A 4 años del asesinato de Javier Barrionuevo en una protesta piquetera
Los crímenes de clase tienen sus propios fiscales

El caso de Javier Barrionuevo fue uno de los pocos en el que la justicia argentina sentó en el banquillo de los acusados al responsable material directo del asesinato de un militante social. A fines de noviembre de 2005, cuando se celebró en los Tribunales de La Plata el juicio contra el militante Gabriel Roser, la fiscalía afirmó que “no existía prueba acusatoria” que incrimine al joven en el crimen por el que se encontraba detenido, dictaminando la nulidad del proceso.

En el caso de Barrionuevo, el rol del fiscal fue determinante, pero para conseguir la inmediata liberación de quien abrió fuego. A la inversa de Roser, los elementos con los que apuntaban sobre el acusado, Jorge Bogado, eran irrefutables: 5 a 1 era el número de testigos que declaró ver al imputado disparar con su 9 mm contra el manifestante, estando este desarmado y en actitud pacífica; las pericias forenses realizadas sobre el cuerpo de la víctima establecieron que el disparo se efectuó a una distancia no menor a los 50 cm., dejando por el suelo la versión del combate cuerpo a cuerpo que relató Bogado; quien además ya había afirmado su responsabilidad en el hecho frente a la fiscalía, 3 días después del mismo.

En la madrugada del 6 de febrero del 2002 un “Ford Falcon” atravesó un corte de ruta realizado por el MTD local sobre la ruta 205, a la altura de la ciudad del Jaguel, en el marco de un plan de lucha en reclamo de planes de empleo y alimentos para los comedores populares. Su conductor era Jorge “Batata” Bogado, un conocido “parrillero” de estrecho vinculo con el intendente de Ezeiza Alejandro Granados, ayer duhaldista, antes de ayer menemista y hoy devenido ferviente oficialista. Al descender del vehículo abrió fuego hiriendo de muerte a uno de los manifestantes: Javier Barrionuevo, de 31 años de edad y uno de esos tantos changarines bonaerenses que la "peleaban" en un duro contexto de represión y exclusión que propiciaba el gobierno del ex presidente Duhalde.

Esa misma mañana (como para respetar la cronología periodística) 30 manifestantes, se hicieron presentes ante la comisaría 5º de El Jaguel, por entonces a cargo de Claudio Boriani, para ofrecer testimonio de lo sucedido. Pero fueron literalmente “ignorados” por el uniformado, propiciando que el fiscal Lorenzo Latorre deje en libertad a Bogado ante la “falta de testigos”, según explicó en su momento el letrado.

Sin embargo, la presión de la movilización popular colocó a Bogado tras las rejas acusado de homicidio simple, aunque un fallo de la Cámara le concedió la libertad con ciertos requisitos hasta la espera del juicio. Como regalo de fin de año, una cámara oculta del programa periodístico “Punto Doc”, demostró que los requisitos no eran justamente cumplidos.

Del 23 al 28 de mayo de 2003 se celebró el juicio oral y público en el Tribunal Oral Nº 5 de Lomas de Zamora, contra Jorge Bogado, acusado de homicidio simple. Con los testigos que cargarían contra “Batata” amenazados de muerte por la policía bonaerense y el manto de impunidad que habían dejado sobre los argentinos las represiones de diciembre de 2001 y la de Avellaneda, se llegó al juicio.

Bastaron sólo 2 audiencias de debate para garantizar la absolución de cargo y culpa del delito que se juzgaba al cincuentón justicialista. El prejuicio más cotidiano apuntaría contra los jueces, en este caso Pablo Little, Pedro Pianta y Guillermo Piume. Pero sería papel del fiscal el determinante para absolver a Bogado. “Le hacía preguntas a los testigos que favorecían al asesino”, rememora Camilo, uno de los manifestantes que estuvo en ese trágico piquete, integrante del MTD (hoy Frente Popular Darío Santillán).

Pablo Pando, el fiscal en cuestión, desestimó las pruebas acusatorias existentes y declaró desierta la acusación. Según las normas procesales, los jueces no tienen atribución de condenar si el fiscal no pide condena. No hubo acusación, no hubo condena, a pesar de que posteriormente los jueces se manifestaron en total desacuerdo con el desempeño de Pando. Bogado volvía libre a su casa.

El fiscal en sus ratos libre es el presidente de un selecto club de rugby de la coqueta ciudad de Adrogué. Pando es sobrino del ex almirante represor Lacoste, cuñado de Jorge Rafael Videla. Los engranajes de la justicia democrática parecen ser aceitados con la misma impunidad que existió en dictadura.