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Crónica de la Guerra Contra las Drogas #428
Por DRCNet -
Tuesday, Mar. 28, 2006 at 4:28 PM
drcnet@drcnet.org
Crónica de la Guerra Contra las Drogas Número #428 – 24 de Marzo de 2006 “Creando Conciencia sobre las Consecuencias de la Prohibición”
Phillip S. Smith, Editor, psmith@drcnet.org
David Borden, Director Ejecutivo, borden@drcnet.org
Martin Aranguri Soto, Traductor, traducidio@riseup.net
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1. Reportaje: A Pesar de Decisión de la Corte Suprema que Descarta Orientaciones Federales de Condenación, Sentencias Federales por Drogas Siguen Alargándose
http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/428/maslargas.shtml
Hace catorce meses, la Corte Suprema de los EE. UU. molestó el sistema federal de condenación cuando decidió en los EE. UU. vs. Booker que el esquema de orientaciones de condenación existente por casi dos décadas permitía inconstitucionalmente que los jueces condenaran a los reos con base en hechos que no fueron oídos por un jurado. Como remedio, la Corte Suprema sostuvo que las orientaciones ya no serían más obligatorias, sino apenas accesorias. Aunque algunos defensores de la reforma de la condenación esperaran que sentencias más humanas contra los delitos de drogas serían el resultado y los congresistas conservadores y el Departamento de Justicia estuvieran preocupados que alguien en algún lugar no cumpliría tiempo suficiente de prisión, tras un año de la condenación post-Booker, poco ha cambiado.
En un informe sobre las sentencias post-Booker emitido la semana pasada, la Comisión de Condenación de los EE. UU. descubrió que la mayoría de los jueces en la mayor parte de los casos siguió condenando de acuerdo con las actuales orientaciones “accesorias”. De acuerdo con el informe, cerca de 67.000 personas fueron condenadas en tribunales federales el año pasado y su sentencia media de 58 meses era, en verdad, más alta que el promedio de 57 meses del año anterior. Las sentencias debajo de las orientaciones han aumentado, pero apenas mínimamente, de poco más de 9% para poco más de 15%.
Los fiscales pueden y ocasionalmente recurren de las sentencias debajo de las orientaciones. En los 21 recursos de sentencias indulgentes abiertos por fiscales el año pasado, los tribunales han revertido 15, informó la Comisión de Condenación.
Los principales asuntos de los procedimientos federales de condenación criminal son los infractores condenados de la legislación antidroga. De acuerdo con la Agencia de Estadísticas de la Justicia, a fines de 2003, los infractores por drogas eran 55% de todos los prisioneros federales. Ahora, con la Agencia de Prisiones informando 180.000 presos federales la semana pasada, cerca de 100.000 personas están cumpliendo sentencia federal por delitos de drogas. Y ellas están cumpliendo sentencias más largas tras Booker que antes; la Comisión de Condenación descubrió que la sentencia media para un delito de tráfico de drogas había aumentado de 83 para 85 meses.
“Seguramente está diciendo que el promedio de las sentencias ha subido – no bajado -, aun a pesar de que estamos viendo más debajo de las sentencias recomendadas”, dijo el profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohío, Paul Berman, autor del blog Sentencing Law and Policy. “La gran realidad es que las cosas no han cambiado tanto así y eso es algo sorprendente ya que había tanta reclamación de los jueces cuando las orientaciones eran obligatorias, pero hay una cultura judicial de obediencia a la orientación”.
“Booker no ha causado sentencias más bajas”, dijo Nora Callahan, directora de la November Coalition, un grupo de reforma de las políticas de drogas que se concentra en libertar a los presos federales. “Con sentencias mínimas obligatorias y la confianza pesada en las orientaciones accesorias, esa decisión no parece hacer mucha diferencia. Parece lo mismo de siempre en los tribunales federales, pero eso es un problema porque el estatus quo es una injusticia”.
“La ventaja más grande de Booker es que permite que la Corte condene debajo de las orientaciones en casos en que declara que la sentencia recomendada es irrazonablemente alta”, dijo la abogada de defensa de Denver, Jeraçynn Merritt, autora del blog sobre criminalidad y política, TalkLeft. “Esto puede ser particularmente útil para los reos en casos de drogas que no cooperaron con el gobierno. En los casos que he visto en que los jueces han condenado debajo de las orientaciones, los factores más confiados han sido la disparidad de las sentencias entre otros en circunstancias similares y un hallazgo de que una sentencia menor reflejará la seriedad de la infracción y proporcionar punición justa para la infracción”, dijo ella a DRCNet.
Pero esos casos son la excepción, dijo Merritt. “En las condenaciones que he estado involucrado o que he observado, los tribunales están ateniéndose principalmente a las orientaciones. Han pasado excepciones en casos de reos primarios para quienes las recomendaciones piden cárcel pero el tribunal cree que una sentencia alternativa sea suficiente y casos en que los coreos con conducta igual recibieron sentencias mucho más bajas que la personas a punto de ser sentenciada”, dijo ella.
En una audiencia la semana pasada ante el Comité Judiciario de la Cámara, dirigido por el Dip. James Sensenbrenner (R-WI), los testigos expertos estuvieron principalmente de acuerdo que la decisión en Booker no había producido una situación que requiriera un “arreglo” legislativo, pese a que eso no detuvo a Sensenbrenner de vociferar sobre la necesidad de hacer algo para asegurar que la gente se quedara tras rejas por tiempo suficiente. En una declaración lanzada antes de la audiencia, Sensenbrenner prometió buscar nueva legislación.
“Ahora, los datos existen y la situación no es buena”, dijo Sensenbrenner. “El informe de la Comisión de Condenación muestra que la discreción judicial irrestricta ha socavado los propósitos de la Ley de Reforma de la Condenación [Sentencing Reform Act] y puesto en peligro el precepto básico de nuestro sistema judicial federal de que todos los reos deben ser tratados igualmente bajo la ley”, debatió él, señalando a un pequeño número de casos de infractores sexuales. “Los datos de la condenación muestran que los jueces Federales no han adoptado, y en muchos casos, han socavado, la intención específica del Congreso en estas áreas. En respuesta a los problemas descritos en este informe, el Comité Judiciario pretende buscar soluciones legislativas para restaurar la confianza de los Estados Unidos en un sistema de justicia criminal justo e igualitario”.
Pero la mayoría de los observadores no encuentran ningún problema en requerir nueva legislación condenatoria. “Como observó la mayoría de los testigos en las audiencias de la semana pasada, la condenación sigue casi igual”, dijo Mary Price, asesora general de Families Against Mandatory Minimums. “Los tribunales están condenando generalmente dentro de las orientaciones, y aunque algunos estén condenando debajo de las orientaciones, una serie de esas sentencias han sido revertidas por los tribunales apelados. Lo que hemos visto es un poco preocupante para la gente que cree que las orientaciones de condenación son demasiado duras”.
“La Ley de Reforma de la Condenación tenía dos metas”, dijo Price de la FAMM. “Una era la uniformidad, y por eso toda esta bulla. Pero la otra meta es la proporcionalidad – la noción de que la sentencia debe tener alguna relación con la gravedad de la infracción – y eso ha sido completamente olvidado”.
“No ha habido completo abandono de las orientaciones desde Booker”, dijo Merritt. “No hay necesidad de arreglo legislativo. El sistema está funcionando, los abogados de defensa y los fiscales se han adaptado, así como los tribunales. Booker es una bendición ya que restaura alguna discreción a los jueces de condenación, pero en mi experiencia ellos la están usando bien juiciosa y frugalmente”.
“En conjunto, las sentencias federales han seguido las mismas o se han puesto un poco más severas”.
