URUGUAY. PROCESAN A TRABAJADORES GRAFICOS : Argentina Indymedia (( i ))

(Concosur) Uruguay- El juez Almeida les imputó el delito de "apropiación indebida". Tres de los funcionarios, por tener antecedentes, fueron procesados con prisión, 57 sin prisión y se dio orden
de captura para 5 que no se presentaron a las instancias judiciales. Este jueves, en medio de la presencia solidaria del Sindicatos de Artes Gráficas (SAG) y del PIT CNT (central única de trabajadores uruguayos), los obreros fueron conducidos por tandas al juzgado desde la Jefatura de Policía. El episodio se suma a una dura polémica en la cual la derecha -compuesta por los opositores partidos Colorado y Nacional- junto a los gremios empresariales cuestionan duramente al gobierno del Dr. Tabaré Vázquez por legitimar a las ocupaciones como una extensión del derecho de huelga. En caso de la Imprenta Vanni es singular, porque sus trabajadores luego de
ocuparla comenzaron a gestionarla y pusieron en marcha una cooperativa de trabajo. El magistrado entendió que es en este punto, no en la ocupación, que se configura el delito tipificado. En declaraciones a la prensa, dirigentes del SAG, reafirmaron su solidaridad con los procesados y
denunciaron que el costo de la imprenta oscila en los 2 millones de dólares, mientras su propietario le debe al estatal Banco República aproximadamente 5 millones de dólares. Por ello, sostienen, la imprenta ya no pertenece a su propietario sino al conjunto de la sociedad uruguaya que es su acreedora.
Afirmaron que luego de la ocupación constataron que el empresario también había firmado cheques sin fondos. Les llama la atención la prontitud para juzgar y condenar a los trabajadores, mientras el dueño de la imprenta sigue caminando libremente pese a sus deudas con el estado y otras maniobras. Con la ocupación, los trabajadores buscaron evitar que se repitieran episodios
anteriores, donde los dueños de las empresas las vaciaban económicamente, retiraban todas las maquinarias y se fugaban sin pagar sus deudas, incluyendo las que mantenían con los trabajadores. El hecho de formar una cooperativa y poner en funcionamiento la maquinaria, se debió a la necesidad de seguir trabajando por parte de sus funcionarios. El defensor de los 75
trabajadores, Dr. Jorge Arias, apelará la sentencia. Lo hará basado en dos argumentos: las máquinas de la imprenta nunca salieron del patrimonio del dueño, no se le quitaron, se usaron para realizar una "ocupación productiva", lo cual no sería ilícito. Para el abogado, el juez debe juzgar
la intención, y aquí no hubo mala intención. Además, el propio empresario -cuando tenía expectativas de conseguir inversores que lo apoyaran- había dado permiso para que las máquinas fueran usadas para garantizar el buen estado de las mismas en el momento que se volviera a la actividad normal.
Pero los inversores no aparecieron y la situación se dilató. En dos semanas, se presentaría también un pedido excarcelación para los tres procesados con prisión.