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"Piedras" Más de Alterini (si faltaba algo)
Por Horacio Verbitsky; RE: Pagina/12 -
Sunday, Apr. 30, 2006 at 12:44 PM
La Facultad de Derecho conducida por Alterini negó hace apenas cuatro meses un cargo a otro ex funcionario de la dictadura, por actos contrarios a la ética universitaria. En un dictamen de 1982 la Dirección de Asuntos Jurídicos de acciatore-Alterini convalidó la cesantía de una maestra detenida-desaparecida. Alterini, su hermano juez y muchos amigos políticos fueron contratados en un proyecto que originó precisos cargos por corrupción. Etica, política y función pública en debate.
La Facultad de Derecho conducida por Alterini negó hace apenas cuatro meses un cargo a otro ex funcionario de la dictadura, por actos contrarios a la ética universitaria. En un dictamen de 1982 la Dirección de Asuntos Jurídicos de acciatore-Alterini convalidó la cesantía de una maestra detenida-desaparecida. Alterini, su hermano juez y muchos amigos políticos fueron contratados en un proyecto que originó precisos cargos por corrupción. Etica, política y función pública en debate.
Por H. V.
La candidatura del abogado Atilio Aníbal Alterini al rectorado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, impugnada a raíz de su desempeño como funcionario de la última dictadura militar, reproduce un debate que hace apenas cuatro meses ya se dio en la Facultad de Derecho. Algunos protagonistas son los mismos, porque Alterini es el decano de esa facultad, donde el operador de su actual candidatura, Carlos Mas Vélez, es consejero. La posición de ambos no es hoy la misma que hace ciento quince días. Se agrega a la discusión otro dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires para la que Alterini fue designado por el interventor militar en ese organismo, brigadier Osvaldo Cacciatore, acerca de la cesantía de una maestra detenida-desaparecida. También se informa sobre la ética, en el manejo de recursos económicos, a raíz de un proyecto por nueve millones de pesos, en el que el propio Alterini fue contratado por la Facultad de la que era consejero, junto con su hermano juez y muchos amigos políticos. Ese contrato dio lugar a un furioso intercambio de cartas-documento y a una negociación que impidió el escándalo público. El Gobierno nacional no aceptó los sobrecostos injustificados que reclamaba Alterini pero se abstuvo de efectuar la denuncia penal que correspondía a su investigación.
Consuelo de tontos
El 30 de noviembre del año pasado, el departamento de posgrado de la Facultad de Derecho elevó al Consejo Directivo la nómina de cursos de especialización y programas de actualización propuestos para el año lectivo 2006. Lo que parecía un trámite de rutina dejó paso a un debate ético cuando el consejero estudiantil por la minoría Norberto C. Berner pidió la palabra en la sesión del martes 6 de diciembre de 2005 e impugnó la designación del profesor José María Dagnino Pastore para dictar un Seminario Privado en la maestría de Derecho y Economía. Berner fue electo por la agrupación independiente NBI, la única de la Facultad “que no depende ni forma parte de ningún partido político nacional”, según su orgullosa declaración de principios. Berner invocó la ética universitaria, “el fundamento democrático y el respeto que genera el Estado de derecho” para proponer que no se designara a Dagnino Pastore, por haber sido ministro de Economía en los gobiernos de facto de los generales Juan Carlos Onganía, en 1969, y Benito Bignone, en 1982, y representante financiero en Europa y embajador extraordinario y plenipotenciario del dictador Jorge Videla, entre 1976 y 1978. Berner explicó que según los estatutos de la facultad los actos “contrarios a la ética universitaria” son causales de destitución de un profesor mediante juicio académico.