“El Congreso no precisa preocuparse que haya una epidemia de indulgencia en los tribunales federales”, dijo Carmen Hernández, primera vicepresidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal y una experta en orientaciones federales de condenación. “Lo que debería preocupar al Congreso son las vastas sumas del dinero de nuestros impuestos que están siendo gastadas para prender a infractores no-violentos ordenadamente sin consideración por ‘la natura y las circunstancias de la infracción y la historia y las características del reo’”.
“El Congreso también debería estar preguntando por qué nuestras prisiones federales están llenas con un número desproporcionado de negros, latinos y jóvenes de familias pobres”, dijo Hernández. “En términos de proteger a la sociedad, la verdadera preocupación del Congreso también debe ser la de que todos los años estamos liberando a decenas de millares de personas de vuelta a la comunidad sin ningún tratamiento o entrenamiento profesional de verdad, y sin sus familias, que hace mucho lo han superado”.
“Es un teatro político fácil para gente como Sensenbrenner quejarse que las sentencias son demasiado indulgentes”, dijo Berman, “pero la relativa falta de atención nacional a sus denuncias sugestiona que no esté consiguiendo mucha tracción. La decisión en Booker ha vuelto la historia tan complicada y la hizo parecer menos urgente que el calor político ha cesado considerablemente. El Departamento de Justicia nunca está contento cuando alguien además de los fiscales tiene discreción considerable y la Justicia está ansiosa por ver un sistema de orientaciones mínimas obligatorias, pero dejar al estatus quo como está hace más sentido”.
Hay problemas que precedían a Booker los cuales aguardaban para ser tratados, dijo Berman. “Hay una gama de defectos en el sistema que intentamos soportar porque Booker no ha cambiado mucho las cosas”, dijo él. “Las sentencias mínimas obligatorias, la duración de alguna sentencias por drogas, la disparidad entre el polvo de cocaína y el crack, la rigidez en las reglas de la historia criminal – todos estos necesitan ser examinados”.
Pero intentar tratar de la injusticia de la guerra federal a las drogas a través del desagravio de la condenación severa es intervenir demasiado tarde en el proceso, dijo Callahan. “La condenación es el fin del problema”, dijo ella a DRCNet. “No hemos arreglado el problema de la discreción al arrestar y acusar. ¿Quién tiene el poder de botar gente en este molino federal? ¿Es el informante en la calle el que alimenta a los policías? ¿Es el oficial que decide realizar la detención? ¿Es el fiscal que establece las acusaciones? Precisamos arreglar este sistema desde el principio, y Booker y las otras reformas en la condenación no tratarán de nada de eso”.
Mientras tanto, el Dip. Sensenbrenner y el Comité Judiciario, junto con el Departamento de Justicia, están moviéndose adelante con planes para endurecer la condenación. El comité ha programado más dos audiencias, una para fines de este mes y otra en Mayo. Búsquelos intentando nuevos “arreglos” del problema inexistente de la condenación federal indulgente. Y el gulag federal de la guerra a las drogas sigue creciendo.
2. Reportaje: Encuesta Zogby Dice que Ambas Costas Favorecen Permitir que los Estados Legalicen la Marihuana -- ¿Qué Será Necesario?
http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/428/encuestazogby.shtml
Los defensores del fin de la prohibición de la marihuana han estado vagando en el deserto de la política estadounidense durante cuarenta años y todavía tienen que encontrar la Tierra Prometida, pero una nueva encuesta proporciona las últimas pruebas de que por lo menos en algunas partes del país, el público está listo para decir “legalícenla”, o más benignamente, “regúlenla y contrólenla”. La nueva encuesta Zogby Internacional de electores estadounidenses registrados descubre que una mayoría de electores contactados tanto en la Costa Oeste como en la Costa Este apoyarían enmendar la ley federal “para permitir que los estados reglamenten y tasen legalmente la marihuana de la misma forma que el alcohol y el juego”.
En todo el país, 46% apoyaban volver la política de marihuana una opción estatal, en tanto que 53% hicieron lo mismo en la Costa Este y 55% en la Costa Oeste. En el Sur y el Medio Oeste, en contraste con eso, 55% se opusieron. En términos partidarios, el apoyo fue más fuerte entre los Demócratas, con 59% a favor, en tanto que apenas 33% de los Republicanos favorecieron permitir que los estados establezcan sus propias leyes sobre la marihuana. Los Independientes se dividieron, con 44% a favor y 49% contra.
El apoyo al permiso para que los estados tasen y reglamenten la marihuana también divide las líneas de religión y edad, a veces de modo sorprendente. Los protestantes tenían menos chances de apoyar a la reforma estatal de marihuana (38%) – y apenas 26% de los “renacidos” – en tanto que 48% de los Católicos, 60% de los no-creyentes y 70% de los Judíos la aprobaban.
Más inesperadas fueron las diferencias entre los grupos de edad. En tanto que las personas con entre 18 y 29 años favorecieron fuertemente la reglamentación estatal (66%), la opinión de las personas con entre 30 y 49 años fue la inversa, con 58% oponiéndose. La opinión favorable subió nuevamente en el grupo 50-65 antes de caer en el grupo post-65. Encargada por la Fundación NORML, la encuesta Zogby realizó entrevistas con 1.004 electores registrados. Tiene una margen de error de 3,2%.
La encuesta Zogby es la última a sugestionar que el apoyo a la reforma de la ley sobre la marihuana se esté aproximando de la masa crítica, por lo menos en algunas partes del país. Una encuesta Gallup lanzada en Noviembre mostraba que 36% de los adultos en todo el país apoyaban a la legalización de la marihuana, un alza histórica, con 47% de los Occidentales concordando con liberar la hierba. El apoyo a la reforma puede llegar aún más alto, si la pregunta correcta es hecha. Una encuesta Zogby de 2001 preguntó a los respondientes si ellos favorecían “arrestar y prender a los infractores de la ley sobre la marihuana” y 61% contestaron que no. En sus sondeos en Nevada, donde está respaldando a una iniciativa para legalizar la tenencia adulta de hasta treinta gramos de marihuana y crear un sistema de distribución reglamentada, el Marijuana Policy Project informa una diferencia considerable en las respuestas favorables cuando los votantes en potencial son indagados si ellos apoyan a “la legalización de la marihuana” o a “la reglamentación y control de la marihuana”.
“El apoyo público a la sustitución del mercado ilícito de marihuana por un mercado reglamentado y controlado legalmente similar al del alcohol – completo con restricciones de edad y controles de calidad – sigue creciendo”, dijo el director ejecutivo de la NORML, Allen St. Pierre. “El desafío de la NORML es convertir este creciente apoyo público en una política pública tangible que ya no penalice más a esos adultos que usan marihuana responsablemente”.
Pero si el apoyo a la reforma está aproximándose de la masa crítica, eso todavía no se ha traducido en victorias significativas en los niveles estatal o federal. Aunque 11 estados hayan despenalizado la tenencia de la marihuana en los años 1970, ninguno lo ha hecho desde entonces, y las leyes federales sobre la marihuana siguen sólidas como rocas. Progreso de verdad ha sido hecho con la marihuana medicinal, con 12 estados no permitiéndola, pero cuando se trata del uso lúdico de marihuana, las victorias han estado limitadas al nivel municipal, como con las iniciativas de “menor prioridad legal” en Seattle y Oakland, y la votación desconcertante en Denver del Noviembre pasado para legalizar la tenencia de hasta treinta gramos. Los organizadores de la victoria en Denver, SAFER (Safer Alternatives for Enjoyable Recreation), están trabajando ahora para introducir una iniciativa electoral en las urnas para Noviembre. Simplemente legalizaría la tenencia de hasta treinta gramos para adultos.
