Violencia en Paraguay y la expansión de la soya RR
Por Javiera Rulli - Rosalía Ciciolli * - Thursday, Feb. 16, 2006 at 10:37 AM

El lunes 19 de Septiembre del 2005, se inició una nueva ola de violencia, sobre la comunidad de la comisión vecinal de "MARÍA ANTONIA", en el distrito de Mbuyapey, Dpto. de Paraguari, Paraguay. Otro caso de la impunidad cotidiana que reina en el Paraguay. Esta vez, 2 policías pagados por un latifundista, intentaron asesinar a un Sin Tierra, luego, debido al fallo de la operación, arremetieron contra toda la comunidad. Esta es la historia de Benito Gavilán y como la comunidad campesina salvó a su dirigente.

Benito Gavilán, 35 años, 4 hijos, militante hace varios años del MCP (Movimiento Campesino Paraguayo), presidente de la comisión vecinal elegido por su comunidad. Dicha comisión es la encargada de llevar adelante los trámites por la recuperación de las tierras. A causa de su liderazgo en estos trámites Benito Gavilán empezó a ser amenazado a muerte por el latifundista Rivarola.

Por esta razón, hace un tiempo, el dirigente se mantenía escondido y no solía dormir en su casa. Pasando las noches en el campamento de los SinTierra (al lado del remanente fiscal que están a punto de recuperar), generalmente acompañado por los grupos que allí se van turnando. Pero la noche del domingo 18 de septiembre, Benito pernoctó en su casa, por la mañana, a las 7: 30 salió hacia la despensa para comprar víveres. En el camino se cruzó con dos hombres que venían en una moto, los dos hombres eran jóvenes vestidos de civil, debido a ello no los reconoció hasta que ellos lo interceptaron. Los dos eran policías de la comisaría de la zona. Después de preguntarle a donde iba, el agente Brizuela amarrándole por el brazo le inmovilizó y le apunto en la cintura con una escopeta calibre 12, en ese instante, desde el otro lado, el agente Agustín Pérez le disparó en la cabeza con un revolver mágnum calibre 22. La bala cruzó el pómulo y salió por el ojo, después de haberle destrozado toda la masa ocular. Benito cayó al suelo, los policías dándole vueltas a patadas, creyeron que estaba muerto y huyeron.

Al escuchar el tiro los vecinos salieron de sus casas, pudieron ver como los dos policías huían y encontraron a Benito en la mitad del camino aun vivo. Temiendo nuevas represalias, rápidamente decidieron esconderlo en la isla de un estero cercano a la comunidad. Allí dejaron a Benito bajo un plástico, junto a algunos medicamentos que entre todos habían juntado para darle los primeros auxilios.

La represión contra toda la comunidad se inició horas más tarde cuando los policías junto a un fiscal volvieron a recoger el muerto. Anteriormente, en la comisaría ambos policías habían denunciado un supuesto tiroteo donde Benito, accidentalmente, habría recibido un tiro disparado por otro desconocido cuando ambos enfrentaban a la policía. Al llegar la comitiva judicial y no encontrar el cuerpo se inicia una búsqueda desesperada. Los policías saben que el latifundista Rivarola no pagara la recompensa si no encuentran el cuerpo. Se inicia una operación masiva con 6 patrulleras y unos 30 efectivos junto a grupos de civiles armados que rodean el asentamiento, impiden la salida e inician un allanamiento casa por casa. Buscan a Gavilán y amedrentan violentamente a las familias.

La señora Modesta Cabrera, esposa de Benito y un hijo varón de 8 años son detenidos por el policía Estanislao Cáceres varias horas frente a su casa y en presencia de sus otros 3 hijos menores se les presiona para revelar donde esta escondido Benito Gavilán. La caza continúa todo el día siguiente y los miembros de la comunidad huyen de sus hogares hacia el monte. Es en este día cuando uno de ellos, escondido en el bosque puede comunicarse con Asunción para dar la alarma. El hombre solo consigue la conexión celular cuando se sube a un árbol y en esa posición, de vez en cuando e interrumpidamente, logra informar a la central campesina, los que así se enteran de lo sucedido. En Asunción, desde las sedes de las organizaciones campesinas, se empieza a denunciar por prensa, radio y a nivel parlamentario, solicitando que algún agente del gobierno detenga la represión y salve a Benito Gavilán.