Si bien Dagnino Pastore no era profesor de la facultad, el criterio era aplicable para negarle la designación, agregó, sobre todo porque “jamás demostró arrepentimiento ni explicó nada de lo sucedido”, durante su desempeño. El consejero por los graduados Carlos Mas Velez preguntó si Dagnino era profesor regular en la Facultad de Derecho. El decano Alterini le respondió que no. En cambio, “es o ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Económicas”, dijo. Mas Vélez y la vicedecana Mónica Pinto sugirieron que el director de la maestría propusiera un reemplazo. La cuestión se encaminaba hacia un rápido cierre, cuando el consejero profesor Rafael Manovil dijo que dada la extrema gravedad de las imputaciones, era .un despropósito. pronunciarse antes de escuchar a Dagnino Pastore. Manovil, quien en 1999 fue candidato a diputado nacional por el partido Demócrata Progresista, agregó que había en la Facultad “montones de profesores que fueron funcionarios públicos en diversos gobiernos militares”, que no importaba si su rango “fue de ministro, embajador o lo que fuera”, y que .nunca nadie dijo una palabra”. Entre esos funcionarios mencionó a los jueces que “juraron sus cargos por el estatuto de la Revolución”, por lo cual le parecía difícil “tirar la primera piedra”. Aclaró que su posición era muy cómoda porque nunca ocupó ninguna función pública. En 1976 la dictadura lo echó de la Facultad de Derecho y no sabía cómo hubiera reaccionado si le hubieran ofrecido algún cargo. De inmediato pidió la palabra el consejero profesor Marcelo Gebhardt, quien se dio por aludido. “Soy uno de esos que mencionaba el doctor Manovil” porque juró como juez por los estatutos que desplazaron a la Constitución. Agregó que no se arrepentía pero que se sentía obligado a mencionar ese antecedente .para que puedan juzgar mis palabras.. En su opinión la tacha era excesiva y los cargos que ocupó no justificaban la exclusión de Dagnino Pastore. Luego de Gebhardt tomó la palabra Alterini, pero sólo para cedérsela al consejero profesor Enrique Zuleta Puceiro, quien también se opuso. Zuleta agregó que ese debate sólo se había dado respecto de Dagnino Pastore y que como argumento referido a una única persona contradecía las normas republicanas y la ética universitaria.
–Mal de muchos, consuelo de tontos –insistió el consejero alumno Berner.
–No es lo mismo un ministro que un empleado público –terció el consejero Mas Vélez.
Desechado el pase a comisión, Alterini llamó a votar. Nueve consejeros se pronunciaron por la exclusión de Dagnino Pastore. Sólo votaron en su favor Manovil, Gebhardt y Zuleta Puceiro. El decano sólo vota en caso de empate. Alterini estuvo menos locuaz en la reunión del Consejo que ante la prensa. Los consejeros más próximos a su gestión excluyeron a Dagnino Pastore y él firmó el cúmplase, pero ante las críticas de la derecha precámbrica sostuvo que .la historia hay que juzgarla en su contexto y circunstancia. Evaluar ahora esos hechos podría ser imprudente. La Argentina precisa que cerremos heridas y salgamos adelante”.
Mal de ausencia
“Policía Federal”, gritaron los hombres de civil que a las 3 de la madrugada del 12 de octubre de 1976 irrumpieron en el departamento 3º B de Moreno 2906. Se llevaron por “averiguación de antecedentes” a la maestra Nélida Beatriz Ardito, de 36 años, y dejaron encerradas en una pieza a dos tías mayores. Cuando se animaron a salir encontraron el departamentorevuelto. Además de su sobrina faltaban documentos, libros y objetos de valor. Sobre el lugar y la forma en que averiguaron sus antecedentes hay versiones concurrentes. Un hombre y una mujer que estuvieron secuestrados en Campo de Mayo en noviembre de 1976 narraron que allí conocieron a un ingeniero electrónico que trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica, secuestrado junto con su mujer y su hermana. Cuando en la CONADEP les mostraron fotos los reconocieron: el ingeniero era Roberto Ardito, y las mujeres Nélida Beatriz Ardito y Atántida Coma. Al declarar ante la CONADEP en 1984 el ex suboficial de inteligencia del Ejército Andrés Francisco Valdez dijo que en diciembre de 1976 la maestra Ardito fue llevada a la Delegación Avellaneda de la Policía Federal. Valdez discutió con uno de los policías bonaerenses del equipo personal del general Ramón Camps, el subcomisario Eros Tarela, acerca de quién debía interrogarla. Tarela se cansó de la discusión, sacó su arma y disparó sobre la maestra:
–Para ninguno de los dos –dijo.
