| versión para imprimir - envía este articulo por e-mail |
El golpe genocida y las tareas pendientes
Por Miguel Sorans, MST EL SOCIALISTA -
Friday, Mar. 24, 2006 at 11:42 AM
opinaellector@elsocialista-mst.org
El 24 de marzo de 1976 se inició el período más negro y sangriento de nuestra historia. Miles de luchadores obreros y populares fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. El genocidio estuvo al servicio del plan de Martínez de Hoz, las grandes empresas y el FMI. Fue la resistencia obrera y popular la que terminó derribando a la dictadura en 1982. Los políticos patronales justicialistas, radicales, liberales y la Iglesia fueron cómplices de la dictadura. Y, desde 1983, aplicaron los planes de entrega del FMI para llevar adelante lo que los militares no pudieron hacer. El Argentinazo del 2001 fue el punto más alto de repudio a la “democracia para los ricos”. La lucha continúa.
Los militares dieron el golpe e instalaron un régimen de represión generalizada porque el gobierno de Isabel Perón no podía derrotar a la clase obrera. El Cordobazo de 1969, bajo la dictadura de Onganía, había iniciado un período de luchas obreras y populares de tal magnitud que obligó a la burguesía a producir un cambio cualitativo: legalizar al peronismo, llamar a elecciones y permitir el retorno de Juan Perón para ver si de esa forma se encarrilaba el país. Pero el plan fracasó. Ya desde el gobierno de Cámpora siguieron las tomas y paros de empresas. Perón muere en 1974 y el ascenso obrero continúa. Al punto que en junio de 1975 se produce la primera huelga general (el Rodrigazo) contra un gobierno justicialista. Caen López Rega, el creador de las Tres A, y Celestino Rodrigo. El gobierno de Isabel empezaba a aplicar métodos de represión fascistas, con secuestros, detenciones y asesinatos de dirigentes obreros y populares. A su vez, la guerrilla, con acciones provocativas, no hacía más que crear confusión entre las masas. Pero las huelgas siguieron hasta principios de l976 y la traición de la burocracia peronista impidió la concreción de una nueva huelga general que pudo derribar a Isabel Perón y evitar el golpe de Estado. La ausencia de una dirección revolucionaria reconocida por las masas impidió organizar la lucha para frenarlo.
Los militares se animaron a dar el golpe porque también tuvieron la complicidad de los políticos patronales. Ricardo Balbín, líder entonces de la UCR, definía a las huelgas como “guerrilla industrial” y decía que “estas fuerzas armadas son las mejores que he visto en mi vida” (La Prensa, 16/3/76). Jorge Antonio, empresario peronista, decía: “Si las FF.AA. vienen a poner orden, respeto y estabilidad, bienvenidas sean” (Siete Días, 26/3/76).
Una dictadura genocida
A partir del golpe militar son suprimidas todas las libertades democráticas, se intervienen las organizaciones obreras y se congela la actividad de los partidos políticos. Se masifican los métodos represivos que ya venían aplicando López Rega y la burocracia sindical bajo la sigla de las Tres A. El aparato estatal, militar y policial se transforma en una Triple A.
La clase obrera y el movimiento de masas son derrotados. La burguesía y el imperialismo lanzan un ataque implacable para imponer sus planes de hambre y entrega bajo la batuta de Videla, Masera y Martínez de Hoz. Miles van a las cárceles, son torturados, asesinados y desaparecidos. Buscaron aplastar al movimiento obrero y popular y aniquilar a su vanguardia de luchadores. Por eso gran parte de los desaparecidos son dirigentes, delegados y activistas sindicales y estudiantiles.
El objetivo era aplicar un plan económico de liquidación de conquistas sociales y de saqueo del país. El genocidio se puso al servicio del FMI, de los grandes empresarios extranjeros y nacionales como Techint, Amalita Fortabat, Perez Companc, Pescarmona o Macri; al servicio del capital financiero y de la estafa de la deuda externa.
