.

5- Criminalización de la protesta: hacia los juicios masivos. Los 52 procesados de Suteba, Bahía Blanca.

6- La situación del Hotel Bauen: la acción de la legislatura porteña

7- Servicios Públicos y Privatizadas: Los detenidos de Haedo

8-La Feminización de la pobreza. Informe sobre la situación de las mujeres 2005. El Caso Romina Tejerina.

9- Informe sobre la situación de la localidad de Gral Mosconi, 2005

10- La Patagonia: los derechos humanos en peligro por las tierras y por el agua

11- Petróleo y protesta social: La detención de Cristián Ruiz, desde el 20 de julio de 2005.

12- Informe Sobre la expansión de la Minería Tóxica y sus consecuencias

13- La situación de las cárceles. Un caso: La huelga seca contra las cárceles de Solá.

14 -Cromañón

15 - Las muertes impunes: General Mosconi y el 20 de diciembre de 2001.

16- La estigmatización de las organizaciones piqueteras (por Maristella Svampa).

17 -Sobre la Justicia y el uso del espacio público (por Roberto Gargarella)

18- Declaración de Alerta Argentina contra el militarización y cierre del espacio público, septiembre de 2005.

A continuación, el informe completo:



Estimadas amigas y amigos:

Adjuntamos la introducción del Informe sobre la Situación de los Derecho Humanos en la Argentina, Gobierno Kirchner 2005, de Alerta Argentina. También indicamos, al final, la lista de casos que consideramos "testigo" y que ejemplifican la política general que en el informe denunciamos. Tal cual hicimos el año pasado, con nuestro primer informe, les pedimos sumen sus aportes. Los mismos tendrán que enviarse antes del 28 de febrero a las siguientes direcciones de mail:

maristellasvampa@yahoo.com.ar
claudiaacuna@fibertel.com.ar
ckorol@ciudad.com.ar



Informe Alerta Argentina
sobre la situación de los Derechos Humanos bajo el gobierno de Kirchner, año 2005

Introducción

La Argentina es un país que en 2005 continúa viviendo en un estado de emergencia social e institucional, visible en la extensión de la pobreza, la persistencia del hambre y las altas tasas de desempleo. Pese al superavit fiscal, ni la política económica ni la política social se han orientado a la solución de estos problemas de fondo: el hambre de millones, la injusta redistribución de la riqueza y la destrucción de la ciudadanía social.

Está claro, a esta altura de los anuncios oficiales acerca del destino de las reservas argentinas, cuáles son las prioridades. Esto significa, entre otras cosas, que la tensión social será una realidad a la que debemos enfrentarnos cotidianamente. Esta tensión está expresada en esa paradoja de un país rico que deviene cada vez más pobre. Analicemos, tan solo, una de sus expresiones:

- Según el INDEC, el 56,4% de los menores de 18 años son pobres (7.730.708) y el 23,6% son indigentes (3.234.835). Más de la mitad de los menores pobres e indigentes se concentran en 3 distritos: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

- Según el mismo INDEC, en setiembre las exportaciones fueron de 3.479 millones de dólares, un 16% más que en el mismo mes del año pasado. Mientras tanto, las importaciones sumaron 2.468 millones de dólares. La balanza comercial registró entonces en setiembre un superávit de 1.011 millones de dólares: un alza de 4,2 por ciento respecto a lo sucedido en igual mes de 2004.

Como señala un detallado informe de la CTA sobre las consecuencias del hambre en un país con superávit:

"Si somos 37 millones de habitantes y 16 millones de pobres, esto quiere decir que mientras algunos hogares se quedan con muchas canastas, otros no tienen ninguna. Puesto en estos términos, el problema argentino no es la ausencia de una capacidad objetiva que debe resolverse incrementando la riqueza que se produce, sino la consecuencia de la matriz de profunda desigualdad que organiza hoy su funcionamiento económico. Es el déficit que exhibe el representante del interés público (el Estado) en sus modos de intervención en el proceso de producción y distribución de la riqueza nacional".



Frente a ello, queremos manifestar claramente nuestra preocupación por el avance en el cercenamiento de los derechos civiles, muy especialmente visibles en la criminalización de los reclamos sociales. En este contexto de profundización de las desigualdades, durante 2005, la situación de desprotección y violación de los derechos humanos en el país ha registrado nuevas inflexiones. Entre las principales, nos interesaría subrayar las siguientes:

-La estigmatización mediática, política y social de las organizaciones de desocupados.

-El avance en la judicialización de los reclamos sociales, con una tendencia al armado de causas, que ha incluido largas estadías en prisión por parte de los acusado/as y, posteriormente, el retiro de las inculpaciones.

-La tentativa de estigmatización y manipulación de los reclamos sindicales, los cuales se han incrementado notoriamente en el último año.

-La penalización de la pobreza y el aumento de la inseguridad ciudadana

-Las consecuencias de la feminización de la pobreza

-El agravamiento de la situación de las cárceles del país.

-La política de explotación de los recursos naturales

-La política gubernamental respecto de los medios de comunicación

-La persistencia de la impunidad

Veamos brevemente cada uno de estos ejes.



-El avance en la estigmatización social de las organizaciones de desocupados y la judicialización de los reclamos sociales



El primero y segundo eje de la política del gobierno de Kirchner no pueden ser analizados de manera independiente. Uno de las respuestas de la administración N.Kirchner respecto de los conflictos sociales ha sido la aplicación sistemática del Código Penal. Favorecido por las lecturas de las protestas que instalan quienes crean opinión pública, derivan a los estrados judiciales problemas que allí, de ninguna manera, pueden resolverse.

Como afirmamos en el Informe anterior (Alerta Argentina, 2004), en Argentina, el reemplazo de un semi-Estado de providencia por un Estado neoliberal, se tradujo en el aumento de las desigualdades, la concentración económica y la exclusión de vastos sectores de la población. La implementación de este modelo excluyente, que ha implicado la conculcación de los derechos más elementales, se ha venido sosteniendo sobre dos ejes fundamentales: por un lado, el Estado fue desarrollando estrategias de contención de la pobreza, por la vía de la distribución -cada vez más masiva- de planes sociales y de asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas y movilizadas; por el otro, el Estado se encaminó hacia el reforzamiento del sistema represivo institucional, apuntando al control de las poblaciones pobres y a la represión y criminalización del conflicto social.

Si focalizamos nuestro análisis en el gobierno de N. Kirchner, es posible advertir una tendencia a la judicialización y criminalización de los reclamos sociales, sintetizada en los comienzos de su gobierno por la frase del ministro del interior, quien prometió responder a las protestas de las organizaciones de desocupados con el "código penal en la mano".