En 1981, el interventor militar en la Municipalidad, Osvaldo Cacciatore, declaró cesante a Nélida Beatriz Ardito por abandono de su trabajo como maestra. Cuando el expediente iniciado en 1977 iba por la foja 40 una de las tías de Nélida, Matilde Adonina Calvo, se presentó para explicar la razón de sus ausencias. Cacciatore formuló entonces una consulta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en la que había designado a Atilio Aníbal Alterini. En mayo de 1982 el dictamen 3711, con los sellos de Alterini y de su adjunto, César Minoprio, dijo que de acuerdo con el Reglamento de Procedimiento Administrativo Municipal la tía .carece de personería para presentarse en estas actuaciones.. Además, la maestra .debió reintegrarse el 30 de abril de 1976 y la desaparición que se invoca como justificatoria de su inasistencia se produjo en el mes de octubre.. Por eso recomendó desestimar la presentación y no ordenó investigar los hechos ni sugirió medidas reparatorias. En esa fecha nadie ignoraba qué había sucedido con las personas secuestradas.
El Digesto indigesto
En 1981, el joven abogado Rafael Bielsa fue contratado por el Sistema Argentino de Informática Jurídica para trabajar en la Comisión de Ordenamiento Legislativo. Debía construir un “diccionario jurídico”, que permitiera saber qué leyes y decretos estaban vigentes y cuáles habían sido derogados por normas posteriores. El trabajo constaba de dos partes. La primera, que fue terminada varios años después, consistía en detectar las derogaciones explícitas. La segunda parte, que hasta el día de hoy sigue pendiente, implicaba un trabajo más creativo, de revisión de las normas en busca de derogaciones implícitas. Por ejemplo, al promulgarse las leyes Blumberg, qué partes de la legislación anterior perdieron vigencia, aunque el nuevo texto no dijera “derógase el artículo tal de la ley tanto”. En 1998 el Congreso sancionó la ley 24.967 que dispuso elaborar un Digesto Jurídico Argentino, que debía contener las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación; un anexo del derecho histórico argentino o derecho positivo no vigente, ordenado por materias y las normas aprobadas por organismos supraestatales o intergubernamentales de integración. La tarea fue encomendada al ministerio de Justicia, entonces a cargo de Raúl Grampillo Ocampo. Luego de un concurso abierto con pocos oferentes, su realización fue contratada con la Facultad de Derecho de la UBA. Los plazos de entrega (que inicialmente eran de dos años y medio) y el presupuesto fueron renegociados en octubre de 2001 y en diciembre de 2002 (presidencia de Fernando De la Rúa e interinato del senador Eduardo Duhalde). La Sindicatura General de la Nación y la auditoría interna ministerial observaron lo que consideraba mecanismos insuficientes de control del Ministerio sobre la tarea de la Facultad. La auditoría de Price Waterhouse Coopers contratada por la Facultad de Derecho se realizó sobre “bases selectivas”, es decir no sobre el total de las facturas, recibos, órdenes de pago y extractos bancarios. Por ello el contador de Harteneck, López y Cia. sostuvo que no podía asegurar “que la totalidad de los egresos efectuados por la Facultad se encuentren debidamente expuestos y con documentación de respaldo suficiente”.
Cartas-documento
Al asumir el actual Gobierno en mayo de 2003, el ministerio de Justicia ya había pagado 5.000.000 de pesos y estaba obligado a pagar otros 2.500.000 hasta completar un total de 7.500.000 de pesos. En la negociación iniciada para convenir cómo y cuándo se terminaría el trabajo, el ministerio aceptó pagar el saldo en cuotas, contra la entrega certificada de la parte proporcional de la obra pendiente. Pero la Facultad reclamó también una compensación de otros 1.500.000 pesos por .mayores costos., lo cual llevaría el total a nueve millones de pesos. El secretario de Justicia Abel Fleitas (quien ahora está a cargo de la Oficina Anticorrupción) encargó una revisión de esos mayores costos al Auditor Interno Titular del Ministerio de Justicia, contador Alfredo Raúl Barnech, quien informó que no era razonable ningún pago que superara los 300.000 pesos. La Facultad amenazó con poner fin al contrato. En una carta-documento Alterini intimó al Gobierno nacional a efectuar los pagos por lo que llamó .contrato de locación de obra.. Fleitas respondió con otra carta-documento, en la que rechazó por infundados los presuntos mayores costos. Según la carta la parte de obra entregada por la Facultad al Ministerio, que ya había pagado por ella cinco millones de pesos, hace difícil explicar “un gasto superior a 600.000 pesos en equipamiento y obras de remodelación, otro superior a 3.500.000 en honorarios a un conjunto muy numeroso de personas, entre ellos, funcionarios a sueldo de la Facultad, y otros gastos por muy variados conceptos (servicios de lunch y refrigerios, ofrendas florales, agencia de turismo, etc. etc.)”.