Mientras esto sucedía, el presidente de la Conferencia Episcopal, obispo Tortolo, convocaba a colaborar con el gobierno de Videla. Hoy los políticos patronales se llenan la boca de “democracia” y declaran repudios a la dictadura, pero entonces acudían a colaborar. Los radicales dieron embajadores e intendentes. El justicialista Tomás de Anchorena fue embajador en Francia. Muchos de ellos concurrieron a la confitería El Molino el 1º/12/78 a la cena anual del Círculo de ex Legisladores. El encargado del brindis fue Videla, y entre los presentes estaban los radicales Balbín, Tróccoli, treinta ex diputados justicialistas y hasta ex diputados comunistas como Jesús Mira y Juan Carlos Comínguez (revista Gente, 7/ 12/78).
La resistencia, Malvinas y el fin de la dictadura
En medio de semejante horror, empezó la resistencia obrera y popular que finalmente llevaría a la caída de la dictadura. Los militares que venían para quedarse por décadas en el poder duraron seis años. Y aunque muchos quieren desconocerlo, el movimiento obrero tuvo el protagonismo central. A pesar de la derrota, los trabajadores empezaron una lenta recuperación. En mayo del ’76, en Renault de Córdoba reclamaban un aumento salarial con un “trabajo a tristeza”, que bajaba la producción. En los años siguientes hubo luchas de portuarios, trabajadores de subterráneos y ferroviarios. En 1979 hubo huelgas en Alpargatas, IME, Renault, Ferrum, Galileo, Capea, Santa Rosa (después Acindar) y Siam. En abril de 1977 se hace la primera ronda de las que luego serían las Madres de Plaza de Mayo. En 1980 se produce una grave crisis económica. Se termina la época de la “plata dulce” y sectores de la clase media, que habían paseado por todo el mundo porque había un dólar reprimido, entran en crisis. La dictadura se queda sin apoyo social. La clase media se une, de hecho, a la resistencia obrera. Surgen acciones populares moleculares pero cada vez más importantes. Movimientos contra la censura de intelectuales y artistas, contra los impuestazos, y va tomando forma la consigna “abajo la dictadura”. En julio de 1981 se produce una huelga general parcial de la CGT.
La dictadura empieza a entrar en crisis política y tiene cada vez más dificultades. En 1982, en un intento desesperado por sostenerse, Galtieri inicia la toma de Malvinas. El objetivo era tratar de desviar hacia los ingleses el odio popular contra la dictadura. En ningún momento creyeron que iba a haber una guerra. Locamente creían que el imperialismo yanqui, del que se consideraban aliados, los iba a apoyar en una negociación con los ingleses para quedarse con las Malvinas. Cometieron varios errores a la vez. Los yanquis se unieron a los ingleses y la guerra de Malvinas provocó una movilización de masas antiimperialista nacional y latinoamericana que fue contra el gobierno militar, que capituló. El Papa vino al país para reforzar la actitud derrotista de la burguesía argentina. El 15 de junio una concentración popular en Plaza de Mayo gritaba: “Los pibes murieron, los jefes los vendieron”. Se produjo un vacío de poder. La dictadura caía. Galtieri tuvo que renunciar y los militares no tuvieron otra salida que irse a las corridas a negociar con los políticos patronales para convocar a elecciones.
De Alfonsín al Argentinazo
La caída de la dictadura fue un inmenso triunfo revolucionario del movimiento de masas. Los políticos del sistema se unieron entonces en la Multipartidaria para desviar la movilización popular hacia las elecciones, buscando hacer creer a las masas que la alternativa a sus reclamos de justicia social y libertades pasaba por votarlos a ellos. Los socialistas revolucionarios dijimos entonces que era una mentira y que, aunque participáramos de las elecciones, había que seguir la lucha por un gobierno de los trabajadores y una Argentina socialista para lograr el no pago de la deuda externa y los cambios de fondo.
Millones votaron entusiastas a Alfonsín en 1983. Creyeron que con “la democracia, se educa, se come y se cura”. Pero las expectativas fueron, poco a poco, defraudadas. Los gobiernos radicales y justicialistas (Alfonsín, Menem y De la Rúa) siguieron pagando la deuda, y con los planes dictados por el FMI. Siguieron el hambre, la entrega y el saqueo. Vinieron las privatizaciones y la desocupación. O sea, continuaron con el plan de Martínez de Hoz bajo un régimen de “democracia para ricos”. También impusieron las leyes de impunidad para salvar a los militares genocidas de la cárcel.