La represión se mantiene y la familia de Benito está altamente vigilada. En todos los caminos hay policías que interceptan a cualquiera que quiera salir de la comunidad. El miércoles 21, a las 3 de la mañana temiendo por la vida de Benito, su prima y el hijo de ésta escapan de la comunidad hacia el estero, recogen a Benito y huyen con este por el Río Tebicuary hacia Misiones. Después de remar por más de 5 horas logran llegar a la jurisdicción de Villa Florida, Dpto. de Misiones, en la costa del río, a unos 20 Km. de la ruta mas cercana, allí lo trasladan en un vehículo con el que logran salir hasta la ruta que une Misiones-Asunción, donde a su vez deben buscar otro vehículo que los acerque hasta el hospital de la zona.

El miércoles a las 17:00 horas Benito Gavilán llega a Emergencias Médicas. El médico que lo atiende informa que el ojo derecho está totalmente destrozado. Se requiere una intervención quirúrgica con urgencia. Las organizaciones campesinas necesitan tiempo para recolectar el dinero para los gastos de las primeras 24 horas. Al fin el jueves 22, Benito puede ser operado.

A pesar de que en Paraguay, la salud está privatizada, y los enfermos son atendidos sólo si pueden costear los gastos médicos (el hospital no cubre ni la alimentación de los pacientes) el caso de Benito ha logrado ser exonerado, lo que significa que el estado cubrirá el 25 % de los gastos (los medicamentos han salido aprox. 600.000 guaraníes o sea 100 US$ en las primeras 24 horas)


El caso de la Comunidad María Antonia

Con 8 años de antigüedad, la comunidad María Antonia se compone de 40 familias asentadas en lotes de 1 a 3 has. Dichas familias han llevado una lucha constante para que sus problemas sean reconocidos. En Paraguay una familia con menos de 5 ha es considerada SINTIERRA ya que con esta pequeña superficie una familia no alcanza a ser autosuficiente. La Comisión Vecinal de la comunidad María Antonia está organizada dentro del MOVIMIENTO CAMPESINO PARAGUAYO - MCP integrante de la MCNOC (Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas) parte de la Vía Campesina.

Hace 3 años, la comunidad María Antonia tramita la recuperación de un bolsón fiscal de 170 hectáreas. La superficie ya fue mesurada y ratificada por el Instituto Nacional de Desarrollo de la Rural y la Tierra de Paraguay (INDERT) dándose la resolución administrativa a favor de los asentados y el caso está en el proceso administrativo de legalización. El conflicto surge a raíz de que simultáneamente el INDERT, inició la compra de 100 hectáreas al latifundista de la zona, Luis Bertrán Rivarola, (todas tierras aledañas al predio del bolsón fiscal.) pero el INDERT parece que nunca indemnizó al señor Rivarola, por lo que éste, insatisfecho, arremete contra la comunidad. La otra causa de la violencia desatada por Rivarola, se debe a la extracción ilegal de la madera del bosque que este realiza en el remanente fiscal. Los campesinos que han empezado a preparar la tierra para la siembra de esta temporada, también han empezado a oponerse a estas prácticas, impidiéndole la entrada.

Se calcula que el INDERT ha dejado de pagar 260.000 has. a sus dueños expropiados. Así mismo, es una costumbre generalizada del INDERT el emitir los documentos para que la gente se asiente en los terrenos expropiados; pero nunca procedan al pago del inmueble, lo cual implica un grave riesgo de ataque para las comunidades allí asentadas.

