UN MES Y MEDIO EN HUELGA DE HAMBRE Estado chileno en la mira por situación de presos políticos mapuche
Marcha en las calles de Santiago de Chile por los presos políticos mapuche. (FOTO: Sindicato Audiovisual)
Ayer se cumplieron 45 días de la huelga de hambre emprendida en la Cárcel de Angol por Patricia Troncoso Robles, Patricio Marileo Saravia, Juan Huenulao Lienmil y Florencio Jaime Marileo y la presión sobre el gobierno chileno se incrementa. En el marco de una jornada internacional de solidaridad, familiares y amigos de los detenidos presentaron ante la Corte Suprema una solicitud de revisión del caso Fundo Poluco Pidenco, por el cual fueron condenados por ‘incendio terrorista’, mientras que una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet fue entregada en el Palacio de La Moneda el martes 25 de abril.
En tanto, el senador Alejandro Navarro y el diputado Marco Enríquez (ambos del Partido Socialista en la Concertación) pidieron el lunes al Gobierno un proyecto legislativo para declarar la amnistía de los presos mapuche condenados por violación a la Ley Antiterrorista, creada por el dictador Augusto Pinochet. “La mantención de las condenas provocará la condena de Chile ante los tribunales internacionales, por lo que debemos corregir esto ahora, antes de afectar aún más nuestra imagen como país”, explicó Navarro al Diario El Mostrador. La aplicación de la legislación pinochetista ha sido duramente criticada por organismos internacionales de derechos humanos en los últimos años.
En Argentina, por su parte, continúa la campaña para que el gobierno otorgue el refugio político a Pascual Pichún Collonao, de 23 años, quien se mantuvo clandestino y declarado prófugo por la justicia chilena durante los últimos dos años. Mientras el Comité de Elegibilidad para el Estatuto de los Refugiados (CEPARE) sigue recibiendo adhesiones a la petición de Pascual y documentos que prueban su condición de perseguido, el joven mapuche visitó Rosario para participar de una charla sobre la situación en el país trasandino y de su familia en particular.
LOF CAYÚN Y EL LOBBY INMOBILIARIO “No ocupamos suelos que no nos pertenezcan”
FOTO: Javier Astrada y Virgina Linkan / Indymedia
La comunidad Cayún habita lo que hoy es la localidad de Lago Puelo, al noroeste de la provincia de Chubut, en el margen oeste del río Azul. En esas tierras actualmente viven 12 familias en 647 hectáreas de las cuales sólo siete son aptas para el cultivo; el resto es bosque nativo y cordillera que ha sido preservado por los mapuche. El futuro de estas tierras y sus habitantes se ve amenazado por intereses del gobierno municipal y la voracidad de las inmobiliarias.
Juan Carlos Cayún explicó a Indymedia que “hay mucho interés por la laguna que está dentro del campo, que es la laguna ‘Huemul’, quieren construir a orillas de la laguna un refugio con préstamos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”, y afirmó: “No andamos con mentiras ni con engaños, no ocupamos suelos que no nos pertenezcan (...)Por eso, cuando un gobernante dicen que determinado campo se ha usurpado, es una ofensa indirecta y un crimen ideológico contra las familias”. Leer entrevista completa
MIENTRAS EL GOBIERNO PROMUEVE LAS CULTURAS INDÍGENAS Barrio Nam Qom de Formosa resiste desalojo
FOTO: Bernardo Saravia / La Señal de la Paloma
Del 21 al 23 de abril se realizó en la capital formoseña el III Encuentro de Pueblos Originarios, organizado por el Ministerio de Turismo de la provincia con el apoyo de la Secretaría de Cultura y de Turismo de la Nación. El evento, que fue inaugurado por el gobernador Gildo Insfrán (PJ), tuvo como lema “crear un puente entre los pueblos originarios y la actual conciencia occidental” y contó con la presencia de indígenas de distintos países americanos.
En contraste con las declaraciones oficiales, en la periferia de la ciudad, numerosas familias del barrio Nam Qom – también conocido como lote 68 – resisten desde enero la intención del gobierno de desalojar el sector denominado ‘El Triángulo’, mientras denuncian las pésimas condiciones en las que viven y abusos de la polícía hacia las mujeres de la comunidad.
“La vida comunitaria del barrio Nam Qom tiene 36 años y aún no pudieron hacer una mejora de la calidad de vida“, acusó al gobierno el dirigente toba Israel Alegre en un encuentro con corresponsales de la Red de Comunicación Indígena (RCI). También denunció la entrega de títulos individuales para dividir a la comunidad.
El Servicio de Paz y Justicia Regional Córdoba junto con su coordinadora María Elba Martinez hace llegar nuestro apoyo y solidaridad a esta situación. Le hacemos llegar nuestro abrazo fraternal y saludos de Paz y Bien. Maria Elba Martinez
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