El Argentinazo, y su consigna, “que se vayan todos”, fue el punto más alto de repudio a los gobiernos, partidos y políticos patronales. Fue una rebelión popular que tiró a un gobierno elegido por el voto popular.
Ahora Kirchner gobierna con un doble discurso populista, pero también sigue pagando la deuda externa; sigue con la represión a los que luchan, como en Las Heras; los bajos salarios; las privatizaciones, y gobernando para Techint, Pescarmona y las multinacionales.
Nuevos dirigentes para una Argentina socialista
A treinta años del golpe, miles y miles se volverán a movilizar en todo el país para reafirmar el repudio a los militares genocidas, para homenajear a los caídos en la lucha por recobrar las libertades democráticas, para seguir exigiendo el castigo a los represores de ayer y de hoy. Los trabajadores y el pueblo siguen dando pelea por el salario, contra los impuestos, contra la represión, la impunidad. Los socialistas seguimos creyendo que estas luchas hay que unirlas y encaminarlas hacia los cambios de fondo que necesitamos y que dejó pendientes la movilización que tumbó a la dictadura, como el Argentinazo que tiró a De la Rúa.
Mientras sigan gobernando los que sostienen el sistema capitalista, que se basa en la subordinación al imperialismo y a las ganancias de los grupos empresarios, no habrá salida para el pueblo trabajador. Necesitamos luchar por un gobierno de los trabajadores que realmente terminará con la impunidad como con los planes de entrega al FMI, avanzando en construir una Argentina socialista.
Y para ello es imprescindible también lograr nuevos dirigentes políticos y sindicales. No van más los políticos justicialistas, radicales, macristas o de centroizquierda. Para triunfar se necesita construir un partido socialista revolucionario que también contribuya a lograr la unidad de la izquierda, los trabajadores y los demás sectores populares, para triunfar en cada lucha obrera, social, democrática y popular.
El currículum de Alfonsín: Punto Final, Semana Santa y Obediencia Debida
Por Daniel Campos, MST EL SOCIALISTA -
Friday, Mar. 24, 2006 at 11:44 AM
opinaellector@elsocialista-mst.org
Raúl Alfonsín trató por todos los medios de limitar el alcance del juicio a los genocidas. Sancionó el Punto Final y la Obediencia Debida, aberraciones jurídicas para consagrar la impunidad. Se terminó rindiendo ante los carapintadas en Semana Santa de 1987.
Desde su asunción en 1983, Alfonsín hizo todos los esfuerzos para reducir el alcance de los juicios a los militares genocidas. Fueron la presión de las masas y las incansables movilizaciones de los organismos de derechos humanos quienes derrumbaron una a una las barreras de la impunidad. Luego del juicio a las juntas, Alfonsín había decidido limitar el resto de los enjuiciamientos, dictando unas “instrucciones especiales” a sus fiscales. Pero las avalanchas de juicios se acumularon en todos los juzgados.
Punto Final
En 1986 Alfonsín pactó con la cúpula castrense y a fin de año hizo aprobar la Ley de Punto Final, que planteaba que sólo quedaban sesenta días para presentar denuncias, tras lo cual todas las causas prescribían.
Se trataba de una aberración jurídica donde el gobierno violaba todos los principios del derecho internacional, pues el genocidio es un delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible.
Luego de la sanción de la ley, la presión de los familiares de los desaparecidos fue tal que en los escasos sesenta días que quedaban se presentaron más denuncias y se citaron más militares que en los tres años anteriores. Esto iba a desatar la crisis de Semana Santa de 1987.
Semana Santa
El mayor Barreiro se negó a presentarse ante el juez. Al día siguiente, Aldo Rico se declaró solidario, atrincherándose en Campo de Mayo con cien oficiales fuertemente armados. En pocas horas el Ejército se fracturó, con la mayoría de las unidades negándose a reprimir a los sublevados.
