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Torturas en un centro antidrogas
Por HOY -
Tuesday, May. 02, 2006 at 11:05 AM
Cuatro jóvenes denunciaron que los sometían a maltratos y castigos en la comunidad “Volver a empezar” de Tortuguitas. Cansados del tormento, escaparon, tras atar a los celadores. Ahora los quieren juzgar por robar un celular y 70 pesos para poder regresar a sus casas, en Tucumán
Cuatro adolescentes que habrían sido sometidos a torturas en un centro de rehabilitación para drogadictos podrían ir presos, porque un fiscal de San Martín los acusa de haber maniatado a sus celadores y robado 70 pesos, para huir del establecimiento y regresar a sus casas.
Sin embargo, los abogados defensores de los adolescentes denunciaron que la Justicia de ese distrito jamás investigó los malos tratos a los que eran sometidos los chicos, a pesar de que las secretarías de Derechos Humanos y de Drogadicción corroboraron las lesiones.
Los jóvenes denunciaron que, como “medidas educativas”, los coordinadores los mantenían gran parte del día en un pozo de tierra donde, luego, les arrojaban agua podrida, que simulaban ahogarlos en una pileta de natación y que los obligaban a caminar con los codos.
Todo comenzó cuando el juez de menores de Tucumán, Oscar Ruiz, los envió a la Fundación Hoffman -que nunca los recibió, porque no rehabilitaba drogadictos- y los derivó a la comunidad terapéutica “Volver a Empezar”, ubicada en la localidad bonaerense de Tortuguitas. El magistrado los mandó a Buenos Aires porque en Tucumán no hay centros de rehabilitación, en este caso, para adictos a marihuana y cocaína, y el Gobierno de esa provincia decidió firmar un convenio con la fundación, presidida por el psiquiatra Silvio Hoffman, conocido por sus apariciones televisivas.
Después de sufrir malos tratos por varios meses, el 1º de abril de 2005 los chicos amenazaron con palos y cuchillos a tres coordinadores, los ataron y los dejaron encerrados. Además, se llevaron algo de ropa, un celular para que no pudieran avisar de la fuga y 70 pesos, con los que pretendían volver a su provincia y dar aviso al juez. Fueron detenidos a las pocas cuadras.
Fue así que el fiscal de San Martín, Héctor Scebba, les abrió una causa por “robo agravado por el uso de armas”, que prevé entre cinco y diez años de cárcel, y los chicos estuvieron detenidos durante tres meses, hasta que se logró su excarcelación.
Los jóvenes argumentaron que cometieron el robo porque necesitaban escapar del maltrato al que eran sometidos, lo que fue corroborado por las secretarías de Derechos Humanos y de Adicciones, que intervinieron en el caso.
Sin embargo, según fuentes judiciales, Scebba “nunca investigó las torturas, y recientemente pidió al juez de Garantías Oscar Quintana la elevación a juicio oral de la causa por robo”.
El magistrado aún no resolvió si aceptará el planteo del fiscal ni un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
El abogado Walter Reinoso, representante de dos de los damnificados, explicó: “El fiscal no acreditó en forma fehaciente quién cometió el robo y, cumplidos todos los plazos de la investigación y prórrogas previstas, deben ser sobreseídos”.
Según el defensor, sus clientes “acordaron fugarse e inmovilizar a los coordinadores porque eran sometidos a tratos crueles, inhumanos: se violaba el núcleo esencial de los derechos humanos”. Agregó: “Estaba en juego la vida y la integridad psicofísica de los chicos” y, “ante esta situación, se debe eliminar la culpabilidad”.