También es posible distinguir tres momentos diferenciados en lo que respecta a la respuesta del Estado a las protestas sociales urbanas. Así, en una primera etapa, entre mayo de 2003 y julio de 2004, el gobierno desarrolló una política centrada en dos estrategias mayores: por un lado, en el medio de fuertes críticas dirigidas hacia las organizaciones de desocupados, levantó como bandera la decisión de no reprimir la protesta social; sin embargo, por el otro, se inició una fuerte campaña de deslegitimación dirigida contra las organizaciones de trabajadores desocupados, llevada a cabo desde los sectores de poder y por el propio gobierno nacional, con fuerte presencia mediática. Esta política fue acompañada por un avance notorio de la judicialización de los conflictos, que recayó especialmente sobre sus protagonistas.

Una segunda etapa se abrió en 2004, a partir de los hechos de la Legislatura porteña, ocurridos el 16 de julio, lo cual puso en evidencia un giro importante en la política del gobierno, visible en la sistemática judicialización y agravamiento de las figuras penales impuestas a las y los detenidos, a fin de impedir su excarcelación (caso Caleta Olivia e imputados de los hechos de la Legislatura porteña). En este sentido, la campaña de deslegitimación de los reclamos sociales creó un contexto de rechazo a la protesta social, favoreciendo e impulsando la política de represión policial que viene desarrollándose desde mediados de los ´90 en las provincias más conflictivas del interior (Salta, Neuquén, Santa Cruz).

La tercera etapa se abrió el 26 de agosto de 2005, cuando el gobierno nacional optó por la estrategia de la militarización de los espacios públicos, a fin de impedir la libre manifestación y movilización de las organizaciones de desocupados. Si bien ésta estrategia política ya se había deslizado a fines de 2004, la implementación de un modelo "disuasivo-represivo" se hizo especialmente notoria entre agosto y septiembre de 2005, mediante un grandilocuente despliegue policial en puentes, calles y plazas en la ciudad de Buenos Aires, en coincidencia con los tiempos electorales y frente a la supuesta demanda de "orden" de una parte de la opinión pública (como sugerían varias encuestas, reflejadas por medios nacionales). Por último, hay que decir que la campaña de estigmatización desarrollada contra las organizaciones piqueteras coincidió con la instalación en la agenda política de las demandas de seguridad ciudadana, que en un principio llegaron vinculadas a la proliferación de delitos contra la propiedad y los secuestros extorsivos.

En resumidas cuentas: el ascenso de Kirchner se tradujo por un lado, por una exigencia de "institucionalización" de las organizaciones sociales movilizadas y, por otro lado, por una mayor tendencia al cierre del espacio público. El escenario de esta contienda política entre el gobierno nacional y las organizaciones sociales opositoras fue la ciudad de Buenos Aires. Fue en sus calles, en sus plazas, en sus edificios públicos, donde tuvo máxima expresión y corolario esta puja desigual entre los que llamaban a la institucionalización y exigían el repliegue de las fuerzas movilizadas (la demanda de lo instituido) y los diferentes actores movilizados, en especial, las organizaciones de desocupados (la demanda de los excluidos). El corolario de ello fue el avance de la judicialización y criminalización en el tratamiento de los conflictos sociales y la instalación de un fuerte consenso antipiquetero, sostenido y avalado por amplias franjas de la opinión pública.



Asimismo, la sistemática judicialización y agravamiento de las figuras penales impuestas a las y los detenidos, ha tenido por objeto impedir la excarcelación de los acusados, operando como una suerte de escarmiento aleccionador. Recordemos que los seis presos de Caleta Olivia (Santa Cruz), detenidos por la ocupación deTermap (Terminal Marítima Petrolera) en demanda de trabajo, fueron liberados en mayo de 2005, luego de soportar 8 meses de prisión, mientras que los 15 presos de la Legislatura porteña (julio de 2004) obtuvieron la excarcelación en agosto de 2005, tras 14 meses de cárcel. Gabriel Roser, militante de una organización de desocupados, estuvo preso un año y ocho meses, acusado de un delito común. Roser fue liberado en diciembre de 2005, tras cuatro días de juicio oral en los tribunales de La Plata, luego de que el fiscal desistiera de llevar adelante las acusaciones, cuando quedó en evidencia que se trataba de una "causa armada".

Por otro lado, desde el 20 de julio de 2005 se encuentra detenido en Pico Truncado Cristián Ruiz, vocero de los desocupados que reclamaron trabajo en Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz. Por último, digamos que 52 trabajadores desocupados irán a juicio el próximo abril, entre ellos Roberto Gavilán, secretario de Salud y Acción Social del sindicato Suteba Bahía Blanca, por participar de una manifestación realizada a fines de 2002, frente a una destilería de petróleo de Petrobras. Es la causa más numerosa que llega a juicio por reclamos sociales criminalizados. El juicio oral estaba previsto para el 9 de diciembre de 2005, pero se postergó hasta abril de 2006.

En fin, los efectos provocados por la selectividad ejercida, penalización mediante, producen en el seno de las organizaciones un verdadero golpe de desgaste y desarticulación. Por un lado, se sufre la represión, y por el otro queda subyacente el mecanismo disciplinador o aleccionador, cuya amenaza implícita tiende a prevenir las futuras protestas.

Cualquier participante de una protesta que sea detenido, representa un doble problema: por un lado el del sufrimiento personal por la pérdida de la libertad y la incertidumbre del proceso penal que se inicia; y por el otro el sufrimiento y desgaste del entorno (tensiones entre los que han sido detenidos, entre estos y los que no; desgaste de los familiares, temores hacia los otros movimientos, etc.).

Como refiere el Dr. Antonio Cortina, asesor letrado de la Federación Judicial Argentina, muchas veces "el verdadero peligro de los procesos penales no está en la condena sino en el proceso mismo, que significa toda una serie de restricciones y amenazas encubiertas o silenciosas. Las causas se activan, se desactivan, no mantienen un ritmo constante... a veces quedan un tanto olvidadas o relegadas en los trámites, pedidos de informes o peritajes y de repente reaparecen en el momento oportuno. Esas causas tienen una peligrosidad y potencialidad represiva constante, y por eso mismo se las instala. Muchas veces, el denunciante sabe perfectamente que el hecho no da para una denuncia, pero la hace igual porque de esa manera crea un riesgo. Y una denuncia no muy sustentada, sumada a otra de las mismas características, a otra más y a otra más, termina armando un paquete, una red de contención que no es visible salvo para la persona que la tiene sobre su cabeza".



La tentativa de estigmatización del conflicto sindical

El mapa actual de la Argentina muestra una proliferación de conflictos y movilizaciones sociales, en torno a temas tan diversos como el reclamo salarial, la demanda de trabajo, la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Un conjunto de acciones colectivas que, en gran parte, presenta un fuerte anclaje territorial, y abarca una multiciplicidad de organizaciones, desde movimientos campesinos, poblaciones indígenas amenazadas, organizaciones de desocupados, nuevas expresiones sindicales, minorías sexuales, hasta las novedosas formas asamblearias de defensa del medio ambiente.

