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¿Quién fiancia las campañas de K.?
Por Mosquita Cojonera -
Sunday, Apr. 16, 2006 at 10:08 AM
fliegecojonera@hotmail.com
¿Quién financia al "Efecto K"?...¿o lo financian los propios trabajadores que bancan el 50% de los ingresos del estado?... Dime quien te banca la campaña electoral y te diré quién eres. La miseria oclta de la política populista. Varias notas interesantes...
¿Cuánto más amigable puede ser una empresa cuando su deudor es también su mejor cliente? El ejemplo se aplica a la perfección al kirchnerismo porteño y bonaerense, que adeuda cerca de un millón y medio de pesos a agencias de publicidad que son habituales receptoras de propaganda oficial por cifras millonarias.
El tema no está contemplado en la ley 25.600, que regula el financiamiento de partidos, la cual sí prohíbe recibir aportes de concesionarias de obras y servicios públicos.
Por esta ley, el Frente para la Victoria bonaerense debió devolver 138.000 pesos (la mitad de las donaciones empresarias que había recibido) a aportantes que mantenían vinculaciones con el Estado. Los kirchneristas porteños reintegraron 50.000 pesos.
Sin embargo, en el caso de las agencias de publicidad no se trata de una donación, sino de una acreencia momentánea, que alcanza para despertar la suspicacia de los que controlan el tema.
Sospechas
"Si son proveedores del Estado y reciben publicidad oficial, uno podría conjeturar que la deuda se pagaría por la vía de los recursos públicos", aventuró Laura Alonso, responsable del estudio que Poder Ciudadano elaboró sobre los balances partidarios de la última campaña. Aclaró que no existen pruebas que confirmen esa hipótesis.
Desde el kircherismo porteño, equiparan su deuda con las de los demás partidos, y aseguran que la pagarán en el corto plazo, aunque todavía no desembolsaron ni un peso.
"La deuda figura en la Justicia, y la vamos a pagar conforme a lo que marca la ley", señaló Sebastián Gramajo, legislador porteño y apoderado de la lista del Frente para la Victoria (FV) en la última campaña. El kirchnerismo bonaerense, en cambio, no respondió las consultas sobre el tema.
Según el monitoreo de Poder Ciudadano, la mayor parte de la deuda del FV porteño (que asciende a 444.796 pesos) fue contraída con las empresas de publicidad Viacart ($41.627), Pinta Baires SRL ($ 58.117), Horizontes del Sol SA ($ 15.615), Top Publicidad ($ 13.723), Publicar SA ($ 74.038), Eduardo Osvaldo Lausi ($ 37.822), Carlos Girola & Asociados ($ 41.281) y Wall Street Vía Pública SA ($ 116.464).
El informe también consigna que esas mismas empresas fueron contratadas por el Estado durante el bienio 2003-2005 por montos que oscilan entre 400.000 y 1.600.000 pesos.
En la provincia de Buenos Aires, donde el FV declaró un saldo negativo de 883.542 pesos, se repiten varios de esos nombres y se agregan otros, siempre de compañías habitualmente receptoras de la publicidad oficial por cifras que en algunos casos llegan a superar el millón de pesos.
"Existe la preocupación de que las deudas electorales se paguen con contratos oficiales, ya que las empresas acreedoras son prestadoras del Estado", coincidió la especialista en partidos políticos Delia Ferreira Rubio, del Centro de Políticas Públicas Aplicadas (Ceppa). Si eso ocurriera, significaría un aporte indirecto a la campaña oficialista más allá de lo que permite la ley.
Casi tres años después de las elecciones presidenciales de 2003, la Justicia aún no aprobó la rendición de gastos de campaña del Frente para la Victoria, la alianza que llevó al poder al presidente Néstor Kirchner.
Tampoco tienen sus informes aprobados el Frente por la Lealtad, que impulsó la fórmula Carlos Menem -Juan Carlos Romero, y la alianza Recrear para el Crecimiento, que postuló a Ricardo López Murphy y Ricardo Gómez Diez. Sin embargo, el fiscal Jorge Di Lello acaba de recomendar que esas agrupaciones no sean sancionadas, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.