Alfonsín, que el jueves había convocado a movilizarse en defensa de la democracia declarando que “no había nada que negociar”, con el correr de los días fue cambiando de opinión, asustado por el carácter que iba tomando la movilización. “Si se atreven, les quemamos los cuarteles”, cantaba la multitud.
El domingo de Pascua se alcanzó el pico de la movilización. A media mañana, la Plaza de Mayo estaba colmada. Se anunciaba un paro general para el día siguiente. Ahí fue donde Alfonsín, rodeado por toda la dirigencia política de entonces, firmó el “Acta de Compromiso Democrático”, donde se consagraba la petición central de Rico y los carapintadas, “el debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado”. Acta que firman Cafiero, Alende, Alsogaray, los empresarios, la burocracia sindical y, lamentablemente, también el Partido Comunista. Queda sólo oponiéndose, junto a las Madres de Plaza de Mayo, el MAS, que va a denunciar el pacto y se retira de la plaza. Alfonsín va a terminar la agachada reuniéndose con Rico, para regresar luego a la Rosada y salir al balcón para dar su célebre “felices Pascuas, la casa está en orden”, llegando rastreramente a decir que “se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de Malvinas”.
Obediencia Debida
En junio de 1987 se aprueba la Ley de Obediencia Debida. Ahí, nuevamente contra toda la jurisprudencia internacional, se establece que de teniente coronel para abajo, nadie es culpable de participación en el genocidio “sin admitirse prueba en contrario”. Además, extiende esta presunción para los oficiales superiores que no fueran jefes de zona o subzona.
La ley fue tan aberrante que con su promulgación salieron de la cárcel el comisario Etchecolatz, el doctor Bergés, el mayor Barreiro, Astiz y decenas de genocidas condenados.
Hoy la lucha popular derogó la Obediencia Debida y el Punto Final. Rico es una patética figura en decadencia del PJ. Pero en la historia de estos treinta años,debe quedar claro que fue la presión popular la que obtuvo las condenas a los militares en la década del 80, a pesar de los infinitos obstáculos puestos por Alfonsín, a quien hoy le gusta posar como el gran “adalid” de la democracia.
¿Kirchner defiende los derechos humanos?
Por Juan Carlos Giordano, MST EL SOCIALISTA -
Friday, Mar. 24, 2006 at 11:46 AM
opinaellector@elsocialista-mst.org
A 30 años del golpe, represión en Las Heras ¿Kirchner defiende los derechos humanos?
Se acerca otro 24 de marzo, y con esa fecha quedarán registrados treinta años de aquel siniestro golpe perpetrado por Videla-Martínez de Hoz de la mano de los yanquis. Es un momento, entonces, muy especial, para desentrañar todo lo vivido en estos años, hechos que rescatamos en esta edición especial de nuestro periódico, El Socialista. En esta columna editorial nos queremos detener sobre un candente interrogante. Con el actual gobierno del presidente Néstor Kirchner ¿se respetan o se siguen violando los derechos humanos y sociales?
El gobierno ha lanzado, junto a gobernadores, diputados e intendentes, una gran campaña con el objetivo de mostrar que hoy, en la Argentina, se respetan los derechos humanos. Se repartirán libros en las escuelas sobre el tema, se reeditará el Nunca Más, se harán grandes recitales, e incluso ese día sería declarado feriado nacional, medida ya repudiada por Nora Cortiñas -Madres Línea Fundadora-, por tratarse de un “feriado turístico”, y también por el Espacio que convoca a la marcha en Capital, de Congreso a Plaza de Mayo, entendiendo que “no hay feriado para la Memoria, Verdad y Justicia”.
Con esto, el gobierno apunta a refrescar la “memoria”, no la justicia; a cambiar el carácter de lucha de la jornada por uno de fiesta, y aprovechar para que ese día, cuando miles salgamos a las calles, haya actos oficiales en apoyo a su gestión.
Pero en estos años se ha demostrado que los viejos políticos fueron socios de la impunidad. Y sólo la lucha sostenida de todo un pueblo ha logrado que por lo menos más de 150 genocidas y represores estén en prisión.