Lograr las victorias – legalizar la marihuana – requerirá identificar a amigos y enemigos y redactar mensajes que visen ambos grupos, así como usar medios nuevos y antiguos para difundir el mensaje y un bueno trabajo a la moda antigua en las trincheras de la política electoral y legislativa, dijeron los líderes de la reforma a DRCNet esta semana. También requerirá esfuerzos seguidos en los niveles federal, estatal y municipal.
“Si se puede tratar de los temores sobre niños usando marihuana, es posible hacer algún progreso”, dijo St. Pierre. “La encuesta mostró que el apoyo cayó entre la gente con 28 y 50 años, los que se están casando y teniendo hijos. Pero así que se divorcian o cumplen 50, los números empiezan a subir nuevamente. Aparentemente, cuando alguien se casa o tiene hijos pierde mitad de su cerebro”, prosiguió él. “Esto deja bien claro por qué el Gabinete de Política Nacional de Control de las Drogas es tan obcecado por intentar comunicarse con los padres; ellos son su demografía fundamental. Ellos toman una subpoblación de adultos que de otra forma serían neutrales y positivos e intentar aumentar el miedo”.
Calmar esos temores es crucial, dijo St. Pierre. “Realizamos un recital carretero de la NORML en Seattle la semana pasada en que dimos a gente como Rick Steves, Jeffrey Steinborn y Dominic Holden 10 ó 15 minutos para intentar persuadir al a público a apoyar a la reforma de las políticas de marihuana”, dijo St. Pierre. “Creo que los miembros del público que llegaron en oposición salieron por lo menos neutrales. Cuando hay la oportunidad de trabajar con esto, se puede dejar su audiencia sintiendo que hay una forma pragmática y no-asustadora de reglamentar la marihuana. Es posible señalar que es el miedo y la paranoia que mantienen intacto el estatus quo, aun a pesar de no reducir el uso de marihuana entre adolescentes. Es posible señalar que el tabaco es legal, pero hemos reducido su uso por la mitad. Es posible alcanzar a estas personas”.
El progreso exigirá aprovecharse tanto de los medios tradicionales como de los nuevos, dijo St. Pierre. “Creo que hay oportunidades en las tecnologías emergentes como el podcasting y el video blogging, pero también necesitamos una campaña publicitaria sostenida y bien hecha en los medios tradicionales. La mayor parte de la propaganda pro reforma de las políticas de drogas ha sido ad hoc o preparada para eventos específicos. Creo que sólo una campaña publicitaria en periódicos alternativos sería un éxito impresionante en alcanzar a nuestros interesados. Hay 133 periódicos alternativos en los EE. UU. y esa demografía no tiene igual cuando se trata de nuestros públicos objetivados”.
Aunque la NORML esté insistiendo y tramando una guerra mediática, el MPP está trabajando en los pasillos del Congreso y, a través de su programa de donaciones, proveyendo financiación a la iniciativa estatal de Nevada y a un puñado de iniciativas municipales en el Oeste. La encuesta Zogby muestra que casi mitad del país está listo para permitir que los estados hagan un intento en las políticas alternativas sobre la marihuana, y el Congreso debe tenerlo en cuenta, dijo Kampia del MPP.
“Si mitad del pueblo estadounidense quiere esto, ¿por qué mitad del Congreso no lo apoya?” preguntó él, señalando cuidadosamente que la encuesta Zogby midió el apoyo al derecho del estado a reglamentar la marihuana, no el apoyo a la legalización. “¿Por qué no estamos viendo algún movimiento en el Congreso?”
Kampia y el MPP están haciendo todo lo que pueden para crear algún movimiento, dijo él. “Ahorita, estamos a punto de conseguir la presentación de un proyecto en la Cámara para permitir que los estados hagan lo que ellos quieran en las políticas de marihuana. Tiene cerca de 15 codefensores. No esperamos ni conseguir una audiencia este año, pero es un comienzo”.
Aunque la acción en la frente federal sea claramente una perspectiva de largo plazo, los niveles altos de apoyo a la reforma de la ley sobre la marihuana en el Oeste la vuelven la región que debe ser observada este año y en el futuro cercano. Los motivos por los cuales el Oeste es tan relativamente amigo de la marihuana son históricos, culturales e institucionales, especularon los reformadores.
“El Oeste es donde esto empezó”, dijo St. Pierre. “Si eres una persona de media-edad en California, has estado escuchando a una discusión pública sobre la marihuana toda tu vida adulta. Hubo un proyecto de legalización en 1972, la Ley Moscone en 1976, Jack Herer habla sobre intentar llevarlo a las urnas en 1980. Y claro, hay Hollywood y toda la cultura del desvío. Pero resulta que si eres un adulto en California, ya has discutido esto. Ahora, el debate se está alejando de la legalización o no para si la marihuana debe ser orgánica o no”.
“Las cosas están yendo muy bien en el Oeste, donde hay una actitud más liberal”, dijo Kampia. “Así como se puede ver un apoyo mayor a la marihuana medicinal, también se puede ver un apoyo mayor a la marihuana no-medicinal. Pero claramente el Oeste es muy adelantado políticamente a causa del proceso de iniciativas. Ésa es la respuesta número uno. En el Este, donde pocos estados permiten las iniciativas, es muy fácil entrar en un callejón sin salida. Todo lo que es necesario es un presidente de comité opuesto a la marihuana y estás preso”.
Dígalo a Whitney Taylor. Desde su gabinete en el centro de Boston, la directora del Drug Policy Forum of Massachusetts está profundamente involucrada en los esfuerzos para mover un proyecto de despenalización de la marihuana en el Bay State. Para Taylor, la política d la marihuana es principalmente un juego legislativo sujeto a todas las fuerzas de inercia del proceso legislativo y ella dijo que probablemente el proceso se volvería letra muerta este año.
En el Este, el proceso de iniciativas es algo raro, diferente del Oeste, suspiró Taylor. “El Oeste está tan adelante a causa del proceso de iniciativas”, dijo Taylor, que pasó años en California trabajando en la Proposición 36 del estado, la iniciativa “tratamiento en vez de cárcel” y de ahí monitoreando su implementación. “Ganamos con 61% de los votos y cuando me fui a la asamblea después de eso era como si yo tuviera un gorila de 500 quilos a mi lado. Venza una iniciativa y todo el proceso legislativo se pone mucho más fácil”.
Tratar con los legisladores sin ese incremento no era ni divertido ni fácil, dijo Taylor. “Hay legisladores que han estado siendo elegidos por el bordón ‘duro con la criminalidad/duro con las drogas’ durante décadas y es difícil cambiar las cosas rápidamente”, dijo ella a DRCNet. “Ellos temen perder sus empleos si ellos votan en la reglamentación de la marihuana. A mí me gustaría que tuviéramos legisladores y servidores públicos que hicieran lo que sus bases quieren y crearan políticas con base en la ciencia y la eficiencia. No es más tanto una cuestión de concienciar a los legisladores – ellos te dirán en privado que lo comprenden -, sino de defensa para persuadirles a posicionarse y ser corajosos. Hay que darles cobertura cuando posible o necesitas gente cuyas credenciales impecables en la ley le proporcionan cierta cobertura”.
Parte de la dificultad en conseguir victorias en la cuestión de la marihuana en las asambleas estatales tiene que ver más con el proceso legislativo que con la propia marihuana. En Nuevo México, por ejemplo, la marihuana medicinal fue impedida el año pasado por una disputa política no-relacionada entre su principal defensor y un legislador importante. Este año, el proyecto avanzó rápidamente durante una sesión corta frenética sólo para morir gracias a otra maniobra legislativa – fue trasladada a un comité no-relacionado dirigido por un presidente hostil, donde se volvió letra muerta.
