Julio López
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Carta a la Defensora del Pueblo de Río Negro
Por No al aumento del Boleto - Wednesday, Apr. 12, 2006 at 10:11 PM
queterecontraboleto@hotmail.com

San Carlos de Bariloche, …… Abril de 2006


SRA. DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
SRA: NILDA NERVI DE VELLOSO


S / D

De nuestra consideración:

En nuestro carácter de vecinos afectados de la ciudad de Bariloche y en uso de nuestras facultades previstas por los art. 40 párrafo dos, 42 párrafos uno y dos, y 43 párrafo uno de la Constitución Nacional y en los art. 30, 45 y 47 de la Constitución Provincial, así como de los art. 19 y siguientes de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y 22.262 de Defensa de la Competencia, nos presentamos a Ud. con el objeto de solicitar la intervención de esa Defensoría del Pueblo en favor de nuestros derechos como usuarios del sistema de servicio de transporte público automotor de pasajeros de nuestra ciudad de Bariloche.

En tal carácter, las personas y organizaciones abajo firmantes consideramos que el Estado Municipal debe garantizar el acceso a los servicios públicos de toda la población y al haber habilitado el aumento inconsulto y desproporcionado que autorizó a las dos empresas prestatarias del servicio no está cumpliendo con su deber como poder público y se encuentra violando la normativa vigente.

Al respecto el aumento del boleto ha sido resuelto en forma intempestiva, autoritaria e inconsulta desde el gobierno municipal, afectando la posibilidad de muchas personas de nuestra ciudad para contar con un transporte público de pasajeros eficiente y, a la vez, adecuado a su realidad económica.

El servicio de transporte automotor público de pasajeros de la Ciudad de Bariloche resulta, de un tiempo a esta parte, absolutamente deficiente, tanto por la escasez de frecuencias como por el levantamiento intempestivo de servicios, y el mal estado mecánico de los coches.

Sin embargo, el estado municipal, lejos de hacer frente a esta realidad denunciada en numerosas ocasiones por los usuarios, no solo que no ha adoptado las correspondientes medidas de control e impuesto las debidas sanciones hacia las empresas concesionarias sino que, muy por el contrario, en una decisión de dudosa legalidad les ha permitido continuar haciéndose cargo del servicio, admitiendo a la vez el aumento del valor del boleto en forma totalmente desproporcionada (más de un 30 %) y sin garantizar la correspondiente mejora de la prestación, asegurando así a las empresas prestatarias un mayor margen de ganancias a costa de los usuarios.

Solicitamos, por tanto, de la Defensoría del Pueblo a su cargo se avoque a investigar la legalidad de la decisión estatal teniendo en cuenta nuestros derechos como consumidores en virtud de lo normado en los art. 19 y siguientes de la ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor y de la ley Nacional 22.262 de Defensa de la Competencia; denunciando la falta de cumplimiento por parte del estado municipal de garantizar la no discriminación en el acceso a los servicios públicos esenciales para todos los barilochenses, así como de la falta de cumplimiento de su deber de bregar por la optimización del servicio, adoptando la Sra. Defensora para el caso las medidas pertinentes y promoviendo las denuncias ante los organismos nacionales y provinciales competentes, así como las acciones judiciales que correspondieren.

Obsérvese por ejemplo que ante el pedido de los dirigentes de la CTA de esclarecimiento y transparentamiento de tal medida, la respuesta publicada fue: "Nos dijeron que no saben cuánto ganan las empresas –sostuvo la dirigente gremial Mirta Abdala –. Cuando les planteamos que con el boleto a 1,10 la rentabilidad asegurada sería de 3,1 millones de pesos anuales nos dijeron que es apenas un rumor, pero que no manejan eso". El mismo medio que publicó esto, continuó: “En realidad esa cifra está lejos de ser un rumor porque surge del cálculo realizado por la consultora Mohana y Asociados en un estudio técnico sobre el transporte urbano por el cual el municipio pagó 40 mil pesos.
La estimación data de un año y medio atrás y tanto las empresas como el municipio aseguran que desde entonces aumentaron los costos. Pero nada dicen que también creció apreciablemente la venta de boletos.

Abdala se preguntó "cómo pueden analizar un pliego licitatorio sin conocer la rentabilidad" del sistema y se quejó de que varios concejales, entre los que destacó a la oficialista Irma Haneck, "sólo parecen preocupados por legitimar el aumento y explicar cuánto aumentaron los costos de la empresa".
La dirigente dijo “…es una decisión con muchos puntos oscuros"”. (Diario Rio Negro, edición 26 de Marzo del corriente).

