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Excarcelaciones: debate e interrogantes ante una legislación más flexible
Por El Día - Monday, Mar. 06, 2006 at 11:45 AM

El Senado provincial ya aprobó la reforma procesal y ahora va a Diputados ¿Miles de presos libres?

El proyecto de ley aprobado el jueves pasado por el Senado bonaerense para flexibilizar el régimen de excarcelaciones, dando marcha atrás con lo que en su momento se conoció como la ley de "mano dura" instalada en el gobierno de Carlos Ruckauf, provoca reparos en algunos sectores que plantean que las modificaciones al Código Procesal Penal no harán otra cosa que dejar en la calle a miles de presos que en la actualidad se encuentran con prisión preventiva.

El ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, aclaró que el proyecto que esta semana sería convertido en ley por la Cámara de Diputados "no es para llenar las calles de delincuentes", pero al mismo tiempo dijo que "para fines de este año no habrá mas procesados alojados en las comisarías", donde actualmente hay, según cifras que aportó la semana pasada el ministro de Seguridad, León Arslanián, 3.000 presos.

Gran parte de esas personas están imputadas por delitos cuya pena máxima es inferior a los ocho años de prisión, de manera que, de acuerdo con lo que establece el proyecto que flexibiliza el régimen de excarcelaciones, los jueces podrían disponer su libertad.

La intención del Gobierno es que en los próximos meses ninguna persona esté detenida en una comisaría más allá del tiempo que demande su traslado a una unidad penitenciaria. Para alcanzar ese objetivo será necesario generar vacantes en las cárceles que, hoy por hoy, están superpobladas, ya que tienen una capacidad para 18 mil presos y sin embargo alojan a 25 mil.

Es fácil deducir entonces -afirman los críticos del proyecto aprobado- que si se quiere vaciar las comisarías para que los policías dejen de cuidar presos y cumplan con su función específica de brindar seguridad a la ciudadanía, habrá que producir libertades masivas para generar nuevas plazas en las unidades penales.

En el Gobierno aducen que están en construcción nuevas cárceles, pero no es menos cierto que no serán suficientes para contener a las 3.000 personas alojadas en calabozos de seccionales policiales y a las que sean detenidas hasta que estén finalizadas las obras.

Si bien no se ha comunicado oficialmente cuál es el número exacto de personas detenidas que, sobre el total de 28 mil (sumados los que permanecen en cárceles y en comisarías), podrían quedar en libertad con las modificaciones al Código Procesal Penal, una simple ecuación permite aventurar que, en función del objetivo del Gobierno de sacar a los presos de las dependencias policiales, no serían menos de 3.000.

ALCANCES DE LA LEY

Las modificaciones apuntan a cumplir con la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el año pasado resolvió "exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación, y su legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales".

La reforma impulsada tiene como principio general que la restricción de la libertad sea ejercida de manera "excepcional" y "sólo cuando fuera absolutamente indispensable". El proyecto de ley aprobado por el Senado determina que la excarcelación podrá ser otorgada en los casos en que la pena máxima prevista para el delito cometido no supere los ocho años de prisión (actualmente el techo son seis años).

LOS DELITOS QUE AHORA SERAN EXCARCELABLES

Entre los delitos que tienen una pena máxima que no supera los ocho años de prisión se encuentran el homicidio culposo (accidente de tránsito), el homicidio preterintencional (una pelea que deriva en una muerte), los robos en los que sean utilizados menores para producir el hecho, o los hurtos agravados.

Pero el proyecto deja también deja abierta la posibilidad de que los jueces concedan el beneficio de la excarcelación "si el máximo de la pena fuera mayor, pero de las circunstancias del o los hechos y de las características y antecedentes personales del procesado resultare probable que pueda aplicársele condena de ejecución condicional". De este modo, eventualmente también podrían ser liberados quienes hayan concretado -por ejemplo- un robo apelando al uso de armas.

Además, se eliminan los "supuestos restrictivos", limitando únicamente la concesión de la excarcelación a los casos en que se verifiquen los denominados "peligros procesales", entre los que se menciona la posibilidad de fuga o el entorpecimiento de la investigación.

La iniciativa, que sería tratada esta semana por la Cámara de Diputados, determina que "en ningún caso" se concederá la excarcelación "cuando hubiere vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación".