El mismo tipo de politiquería legislativa es un obstáculo en Massachusetts también, dijo Taylor. “Aquí tenemos una legislatura Demócrata que se está muriendo de ganas de reconquistar el gobierno del estado y ellos están compitiendo contra un candidato Republicano que concurre como criminólogo. Esta legislatura quiere evitar servirle bolas fáciles, entonces nuestro proyecto de despenalización probablemente se va a volver letra muerta en el comité”.
Y ahí hay el negocio legislativo de siempre. “Además de intentar recobrar el gobierno del estado, hay las cuestiones presupuestarias perennes, hay la pena de muerte y por ahí va”, dijo Taylor. “Cuando se está trabajando con los legisladores, es preciso descubrir qué más tienen en sus platillos. Sí, sus platillos están llenos, pero mi trabajo es alinear a las tropas distrito por distrito, entonces me voy a visitar a los legisladores para mis cuestiones y o concienciarlos o apoyarlos y presionarlos. Como reformadores, nosotros sabemos que tenemos la ciencia, los números de las encuestas, pero tenemos que entender los obstáculos y problemas institucionales y encontrar maneras de tratar de ellos”.
Es un juego distinto en el Oeste este año. Siguiendo el liderazgo de Oakland, donde la Medida Z, ordenando que la ciudad vuelva las infracciones por marihuana la “menor prioridad legal” y ejercer presión sobre el estado para reglamentarla, fue aprobada abrumadoramente en 2004, las iniciativas locales financiadas en parte por el programa de donaciones del MPP están en andamiento en Santa Bárbara, Santa Cruz, Santa Mónica y West Hollywood. Este otoño, las victorias pueden proporcionar un gran empujón para un esfuerzo en todo el estado, dijo Kampia.
“Con suerte, una gran victoria este otoño creará un zumbido noticioso en todo el estado y sembrar las semillas de un movimiento estatal para terminar completamente la prohibición de la marihuana”, dijo él. “Además, estos tipos de victorias son la mejor forma de persuadir a los legisladores de que sus bases están con nosotros en esta cuestión. Los legisladores del estado en estas cuatro jurisdicciones serán solicitados a presentar proyectos para tasar y reglamentar la marihuana en el nivel estatal. La victoria en el otoño también puede llamar la atención grandes donadores que pueden ayudar realmente en una campaña estatal general”.
Los votantes en Nevada tendrán la oportunidad de aprobar el uso adulto y la distribución reglamentada de la marihuana en Noviembre. Si ellos aprueban la medida, Nevada sería el primer estado a legalizar la marihuana en la cabina de votación (a menos que Colorado se junte a ello en el Día de las Elecciones). Alaska, actualmente el único estado que permite la tenencia legal limitada de marihuana (hasta 100 gramos en el propio hogar), tomó ese rumbo a través de la Corte Suprema del estado, no vía voto popular o la legislatura.
“Si ganamos en Nevada, sería la victoria más grande en la historia del movimiento pro reforma de las políticas de marihuana”, dijo Kampia. “Aunque la gente pueda no estar de acuerdo con la probabilidad de nuestra victoria, nadie discuerda de eso. Cambiaría todo. No sólo sería una enorme respuesta a la guerra federal contra los usuarios de marihuana, también causaría una infusión masiva de dinero en el movimiento pro reforma cuando mostremos que la victoria es posible. Mejoraría inmediatamente las vidas de algunas centenas de millares de ciudadanos de Nevada”.
Y proveería un gran ímpetu para seguir para los otros estados. “Alaska sería probablemente el próximo, de ahí estados como Washington y Oregón”, predijo Kampia.
3. Reportaje: Liga de las Electoras de Tejas Adopta Posiciones en las Políticas de Drogas – Apoya a Trueque de Jeringas y Marihuana Medicinal
http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/428/texaslwv.shtml
La Liga de las Electoras de Tejas se ha vuelto la última sucursal estatal de la venerable organización de acción cívica a adoptar una posición en la reforma de la ley sobre las drogas. A fines de un proceso de año de duración iniciado por las reformadoras de las políticas de drogas dentro de la LWV Tejas, el grupo estatal adoptó las propuestas en Enero, pero no las reveló hasta este mes.
De acuerdo con la posición consensual adoptada en Enero, “la Liga de las Electoras de Tejas considera el abuso químico y la drogadicción cuestiones de salud pública”. La LWV Tejas endosó específicamente los programas de educación preventiva para impedir que los niños empiecen a usar drogas y programas de educación pública dirigidas hacia los adultos, así como programas de trueque de jeringas para reducir la incidencia de enfermedades sanguíneas como el VIH/SIDA y la Hepatitis C.
La LWV Tejas también apoyó a la marihuana medicinal. Su posición en la cuestión es: “Las leyes respectivas al abuso químico y la drogadicción no deberían incluir ninguna pena criminal para la tenencia de cannabis (marihuana) cuando recomendada por un médico”.
En los años 1960, los activistas radicales que esperaban rehacer la sociedad estadounidense hablaban en la necesidad de una “larga marcha a través de las instituciones” a fin de difundir su posición por toda la sociedad. Los reformadores de las políticas de drogas de hoy se enfrentan a un problema similar: acoger no sólo el sistema político, sino también las organizaciones que lo influencian para rehacer las leyes sobre las drogas del país. Así, los reformadores han intentado influenciar a las plataformas de los partidos, conseguir que grupos profesionales como asociaciones de medicina y de derecho adoptaran posiciones, persuadir a sindicatos, otros y grupos cívicos a adherir y resistieron hasta llegar al corazón de las organizaciones social y políticamente influyentes.
La Liga de las Electoras es uno de esos grupos influyentes. Fundada en 1920, la organización cívica apartidaria altamente respetada tiene sucursales en todos los 50 estados. De acuerdo con su página web, la LWV lucha “para mejorar nuestros sistemas de gobierno e impactar las políticas públicas a través de la concienciación y de la defensa” y lo hace mediante una organización descentralizada y de base que la vuelve idealmente propicia para permitir que los miembros extiendan nuevas ideas a través de las sucursales locales hasta los niveles estatal y nacional.
La Liga de Tejas no despertó súbitamente un día y decidió estudiar las políticas de drogas. En vez de eso, fueron necesarias integrantes de la Liga para volver eso realidad. “Noelle Davis de la sucursal de Austin y yo logramos que la convención estadual adoptara el estudio”, dijo Suzanne Willis del Drug Policy Forum of Texas y de la sucursal de Ft. Worth de la LWV. “Así la Liga hace las cosas. Nosotras decidimos estudiar el asunto, de ahí todas las ligas en el área, ya sean municipales o estatales o nacionales, deben participar del estudio y llegar a un consenso. Si no podemos llegar a un consenso sobre un asunto en particular, como, por ejemplo, reducir las penas para tenencia adulta de marihuana, no adoptamos una posición sobre ese asunto”.
A veces, las sucursales o integrantes de la Liga tienen que esperar un poco más para lograr el estudio de un asunto, dijo Wills. “Con las políticas de drogas, la Liga de Austin solicitó un estudio del asunto en todo el estado, pero el consejo estatal no lo recomendó, entonces Noelle y yo tuvimos que presionar en la convención, y logramos hacer con que dos tercios de los delegados lo adoptaran”, dijo ella. “Las cosas no son hechas así típicamente, pero así fue como lo hicimos”.