Entre los extraños hechos que se vincularon a esta decisión estuvo la prórroga de la conseción , evadiendo así una licitación en la que se podría haber presentado alguna empresa dispuesta a atender responsablemente tal servicio de transporte. Todo esto bajo el único argumento que sentenció el Sr. Carlos Cattini, director de tránsito - ante el cuestionamiento de los vecinos en una reunión con las juntas vecinales y estudiantes : “ninguna empresa va a ser mejor que la 3 de Mayo”.Un servicio que de más está enumerar las ventajas comerciales que presenta. Quien asume como adjudicatario, tiene asegurado el monopolio que le concede el estado, cuenta ya con la cartera de clientes, y no cuenta con riesgos, pues la respaldan los subsidios por parte del estado.

Con respecto a lo mencionado anteriormente, la concejal Beatriz Contreras dijo : “… Lo importante es poder discutir, desde todos los aspectos, un pliego de licitación para poder abrirle las puertas a otras empresas que puedan cumplir ampliamente con las necesidades de la población, sin discriminación de ninguno de ellos; de los estudiantes primarios, secundarios, universitarios (públicos o Privados), de los discapacitados,etc. ” (Véase Diario digital, edición 14 de Marzo).



VIOLACIONES A LA CARTA ORGÁNICA

Encontramos que el gobierno municipal a propiciado el incumplimiento de la carta orgánica de Bariloche, como a incurrido en violar tanto el espíritu como la letra de todo el plexo normativo provincial y nacional en pro del servicio público de transporte. Ya en el 2005 diputados radicales proponían modificaciones en un proyecto de ley, atentos a las notables deficiencias del transporte público y la ausencia de implementaciones positivas hacia la defensa del usario, destacando las deficiencias del servicio brindado en Bariloche. Donde no solo denunciaban ausencia de normativas, sino incumplimiento de las ya vigentes. (Véase Diario Río Negro, edición del 22 de Agosto de 2005).


Con respecto a nuestra Carta Orgánica, en su artículo 7, inciso 1, dice textualmente: “Son deberes y atribuciones municipales: Gobernar y administrar los asuntos públicos e intereses locales, dirigidos al bien común, para promover el desarrollo humano y social.” Con respecto a esto último queremos hacer notar que el transporte público es sustentador de todos y cada uno de estos elementos, es decir es indiscutiblemente un asunto público, dirigido al bien común, y promueve el desarrollo humano y social.

Los licenciados Concepción Mohana y Norberto Rocha (de la consultora contratada para el pliego de bases y condiciones generales para la licitación pública del transporte urbano de pasajeros ) mencionan en dicho pliego textualmente : “el rol fundamental del transporte público es consolidar y promover las relaciones entre los barrios de la ciudad y contribuir a una vida digna , por lo que se espera que las mejoras incorporadas al sistema contribuirán a la integración de los habitantes de los barrios y a disminuir los niveles de desvinculación”(pág.8, fj. 10).

El dictamen de la concejal Silvina García Larraburu ante la decisión del ejecutivo denunciada en la presente fue: “El transporte de pasajeros es un servicio público; es decir, un servicio que el Estado debe garantizar para asegurar el derecho de todas las personas a trasladarse según sus necesidades laborales, educativas, familiares, personales, etc. Este derecho no se garantiza solamente haciendo existir el servicio, sino propiciando las condiciones para que ese servicio sea accesible; si las personas no pueden pagar el precio del boleto, no están en pleno goce de su derecho.

Además, el reciente aumento obliga a las familias a reasignar sus ingresos -que por el alto precio de la canasta familiar en Bariloche son generalmente insuficientes- de modo tal que verán disminuido su acceso a la educación, a la alimentación, a la vestimenta, a la recreación y hasta al mismo trabajo. Este aumento repercute fuerte y negativamente sobre la economía familiar de nuestra comunidad, y es discriminatorio respecto de los sectores de menor poder adquisitivo.” (Véase diario digital del 11 de Marzo del 2006).

Larraburu un año antes afirmaba que el trabajo social lo están haciendo las fundaciones, asociaciones intermedias, autoconvocados, ong, que desde hace años intentan llenar los espacios vacíos dejados por el estado. (Diario Río Negro, edición de 27 de Noviembre de 2005).