Los supuestos mayores costos no se justificaban. La Facultad entregó un índice de leyes y decretos, pero no sus textos completos ni la base de datos pertinente, “sobre la cual el Ministerio tiene los derechos de propiedad intelectual”. Lo que faltaba eran “los aspectos substanciales del Digesto Jurídico Argentino”: el análisis de vigencia, epistemológico y de validez normativa de toda la legislación inventariada, “sistematizadas por ramas del Derecho, con la pertinente ordenación, unificación y compatibilización de textos, considerando las modificaciones y derogaciones expresas e implícitas”. Fleitas intimó a Alterini a entregar en quince días “los textos completos y la base de datos” y a realizar lo que faltaba en doce meses, “bajo apercibimiento de adoptar las medidas legales e imputar las responsabilidades personales e institucionales que correspondan”. El ministerio entendía que se habían cometido los delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con un cargo público, falsedad ideológica de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio del rectorado de la UBA, que es la persona jurídica responsable. Cuando la denuncia penal ya estaba en preparación, el gobierno nacional recomendó que la batahola no llegara a tal nivel de estrépito” Las partes se sentaron a negociar y, en febrero de 2004, llegaron a una transacción: el ministerio sólo reconoció los 300.000 pesos por “mayores costos” que había establecido su investigación y la Facultad se comprometió a terminar el trabajo en un año. Resultado: el ministerio no hizo la denuncia penal y la Facultad no terminó el trabajo. A la vista de todos, en un tinglado a espaldas del aula magna, los jóvenes pasantes siguen cargando datos en vetustas computadoras.
La investigación
La auditoría del contrato detectó “un gasto exagerado de la Facultad en contrataciones de personal temporario, con presunto criterio de favoritismo político”. El propio consejero Atilio Aníbal Alterini cobró 3.000 pesos por mes entre 1999 y su asunción como decano, en 2002. Su hermano Jorge cobraba 3.000 pesos mensuales, pese a que la única actividad paralela permitida a los jueces es la docencia. El entonces Secretario de Hacienda de la Facultad, Germán Gonzalo Alvarez, cuya dependencia certificaba a qué contratados debía pagárseles con fondos de la cuenta Digesto de la Facultad de Derecho, “cobró 2.200 pesos por mes durante 2001, 2002 y probablemente 2003”. También se detectaron “infinidad de sueldos de entre 1.000 y 2.000 pesos por mes, además de cierta cantidad de pasantías de 500 pesos por mes, al parecer para estudiantes vinculados a Franja Morada”. Cuando los contratos eran por trabajos reales se omitía el pago a la ANSES para abaratar la mano de obra y evadir impuestos previsionales y cargas laborales. Los pagos a empleados de menor categoría se retrasaban y esos fondos, más los aportes debidos a la ANSES se colocaban a plazo fijo. En noviembre y diciembre de 2000 la auditoría encontró un plazo fijo a nombre de la Facultad de Derecho por casi medio millón de pesos. De los primeros 3,5 millones gastados, 2,8 se destinaron a honorarios profesionales y pasantías, dos rubros clásicos en todas las maniobras de malversación, dada la dificultad de verificar su autenticidad. Los inspectores de la Inspección General de Justicia (IPG) que investigaron a los proveedores del Digesto descubrieron un alto número de empresas fantasma, creadas en el momento de iniciarse el trabajo, con el capital inicial mínimo, que nunca presentaron balances ni declararon empleados ante la ANSES y cuyos domicilios son casas privadas o locales abandonados. Esas empresas emitían facturas de numeración correlativa por trabajos presuntamente realizados en meses o hasta años distintos. Lo mismo ocurría con algunos contratados, como la señorita Ana María Zuleta, por sus 3.200 pesos mensuales. Otras, de existencia real, están vinculadas con directivos de la Facultad. Cuando se preparaba una inspección sorpresiva a una de ellas, su legajo fue robado de los ficheros de la IPG, para que sus comprobaciones fueran a ciegas. También abundan los cheques pagados sin un recibo que los justifique, asientos por rubros que no coinciden con las facturas que deberían respaldarlos y la cancelación con un solo cheque de pagos a varios proveedores distintos, sin aparente relación entre sí, por tareas realizadas en fechas distantes, en rubros tan diversos como carga de datos en computadora y comisiones por transferencias de dinero al exterior.