La Liga no adoptó posiciones consensuales en algunas de las cuestiones más de vanguardia, pero las reformadoras de las políticas de drogas en la Liga se pronunciaron satisfechas – por ahora. “Estoy muy satisfecha con el resultado del estudio porque hay asuntos que la Liga puede empezar a defender por ahora”, dijo Noelle Davis, que también dirige la Texans for Medical Marijuana. “Éstas son cuestiones de que la legislatura ya está tratando y la Liga añadirá una nueva voz al defender a estas cuestiones”.
Habría sido preferible llegar a una declaración más fuerte de reforma de las políticas de drogas, dijo Davis, pero eso puede ocurrir después. “En tiempo, más integrantes de la Liga estarán cómodas con reformas más abarcadoras, pero estoy muy contenta que ellas llegaron a un consenso sobre concienciación, marihuana medicinal y trueque de jeringas”, dijo ella.
Lo que un consenso en la LWV Tejas sobre ciertas cuestiones de las políticas de drogas significa en el mundo de la política real es influencia. “La Liga ahora puede defender a estas cuestiones en los niveles estadual y municipal”, dijo Davis. Sin embargo, eso no significa que la LWV Tejas decidirá que el mejor uso de sus recursos limitados. “La Liga tiene posiciones en muchas cuestiones”, dijo Davis. “La presidenta estadual de defensa y el comité de defensa tendrán que decidir si la reforma de las políticas de drogas es algo por la cual ellas quieran ejercer presión”.
No es sólo en Tejas. En Seattle, la Liga local, trabajando con los reformadores en torno del Proyecto de Políticas de Drogas del Colegio de Abogados de King County, está desempeñando un papel fundamental en avanzar la pauta de reforma de las políticas de drogas. Y de acuerdo con un sondeo de las Ligas estaduales conducido por Willis, las Ligas en por lo menos 13 otros estados y un puñado de municipalidades han llegado a posiciones consensuales en una o más cuestiones de las políticas de drogas.
Arkansas es uno de los estados en que la Liga ha actuado en las políticas de drogas, y nuevamente, una reformadora de las políticas de drogas que también es integrante de la Liga desempeñó un papel fundamental. “La Liga aquí había hecho un estudio de las cuestiones de condenación hace varios años”, dijo Denele Campbell, directora de la Arkansas Alliance for Medical Marijuana e integrante de la Liga de Washington County (Fayetteville). “Ese estudio recomendó que el uso de marihuana medicinal no es un crimen que resulta en sentencia de cárcel, pero cuando yo pregunté si ese consenso podía ser usado para apoyar a acción política sobre el asunto, el liderazgo de la comarca creía que precisaba seguir adelante como estudio estatal. Entonces lo hicimos”.
Ahora, la LWV Arkansas está apoyando oficialmente a la marihuana medicinal – bien como apoyando a la despenalización de la marihuana, el uso de tribunales de drogas y la buena concienciación de prevención a las drogas. También está oficialmente oponiéndose a las sentencias mínimas obligatorias y a las sentencias de prisión para delitos de tenencia de drogas.
“Esto es importante”, dijo Campbell. “La Liga tiene una reputación excelente por la investigación apartidaria y minuciosa de los problemas y tiene la credibilidad que un grupo de interés único no puede llevar necesariamente a un asunto. Así que la Liga llegue a un consenso sobre una cuestión, la respalda con comunicados de prensa y aun lobby, dependiendo de qué otros asuntos están en su pauta y cuán ardorosamente se importa con el asunto. Cualquiera que esté interesado en volver su comunidad un lugar mejor debería ver la Liga como un buen vehículo para hacer todo tipo de cosas”.
En Tejas, Wills y Davis están esperando para ver si la Liga estadual va a usar algunos de sus recursos organizacionales para avanzar el consenso sobre las políticas de drogas alcanzado por las sucursales municipales. “La Liga tiene recursos limitados, entonces sólo porque adopta una posición eso no significa que hará presión por ella”, dijo Wills. “Lo que haremos es intentar presentar proyectos de marihuana medicinal o de trueque de jeringas en la legislatura nuevamente, y de ahí intentar hacer con que la lobista de la Liga trabaje en eso”.
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5. Imposición de la Ley: Las Historias de Policías Corruptos de Esta Semana
http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/428/estasemana1.shtml
Policías como traficantes de drogas, policías aprovechándose de los traficantes de drogas, policías ayudando a los traficantes de drogas, y, claro, uno o dos agentes penales villanos requeridos. Más otra semana en la frente de los policías corruptos. Vamos a ello:
En Baltimore, dos oficiales de la policía están siendo enjuiciados esta semana bajo acusaciones federales de corrupción. Los oficiales Antonio Murray, 36, y William King, 35, se enfrentan a una incriminación de 33 acusaciones que los acusa de conspiración para robar cocaína, heroína, marihuana y dinero de sospechosos de delitos de drogas. Su consorte civil, Antonio Mosby, que sirvió de atalaya y delator, ya se ha confesado culpable y estuvo de acuerdo con atestar contra ellos. Tras recibir una pista de que King le estaba robando a los sospechosos por drogas, los investigadores federales chuponearon los teléfonos celulares de Murray y King y rastrearon el par mientras ellos redaban a posibles candidatos, de ahí amenazaron herirlos o detenerlos si ellos no les dieran los bienes, de acuerdo con la incriminación. Cada uno puede ser condenado a prisión perpetua si condenados por las acusaciones más serias. Se espera que el juicio dure otro par de semanas.
En Baton Rouge, Luisiana, el Viernes pasado los agentes de la DEA arrestaron al ex oficial de la policía de Baton Rouge según un oficio que lo acusaba de vender cocaína. Darryl Davis era un veterano de 13 años cuando fue despedido en 1999 por robar pruebas y después fue declarado culpable de obstrucción de la justicia. El Viernes pasado, Davis fue parado por una batida de tránsito y la policía “realizó una investigación mayor a partir de allí, que llevó a la descubierta de cocaína y un arma que él tenía cargada”, dijo Fiscal de la Unión, David Dugas, en una declaración. En una búsqueda de la casa de Davis, la DEA encontró un arma calibre .38 y casi seis quilos de cocaína. Él es acusado de tenencia con intención de distribuir y tenencia de arma de fuego por criminal condenado.
En Memphis, un ex oficial de la policía se confesó culpable el Viernes pasado por invadir un cuarto de hotel el año pasado y robar $12.000 que él creía pertenecer a un traficante de drogas. El Ex Oficial Patrick Joynt, 36, y su compañero civil en el crimen, Donald Lemm, 33, fueron en verdad víctimas de un montaje; de acuerdo con una incriminación, Joynt se encontró con un delator el Agosto pasado para discutir el robo, los agentes del gobierno plantaron el dinero en el cuarto, y Joynt y Lemm cayeron. El par será condenado en Junio y puede recibir hasta 10 años de prisión. Joynt fue despedido el Marzo pasado tras acumular más de 50 acusaciones disciplinares en sus nueve años como policía, incluyendo a la quiebra de patrulleros, deserción [AWOL], asedio sexual de mujeres y la paliza de un sospechoso con un bastón. Él también se enfrenta a acciones judiciales estatales y federales de sus víctimas.
En Murrysville, Pensilvania, un ex oficial de la policía de Allegheny Township fue citado el Viernes pasado bajo la acusación de alertar a un supuesto traficante de drogas de un allanamiento venidero el Julio pasado, informó el Valley News Dispatch. Jerry Enciso, 47, había sido patrullero y sargento por 15 años antes de dimitir en Septiembre. En un oficio policíaco abierto en la corte, los detectives de Westmoreland County alegan que Enciso se encontró con el traficante en el trailer del traficante y le dijo que él había vendido drogas a un agente encubierto y que él debería librarse de su reserva de drogas. Enciso también es acusado de pedirle al traficante que hiciera con que la hija adolescente del traficante “quitara los ojos” del hijo de uno de los colegas policías de Enciso. Él está libre bajo fianza de $10.000.