Finalmente el inciso 15 del mencionado artículo dice: “…asegurar el transporte público de pasajeros y fijar sus tarifas.” Obviamente que estos dos aspectos en concordancia, y no en contradicción pues no es asegurar el transporte público haciéndolo inaccesible para un gran sector de la población a través de la tarifa (la más cara del país). En ningún momento se considera atribución del ejecutivo asegurar un enriquecimiento de la empresa adjudicataria de la concesión de un servicio público a costa del perjuicio la población, y más aun sin la más mínima exigencia de calidad y cumplimiento de los requerimientos que hoy la población de Bariloche demanda, como viene ocurriendo estos años. La Juventud Radical dijo: “En estos días, se vive un nuevo episodio de abuso entre los empresarios de Bariloche avalado por el Gobierno de Icare. Aumentaron el boleto de colectivo a $ 1,30, llegando ésta a ser la tarifa más cara del país”.

Con respecto a esto último el inciso 37 del mismo artículo dice: “Los servicios públicos corresponden originariamente al Municipio, quien velara por la correcta prestación de los mismos.”

El proyecto de modificaciones a la ley de transporte, proyectada por legisladores provinciales, ya hablaba del incumplimiento de dicho artículo. Pero es de dominio público la incorrecta prestación del servicio tolerada durante años y arbitrariamente por el ejecutivo municipal, específicamente en los siguientes hechos elocuentes ( que son tan solo algunos, a modo de ejemplo) :

• sobresaturamiento de pasajeros que se produce ante el aumento de población de Bariloche y la falta de incorporación de nuevas unidades (lo cual aumenta desproporcionadamente a favor de la empresa la ganancia, sin necesitar proporcionalmente invertir). No solo que se encuentra en este hecho la ausencia de un estado municipal contralor, sino que día a día, en cada recorrido se juega con la vida de cada uno de los pasajeros.

• distintos barrios de la periferia de Bariloche han sido privados del servicio en ciertos horarios bajo el argumento de ser inseguros para los chóferes, cuando la prestación y la línea están contratadas. (Si una empresa no puede prestar un servicio por cuestiones de seguridad, debe o recurrir al amparo del municipio - en lo pertinente – quien debe “ejercer el control de policía” (inc. 21, art. 7 de la Carta Orgánica) o al no poder cumplir con obligaciones que asumió al licitar, renunciar a la concesión).

• La inseguridad que genera las condiciones de las unidades. Por ejemplo el día 20 de Marzo, por segunda ves una unidad de la empresa 3 de Mayo se incendió. (Véase la edición del diario El Cordillerano de 21 de Marzo). Lógicamente que unidades que no se renuevan, ni se actualizan a la demanda o a la tecnología no solo que resultan gravemente peligrosas, sino que generaran una erogación mayor en refacción. Erogación que solo se puede atribuir a la empresa prestataria y a la falta de exigencias por parte del ejecutivo. (el inciso 22 del mencionado artículo de la carta orgánica dice: que es deber del municipio: “adoptar medidas tendientes a evitar… incendios…”).

• A esta inseguridad se ha sumado, la generada por la impunidad que gozan estas empresas para atentar con ilícitos penales contra los ciudadanos. Por ejemplo en la edición del 10 de Marzo del diario El Cordillerano se puede observar fotografiado al chofer que tiró una unidad encima a jóvenes menores de edad. Como también ha sido publicado el caso de un joven, también menor de edad, que fue privado de su libertad y encerrado en una unidad por negarse a pagar más de lo que acredita el boleto. Donde claramente se observa como se le privó ilegítimamente de la libertad.

Al respecto la Juventud Radical expresó: “Desde la Juventud Radical Bariloche queremos una respuesta a los problemas que el sistema de transporte publico tiene, no sólo respecto a la tarifa; si no también el abuso y atropello en cuanto al incumplimiento de los recorridos y frecuencias, que lamentablemente conocemos y sufrimos al subir a las unidades y encontrar el pésimo estado en que éstas se encuentran. Queremos dejar en claro que creemos perfecto el aumento a los trabajadores de las mismas, pero no corresponde que salga de los bolsillos de los usuarios, sino de las claras ganancias de las empresas.”(Diario el Cordillerano, edición del 10 de Marzo del corriente).

Asimismo el artículo 25, inciso 3 dice: “Son deberes y atribuciones del Intendente Municipal: (…) Dictar resoluciones basadas en ordenanzas.” La lógica , lo debido , en un estado de derecho , en lo particular del municipio , es respetar la carta orgánica : “dictar resoluciones basadas en ordenanzas” . Este hecho asumido es lo que debe haber llevado al Consejo a arribar con tanta seguridad a lo publicado en el diario Río Negro del 11 de Marzo : “En el Consejo Municipal hicieron saber que el pliego para la licitación integral del servicio de transporte que presentó el Ejecutivo meses atrás sigue en tratamiento porque jamás fue retirado. Recordaron además que cualquier prórroga del contrato no tendrá validez sin aprobación del Deliberante.”