¿Esto es la UBA?
Pasado mañana la Asamblea Universitaria intentará reunirse para elegir al nuevo rector de la UBA y un sector de los estudiantes congregado en la FUBA tratará de impedirlo. Se anuncia que tal vez sean repelidos por barrabravas, esos rudos auxiliares de la política realmente existente. La principal universidad del país parece encerrada así entre dos grupos partidarios. De un lado, lo que queda de la UCR, que durante dieciocho años desde que concluyó la dictadura controló como una caja cerrada la Universidad, en alianza con algunos grupos políticos menores. Del otro, el frente universitario de la paleoizquierda. El segundo bando, que nunca gobernó, tiene algún atractivo para personas jóvenes que con sinceridad quieren un cambio progresista y que se están movilizando para impedir un nuevo retroceso, pero ambos grupos tienen más en común de lo que ellos mismos advierten. Las últimas elecciones generales muestran cuál es la significación real de cada uno en el área de influencia de la UBA. La UCR obtuvo el 2,2 por ciento en la Ciudad y el 7,7 por ciento en la provincia de Buenos Aires. Ninguna de las microfracciones de la paleoizquierda superó el 1,5 por ciento en la provincia y el 2 por ciento en la Capital. La UBA es así su último refugio. Esto ayuda a entender la desesperación con que se aferran a sus posiciones en el archipiélago universitario, pero torna incomprensible tanto la ausencia de una expresión representativa de las grandes mayorías de la sociedad como la pasividad con que el gobierno nacional asiste al deprimente espectáculo. La demonización de Alterini debido a su actuación como director de Asuntos Jurídicos en la Municipalidad de Buenos Aires, corre el riesgo de banalizar el mal absoluto que fueron los crímenes atroces de aquellos años. Pretender aplicarle el artículo 36 de la Constitución (que inhabilita a perpetuidad para ocupar cargos públicos a los .autores. de .actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. y a quienes, .como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución.) es una demasía inaceptable. Su ostensible inconducta ética no permite equipararlo con los autores del golpe y de la masacre, sin riesgo de una peligrosa confusión. Su cargo como el principal hombre de confianza jurídica del delegado de la dictadura en la Municipalidad no es una mera función técnica, como él dijo cuando no pudo seguir ocultándolo y es absurdo que pretenda haberlo desempeñado en nombre de la Multipartidaria, que por entonces no se había creado. Pero tampoco fue una de .las autoridades de esta Constitución.. Si cualquiera que, por carrerismo o miedo, prestó el juramento por el papel higiénico que exigió la dictadura fuera tan responsable como Videla o Massera, algunas personas menos sofisticadas que miran y escuchan estos despropósitos podrían ser convencidas de que nadie tiene la culpa de nada. Cuesta resignarse a que ésto que está a la vista sea toda la UBA, que su nexo con las personas normales que no conciben la política ni la vida como un negocio o un barullo ideológico sea tan tenue, que el Gobierno no advierta la importancia de la Universidad en su proyecto de recuperación del país que fue y, tal vez, será.
Me recordó
Por Jose -
Sunday, Apr. 30, 2006 at 1:04 PM
Si. Me recordó la furiosa campaña contra ZAFFARONI que realizó el Sr Verbitsky.
Recuerdo que le espetó haber sido JUEZ PENAL durante toda la DICTADURA. Valiente
Recuerdo, en el mismo sentido, el enjundioso repudio
de la ASOCIACIÓN MADRES DE PLAZA DE MAYO a un miembro de la dictadura.En particular recuerdo la frase de HEBE :" no pisare la CORTE SUPREMA mientras este complice de la dictadura este alli".
Incluso luego se distribuyó un documento apocrifo en el cual se planteba un "fervoroso" apoyo a la candidatura del complice de la dictadura Sr ZAFFARONI por parte de innumeras asociaciones de defensa de DDHH, entre ellas las mismas MADRES.
BURDAS CALUMNIAS!!!!!
Es bueno tener memoria.