Norte de Harlingen, Tejas, un oficial de correcciones del estado fue detenido el 13 de Marzo en un punto de identificación de la Patrulla de las Fronteras de los EE. UU. en la Carretera 77 con 9,5kg de marihuana metidas en el repuesto del vehículo que estaba manejando. Curtis Hinson, oficial veterano de la Unidad Stiles del Departamento de Correcciones de Tejas en Beaumont, fue acusado de tenencia de marihuana y puede recibir hasta 10 años de prisión estatal después que un sabueso rastreador de drogas alertó en su vehículo. Stiles estaba manejando un auto registrado con el nombre de una mujer de Houston con antecedentes criminales que incluían a tenencia de drogas y prostitución, pero afirmó que él no sabía que pertenecía a ella y no sabía que había marihuana en el auto. Por motivos inexplicados, Hinson estaba usando uniforme cuando fue arrestado. Él ha recibido licencia de las prisiones de Tejas.
En Tucson, Arizona, un agente penal fue arrestado el 16 de Marzo bajo acusaciones de sospecha de conspiración para tener una droga narcótica para venta, informó el Arizona Daily Star. El oficial de correcciones de Pima County, David Leyva, 24, fue arrestado en la cárcel después que una investigación de la Alianza Antinarcóticos descubrió que él estaba trabajando en un grande acuerdo de cocaína con otro hombre, que también fue preso. Leyva ya no es más empleado de Pima County.
6. Acción Judicial: ACLU y Estudiantes Procesan Federales por Prohibición de Beca Universitaria Para Infractores de la Legislación Antidroga
http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/428/accionaclu.shtml
El Students for Sensible Drug Policy y el Proyecto de Reforma de la Ley Sobre las Drogas de la American Civil Liberties Union abrió una acción en tribunal federal en Dakota del Sur el Miércoles buscando anular la ley federal que impide que los estudiantes con condenaciones por delitos de drogas reciban auxilio financiero federal durante períodos específicos de tiempo. Unos 35.000 estudiantes por año no han recibido la beca según la ley, pese a que el número caerá pronto bajo una reforma parcial de la ley aprobada a principios de este año que limitaría su aplicación a los estudiantes que estaban matriculados en la facultad cuando fueron presos.
La acción nombra a la Secretaria de la Educación Margaret Spelling como la re, pero el verdadero blanco es la disposición antidroga de la Ley de Enseñanza Superior [Higher Education Act (HEA)], de autoría del importante guerrero antidroga del Congreso, el Dip. Mark Souder (R-IN) en 1998. Desde que la ley entró en vigor, más de 180.000 estudiantes no recibieron auxilio financiero por delitos de drogas tan triviales como tenencia de un pitillo. Ninguna otra condenación criminal – ni asesinato ni violación ni robo – resulta en una pérdida similar de auxilio financiero ordenada federalmente.
La ACLU debate que la ley es inconstitucional porque penaliza a estudiantes que ya fueron castigados por las cortes, lo cual resulta en doble riesgo. El grupo también debate que la ley infringe los derechos de los estudiantes al debido proceso y a la proyección igual bajo la ley porque tiene un impacto desproporcionado sobre los estadounidenses negros, que son más frecuentemente condenados por delitos de drogas que los blancos a pesar de los índices iguales de uso de drogas.
Aunque no sea una parte en la acción judicial, el Fondo John W. Perry, un programa de becas creado por la Fundación DRCNet que asiste a estudiantes que perdieron su beca a causa de condenaciones por delitos de drogas, desempeñó un papel fundamental en el esfuerzo – dos de los tres estudiantes pleiteantes fueron localizados por DRCNet como resultado de sus contactos con el Fondo el año pasado.
Kirag Selken de la Universidade Estatal Norteña en Dakota del Sur es uno de ellos. Selken fue arrestado por tenencia simple de marihuana el Octubre pasado después que la policía encontró un pitillo en la casa que él compartía con dos otros estudiantes. Él cumplió tres días de cárcel con 57 días suspensos si él buscara tratamiento. Según la disposición antidroga de la HEA, los estudiantes pueden hacer con que su beca federal sea reinstaurada si ellos participan de un programa de tratamiento que incluya a exámenes toxicológicos aleatorios, pero el programa de Selken no ofrecía eso y la corte no lo ordenó, entonces no tuvo suerte para mantener su préstamo estudiantil.
Selken, que tiene un promedio de 3.0 puntos como maestro en historia, tendrá que retrasar su enseñanza superior si él no logra recibir la beca federal, dijo él al Bloomberg News el Miércoles. “La cosa que termina objetivando es para impedir la educación”, dijo Selken. “No se trata de impedir el uso de drogas”.
Pero el Dip. Souder se mantuvo firme, diciendo a Bloomberg que los estudiantes “que están desperdiciando sus educaciones al traficar o usar drogas” no deberían esperar recibir nada del contribuyente. “Si los estudiantes quieren pagar sus enseñanzas ellos mismos y usar drogas mientras lo hacen, eso es una cosa”, dijo Souder en una respuesta escrita a una solicitación de comentario. “Si ellos esperan recibir fondos del contribuyente mientras usan drogas, eso es otra cosa”.
Aunque Souder pueda estar confiado, no le cabe a él, sino a las cortes decidir este caso.
Mientras tanto, la búsqueda de pleiteantes sigue. Si usted o alguien que usted conoce ha perdido la beca estudiantil a causa de una condenación por delito de drogas, haga clic aquí para más informaciones sobre volverse un pleiteante. Haga clic aquí para leer la acción SSDP vs. Spelling en la Internet (en Inglés).
7. Búsqueda y Aprehensión: Corte Suprema Rechaza Búsquedas Cuando Un Ocupante Consiente, Pero el Otro No
http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/428/decisionjudicial.shtml
En una votación de 5-3, la Corte Suprema de los EE. UU. decidió el Miércoles que la policía no puede entrar en una casa y confiscar pruebas sin una orden si un ocupante se rehúsa a consentir – aun si el otro ocupante da permiso. Los miembros más conservadores de la Corte, el Desembargador Jefe John Roberts y los Desembargadores Antonin Scalia y Clarence Thomas, todos disintieron. El Desembargador recientemente juramentado, Samuel Alito, no votó porque no estaba en la banca cuando el caso fue debatido.
En Georgia vs. Randolph, los Randolph estaban teniendo dificultades maritales cuando Janet Randolph llamó la policía a la casa de la pareja a causa de una disputa doméstica. Ella dijo a la policía que Scott Randolph había estado usando cocaína y que las drogas estaban en las dependencias. Cuando un oficial pidió permiso para buscar la casa, Randolph, un abogado, dijo que no. Entonces, el oficial pidió a la Sra. Randolph, que dio permiso. La policía encontró una pajita y residuo de polvo blanco. Como resultado de eso, Randolph fue acusado de tenencia de cocaína.
Él buscó suprimir las pruebas como fruto de una búsqueda ilegal, pero una corte de juicio sostuvo que la búsqueda fue legal porque la esposa tenía igual autoridad que su marido para consentir con una búsqueda policíaca. La Corte Suprema de Georgia no estuvo de acuerdo, sosteniendo que cuando dos personas tienen uso y control iguales de las dependencias, el consentimiento de una persona no es válido si la otra está presente y objeta.