Hay muestras claras de que con Kirchner sigue la impunidad. En relación con el genocidio, por ejemplo, el presidente ahora tiene mayoría en ambas Cámaras del Parlamento nacional, lo que le permitiría tranquilamente declarar la nulidad de los indultos para que los responsables vayan a la “cárcel común, efectiva y perpetua”. Pero no lo hace.
Kirchner tampoco amnistía a los más de 5.000 luchadores sociales que siguen procesados por enfrentar a los planes de entrega. Bastaría que el presidente ordene votar un proyecto de ley presentado por Patricia Walsh cuando fue diputada por Izquierda Unida, para lograr que esos luchadores sociales dejen de ser perseguidos injustamente. Tampoco hay justicia por los más de mil casos de gatillo fácil o los responsables políticos de los asesinatos de Kosteki y Santillán y tantos otros luchadores muertos por la represión.
Y si nos referimos al modelo económico instaurado por Martínez de Hoz y el FMI, tenemos que decir que hoy se sigue aplicando, bajo otras formas. Primero lo continuó Alfonsín, llevándonos a la hiperinflación; luego Menem remató el patrimonio nacional en nombre de la “estabilidad”; De la Rúa-Cavallo nos hundieron en la recesión, y ahora con Kirchner, a pesar del crecimiento económico, hay un 40% de pobres, la desigualdad social es 20% mayor que en los ’90 y los salarios y jubilaciones siguen en su mayoría bajo la línea de pobreza.
Pero si hay un hecho contundente que muestra que Kirchner no defiende los derechos humanos, es lo que está ocurriendo en Las Heras, Santa Cruz, la provincia que él mismo gobernó durante doce años.
Luego de que los petroleros junto a su pueblo salieron a defender su salario, Kirchner les envió la Gendarmería que, junto a la justicia y la policía local, la SIDE y brigadas especiales, ya han detenido a diecinueve personas -entre ellas trabajadores y delegados petroleros-, acusados de ser los supuestos autores de la muerte del oficial Sayago.
El gobierno y la justicia justifican los atropellos diciendo que los trabajadores son responsables de la muerte del policía. Pero los petroleros han lamentado ese hecho y están denunciando que esa muerte está siendo usada para que se violen sus más elementales derechos constitucionales, como es el de peticionar, y que el culpable de la violencia ocurrida ha sido la policía, que esa noche encarceló a su máximo dirigente, Mario Navarro, y luego reprimió a quienes reclamaron por su libertad.
Una urgente carta dirigida a los trabajadores del país, firmada por la Comisión de Mujeres de Las Heras, trabajadores de la UOCRA y el cuerpo de delegados de los petroleros, señala que ante un nuevo aniversario del golpe, “en Las Heras no se recuerda, sino que se está viviendo como en la dictadura militar”, y hay persecuciones por “participar de la huelga, muchos de ellos arrancados de las asambleas y lugares de trabajo por grupos especiales... amenaza de nuevas detenciones y allanamientos...”.
Denunciamos entonces al presidente Kirchner, que a treinta años del golpe, se ponga del lado de la negrera y explotadora Repsol YPF, mientras persigue a sus trabajadores por el “delito” de ejercer su más elemental derecho humano, como es el de reclamar por salarios dignos. Por eso no compartimos la decisión de Hebe de Bonafini de levantar las marchas de la resistencia con el argumento de que “el enemigo ya no está más en la Casa Rosada”.
Por eso, este 24, en la marcha a Plaza de Mayo y en todo el país, además de reclamar por cárcel a los genocidas, nulidad de los indultos y el no pago de la deuda externa para que haya trabajo y salario, hay que exigir que cese inmediatamente la represión en Las Heras, liberen a todos los detenidos, se vaya la Gendarmería y se haga lugar a sus reclamos.
Desde el MST-El Socialista lo invitamos a que nos acompañe este 24. Que se sume a nuestra columna para levantar bien alto esas banderas. Para golpear de lleno contra la impunidad de ayer y de hoy, que con Kirchner, aún sigue vigente.