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Cárceles mendocinas. DESCARGO SIN SOLUCIONES
Por reenvío red eco alternativo -
Wednesday, Apr. 05, 2006 at 9:26 AM
En una nueva audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las autoridades nacionales y provinciales se acusaron mutuamente del estado deplorable en las cárceles mendocinas
(Red Eco) Mendoza- El jueves 30 de marzo, los abogados Carlos Varela y Pablo Salinas expusieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las cárceles de Mendoza.
En la audiencia el comisionado de la CIDH, Florentín Meléndez, sostuvo enfáticamente que Argentina no cumplió con la Convención Americana ni con el acta firmada en marzo de 2005 en Paraguay.
En representación del Estado nacional estuvo presente Jorge Cardozo, asesor de la Cancillería argentina; y por el Estado provincial el Dr. Alejandro Acosta, subsecretario de Justicia.
Si bien la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estuvo presente representada por los abogados Ciro Anicciarico y Javier Salgado, ninguno de los dos intervinieron.
En un extenso informe, Natalia Brite, integrante de la Agencia Taller de Periodismo Alternativo (ATPA) de Mendoza da detalles sobre la audiencia realizada en la ciudad de Brasilia (*)
En declaraciones a ATPA Salinas afirmó que "el hacinamiento, la indigna convivencia, las pésimas condiciones de salud y la violencia carcelaria persisten y que no hubieron avances contra la impunidad; continúan las muertes, los heridos, las fugas y, lo que es más preocupante, las torturas”.
Ante esta situación, los abogados mendocinos señalaron como responsables políticos a los gobiernos nacional y provincial, quienes se deslindan de responsabilidades mutuamente.
En este sentido Acosta señaló ante la CIDH que “se ha solicitado en cinco oportunidades el pago de la deuda que mantiene el gobierno nacional por el alojamiento de internos federales en los establecimientos locales”.
Por su parte Cardozo se defendió alegando “que no podía viajar mucho a Mendoza y que algo habían hecho”.
Situación carcelaria
El informe de los abogados de derechos humanos señala que hay destinados 10 guardias para el sector intramuros donde habitan alrededor de 1200 personas. Además siguen conviviendo en la penitenciaría los procesados y los condenados.
Los letrados denunciaron que no se cumplió con lo expresado en el acta de la audiencia anterior realizada en Paraguay respecto de la condiciones de detención: “aunque ha habido algún avance parcial, en general en intramuros las condiciones son denigrantes y deplorables; con sanitarios tapados, celdas hacinadas hasta con ocho personas, con altas horas de encierro, en algunos pabellones de hasta 23 horas (..) uno de los aspectos más vergonzosos es la paradoja de la existencia de 18 profesionales de la salud, más cerca de 10 enfermeros, y por otro lado la ausencia de prestación médica y la venta de medicamentos a los internos (..) No hay ninguna prestación para tratamientos, sólo visitas clínicas”, dijeron.
Brite comenta que “este hecho se relaciona con el otro punto que fue eje para los peticionantes: las torturas que se repiten y persisten en la penitenciaría. Tanto a través de acción directa de penitenciarios sobre internos, como el encierro prolongado que, según la Asociación Internacional Contra la Tortura, se establece como una de las formas de tortura”
Luego de la audiencia del 2005 en Asunción, Paraguay; el Estado argentino había quedado sujeto a medidas cautelares y provisionales respecto de los temas desarrollados en esta nota. Esta responsabilidad recae sobre funcionarios nacionales y provinciales.
La comisión de la CIDH había visitado la provincia de Mendoza a fines del 2004, oportunidad en que declaró que las terribles condiciones de las distintas unidades carcelarias provinciales vulneran los compromisos internacionales adquiridos por la Argentina en materia de derechos humanos.
(*) Informe de Natalia Brite en http://www.uncu.edu.ar