El Estado de Georgia recurrió a la Corte Suprema, donde fue sumado por el Departamento de Justicia de los EE. UU., que instó la corte a anular la decisión de Georgia. Pero en un fallo de 19 páginas de autoría del Desembargador David Souder, la Corte Suprema se negó. No era tan difícil así, escribió Souder, porque el caso involucraba a “una aplicación directa de la regla de que la rehúsa expresa de consentimiento con una búsqueda policíaca de un habitante físicamente presente es un dispositivo a favor de él, a pesar del consentimiento del compañero ocupante”.
El caso instigó el primer disenso escrito del Desembargador Jefe Roberts, que raramente debatió que porque la decisión no protegería a todos los coocupantes – sólo aquellos que estuvieran presentes para objetar – no debería proteger a ninguno. Además, Roberts estaba preocupado que la decisión podía impedir la policía en situaciones de abuso doméstico. “Y el costo de sufragar tal protección aleatorio es grande, como demostrado por los casos recurrentes en los cuales las esposas abusadas buscan autorizar la policía a entrar en una casa que ellos comparten con un abusivo que no consiente”, escribió Roberts.
La preocupación de Roberts era “un pretexto”, contestó Souder en el fallo mayoritario. “Este caso no tiene ninguna implicación en el poder de la policía de proteger a las víctimas domésticas. La cuestión de si la policía podría entrar legalmente bajo objeción a fin de proveer cualquier protección que pueda ser razonable es fácilmente respondida, sí”.
8. Marihuana: Encuesta Descubre que los Ciudadanos de Alaska Dicen No a la Repenalización
http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/428/encuestaalaska.shtml
El Gobernador de Alaska, Frank Murkowski, ha estado intentando durante dos años deshacer las decisiones de la Corte Suprema y del Tribunal de Apelaciones de Alaska que sostienen el derecho bajo la constitución del estado de los ciudadanos a tener hasta 100 gramos de marihuana en casa. El año pasado, a pesar de los mejores esfuerzos de Murkowski, su proyecto para repenalizar la marihuana se volvió letra muerta, falto de interés legislativo.
Este año, Murkowski y sus aliados exageraron, recibiendo un golpe en las manos cuando intentaron atar la cuestión de la marihuana a un proyecto antimetanfetamina. Ese proyecto aún está vivo, con todo, y está siendo considerado por un comité conjunto del Senado y de la Cámara a pesar de las quejas de los legisladores por las maniobras de Murkowski.
Ahora, los legisladores tienen aún más motivo para decirle a Murkowski que se vaya. De acuerdo con una encuesta conducida por Goodwin Simon Strategic Research para el Marijuana Policy Project, 56% de los ciudadanos de Alaska pesquisados se oponen a cualquier esfuerzo para repenalizar la marihuana, en tanto que apenas 43% lo apoyan. Uno por ciento no ha decidido.
Similarmente, 50% de los votantes dijeron que ellos apoyaban a la decisión de la Corte Suprema de Alaska de que las disposiciones de privacidad de la constitución permitían que las personas tuviesen hasta 100 gramos en casa para uso personal. Cuando inquiridos si ellos la aprobarían si cantidades menores de marihuana fuesen permitidas, el apoyo creció para 56%. “Los alasqueños discuerdan fuertemente de la legislación sobre la marihuana del gobernador y no quieren que nuestros legisladores se adelanten demasiado con este proyecto adoquinado y malpensado”, dijo Bill Parker, ex legislador del estado de Alaska y subcomisionado jubilado de correcciones. “Ahora, el comité conjunto tiene más un motivo para detener a esta idea mal concebida”.
“Los alasqueños valorizan el derecho a la privacidad en nuestros propios hogares como garantizado en nuestra constitución”, dijo Michael McLeod-Ball de la ACLU de Alaska. “Los alasqueños creen que está mal que el gobernador y la legislatura intenten burlar nuestras protecciones constitucionales de privacidad. La corriente principal cree que hay una tierra media que los políticos están ignorando en nombre de la política partidaria”.
Si los legisladores de Alaska precisan algún espinazo para oponerse al gobernador en el proyecto de repenalización de la marihuana, esta encuesta debe proporcionarles una buena dosis de endurecimiento.
9. Condenación: Leyes de Zonas Libres de Drogas No Funcionan y Resultan en Disparidades Raciales, Dice Nuevo Informe
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Leyes que crean penas incrementadas para delitos de drogas cerca de escuelas, viviendas públicas y otros lugares designados fueron designadas ostensivamente para proteger a los jóvenes de la actividad relacionada con las drogas, pero fracasaran en hacerlo, de acuerdo con un informe lanzado el Jueves por el Justice Policy Institute. Al mismo tiempo, las leyes de zonas libres de drogas resultan en un número desproporcionado de estadounidenses no-blancos que son sujetos a penas más duras que los blancos metidos en conducta similar, descubrió el informe.
El informe, "Disparity by Design: How Drug-Free Zone Law Impact Racial Disparity -- And Fail to Protect Youth” [La Disparidad por Designio: Cómo la Ley de Zona Libre de Drogas Impacta la Disparidad Racial – Y No Protege a la Juventud] fue encargado por la Drug Policy Alliance y examina las leyes de zonas libres de drogas en una serie de estados. El informe echa un vistazo en la intención y la historia por detrás de las leyes, así como sus resultados y el coro creciente de críticas a ellas.
“Durante dos décadas, los legisladores han supuesto equivocadamente que estos estatutos defienden a los niños de la actividad relacionada con las drogas”, dijo la autora del informe, Judith Greene. “No encontramos pruebas de que las leyes de zona libre de drogas protejan a los niños, pero hay amplias pruebas de que las leyes hieren a las comunidades de color y contribuyen para aumentar los costos correccionales”.
Las leyes sobre las zonas libres de drogas aumentan las penas, y a menudo, las sentencias mínimas obligatorias para infracciones que ocurran dentro de áreas designadas alrededor de escuelas, parques, patios de recreo y otros lugares – ya tengan las infracciones algo que ver con los niños o no. Cuando leyes así son promulgadas en áreas urbanas densamente pobladas, ellas resultan a menudo en una colcha de retazos de zonas de punición incrementada que cubren enormes fajas de las ciudades en tanto que no informan a los residentes donde están sus límites.
En Nueva Yérsey, por ejemplo, tres cuartos de Newark y más de la mitad de la Ciudad de Yérsey y Camden están incluidas en zonas libres de drogas, en tanto que apenas 6% de la rural Mansfield Township está cubierta por ellas. El resultado, dijo la Comisión de Condenación de Nueva Yérsey, es “un efecto devastadoramente desproporcionado sobre la comunidad minoritaria de Nueva Yérsey”.
“Las leyes sobre las zonas escolares no funcionan de la manera que queremos – en realidad, no estamos dando a los criminales un incentivo para quedar lejos de las escuelas”, dijo William Brownsberger, un experto en políticas de drogas y ex Subfiscal General de Narcóticos de Massachusetts. “Si reducimos el tamaño de las zonas, protegeríamos mejor a los niños”.
Entre los hallazgos principales del informe:
• Las leyes sobre las zonas libres de drogas no sirven a su propósito pretendido de proteger a la juventud de la actividad relacionada con las drogas;
• Las zonas libres de drogas no detienen a las ventas de drogas;
• Las comunidades de color son impactadas desproporcionadamente por las leyes sobre las zonas libres de drogas;
• La imposición desigual contribuye para aumentar las disparidades raciales en los índices de encarcelamiento;
• Las leyes sobre las zonas libres de drogas erosionan el derecho constitucional al juicio al forzar a los reos a confesarse culpables o arriesgar largas sentencias de prisión.