Zaffaroni
Por Aguante K! -
Sunday, Apr. 30, 2006 at 3:06 PM
Publicado el 5/8/2003
CESAR OLLERO, PADRE DE UNA SECUESTRADA POR LA ESMA
“Zaffaroni me ayudó a investigar”
Los críticos de la designación de Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema argumentan ahora que cuando era juez rechazó un hábeas corpus. Aquí el padre de una desaparecida cuenta por qué eso es falso.
Por Martín Granovsky (Página 12)
César Ollero con los papeles que documentan la pesquisa sobre la desaparición de su hija.Sin buenos argumentos a mano, los críticos de la designación de Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema ya probaron todo. Primero, por derecha, presentaron a Zaffaroni como un enemigo de la familia porque no es casado. Y ahora, por “izquierda”, fabricaron el caso de un juez, presuntamente Zaffaroni, que durante la dictadura denegó el habeas corpus en favor de una desaparecida, Inés Ollero. El problema es que Zaffaroni no lo firmó, tal como ayer aclaró a Página/12 César Ollero, padre de Inés. Todo lo contrario: “Zaffaroni me ayudó durante cuatro años y su trabajo sirvió para investigar la Escuela de Mecánica de la Armada”.
Inés era una militante de 21 años de la Federación Juvenil Comunista cuando el 19 de julio de 1977, mientras volvía a su casa en el colectivo 187, una pinza militar hizo bajar a los pasajeros y los llevó a la comisaría 49. Inés tenía encima lo que en ese momento se llamaba “literatura extremista”. Una patota la secuestró en la comisaría. Ocho años después, en 1985, dos ex detenidas-desaparecidas dirían en el juicio a los ex comandantes que habían visto a Inés con vida en la ESMA. Ella sigue desaparecida.
Cuando César Ollero comprobó que su hija no volvía y que una de las hipótesis era un secuestro recurrió a su propia experiencia como ex secuestrado y antiguo preso.
–Lo primero, en esos casos, es blanquearse –dijo ayer a Página/12–. Pasar de secuestrado a preso. Y para eso se necesitan pistas y testimonios.
Ollero nació en 1920. Hoy es un tipo hiperquinético de 84 años con una memoria maravillosa. Contó que en 1936, a los 16 años, era obrero metalúrgico y dibujante y ayudó a la España republicana decorando los cines y teatros para los actos. Como metalúrgico era empleado de Klögner, una fábrica de carpintería metálica que terminó elaborando y proveyendo armas a los nazis alemanes.
–No era fácil. De 900 obreros, 400 estaban enrolados en el Frente del Trabajo alemán. Eran nazis. Una vez, para combatirlos, los demás nos pusimos de acuerdo y quemamos en una pira los diarios nazis que les llegaban todos los días.
Klögner quedaba en Villa del Parque, pegada a la casa de los Ollero. César era delegado sindical, pero no siempre podía volver a su casa. Era peligroso. Lo curioso es que muchas veces no iba a su casa pero sí a la fábrica. Cuando lo conseguía, a las siete de la mañana golpeaba una pared que daba a la cocina, para que la familia supiera que estaba bien. Y si no iba a trabajar, los encargados de golpear la pared eran sus compañeros. Así, la familia tenía noticias.
Hasta julio de 1941 Ollero desarrolló solo su militancia sindical. Llegó a ser secretario de organización del sindicato metalúrgico. Pero en el ‘41 se afilió al Partido Comunista, del que se desprendería pocos años después.
–Me hice comunista el día en que Adolfo Hitler invadió la Unión Soviética –contó ayer, recordando una lógica que habría compartido entonces André Malraux.
Ollero estuvo 45 días secuestrado en el Departamento de Policía. Se encargó de él la famosa Sección Especial, creada en 1930 y precursora de la aplicación sistemática de la picana eléctrica en la Argentina. César se salvó porque lo vio en la policía un grupo de obreros gráficos que entró en manifestación al Departamento. Quedó blanqueado. En adelante sería un preso legal que recalaría en un campo de concentración montado por el gobierno pronazi que asumió en 1943 en la isla Martín García.
–Estuve ahí hasta el 19 de julio de 1945. Fíjese qué coincidencia. El mismo día en que en 1977 detuvieron a Inés.
–¿Usted conoció a Zaffaroni ya en 1977?
–Sí. Era juez de primera instancia.