En los últimos dos años, el escenario social ha venido dando cuenta de la multiplicación de las luchas sindicales, en demanda de incrementos salariales (no sólo como consecuencia de la inflación, sino con el objetivo de reducir las disparidades salariales instaladas entre los trabajadores de un mismo sector, fomentadas por el tercerismo y la política de flexibilidad salarial impuesta en los ´90), así como de aquellos reclamos ligados a la defensa de la educación y la salud pública. En 2005, los conflictos laborales que terminaron en huelgas o suspensión de servicios se triplicaron con relación al año anterior (según el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, en 2005 hubo 819 conflictos sindicales, mientras que en 2004 se registraron 249 casos). Baste decir que éste ha sido el índice más alto desde 1990, año en que se implementaron las primeras reformas neoliberales, para comprender que estamos ante el inicio de un nuevo ciclo de acción sindical.

Estos conflictos han sido protagonizados por comisiones internas, en algunos casos, por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas. Estas acciones sindicales, que se añaden a los más variados reclamos asociados a la problemática de la seguridad ciudadana, apuntan a colocar en la agenda el tratamiento de un conjunto de derechos civiles, sociales, culturales, ambientales, muchos de los cuales han sido efectivamente licuados luego de tantos años de políticas neoliberales.

No son pocas las acciones sindicales que adoptan un formato piquetero (asociado al corte de calles), lo cual conlleva una rápida estigmatización. En realidad, es frecuente que los marcos de lectura predominantes impulsados por el gobierno y los grandes medios de comunicación acerca de la conflictividad social subrayen prima facie las consecuencias negativas de las acciones de protesta (la obstrucción del tránsito, los problemas de transporte, la pérdida de días de clase, el riesgo de desatención en los hospitales públicos, entre otros) o apunten a denunciar, acto seguido, su carácter "eminentemente político". Así, por ejemplo, ante los reiterados paros realizados por el personal no-médico del Hospital Garrahan (el centro pediátrico más importante del país), el gobierno nacional lanzó una campaña de desacreditación contra uno de sus líderes sindicales (perteneciente a un pequeño partido trotskista), intentó ilegalizar el conflicto enviando siete jueces federales diferentes y numerosos telegramas de despido, mientras que el Ministro de la salud, G.Ginés Garcia, tildaba a los huelguistas de "terroristas sanitarios"...

Tomemos un caso testigo para analizar lo que se esconde detrás de un conflicto gremial que terminó, con tantos otros, criminalizado:

- Actualmente, en los subterráneos de Buenos Aires trabajan 2.900 personas, 900 de las cuales están precarizadas.

- Estos trabajadores precarios son contratados y monotributistas de una docena de empresas en las que se cobran sueldos más bajos que aquellos que fija el convenio colectivo de Metrovías-UTA, y en las que se cumplen jornadas laborales de 8 o 10 horas, a pesar de que una ley establece un máximo de seis.

- Esta fue la razón de un reclamo que en octubre llegó a la tapa de los diarios cuando -represión policial mediante- un paro cortó los servicios en cuatro de las cinco líneas de subterráneo.

- La medida de fuerza se decidió luego de cinco meses de reclamos constantes ante todas las instituciones que podían mediar para restablecer los derechos negados. Esto es: Ministerio de Trabajo, las empresas privatizadas (que deben ser controladas por parte del ente regulador), el sindicato de transporte, UTA. El corte de servicios se decidió cuando se conocieron los despidos de dos trabajadores de la empresa Metrotel.

Conflictos originados en reclamos gremiales (a caso del Hospital Garraham hay que agregar el paro de actividades realizado durante los primeros días de diciembre por pilotos y personal técnico de Aerolíneas Argentinas) se vieron así criminalizados hasta el punto de diluir la complejidad de los derechos en conflicto. Tal como expresan los doctores Roldán y Hnatiuk:

"Negar el derecho a causar molestias en el tránsito a quienes están gritando su desesperación en pos de resolver sus problemas de alimentación, trabajo, salud, educación , vivienda digna, etc., significaría incurrir en una ponderación de males poco razonable, porque nadie puede dudar que los males que se quieren evitar son mucho mayores a los causados por los retrasos en el tránsito. ¿Quién puede reclamarles a tales movimientos que respeten la ley al cortar una calle, cuando desde el Estado se viola la Constitución colocando a estos compatriotas en un estado de necesidad que no están obligados tolerar?"

Idéntica actitud se ha extendido a manifestaciones protagonizadas por otros sectores sociales. Así, los ciudadanos que expresaron su hartazgo por la falta de control del Estado de los servicio públicos privatizados en Haedo o los que participaron de los actos de repudio a la visita de George Bush se vieron envueltos en una sucesión de hechos manipulada: asociar los hechos violentos a un grupo de detenciones para exponer resultado rápidos de restablecimiento del "orden", aún a costa de someter a cárcel y procesos penales a quienes se vieron así obligados a probar su no-relación con los hechos violentos.



La inseguridad ciudadana y las figuras de la peligrosidad social

En los últimos veinte años, la multiplicación de las desigualdades sociales ha generado nuevas modalidades de relación con el otro. Así, en un marco de polarización y fragmentación social, el aumento de las distancias sociales dio paso a nuevas representaciones sociales gestadas en función del miedo al otro. Tal es así, que el "miedo al otro" se ha erigido como principio rector de las interacciones sociales (PNUD, 1998). Como afirma M. Emilia Tijoux, "el temor recorre las ciudades modificando tanto las políticas de Estado como el rostro de la sociedad". Las denuncias sobre actos de "violencia urbana" se multiplican, lo cual moviliza los servicios policiales en torno a una intensa vigilancia de los sectores populares, a la vez que se observa una creciente represión de la venta ambulante, los actos molestos y considerados "desviados" de los jóvenes, y la presencia de niños en las calles. Este miedo a la pobreza se generaliza en diversos países del mundo junto con la globalización, mientras los medios de comunicación masiva se encargan de difundirlo cotidianamente desde imágenes y hechos que apuntan a fundamentar y legitimar los discursos "sobre y contra la violencia", llenando las principales páginas de diarios y de tiempo televisivo. Este temor se focaliza en aquellas personas que por su misma existencia develan su condición de vida: vagabundos, mendigos, jóvenes, inmigrantes de países limítrofes, habitantes de barrios marginales, todas características del mundo de la pobreza.

Como ha sido subrayado por la literatura sociológica, la consecuencia más nefasta de todo ello ha sido la criminalización de la pobreza. Así, todo pobre es considerado un delincuente potencial, concepto que llega al Estado y se operativiza a través de las instituciones policiales. Más aún, la figura de la peligrosidad social tiende a concentrarse en los jóvenes pobres, no blancos y habitantes de barrios marginales, los cuales son considerados en el límite como la "población sobrante", en el marco de una sociedad excluyente. En Argentina, la figura de la peligrosidad se completa, si a la condición de joven y pobre, se añade la del militante político-social -esto es, el piquetero, hoy objeto de una fuerte estigmatización social-.