“Los hallazgos en este informe confirman lo que hemos sabido durante años – que las actuales zonas escolares libres de drogas no impiden las ventas ni el uso de drogas ilícitas en nuestras comunidades”, dijo la Dip. Estatal de Connecticut, Marie López Kirkley-Bey (D-Hartford), la Presidenta de la Cámara. “Donde las leyes han fracasado en aumentar la seguridad pública ellos han sido salvajemente exitosos en promover disparidades raciales terribles. Por eso hemos presentado legislación para reformar estas leyes, porque las políticas eficaces de drogas nos traerán comunidades más seguras, colegios más seguros y niños más seguros”.
Coincidentemente, un día antes que el informe fuera lanzado, un caso de Massachusetts demostró cómo las leyes sobre las zonas libres de drogas resultan en penas salvajemente desproporcionadas. En el Tribunal Superior de Berkshire, Mitchell Otis fue declarado culpable de vender 1,2 gramo de marihuana a un policía encubierto en una zona que era libre de drogas porque quedaba cerca de un estacionamiento urbano de un colegio secundario. El Fiscal David Capeless incluyó un incremento para condenación por zona libre de drogas en la acusación, significando que Otis ahora debería cumplir una pena obligatoria de dos años de prisión sin condicional.
“Las leyes sobre las zonas escolares han seguido las mismas en Massachusetts porque la legislatura ha recibido la promesa de que los fiscales usarán la discreción”, dijo Whitney Taylor, directora ejecutiva del the Drug Policy Forum of Massachusetts. “Desdichadamente, la vida de un joven ha sido sacrificada, probando que la discreción no está siendo usada y que la ley debe ser cambiada. Hay criminales violentos y serios por toda Berkshire County que no están siendo procesados porque el Fiscal David Capeless está escogiendo usar los preciosos recursos legales, judiciales y fiscales para enviar un reo primario a la cárcel por más de dos años por el crimen de vender una cantidad muy pequeña de marihuana a un adulto que varias veces lo solicitó. Éste es un mensaje equivocado que estamos mandando a nuestros jóvenes y las comunidades”, concluyó Taylor.
10. Libertad de Expresión: Hojas Gigantes de Marihuana en la Casa Están Permitidas, Dice Municipio de Connecticut
http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/428/pintura.shtml
Tras ser arrestado y acusado de cultivar marihuana en su casa en Winsted, CT, Christopher Seekins decidió hacer una declaración política al pintar con spray hojas gigantes de marihuana fuera de su casa. Los vecinos se quejaron, pero los funcionarios municipales mostraron que ellos comprenden la Primera Enmienda. Ellos dijeron a los denunciantes que la imagen de la hoja de marihuana no infringía ni el derecho ni los códigos municipales de propiedad.
La ciudad lo entendió muy bien, dijo Seekins al Waterbury Republican American la semana pasada. “No hay razón por la cual alguien deba tener un problema con eso”, dijo Seekins, añadiendo que las hojas son una demostración de apoyo por la legalización de la marihuana. La planta cannábica también puede ser usada para producir fibras de cáñamo y otros productos, dijo él. “La gente tuvo la impresión equivocada sobre eso”.
La policía local seguramente tuvo una mala impresión del cultivo casero de Seekins, donde ellos encontraron 100 plantas, junto con luces de cultivo, fertilizantes y calentadores portátiles el Octubre pasado. Ellos lo acusaron de cultivar marihuana y tener pertrechos para sus esfuerzos relacionados con las drogas. Él está libre bajo fianza de $10.000.
Por si acaso, Seekins vive en la High Street.
11. Suroeste Asiático: Departamento de Estado Busca Victoria del Opio Afgano A Través de Relaciones Públicas
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Pese a que se espere que la producción de adormideras aumente este año a pesar de los esfuerzos del Occidente y del gobierno del Presidente afgano Hamid Karzai para suprimirlas, el Departamento de Estado de los EE. UU. tiene un plan para transformar la derrota en victoria. Bueno, no una victoria de verdad, pero una casi igualmente buena: convencer al público estadounidense e internacional que la política está funcionando.
De acuerdo con un informe el Miércoles en el Washington Times, el Departamento de Estado ha desarrollado un plan de relaciones públicas que busca convencer a “los públicos estadounidenses así como a la comunidad internacional” que el Occidente y los afganos han logrado una forma de detener a la marcha de las adormideras por todo Afganistán, hogar de casi 90% del cultivo global de adormideras.
El “Plan Estratégico de Comunicación” de nueve páginas obtenido por el Times busca específicamente objetivar a los congresistas, líderes religiosos, funcionarios estaduales elegidos, institutos de consultoría, órganos de la prensa, estudiantes y funcionarios universitarios y la comunidad de los negocios, tanto dentro como fuera de los EE. UU. “Todos nosotros reconocemos que la seguridad en Afganistán afecta por último a la estabilidad de los países que lo cercan y eventualmente a la comunidad internacional como un todo”, dijo el plan. “La estrategia está basada en la premisa bien-establecida de que la empresa criminosa en Afganistán, si no es controlada, socava todas las metas que el país ha establecido para sí para que su pueblo pueda prosperar y vivir en una sociedad pacífica”.
El plan pide que grandes esfuerzos para asegurar que los periodistas reciban toda oportunidad para idear e informar la línea oficial. Pide que los periodistas sean escoltados a las misiones de erradicación, boletines regulares para la prensa “que finjan que la erradicación de las adormideras está yendo bien” y kits periodísticos “profesionalmente designados” con hojas factuales “que puedan durar por varios meses”. El departamento también proveería expertos “de plantón” para irse por los EE. UU. y el extranjero para “entregar los mensajes de Afganistán sobre Afganistán”.
Llevar a los periodistas a las misiones de erradicación “fomentaría la conciencia de que sin el control efectivo de los narcóticos”, los objetivos sociales, económicos, políticos y culturales de Afganistán “están amenazados y no pueden ser implementados apropiadamente”. El plan demostraría que Afganistán y el Occidente tienen “una estrategia antidroga integrada y coherente”.
Aun si no la tienen.
12. Asia Meridional: Gobierno Estadual Indiano Vende Cannabis
http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/428/punjab.shtml
El gobierno del estado indiano de Punjab está en el negocio mayorista de cannabis, informó el Times of India el Lunes. El gobierno estadual vende bhang, un preparo intoxicante hecho de las hojas y flores de la planta de marihuana, conocida localmente como “sukha”.
El Times informó que la próxima semana, el Fisco del Estado,q ue es responsable por asignar las licencias para el alcohol, también asignará una “venda” mayorista de bhang en el distrito de Hoshiapur. El gobierno estadual ha establecido el precio de cerca de $7.000 americanos para un vendedor de Nueva Delhi, dijo un funcionario del departamento al periódico.
“Nosotros proveemos el bhang a Rajasthan, Madhya, Pradesh y ciertos otros estados en el país”, dijo el vendedor de bhang a The Tribune por teléfono desde Delhi. “Hemos establecido una enorme infraestructura, incluso un sistema de limpieza, para colectar el bhang de las plantas de cáñamo en el cinturón de Hoshiarpur y proveerlo a MP, Rajasthan y otras áreas en el país”, añadió él.
El cannabis es generalmente prohibido en la mayoría de los estados indianos, pero es comúnmente usado en las ceremonias religiosas como el Festival Holi en Bihar, Uttar Pradesh y otros estados. También es usado para fines religiosos en el Punjab. Por el otro lado, la Agencia de Control de los Narcóticos del gobierno indiano ha desenraizado grandes extensiones de plantas de marihuana en Kulu y Manali, donde ellas son favoritas de los turistas extranjeros, y ha abierto acusaciones criminales contra aquellos que son atrapados cultivando la hierba ilegalmente.
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