También establece que "siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, o de alguna técnica o sistema electrónico o computarizado que permita controlar que no se excedan los límites impuestos a la libertad, el juez de garantías impondrá tales alternativas en lugar de la prisión".

Además, instala un sistema de oralidad desde el primer día del proceso, de manera que se puedan agilizar los plazos y se evite que todas las causas lleguen a juicio.

FUNDAMENTOS

En los fundamentos del proyecto aprobado por el Senado se señala que la Provincia atraviesa una situación carcelaria "extrema" como consecuencia del "incremento sustancial de detenidos producido en los últimos años".

Los legisladores aseguran que esto se da "especialmente a partir de la sanción de las leyes 12.405 (aprobada en el gobierno de Ruckauf y conocida como la reforma de la 'mano dura'), 13.177 y 13.183 (sancionadas en el 2004 tras el secuestro y muerte de Axel Blumberg), que no han logrado una reducción notoria de la criminalidad sino que, por el contrario, han agravado el estado de cosas al mantener un significativo número de detenidos -sin condena- en condiciones de hacinamiento".

Además, destacan que con este cuadro de situación, "se impone una adecuación del ordenamiento procesal penal vigente" para adecuar la legislación bonaerense a los parámetros constitucionales e internacionales, tal como lo exigió la Corte de Justicia de la Nación al hacer lugar a una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En su resolución del año pasado, el tribunal nacional sostuvo que no podía "permanecer indiferente ante la gravedad de la situación y, por consiguiente, cabe que exhorte a los Poderes Legislativo y Ejecutivo a que adecuen la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación a los estándares mínimos internacionales que, a modo de ejemplo, recepta la legislación procesal penal de la Nación".

En relación al "excesivo" uso de la prisión preventiva, la Corte remarcó que "ya no hay controversias respecto a que el 75 por ciento de detenidos en la provincia de Buenos Aires aún no tiene condena firme" y destacó que "este hecho puede deberse a distintas razones: parálisis o colapso casi total del sistema judicial, aplicación generalizada a imputaciones por delitos de menor gravedad".

El tribunal afirmó en su sentencia que "se ha admitido que este fenómeno creció a partir de las reformas legislativas" y aseguró que "el 75 por ciento de presos sin condena, en caso de no hallarse colapsado casi totalmente el sistema judicial, está indicando el uso de la prisión preventiva como pena corta privativa de la libertad, contra toda la opinión técnica mundial desde el siglo XIX a la fecha".

VOCES A FAVOR Y EN CONTRA

En la sesión del Senado, la defensa del proyecto acordado por el Frente para la Victoria y el PJ estuvo a cargo de José María Eseverri y Mónica Litza.

El legislador oficialista sostuvo que "se ha actuado con mucha responsabilidad" en la redacción del proyecto para "devolverles autoridad a los jueces". Y reconoció que el cambio impulsado "desanda un camino", instalado con la reforma de la "mano dura".

La justicialista Litza, por su parte, afirmó que "la libertad del procesado hasta el momento del debate oral era el principio rector", pero "la legislación penal fue variando y al principio de libertad se le llegó a imponer tantas excepciones, que la prisión se tornó en regla".

En la vereda opuesta, el presidente del bloque de la UCR, Jesús Porrúa, señaló que la reforma propuesta por el oficialismo "es un tema delicado que demanda un análisis profundo e integral para buscar soluciones efectivas y no parches que continúen ocultando la verdadera dimensión del problema procesal".

En el mismo sentido, el vice de la bancada, Diego Rodrigo, remarcó que el proyecto aprobado "nunca fue sometido a un profundo análisis" y dijo que "las iniciativas del Ejecutivo son erráticas y por efectos espasmódicos". Además, consideró que "sólo son apuestas al vacío en un tema tan delicado como lo es la política de seguridad" y se quejó de que el oficialismo no respondió cuántos serían los detenidos que se beneficiarían con la sanción de la ley.

El senador radical Andrés Antedoménico, por su parte, aseguró que "el oficialismo no hace más que reconocer su propia torpeza y falta de solución a problemas gravísimos que afectan al sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires y el de detenidos en las comisarías".

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