En este sentido, es importante comprender que si durante los 70 la doctrina de la seguridad nacional fue la que marcó la pauta de los sucesos que más influyeron en el continente latinoamericano (a partir de la construcción político-ideológica de la figura del "subversivo" y la puesta en marcha de Estados terroristas), en los 90 emerge con fuerza la doctrina de la seguridad ciudadana, la cual tiende a monopolizar la discusión pública. En la actualidad, la figura por excelencia de la peligrosidad social - el delincuente- aparece intímamente vinculada al mundo de la pobreza. Además, en varios países latinoamericanos la experiencia de las dictaduras -la Argentina es en este sentido un ejemplo emblemático- ha tendido a prolongarse en la autonomización de las fuerzas policiales y el establecimiento de relaciones peligrosas con el poder político. Esto acentúa sin duda una "cultura de utilización del Estado como instrumento represivo", creando un terreno fértil para que se criminalice la pobreza.

Como ya hemos dicho, en este contexto de grandes transformaciones sociales, que tiene como consecuencia el aumento descomunal de las desigualdades, el Estado apunta a fortalecer el sistema represivo institucional. Surge así un "Estado de seguridad" y, en el límite, como afirma Wacquant, un "Estado penal", que apunta la criminalización de la pobreza. En palabras del propio L.Wacquant:



"Significa tratar la inseguridad social como si fuera meramente inseguridad física, y responder a los desórdenes urbanos y los conflictos generados por la pobreza persistente y la ausencia de un futuro viable mediante la Policía y el aparato penal del Estado. El reclamo de más Policía, de aumentar las penas por delitos leves, de "barrer" a los indeseables de las calles, de "tolerancia cero" o "mano dura", de endurecer de los regímenes de prisión, expresa un impulso por delegar en el sistema de justicia criminal el hacerse cargo de las consecuencias negativas de la desregulación de la economía y de la reducción de la protección social; en síntesis, intenta invisibilizar los problemas sociales creados por la sumisión a la dictadura del "libre mercado". La glorificación del Estado Penal sirve a un doble propósito económico: forzar al nuevo proletariado a aceptar empleos inseguros como su horizonte normal de vida y mandar a casa a los que están "de más", aquellos para quienes ya no hay horizonte dentro de la economía"/.../ En Argentina y otros países latinoamericanos esta política de penalización de la pobreza es muy drástica porque - significa el abandono del proyecto de construir una sociedad democrática, porque el Estado que es un Estado dual -que no se comporta de igual manera para con las clases media y alta como para con los pobres-, un Estado que somete a la población pobre a supervisión especial..."



En Argentina, el proceso de penalización de la pobreza ha tenido varias consecuencias. Esto aparece ilustrado por el agravamiento de las penas fijadas para los delitos llamados de "subsistencia". Es así que el Código Penal ha venido sufriendo reiteradas reformas en relación con el aumento de las penas establecidas para delitos como el robo agravado por uso de armas, o la simple tenencia de armas ya sea de uso militar o civil. A su vez la legislación procesal se ha transformado de forma tal que torna prácticamente imposible acceder a los "beneficios" de la excarcelación, para los cuales se requiere que el imputado (por lo general, un pobre estructural) cuente con un solvente estado económico. Recordemos, por otro lado, que el discurso de "mano dura" tomando como ejemplo la política de Rudolp Giuliani en New York generó un sensible aumento de los llamados casos de "gatillo fácil", supuestos enfrentamientos entre fuerzas policiales y delincuentes que luego se demuestra han sido fusilamientos a personas desarmadas, transeúntes o delincuentes ya reducidos. Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), organización especializada en el tema, lleva un registro de más de 2000 casos desde finales de la década del 80 a la actualidad, destacando un notorio aumento de los mismos en coincidencia con los discursos públicos de "mano dura".

Estas campañas de "mano dura" para enfrentar las consecuencias de la llamada "inseguridad ciudadana" encontraron un nuevo impulso en el 2004, con las modificaciones de leyes penales que avanzan sobre garantías constitucionales y que lejos de solucionar problemas, agudizaron las contradicciones existentes. En este sentido, las marchas convocadas por J.C.Blumberg, a partir de abril de 2004, en demanda de seguridad, significaron una inflexión importante en términos de política de Estado. De manera semejante a lo que ocurre en otros países latinomericanos (Paraguay, México), este nuevo movimiento, que núclea el reclamo de sectores medios y medios-altos que se han visto perjudicados por el aumento de la "inseguridad ciudadana" (visible en los secuestros extorsivos, así como en los atentados contra la propiedad), es portador de una concepción netamente represiva de la seguridad, en desmedro de una visión más integral. Estas marchas generaron una rápida respuesta de parte del poder político, a través del endurecimiento de la legislación penal y de un importante programa de seguridad, que dispone una mayor presencia policial en la vía pública, así como una depuración de las fuerzas policiales. En fin, esta nueva y masiva interpelación al Estado como responsable de la situación de inseguridad, apoyada e impulsada por los grandes medios de comunicación, se ha venido traduciendo por una profundización de la política represiva que tiende a englobar y diluir peligrosamente las fronteras entre el delito y la protesta social.

Asimismo, el avance de la represiva del gobierno aparece ilustrado por la puesta en marcha del llamado "Plan de Protección Integral de los Barrios," que comenzó en noviembre de 2003 con la ocupación por parte de las fuerzas de seguridad de tres grandes villas de emergencia del Conurbano Bonaerense y que se extendió a otras diez villas de emergencia a partir de 2004. Esta nueva escalada de la criminalización, visible en la militarización de los barrios carenciados, naturaliza la asociación entre "pobreza" y "delito", a través de la categorización de las poblaciones pobres como "clases peligrosas," distinguiéndolas del resto de la sociedad y señalando sus núcleos habitacionales como mera fuente del delito. Sin embargo, esta correlación que establece entre "inseguridad," "delito" y "pobreza," pone de manifiesto la emergencia de nuevas fronteras políticas y jurídicas. La emergencia de estas nuevas fronteras abre las puertas a la posibilidad de que, en nombre de la conservación del orden social, se instituyan zonas despojadas de derecho -zonas de no derecho o "estados de excepción", según la conceptualización de Agamben -en donde la autoestima y el respeto colectivo no cuentan, y en donde vuelve a primar una pura lógica de acción policial.

Un ejemplo cabal de criminalización de la pobreza asociada a la demanda de seguridad ciudadana se ha registrado recientemente en la ciudad rionegrina de Bariloche. El asesinato de un remisero ocurrido en noviembre de 2005, produjo la interpelación del secretario de seguridad local, por parte de una multitud congregada frente a los edificios públicos, que reclamó a viva voz -y frente a los medios de comunicación nacional- una política de "mano dura". La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Rápidamente se dispuso a inundar los barrios altos (una de las zonas más pobres de la ciudad), con un gran operativo policial, en el cual participaron fuerzas provinciales y federales. Días más tarde, el 25 de noviembre, veinte entidades de derechos humanos exigieron el fin de los operativos, frente a la violación evidente de los derechos más elementales y cuestionaron la constitucionalidad del operativo (fuerzas provinciales y federales). En efecto, el documento publicado en parte por el diario Río Negro (26/11/2005), denunciaba que estaban siendo violados:

"La integridad física de las personas, la garantía de legalidad en las detenciones y los operativos de las fuerzas de seguridad, viviendo un estado de amenaza permanente e intimidatorio (se detiene a los jóvenes en la calle, se les pega, se les impide la libre circulación por la vía pública, se irrumpe en las casas sin órdenes de allanamiento, se golpea a gente que se encuentra en ellas, se destrozan sus pertenencias, se les expone en situación de total vejación, se revisa a los alumnos en la entrada de las escuelas y demas situaciones irregulares), que está focalizada en los sectores más vulnerables, niños, adolescentes y jóvenes de nuestros barrios, los barrios del Alto".