Sobre este último punto resulta elocuente lo declarado en continuación de la nota citada anteriormente por la JR :” En estos días, se vive un nuevo episodio de abuso entre los empresarios de Bariloche avalado por el Gobierno de Icare. Aumentaron el boleto de colectivo a $ 1,30, llegando ésta a ser la tarifa más cara del país.(…) Porque este aumento, por lo rápido y dinámico con el que UD. lo resolvió, nos deja a los jóvenes la sensación de un “tufillo” de sospecha... ¿Cómo es que no lo evaluó con el Concejo Municipal?”




NOS SENTIMOS DESAMPARADOS POR EL ESTADO MUNICIPAL

Encontramos que el estado municipal ha sido absolutamente indiferente a la realidad que presenta nuestra ciudad al momento de tomar decisiones sobre un servicio público. Bariloche, es la localidad que acusa la mayor desigualdad social dentro de la provincia.

El investigador de la Fundación Bariloche, Carlos Abalerón, quien hace más de quince años estudia esta sociedad, fue claro: “ si no se atiende la emergencia social, Bariloche puede convertirse en un gran Cromañon.” Bariloche a tenido picos del 27 % de desocupación de la población económicamente activa. (Véase diario Río Negro edición del 27 de Noviembre de 2005).

Ante un petitorio de UHTGRA al intendente, bajo el mismo reclamo, se expresaron así sus dirigentes: “En nuestro carácter de representantes de los trabajadores gastronómicos de Bariloche y la región, formalmente peticionamos dejar sin efecto el aumento del 30% de valor del pasaje de transporte urbano de pasajeros en nuestra ciudad”. Y concluye: “por lo tanto, la realidad económica de nuestra ciudad es muy diferente a la sensación térmica que da la calle Mitre con restaurantes y hoteles colmados. Los beneficiarios son para un sector, el empresariado. Por tal razón solicitamos a ustedes dejar sin efecto el aumento referenciado, que sólo agrega mayores sinsabores a la población en general y en particular a nuestros representados, con un costo de la canasta familiar en incremento permanente y alquileres sobrevaluados”.

Sobre este contexto social por el que atraviesa Bariloche, la concejal Larraburu en el artículo ya citado , comentó : “Frente a esta situación, el Estado debería preocuparse por asegurar una justa distribución de la riqueza que actualmente produce nuestra ciudad. Sin embargo, esto no ocurre. Y, muy por el contrario, se adoptan medidas que perjudican aún más la situación económica de los trabajadores y peor aún de los sectores excluidos. Es el caso del imprevisto aumento del 30% del valor en los boletos de colectivo, que se ha dado no sólo en Bariloche sino también en las localidades de la Línea Sur de nuestra provincia, lo cual complicará más los ya difíciles traslados a través de esa región, agravando su postergación.”


En medio de todo este contexto la intransparente decisión tomada por el ejecutivo municipal de aumentar las distintas tarifas del boleto( prorrogando una concesión, evadiendo la licitación e impidiendo así que se presente como oferente una empresa que asuma responsablemente el servicio) que condujo finalmente a un tratamiento de fondo – por parte de la sociedad- de la ausencia de un estado municipal tutelar de la ciudadanía en el tema de servicios públicos , ha perjudicado profundamente a la sociedad en su conjunto, como individualmente. Tan solo observar que esta presentación está avalada por 11.000 confirma esto. Pero también podemos sumarle que no existe tema que haya generado el tratamiento mediático de la envergadura del mencionado.

Por eso es que le adjuntamos los más de 50 artículos gráficos que han salido en medios locales y provinciales. Suficiente prueba de la urgencia que merece una pronta intervención del tema.

No solo que hemos recurrido reiteradamente como vecinos autoconvocados y diversas organizaciones con dicho reclamo ante el ejecutivo municipal, sino también ante el Consejo Deliberante de nuestro municipio, sin obtener respuesta acorde a ley. (Adjuntamos presentación que realizamos en fecha de 15/03 /06 ante el presidente del Consejo Deliberante).

Ante semejante anomia gubernamental y administrativa afectando severamente el servicio público recurrimos a su intervención, atentos a que las facultades que la constitución provincial le otorga, hacen admisible su intervención.

Como aval de la presente, adjuntamos las más de 11.000 firmas recabadas en la ciudad de Bariloche en el mismo sentido. A todo efecto, constituimos domicilio en (…) de la ciudad de Bariloche.

A la espera de una resolución favorable, la saludan atte.

CON COPIA A:
INTENDENTE DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
PRESIDENTES DE BLOQUES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE BARILOCHE
UNIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

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