Los bolsones fiscales son las tierras fiscales que se ven atrapadas entre los diferentes latifundios, generalmente los latifundistas se adueñan de estas tierras en forma ilegal. Por esto, las organizaciones campesinas paraguayas orientan muchas de sus ocupaciones a recuperarlas. Los bolsones fiscales son las últimas gotas de terreno fiscal que van quedando en el país. Esta es la tierra que puede ser directamente destinada al programa de Reforma Agraria. Aparte de estos bolsones minúsculos, se estima que todo el resto de la tierra del país ha sido privatizada. La ola de privatización despegó desde el inicio del Instituto de Reforma Agraria, posteriormente denominado IBR, en la década del 60 fecha en que se inician los programas de colonización por todo el país. Tristemente, poca de estas tierras terminó en manos de las comunidades campesinas. En el parlamento se ha llegado a denunciar que aproximadamente 12 millones de has. en Paraguay fueron dadas a militares y aliados del dictador Stroessner.

Así mismo la expansión reciente de los monocultivos de soja RR (en la actualidad con 2 millones de has. en el país), terminó por despojar a muchas comunidades de sus tierras.

La mayoría de la compra de esas tierras se puede calificar como ilegal. Se podría decir que son tres las principales formas de adquisición ilegal de tierras en Paraguay;

1) Tierras malhabidas, latifundios irregularmente cedidos a los aliados de Stroessner dentro del programa de reforma agraria.

2) La entrega de tierras a ciudadanos brasileños los que a aunque no cumplen las características de sujetos legítimos del programa de Reforma Agraria del INDERT tienen la capacidad de pagar al contado y aumentar la comisión de los agentes departamentales.

3) Las comunidades van perdiendo los lotes familiares a través de la venta de las “derecheras” que implica la venta del derecho de uso por parte del asentado. Es común que los agentes departamentales del INDERT se aprovechen de la precaria situación de los campesinos ofreciéndoles dinero para que abandonen sus parcelas. Los agentes del INDERT actúan a comisión de los hacendados. No obstante se trata de una operación ilegal debido a que el estatuto del INDERT establece que las tierras son inalienables dentro de un plazo de 10 años. A través de las derecheras las comunidades se van fragmentando, los que compran en su mayoría utilizan estas tierras para sembrar soja, la soja entra con sus guardias armados y sus tóxicos. La violencia sobre los vecinos se recrudece, la gente se enferma y pierde sus cosechas por los agrotóxicos, además de ser constantemente amedrentada por los grupos armados y policías: El enemigo ya está dentro de la comunidad.

Es por ello que las organizaciones campesinas se oponen a cualquier tipo de intrusión de soja en sus comunidades. El conflicto directo con los sojeros ocurre cuando los militantes de las organizaciones campesinas se oponen a la pérdida de estos lotes, denuncian la irregularidad y reocupan los lotes con otras familias Sin Tierra. Por esta razón, los planes del gobierno de estimular el avance de los monocultivos de soja transgénica hasta cubrir 4 millones de hectáreas supone de por sí un ataque frontal a las comunidades campesinas e indígenas. La expansión de la soja transgénica significa no solo un ultimátum a la defensa de la diversidad biológica, sino también implica la destrucción de los pilares culturales que son el campesinado y las comunidades indígenas dentro del Paraguay.


* Javiera Rulli – Grupo de Reflexión Rural- Argentina

----------------------------------------------------------

La maquinaria sojera amenaza con matar otra vez

Los labriegos paraguayos vuelven a movilizarse contra las fumigaciones intensivas con agroquímicos ante la inminencia de la temporada de cultivo de la soja transgénica.

La Federación Nacional Campesina (FNC), una de las más combativas del país, anunció que resistirá hasta el final las pulverizaciones, que producen efectos devastadores sobre sus cultivos de subsistencia y la salud de sus comunidades. Entre tanto, los productores sojeros se aprestan a iniciar el cultivo de 2 millones de hectáreas de soja transgénica en la Región Oriental del país.

Una vez más, la FNC manifestó su oposición al modelo agroexportador de la soja y fustigó al gobierno por negarse a poner en práctica un plan de desarrollo integral que permita acabar con la pobreza y retornar al cultivo de productos tradicionales como el algodón, la yerba mate, los cítricos, la caña de azúcar y los rubros de subsistencia.