Por otro lado, el aumento de la inseguridad se ha venido manifestando de otras formas y en otros niveles, a través de la evidente falta de control y regulación estatal y la consiguiente desprotección de los ciudadanos. Si, desde hace años, son muchas las voces que vienen manifestando que el proyecto neoliberal hipoteca el futuro de las jóvenes generaciones, necesario es decir que ese futuro ya ha llegado. La Masacre de Cromañón -ocurrida el 30 de diciembre de 2004- aparece como una trágica ilustración de este modelo excluyente, en la medida en que dejó a la vista la precariedad en todas sus dimensiones, especialmente en lo que se refiere al cuidado de la vida de los más jóvenes por parte de las autoridades responsables. No vamos a analizar aquí el caso Cromañón, ni siquiera en su aspecto judicial, sino algo más preocupante: las respuestas que cosechó el reclamo de los familiares y amigos de las 194 víctimas, en su gran mayoría jóvenes nacidos y criados en democracia.

Así, por ejemplo, en las primeras marchas la policía reprimió y detuvo a decenas de los espontáneos manifestantes. Luego, las autoridades ofrecieron pagar dinero a las familias de las víctimas para que no inicien juicio al Estado. Más tarde, se buscó instalar en la sociedad la idea de que el reclamo por justicia escondía un intento de golpe institucional. Tristemente, este discurso fue suscripto por algunos representantes de organismos que se niegan a ver sus reclamos repetidos por otros, que se organizan para evitar la impunidad. Por último, se intentó criminalizar a las propias víctimas.

Como señalaran los familiares de las víctimas de Cromañón en uno de sus documentos, la trama de corrupción e ineptitud que dejó al descubierto Cromañón " constituye un peligro más grande que toda la población criminal de la Capital Federal, ya que según datos publicados por la Dirección Nacional de Política Criminal, el total de homicidios dolosos en la ciudad de Buenos Aires fue de 53 en el 2004, y los culposos 76, o sea en total 129 homicidios en todo el año frente a por lo menos 194 asesinados en República de Cromanón (...) Cuando funcionarios públicos son co partícipes de un crimen de semejante envergadura, que involucra pérdidas imposibles de reparar, como son las vidas humanas, deben dar cuenta de sus actos en su rol de representantes del Estado".

Las heridas que deja Cromañón son preocupantes. Hay una generación que está observando cúal es el rol de las instituciones en una democracia. Funcionarios, legisladores, servidores públicos están involucrados en un hecho del que se espera -cuanto menos- que se pronuncie públicamente y sin titubeos la remanida frase: "vamos a investigar hasta las últimas consecuencias". Nadie la ha dicho hasta hoy y ese silencio define una política: la forma en que el Estado rinde cuenta de sus actos a los ciudadanos.

Las consecuencias están a la vista. En palabras de Diego Rozengardt, hermano de una de las víctimas de Cromañón:

"La Casa Rosada hace más de cuatro años que está con doble vallado. Tribunales, el Congreso, la Legislatura y la Gobernación de la Ciudad lo mismo. Entre las vallas y las instituciones, queda Cromañón encerrado, como esa puerta de emergencia de candado fatal para nuestros pibes".



Las dimensiones de la feminización de la pobreza

Incorporar la dimensión de género al análisis de la pobreza implica asumir que la posición social de la mujer es desigual y que la experiencia femenina de la pobreza puede ser diferente y más aguda que la de los hombres debido a las formas de exclusión y discriminación que las mujeres viven cotidianamente en este contexto social. Las políticas neoliberales, que han venido liquidando los derechos conquistados por trabajadoras y trabajadores, afectan de manera especial a las mujeres. No se trata sólo del desempleo, sino también del crecimiento de la precariedad de los puestos de trabajo, que forma parte de un rasgo estructural del país. Este fenómeno se traduce en una enorme agudización de la desigualdad. Las situaciones de vulnerabilidad por las que atraviesan las mujeres son múltiples e incluyen diversos fenómenos que deterioran considerablemente la calidad de vida y los procesos subjetivos de las mismas.

Los datos del INDEC (2005) evidencian que la distribución de las oportunidades laborales entre el hombre y la mujer es muy disímil. El 46% de los varones consigue un empleo de razonable calidad mientras que esta proporción es del 27% para las mujeres en edad activa. La diferencia se explica por el empleo asalariado registrado, que es de 37% para los varones y 23% para las mujeres.

Sólo 1 de cada 4 mujeres consiguen un empleo de calidad. El hecho de que el 35% de las mujeres en edad de trabajar se declaren inactivas encubre, en gran parte, las graves distorsiones que sufre el mercado de trabajo argentino y cómo la legislación castiga con mayor intensidad a las mujeres.

En la sociedad actual el patriarcado y el capitalismo se conjugan con racismo, sexismo, misoginia, xenofobia, homofobia, esclavismo. Estos aspectos generan pobreza, exclusión, violencia, y violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

La violencia de género se practica y se expresa a través de varias formas de violencia además de la física, pues ésta casi siempre se acompaña de actos coercitivos, violencia psicológica y emocional. Asimismo, incluye formas estructurales como la feminización de la pobreza, la discriminación salarial, la segregación sexual del mercado de trabajo, el tráfico de mujeres, la esclavitud y la violación.

Un caso ejemplificador del ejercicio de violencia sobre la mujer es el de Romina Tejerina, joven jujeña que ha sido violada y a partir de ese terrible episodio ha vivido distintas modalidades de violencia, en este caso el accionar de la justicia argentina configura una instancia más de violencia . Desde el 23 de febrero de 2003 se encuentra privada de su libertad por orden del juez Argentino Juárez. Fue Detenida en el Penal de Mujeres de San Salvador de Jujuy. La justicia argentina desde un principio, desestimó y no contempló el shock de la joven. Además separó la violación del resto del caso, desvinculando la violencia sufrida por Romina de su consecuencia; buscaban mostrarla como una asesina fría y despiadada, llegando a negar que hubo una violación. La fiscal argumentó que Romina usaba minifaldas, salía a bailar y se peleaba con los padres, como si este proceder diera motivos para considerarla una homicida. También remarcó que haber intentado abortar era otra razón para condenarla, sosteniendo así el argumento de la Iglesia de que las mujeres que abortan son asesinas, idea que fundamenta la ilegalidad del aborto.