–¿Cómo lo conoció? –Llegué con el caso de mi hija y le dije: “Antes de rechazar el habeas corpus déme 15 días”. No solo me creyó sino que firmó un papel avalándome. Puso que yo era una persona honorable cuando ni me conocía. Y le cumplí. Le llevé al chofer del colectivo y a dos de los 15 pasajeros que habían sido demorados.
–¿A él le presentó el recurso de habeas corpus por su hija?
–Sí.
Los nuevos críticos de la designación de Zaffaroni en la Corte Suprema, como lo declaró a Ambito Financiero la senadora Liliana Teresita Negre de Alonso, del Partido Justicialista de San Luis, anunciaron que se opondrán a Zaffaroni entre otros motivos porque “sus familiares presentaron un habeas corpus que rechazó Zaffaroni, el 4 de octubre de 1977”. Negre dijo que la Cámara Federal ratificó el fallo, pero no la Corte Suprema del mismo proceso militar, que criticó al juez de primera instancia por no haber tomado las medidas necesarias para garantizar la vida de Inés Olleros”. La “s” está de más. Ollero es así, sin ese. Según la senadora la Corte dijo que “el juez debió extremar la investigación a fin de establecer el estado y situación personal de la víctima, privada de la libertad por obra de funcionarios públicos”. El concepto es sustancialmente el mismo, pero las palabras no. ¿Negre citó de memoria, fue mal transcripta o leyó un dossier incompleto?
–¿Qué contestó Zaffaroni a su pedido de habeas corpus? –preguntó ayer Página/12 a César Ollero.
–No lo contestó.
–¿Y qué hizo?
–Nada. Zaffaroni estaba de licencia.
En ese punto de la charla Ollero extendió un papel fechado el 4 de octubre de 1977. El juez dice que “de las contestaciones recibidas” de los organismos de seguridad “se desprende con claridad que Inés Ollero no se encuentra privada de su libertad por disposición de ninguna de dichas autoridades”, y rechaza el habeas corpus.
–Mire la firma –pidió Ollero–. No es la de Zaffaroni, es la del juez subrogante, León Arslanian. Aunque debo decirle que incluso Arslanian dejó una puerta abierta para la investigación.
La puerta quedó expresada de este modo: “Pudiendo la beneficiaria de este recurso ser sujeto pasivo de algún delito de acción pública, tal como privación ilegal de su libertad, corresponde que tal supuesto sea investigado en sede judicial por el magistrado que, por sorteo, corresponda intervenir”.
Luego de que el caso pasara por la Cámara Federal y por la Corte Suprema, Zaffaroni siguió con la investigación. Ordenó comparecer a los 35 policías de la seccional 49 que trabajaron no solo el 19 sino también el 20 de julio de 1977, a los presos que estaban en la comisaría, a los representantes de las líneas de colectivos números 111 y 187, al colectivero y a los pasajeros. Por informes llegó al director de la Escuela de Mecánica de la Armada, en ese momento Rubén Chamorro, y también recabó datos al Cuerpo de Ejército Uno, el Ministerio del Interior, el Comando en Jefe del Ejército y la Policía Federal.
Cuando el expediente ya tenía 240 fojas, algo poco habitual para un trámite de habeas corpus, y más con los jueces de tiempos de la dictadura, Zaffaroni se lamentó en un fallo del 25 de septiembre de 1978 que no hubiera “quedado, hasta ahora, establecido, de un modo incontrastable, qué autoridad pública ha restringido o restringe sin derecho la libertad de la beneficiaria señorita Inés Ollero, y ni siquiera si, en efecto, se trata de alguna autoridad”.
Según Zaffaroni otros trámites serían razonables, pero excederían el marco de una acción de habeas corpus, típica para determinar un paradero y conseguir que cese una privación injusta de la libertad. Ollero y la defensa habían pedido identificar al personal militar que había intervenido. “Carezco de las facultades que tienen los jueces deinstrucción, lo que me impide, entre otras muchas cosas, ordenar el secreto de las actuaciones y, por otra parte, de seguir avanzando en la investigación, corro el riesgo de insistir en tomar declaraciones testimoniales a personas que eventualmente podrían llegar a ser procesadas”, opinó. “De aquí en adelante lo único que puede haber es la investigación de un delito y, por consiguiente, el medio naturalmente pertinente para hacerlo no es ya un recurso de habeas corpus”, escribió Zaffaroni antes de fallar, ahí sí y después de una profunda investigación, que rechazaba el habeas corpus.