La dirigencia de la Federación, encabezada por su secretario general Odilón Espínola, señaló que sólo con la organización de los sectores representativos de la sociedad y una toma de conciencia de parte de la ciudadanía será posible hacer frente al modelo agroexportador de la soja.

Se estima que dentro de un año la superficie cultivada de soja ascendería a 2.500.000 hectáreas y en un máximo de cuatro años a 4 millones de hectáreas. De verificarse estas previsiones habría severos impactos negativos en el plano social y sobre el medio ambiente, como la pérdida de la biodiversidad (fauna y flora), cambios en los regímenes climáticos, deterioro de los suelos (erosión, pérdida de nutrientes), la contaminación de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos y la desaparición de los cauces naturales a causa de procesos de sedimentación y colmatación.

El cultivo extensivo de la soja que promueve el gobierno conlleva el aumento de las fumigaciones intensivas con glifosato, un químico que produce intoxicaciones severas, alentando la migración del campo a la ciudad y el consiguiente incremento de los bolsones de pobreza en las grandes urbes.

“Estamos dispuestos a iniciar una campaña para que la ciudadanía comprenda las consecuencias negativas que la producción sojera deja no sólo para el sector rural sino también para las poblaciones urbanas. El modelo de desarrollo económico que nosotros queremos para Paraguay nada tiene nada que ver con el modelo agroexportador defendido por el gobierno”, expresó Odilón Espínola.

Las muertes de Ypecua


El asesinato de dos campesinos a principios de 2004, en Ypecua, en el departamento de Caaguazú, durante la resistencia contra las fumigaciones masivas de los cultivos de soja sigue presente en la memoria de todos los labriegos, que hoy se aprestan a salir nuevamente a las humildes calles de tierra colorada de sus comunidades para resistir el avance de las pulverizaciones. “Debemos seguir adelante para evitar que nuestra gente siga muriendo de manera miserable a causa de las fumigaciones masivas”, clamó Espínola.

Según dijo, los campesinos están prestos a resistir con la formación de barreras humanas para evitar la acción de las maquinarias utilizadas durante los procesos de pulverización de los cultivos. Además de generar un debate social e impulsar la organización ciudadana la FNC saboteará las fumigaciones, evitando que los tractores lleguen hasta los cultivos, anunció el secretario general del gremio.

“El modelo agroexportador sojero sólo seguirá generando más pobreza, atraso, marginación y destrucción del medio ambiente”, enfatizó el dirigente campesino.

Paralelamente, la FNC ha entablado negociaciones con sectores gubernamentales y productivos. Espínola anunció que planteará al ministro de Agricultura y Ganadería, Gustavo Ruiz Díaz, la realización de una reunión entre los labriegos y los representantes de la Unión de Gremios de la Producción (UGP). La Federación responsabilizará al Estado ante cualquier problema que pudiera surgir durante las movilizaciones, teniendo en cuenta que la UGP ha solicitado nuevamente la presencia de las fuerzas militares en el campo “para amedrentar a la gente y garantizar el envenenamiento de las comunidades”.

La oposición de la FNC al modelo agroexportador, recordó su secretario general, se debe a que el mismo beneficia a un pequeño grupo en perjuicio de la gran mayoría de la población, profundiza la dependencia de los mercados externos y extiende el latifundio, principal traba para el desarrollo nacional. En su Congreso Nacional Extraordinario de 2003, el gremio decidió promover acciones de resistencia de las comunidades a la fumigación masiva con agrotóxicos.

Como alternativa, la Federación propone la reactivación productiva con la industrialización del algodón, a través de una banca pública que impulse el desarrollo nacional y la defensa de la soberanía.

“El gobierno debería apuntar a una eficiente política de distribución de la tierra”, sostiene el gremio. Sin embargo, el 85 por ciento de los campesinos paraguayos sólo ocupan el 6 por ciento del suelo cultivable. A su vez, el 70 por ciento de los propietarios de tierras del país son extranjeros.

En Asunción, Rosalía Ciciolli
Rel-UITA
7 de noviembre de 2005
SIREL # 1078


Boletín RALLT 174. Paraguay
Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Boletín 174

agrega un comentario