Mientras Romina Tejerina está desde hace 2 años y nueve meses tras las rejas, en la cárcel, el violador Eduardo "Pocho" Vargas camina por las calles de Jujuy con total impunidad. Este sujeto estuvo detenido apenas 23 días y el juez lo eximió de culpas. El viernes 10 de junio de 2005, fue el día del fallo. Los jueces Antonio Llermanos, Héctor Carrillo y Alfredo Frías, de la Sala II de la Cámara Penal de San Salvador de Jujuy, en Argentina, condenaron a Romina a 14 años de prisión por el cargo de homicidio calificado.

Desde hace algunos años, las organizaciones de mujeres de Argentina, vienen denunciando diversos casos de feminicidios. Uno de los aspectos más siniestros en esta problemática, son los asesinatos de más de 20 mujeres que ejercen la prostitución en Mar del Plata, que hasta hoy no se han esclarecido

Según la feminista mexicana Marcela Lagarde: "El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales: los hay seriales e individuales, algunos son cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y deshechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres. Para que se de el feminicidio concurren de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones.



Una investigación a cargo de Susana Cisneros y Silvia Chejter sobre asesinatos de mujeres, titulada Feminicidio e Impunidad refleja que cada dos días una mujer es asesinada en la provincia de Buenos Aires. Mueren baleadas más que apuñaladas y en casi el 70 por ciento de los casos, a manos de un conocido, generalmente su esposo, novio, amante o ex-parejas.

En la mayoría de los casos los culpables no tienen condena. Las muertes no aparecen más que en crónicas policiales, pero lo más grave es que automáticamente en mucho de los casos convierten a las víctimas en victimarias con un discurso sexista que en gran parte son emprendidos por periodistas, jueces y policías.

Se conoce que en los últimos años Argentina, se vio sacudida por una serie de asesinatos de asesinatos de mujeres, especialmente en ciudades del interior como Santiago del Estero, Cipolletti o Mar del Plata. Diversas organizaciones de mujeres comprometidas con la defensa de los derechos humanos de las mujeres, sostienen que existe similitud en la actuación de los asesinos de Santiago del Estero, Mar del Plata y Catamarca, en Argentina, con los de Ciudad Juárez, Guatemala o El Salvador: sadismo, ensañamiento y total impunidad. Cuerpos violados, desfigurados y/o descuartizados. Son los crímenes con marca, expresión de una cultura donde las normas y formas de convivencia determinan la opresión de las mujeres.

Las organizaciones de mujeres denuncian que las acciones y políticas emprendidas por parte del estado son prácticamente nulas en materia de estos temas. Un elemento a agregar es que en algunos casos se ha demostrado la participación de autoridades políticas y la complicidad policíaca en el encubrimiento de los crímenes.

Hasta el día de hoy no se han esclarecido todavía en nuestro país, alrededor de 60 casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en la Costa Atlántica, estos asesinatos comenzaron en 1993. En un principio se adjudicó los crímenes al 'loco de la ruta', pero con el tiempo se descubrió que resultó ser un personaje inventado por la policía, al que originalmente se le adjudicaron las desapariciones y muertes de doce mujeres en Mar del Plata.

También, continúa impune el crimen de Sandra Cabrera, secretaria de AMMAR-Rosario, asesinada en un episodio en el cual estuvieron involucrados policías de la provincia de Santa Fe.



-El agravamiento de la situación carcelaria

El Informe 2005 del Centro de Estudios Legales y Sociales ha realizado un completo relevamiento de este tema, que ya sido denunciado en estrados internacionales y que ha merecido la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señalamos aquí, entonces, una sola pregunta: ¿cúal es el origen de este espectacular aumento de la producción de presos? Si en la política económica de las últimas décadas hay que buscar la respuesta, en la criminalización del reclamo social se encuentra un punto de inflexión que torna aún más peligrosa la estrategia elegida por la administración actual para "normalizar" el proceso institucional. Traslada a una justicia saturada e impotente la conflictiva mediación entre exclusión e inclusión social. Y con esa carga, expone a la opinión pública a uno de los poderes emblemáticos de la vida democrática. Fuerza sus posibilidades de funcionamiento, sus errores, sus mecanismos y hasta a sus integrantes a intervenir en los problemas ante los cuales el Estado se muestra prescindente.

Así, a la falta de políticas públicas orientadas al mejoramiento de la situación carcelaria, es necesario agregar la actitud de la justicia argentina quien se muestra, en una mayoría de casos, escandalosamente parcial, lo cual explica que las cárceles del país sean el espacio de inhumanidad y desprecio por los derechos humanos que hoy son, y que su composición sea tan impúdicamente homogénea en términos de raza y clase social. Situación que se ve dramáticamente agravada por lo que representa una virtual denegación de justicia. Un ejemplo:

- En la provincia de Buenos Aires hay casi 31.000 personas presas.

- Nueve de cada diez presos son pobres.

- El 75 por ciento de los presos bonaerenses está procesado sin condena en primera instancia, es decir que la Justicia no determinó aún si son culpables del delito del que se los acusa.

- Según las estadísticas difundidas por la Procuración General provincial, un 28 por ciento de las sentencias dictadas en relación a las personas detenidas son "absoluciones o sobreseimientos". Es decir que tres de cada diez presos termina siendo declarado inocente. Cerca de 9.000 personas.

- Ocho de cada diez presos tiene por abogado un defensor oficial. En toda la provincia trabajan sólo 162 defensores oficiales, lo que significa que cada defensor debe atender un promedio de 150 personas.



El hacinamiento, las condiciones infrahumanas de vida y la denegación de acceso a la justicia representan, entonces, una eludida responsabilidad por la que deben dar cuenta funcionarios y legisladores. Sus consecuencias son, entre otros dramáticos resultados, los motines que asolan las cárceles del país, con su saldo de homicidios aún impunes.