El 15 de diciembre de 1977 un fallo de la Cámara Federal, firmado por Guillermo de la Riestra, Horacio Vera Ocampo y Néstor Nicolás Gómez, con José Massoni de secretario, ordenó a Zaffaroni seguir investigando luego de elogiar su “exhaustiva y tan meritoria investigación cumplida”, a tal punto que acreditó que el procedimiento “fue efectuado por personal de la Escuela de Mecánica de la Armada, al mando de un oficial presumiblemente de grado de teniente”.
Ya con el aval de la Cámara, Zaffaroni avanzó hasta construir lo que César Ollero definió ayer como “el juicio de habeas corpus más completo del mundo”.
–La investigación fue tan buena que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA eligió el caso de mi hija para dar referencias, en 14 páginas, de todo el andamiaje de la dictadura. Y la posibilidad de llegar a expresar al conjunto de los afectados se desprendió de aquel trámite de habeas corpus. La misma Comisión elogia “las investigaciones realizadas por el juez de la causa”.
–¿Usted vio a Zaffaroni desde aquel momento, señor Ollero?
–No.
–¿Por qué se preocupa tanto ahora?
–Porque lo atacan injustamente. Trabajó bien. Yo tengo una modesta opinión: “A tal señor, gran honor”.
César Ollero no sigue en el Partido Comunista. En 1946 no se hizo peronista, a pesar de que el nuevo gobierno intentó convencerlo y hasta seducirlo con dinero, pero no soportó la alianza con los conservadores en la Unión Democrática. En cuanto a la militancia sindical, la mantuvo hasta que cambió de trabajo. Eso fue cuando consiguió un pequeño préstamo de un amigo, de 1400 pesos, y en una casa de Dock Sud montó una heladera comercial tan grande que para sacarla de allí debió recortar la ventana. Ollero vivió como industrial (fabricó las heladeras Turena y las motocicletas Tehuelche) y un día de julio de 1977 dio por terminada esa etapa. “Con Inés bajé la cortina”, dijo ayer. “Tenía que dedicarme a ella.”
Y SI... DE
Por Vamos Alterini carajo! -
Sunday, Apr. 30, 2006 at 4:04 PM
Asi que Alterini pone nervioso al servicio de Verbitsky.
Cada vez me cae mejor Alterini.
Vamos Alterini carajo!
Buen aporte Aguante K!
Por Jose -
Sunday, Apr. 30, 2006 at 8:14 PM
Muy buena la nota del actual director de TELAM.
Ratifica ( nada novedoso) la gestión de ZAFFARONI como juez penal durante la dictadura.No abró, ahora, ningun debate sobre la calidad de su gestión.
Lo que si queda claro es la actitud hippocrita de quienes sostienen que "nunca pondran un pie en la UBA" si es elegido ALTERINI y al mismo tiempo, y sin ruborizarse, patrocinaron la candidatura de ZAFFARONI a la Corte Suprema.
En fin, ya me aburré el tema .....
mas maniobras inmundas del kir$nerismo
Por Mariscal BRESNEV -
Sunday, Apr. 30, 2006 at 8:46 PM
movimiento_stalin_vive@hotmail.com
digo: es mucho mas jodido aceptar un cargo de JUEZ PENAL DE LA DICTADURA , que uno de empleado en el un area impositiva de la municipalidad......
lo mas gracioso es que alterini va a ser rector, les guste o no
para ustedes milicos
Por nicolas O. -
Saturday, May. 27, 2006 at 7:42 PM
tomascastagneda@hotmail.com
asi nomas les digo. alterini fue juez de camara en lo comercial, y ni siquiera se arrepintió de haber formado parte del circulo vicioso y mafioso sistematico que fue el gobierno de facto. mandando a reprimir a estudiantes solo lograque la gente lo conozca más y más, por suerte se retiro de la eleccion que felicidadddddd!!!!!!!! ojala se pudra ese asesino indirecto, me askea la gente asi, y loss que lo apoyan quizas tambien apoyan a patti, por favor, pero vashan a reunirse a la plaza san martin , y quedense ahí pero una cosa, dejen al pueblo en paz, el pueblo los repudia.