Julio López
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LOS CONTRATOS CON LAS PAPELERAS VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS.
Por ASAMBLEA POPULAR CORDOBA Y ANCHORENA. - Monday, Apr. 17, 2006 at 5:11 PM

Son nulos los contratos firmados por Uruguay con las empresas papeleras porque violan los Derechos Humanos al poner en peligro la vida de los habitantes que está protegida por las Convenciones internacionales en beneficio de toda la familia humana.


Las Convenciones rigen para todos los Estados y establecen que sus disposiciones no son derogables por voluntad de los países. Por el contrario, consideran que si los contratos tienen cláusulas violatorias de los derechos humanos estos contratos carecen de eficacia, no son válidos porque son están viciados de nulidad absoluta.
Por otra parte, los contratos de cualquier tipo deben ser de buena fe para que rija el principio “pacta sum servanda”, que significa que los acuerdos deben cumplirse.
La mala fe de las empresas extranjeras es evidente, pues establecen sanciones económicas en el caso de que los inversores sufran pérdidas económicas por “revueltas o manifestaciones”. Es decir que de antemano la empresas papeleras prevén la resistencia de la población por la ilicitud misma de su objeto, ya que si el emprendimiento fuera beneficioso, tal cláusula sería innecesaria y absurda.
Como el contrato es por 20 años, es evidente que se previenen por las conductas futuras de las personas que fueran víctimas de la contaminación, ya se trate de los que ahora son niños o de las personas por nacer.
Para mayor reaseguro, las empresas imponen que para dirimir los conflictos que pudieran surgir se recurrirá a tribunales arbitrales privados del exterior, cuya decisión cualquiera puede imaginar. Además, vulneran la soberanía del Uruguay, dado que son sus tribunales los que deben juzgar.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) como así también las que de ella se desprenden, como son los pactos sobre derechos Civiles y Políticos y sobre derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) que rigen para todo el planeta, obligan a los Estados a respetar el derecho a la vida y a la calidad de la vida y garantizan, además, que nadie puede ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes, que tal sería la situación de las víctimas directas e indirectas del funcionamiento de las empresas de procesamiento de la celulosa, contaminante del ambiente y de las aguas.
Los contratos con las papeleras también violan la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y todas las declaraciones de la ONU sobre protección del medio ambiente.
Además, son nulos porque importan un abuso de poder trasnacional que liquida la esencia misma de los contratos, que es la igualdad de las partes.
Importa una odiosa discriminación que las empresas aprovechen la necesidad de crecimiento y de trabajo que asuela al cono sur por la exclusión social - que es el resultado de las perniciosas corporaciones que les precedieron- para imponer contratos de efectos letales para los habitantes de la zona, contratos que jamás prosperarían en sus países de origen.
Cualquier persona tiene derecho a demandar y a dirigirse por sí mismo o mediante una ONG a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando a los Estados parte que ha violado los derechos humanos previstos en el Pacto de San José de Costa Rica.
Y tal sería el caso de Uruguay y Argentina si sus gobiernos no actúan con urgencia frente al perjuicio que ocasionaría a todos los habitantes de la región la instalación de la papelera en Fray Bentos.
Ello es así porque ambos Estados se encuentran obligados a prevenir y evitar cualquier situación que vulneren la dignidad humana (vida, calidad de vida, salud, protección de la infancia, tratos inhumanos o crueles).
El legítimo derecho de manifestarse y peticionar, que ejercen quienes cortan las rutas para tratar de evitar que se complete la instalación de las papeleras, demuestra el interés por proteger la propia vida, la de los hijos y la de las generaciones futuras. La acción directa que importa el corte de rutas halla su justificación en la objetiva circunstancia de que hasta ahora los gobiernos no pararon la construcción de las plantas.
Y hasta que no se concrete el desmantelamiento de la mismas, esta única salida posible, porque ni Uruguay ni Argentina cumplen con su obligación de prevenir y evitar la violación de los derechos humanos.

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otro imbécil
Por el polenta - Friday, Apr. 21, 2006 at 5:13 PM

5mentarios. LA estupidez de esta gente no tiene limites.

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..
Por - - Friday, Apr. 21, 2006 at 11:57 PM

Por supuesto que esos contratos violan los derechos humanos, no hay contaminación mínima, no debería existir, la contaminación ambiental es violatoria de los DDHH.

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