La política de explotación de los recursos naturales

La política de privatización de los recursos naturales trajo consecuencias nefastas para la Argentina. En efecto, como ha sido analizado por gran parte de la literatura económica y sociológica, la forma que adoptó el proceso de privatizaciones estuvo lejos de corresponderse con las altisonantes declaraciones que postulaban la asociación natural entre democracia, mercado y globalización. Antes bien, el proceso de privatizaciones implicó la destrucción de las capacidades estatales, así como la constitución de mercados monopólicos, paradójicamente favorecidos por la propia protección estatal, que terminaron de asegurar, a través de condiciones ventajosas de explotación, la obtención de una "rentabilidad diferencial" . Una de las claves del modelo neoliberal argentino, que arranca en 1989-1991, a saber, la rápida conformación de un nuevo entramado económico, suerte de "comunidad de negocios" entre grupos económicos nacionales y empresas trasnacionales, asociados en la adquisición de empresas estatales privatizadas (Basualdo, op.cit.), fue posible gracias a la corrupción y cooptación de la clase política local -como lo reflejan los grandes escándalos denunciados a lo largo de la década del ´90-, así como por la fuerte imbricación preexistente entre el equipo económico rector, con los grupos privados. Por último, no hay que olvidar que durante el proceso de privatizaciones, el Estado nacional generó nuevas normas jurídicas, que favorecieron la implantación de capitales extranjeros, aL tiempo que garantizaban la aceptación de la normativa creada en los espacios transnacionales, como el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

En este sentido, la localidad de General Mosconi, situada en el norte de Salta, es un caso ejemplificador, que expresa cabalmente el predominio de grandes capitales privados y extranjeros, en la esfera económica, como consecuencia de reformas estructurales implementadas a partir de 1989; la extensión de la corrupción en los planos político y económico; el avance en el control de los recursos naturales y estratégicos por parte de empresas extranjeras y, por último, los efectos de la contaminación. La implementación de ese modelo y ese perjuicio se materializó a través del desarrollo de políticas represivas y autoritarias que criminalizan la pobreza y la protesta social, que en el actual contexto, aún siguen estando presentes.

Asimismo, amparados por el actual marco regulatorio, empresas multinacionales como Repsol-YPF invaden y contaminan varias comunidades mapuches, como sucede en la provincia de Neuquén. El conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de Loma de la Lata, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación de más de 17 metales pesados en sus tejidos. En 2004, apareció el primer caso de anencefalia fetal. Aunque desde hace años el problema se debate en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos y por su parte los mapuches han demandado a Repsol por 445 millones de dólares en la justicia ordinaria, ya que las posibilidades de supervivencia cultural han sido arrebatadas a estas comunidades.

Por otro lado, recordemos que el proceso de apertura económica posibilitó la introducción de nuevas tecnologías (semilla transgénica, asociada a la siembra directa), que modificaron bruscamente el modelo local de organización de la producción, orientada al mercado externo. Estas innovaciones implicaron un gran desarrollo del sector agroalimentario, que incrementó notablemente la producción de soja transgénica, colocando a la Argentina entre los primeros exportadores mundiales. El salto en la producción (la "sojización" del modelo agrario argentino) se dio a fines de los 90. Actualmente, casi más del 50% de la superficie sembrada de la Argentina se cultiva utilizando las nuevas tecnologías. Sin embargo, el impacto social de la introducción de estas nuevas tecnologías no puede ser minimizado.

En los últimos años se ha registrado la expansión de las fronteras agropecuarias y mineras, pues esas actividades tienden a radicarse en las áreas marginales del país. Así, entre 1993 y 1999, la superficie total sembrada de soja creció casi un 50%; pero en Entre Ríos se incrementó en un 309%, y , en Santiago del Estero, en un 161%. Estos procesos afectan sobre todo a los campesinos y a las comunidades indígenas, quienes ven amenazados sus derechos legales o consuetudinarios y están en el origen de desalojos violentos, llevados a cabo por los nuevos y viejos inversores,-como las empresas sojeras o los ingenios azucareros-, en muchos casos con la connivencia de poderes locales y/o provinciales.

Por último, recientemente, la expansión de la frontera minera, llevada a cabo por empresas trasnacionales, ha generado múltiples movilizaciones multisectorales en defensa del hábitat, que cuestionan el desarrollo de la minería tóxica. Así, en 2005, diversas colectivos de comunidades afectados por la minería realizaron distintas actividades denunciando las consecuencias de la explotación minera en manos de multinacionales en sus territorios. Grupos indígenas, vecinos, campesinos, ambientalistas, y hasta líderes religiosos se oponen a la minería a cielo abierto (con grandes explosiones), por las nefastas consecuencias que dicha actividad generó en sus territorios.

Otro reclamo ligado a la defensa del medio ambiente es el que ha movilizado a los vecinos de Gualeguaychú, en la Argentina, y de la localidad de Fray Bentos, en Uruguay, en contra de la instalación de empresas papeleras concedida por el gobierno uruguayo, cuyos efectos contaminantes ya han sido claramente probados.

También la existencia de ambiciosos proyectos energéticos que ponen en riesgo la calidad de vida de ciertas comunidades han abierto nuevos frentes de conflicto. Entre ellos se destaca el proyecto que prevé crear seis represas sobre el río Corcovado (situado a 100 kilómetros de Esquel, en Chubut), que ha generado la resistencia de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, cuyas tierras quedarían inundadas con la construcción de las represas (véase anexo).

Estas movilizaciones dan cuenta de la importancia de nuevos núcleos de conflicto, centrados cada vez más, como sucede también en otros países de América Latina, en la defensa del hábitat, la protección de la biodiversidad y los recursos naturales no renovables, frente al avance de las empresas trasnacionales. Sin embargo, mientras en Argentina las protestas recrudecen, el gobierno nacional reafirma el esquema legal y económico que hace una década incentivó el llamado boom de inversiones extranjeras mineras en el país, para explotar y exportar sin procesar los metales que más se cotizan en el mundo. En efecto, la gestión Kirchner prevee para el período 2005-2006 un piso de inversiones de 3.600 millones de dólares. La cifra significa un aumento considerable respecto de un año y medio atrás, cuando se había previsto inversiones por tres años por 1.300 millones dólares. Por otra parte se ha consolidado los beneficios impositivos de las compañías, además de la entrada en etapa productiva de la explotación de oro de Veladero en San Juan, el primer mega emprendimiento que se inaugura en la gestión de Néstor Kirchner.



La política gubernamental respecto de los medios de comunicación

La politica oficial ha decidido convertir los dineros públicos en una forma de control de los medios de comunicación, consagrando a traves de ellos premios y castigos. Tambien ha prolongado por 10 años y por decreto las licencias que permiten el acceso a la emisión, extendiendo así privilegios que facilitan la concentración y el monopolio informativo. Así, tanto, el derecho a la información y efectivo ejercicio de la libertad de expresión continúa regido por leyes escritas por la dictadura. El cerco queda así doblemente reforzado. Por un lado, el gobierno obtura las voces críticas y alienta la obediencia informativa. Por el otro, quienes deberían verse obligados a bregar por una democratización de los espacios de formación de la opinión pública, se limitan a reclamar una distribución más equitativa de la pauta oficial entre los ya privilegiados.

Al margen de este juego, queda una inmensa mayoría condenada a ser espectadora impotente de las estigmatizaciones con que los medios comerciales simplifican el reclamo de derechos sociales. Entre ellos, el derecho a emitir y recibir información confiable y veraz, a opinar libremente y a peticionar a las autoridades por el cumplimiento de los mandatos otorgados por una ciudadanía que espera -como en el caso de la legislación que regula el acceso a los medios- una respuesta desde hace casi treinta años.

Cabe subrayar, sin embargo, una vez más el rol de los medios de comunicación comerciales, responsables de deformar, ocultar y vaciar de contenido social los reclamos de quienes menos oportunidades tienen de hacer oir su voz, exponiéndolos así a estigmatizaciones que refuerzan su aislamiento y facilitan su condena.