Los informes de ARI, el partido de Elisa Carrió; del frente que postuló a Adolfo Rodríguez Saá y de la UCR están aprobados desde el año pasado.
El expediente acerca de la campaña de Kirchner es el más atrasado. Por estas horas, la jueza federal María Servini de Cubría tramita las últimas observaciones para una conclusión final, luego de algunas idas y venidas entre los peritos contadores de la Cámara Nacional Electoral y los responsables legales del frente kirchnerista, el actual jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el actual superintendente de Servicios de Salud, Héctor Cappacioli.
Ambos funcionarios respondieron a varios cuestionamientos de los peritos contadores. De acuerdo con uno de los informes, la alianza que postuló a Kirchner y al actual vicepresidente, Daniel Scioli, omitió declarar gastos por 2.200.000 pesos.
Los profesionales precisaron que hay acreditadas contrataciones de servicios y medios publicitarios "por montos que exceden lo declarado". Las revisiones de los gastos proselitistas responden a la ley 25.600, sancionada en 2002 con el objetivo de transparentar el financiamiento de las campañas electorales.
La norma puso un límite a los gastos que pueden hacer los partidos, restringió las donaciones que pueden recibir de personas y empresas y los obligó a presentar dos rendiciones de gastos ante la Justicia.
La ley prevé sanciones como la suspensión de aportes estatales para las agrupaciones incumplidoras y, en el peor de los casos, la prohibición de ocupar cargos públicos para los responsables de las campañas .
De todos modos, el escenario no es riesgoso para Kirchner si el fiscal sigue el mismo criterio que usó en el caso de Menem. El frente que postuló al actual senador nacional por La Rioja está acusado por contrataciones de publicidad en medios de comunicación no declaradas por 6.500.000 pesos.
"Involuntario"
Esos servicios, que superan ampliamente el límite de 250.000 pesos de aportes para las personas jurídicas, fueron pagados por la Fundación Argentina Solidaria. Pero los responsables del frente menemista, Carlos Gatti y Angel Torres, dijeron que esas contrataciones fueron realizadas sin su consentimiento.
Desde la fundación afirmaron que habían decidido acompañar un proyecto político y en ese contexto habían realizado eventos y contrataciones, pero no aportes, ni a la alianza ni a sus candidatos.
Según Di Lello, la agrupación menemista no debe ser sancionada porque los castigos previstos en la ley deben ser la consecuencia de incumplimiento voluntario manifiesto.
En cambio, según informaron a LA NACION fuentes judiciales, el fiscal reclamó que se sancionara a la fundación y que la Inspección General de Justicia (IGJ) la investigara.
Laura Alonso, experta de Poder Ciudadano, criticó la demora judicial y reclamó una aplicación más efectiva de la norma. "La ley tiene defectos, pero van a ser más grandes si al detectar irregularidades se hace la vista gorda. Nadie busca criminalizar la política, pero tiene que haber sanciones para modelar conductas y prevenir delitos", sostuvo.
En la Justicia aseguran que las demoras se deben a que en las elecciones del 24 de abril de 2003 se aplicó la ley 25.600 por primera vez, por lo que hubo que definir reglas internas contables para los partidos y otras cuestiones que hicieron más lenta la tramitación de los expedientes.
En el caso de López Murphy, la irregularidad señalada por los peritos contadores es un préstamo de 1.550.000 pesos de la Fundación Cívico Republicana, que preside el líder de Recrear. Pese a que ese monto supera el límite de 250.000 pesos, para el fiscal no merece castigo porque no se encuentra incluido dentro de las restricciones previstas en la ley, ya que no es una contribución ni una donación.
Respecto de la fundación, Di Lello reclamó que la IGJ determinara si está habilitada para una operación de crédito.
Greenpeace y los ambientalistas de Gualeguaychaje...
Por Bronstein -
Sunday, Apr. 16, 2006 at 11:40 PM
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Por judío -
Monday, Apr. 17, 2006 at 1:14 PM
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