Estado y persistencia de la impunidad

En este apartado nos interesa dejar constancia de la situación de impunidad del Estado y sus instituciones, como una constante de la historia argentina, en especial en lo que se refiere a graves hechos de represión política, atentados y casos de gatillo fácil, así como respecto del avance de la militarización, a escala continental.

Sin embargo, la situación de impunidad abarca a anteriores hechos de represión, que involucran el crimen de Teresa Rodríguez, en Cutral Có, Neuquén (abril de 1997); los asesinatos de Alejandro Matías Gómez y Orlando Justiniano (Mosconi, mayo de 2000), Aníbal Verón (Mosconi, noviembre de 2000); la represión de junio de 2001 en Gral Mosconi, nuevamente, en la que murieron dos piqueteros -Carlos Santillán y Omar Barrios- y hubo más de 200 heridos, entre ellos, un joven de 19 años, Iván Dorado, que quedó parapléjico .

Por otro lado, recordemos la respuesta del Estado frente a una de las mayores crisis registradas en la historia del país, en diciembre de 2001. La represión desplegada por el Estado, que incluyó la declaración del Estado de sitio, durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, dejaron un saldo trágico de 33 muertos en todo el país (cifra que se eleva a 37 al día de la fecha, ya que algunas personas que habían quedado gravemente heridas por impactos de plomo, han fallecido en los últimos tres años).

Asimismo, la situación de impunidad se refleja también en numerosos casos de gatillo fácil, como aparece indicado en el informe anual de Correpi.

En fin, la situación de impunidad involucra al mismo Estado Argentino, si hacemos referencia al mayor atentado de la historia argentina, el de la voladura de la mutual israelita, la AMIA. A once años de los hechos, se ha probado que el fuero interviniente, lejos de hallar a los culpables, ha garantizado la impunidad, a través de la destrucción de las pruebas, el desvío de la investigación, la compra de testimonios falsos y demás irregularidades. Estos hechos, que muestran la complicidad del Estado argentino, derivaron en 2004 en el apartamiento del juez y los fiscales originarios de la causa. Sin embargo, y pese a las promesas de la actual gestión, la causa sigue sin mayores avances.

En otro orden, es necesario señalar la institución cada vez más frecuente de un "estado de excepción", tal como sucedió en la ciudad de Mar del Plata durante la cumbre de las Américas, a raiz de la visita de G.W.Bush (noviembre de 2005), donde los propios residentes fueron despojados de sus derechos civiles y tratados como "sospechosos", presos de un inédito dispositivo de seguridad (la llamada "zona de exclusión", que rodeaba el lugar donde se llevaría a cabo la cumbre). El tema fue subrayado por los medios de comunicación días antes de la visita de Bush (a través de los indignados testimonios de los vecinos). Sin embargo, lejos de producir un debate público acerca de los peligros de la militarización (y, más aún, del alcance y la significación de la presencia de fuerzas militares extranjeras -norteamericanas- en el país), éste desapareció luego de finalizado el evento, mientras los medios de comunicación pasaron sin solución de continuidad a presentar testimonios de los habitantes de Mar del Plata que hablaban con satisfacción de las mejoras urbanas realizadas a raíz de la Cumbre de las Américas.

Por último, recordemos que, en un contexto de fuerte militarización del continente, el gobierno argentino ha desplegado tropas militares en Haití. La denominada "fuerza de paz" argentina fue integrada en su primera etapa por 500 efectivos, la mayoría integrantes del Ejército y de la Infantería de Marina. La Misión de la ONU de Estabilización de Haití (Minustah), desplegada en el país tras la caída de Aristide, está integrada básicamente por 1.200 soldados brasileños, 800 uruguayos, 600 argentinos, 570 chilenos y unos 200 militares y guardias civiles españoles. El mandato de la Minustah vence el 15 de febrero de 2006.

Según el Ministro de Defensa de Argentina, José Pampuro (ver Clarín, 22/5/04) "por primera vez, las fuerzas armadas de Latinoamérica se ponen los pantalones largos y toman la responsabilidad frente a la ONU de garantizar la estabilidad de Haití". Pero en realidad, el ingreso de tropas a Haití constituye una violación de la autonomía de ese país.



* * *



Desde Alerta Argentina realizamos un llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil en general y a los organismos de derechos humanos en particular, a una activa defensa de los sectores criminalizados que no cuentan, en la mayoría de los casos, con la asistencia urgente y solidaria que estos momentos requieren y que son aislados por campañas que resaltan los detalles violentos de la protesta y ocultan la violencia que la genera. La realidad indica la persistencia de una política de criminalización, que no sólo engloba a la protesta social sino que se extiende a los más pobres y los más jóvenes, al tiempo que potencia las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, sobre todo en los sectores más vulnerables.

Creemos que negar el alcance y las dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales de estos procesos significa avalar la continuidad de una matriz excluyente, que atraviesa y estructura, más allá de los cambios coyunturales, la sociedad argentina contemporánea, a la par que condiciona su futuro. Estamos seguros de que ninguna sociedad con aspiraciones de justicia y paz social puede construirse sobre la base de la exclusión de una parte sustantiva de ella; ningún proclamado nuevo contrato social puede ser duradero si se funda en una concepción disciplinaria, clientelista y delegativa de la política, que en pos de la defensa del "orden" propicia, con el Código Penal en la mano, la judicialización de la política.

Alerta Argentina, Buenos Aires, enero de 2006.



Anexos que se incluirán a partir del 28 de febrero de 2006

1- La criminalización de la pobreza. El caso de la ciudad de Bariloche y los operativos conjuntos sobre los barrios pobres.

2- Las causas armadas (1): El caso Gabriel Roser: (informe preparado por el CIAJ).

3- Las causas armadas (2): Comodoro Rivadavia.

4- El Estado actual de la causa de la legislatura porteña (16 de julio de 2004) y el Código contravencional.

5- Criminalización de la protesta: hacia los juicios masivos. Los 52 procesados de Suteba, Bahía Blanca.

6- La situación del Hotel Bauen: la acción de la legislatura porteña

7- Servicios Públicos y Privatizadas: Los detenidos de Haedo

8-La Feminización de la pobreza. Informe sobre la situación de las mujeres 2005. El Caso Romina Tejerina.

9- Informe sobre la situación de la localidad de Gral Mosconi, 2005

10- La Patagonia: los derechos humanos en peligro por las tierras y por el agua

11- Petróleo y protesta social: La detención de Cristián Ruiz, desde el 20 de julio de 2005.

12- Informe Sobre la expansión de la Minería Tóxica y sus consecuencias

13- La situación de las cárceles. Un caso: La huelga seca contra las cárceles de Solá.

14 -Cromañón

15 - Las muertes impunes: General Mosconi y el 20 de diciembre de 2001.

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hola
Por Renzo - Thursday, Feb. 09, 2006 at 12:38 PM

son unos trolos por hacer informes tan largos

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