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SAMPIETRO: “SI LO DICE EL SPB, ESTOY ORGULLOSO DE SER DE ALTA PELIGROSIDAD"
Por Fwd. de Daniel Badenes - Saturday, May. 13, 2006 at 1:49 PM

El jueves terminó el juicio oral contra el militante de Cantora Fabián Sampietro, que se inició por una supuesta “portación de arma de guerra” y devino en una exposición de vicios de las fuerzas de seguridad bonaerenses. Los magistrados deberán evaluar si, como sostiene la fiscalía, el acusado estaba armado, o bien –al reverso– lo armado era la causa, sobre la que ya se han evidenciado varios procedimientos irregulares.

El pasado jueves culminó en Trenque Lauquen el juicio oral contra el militante del colectivo La Cantora Fabián Sampietro, que se inició por una supuesta “portación ilegítima de arma de guerra” y devino en una exposición de vicios de las fuerzas de seguridad bonaerenses. Ahora, tres magistrados deberán evaluar si, como sostiene la fiscal María Cristina Cicacci, el acusado estaba armado, o bien –al reverso– lo armado era la causa, sobre la que ya se han evidenciado varios procedimientos irregulares.

El proceso público, adelantado tras una huelga de hambre de dos meses protagonizada por Sampietro, se inició el miércoles y se extendió dos largas jornadas (ver nota anterior: http://www.argenpress.info/nota.asp?num=030287). La etapa probatoria culminó la mañana del jueves, cuando transcurrió el momento más apasionante del juicio: una declaración de 50 minutos del propio acusado, que comenzó rebatiendo las versiones de la policía y terminó asombrando a los magistrados con una exposición cruda de la realidad penitenciaria. Tal es así que su intervención se desvió por unos instantes del objeto de la causa, consultado sobre detalles de la situación de dos detenidos en la Unidad 34 de Romero, sobre la que los jueces deberán actuar de oficio. “Me vine para acá y quedé con una preocupación muy grande”, había dicho Sampietro, antes de retratar la indefensión total en la que vio a un sordomudo que padecía tuberculosis, en esa unidad para enfermos psiquiátricos en la que el Servicio Penitenciario lo alojó las últimas semanas, sin notificar a los jueces. “¡Pero hace veinte días que nos vimos!”, se madrugó la jueza Adriana Nanni sobre su traslado a ese sitio.

En un testimonio claro, Sampietro narró su percepción sobre el operativo en que lo aprehendieron, originado en un fax con su rostro que anunciaba a la policía su llegada a Trenque Lauquen. “Si lo dice el servicio de inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, estoy orgulloso de ser de alta peligrosidad. Porque eso se expresa en mi forma de pensar”, ironizó el acusado, que hace años vive amenazado por los sectores más retrógrados y mafiosos de esa institución, a raíz de sus denuncias por corrupción y violaciones a los derechos humanos, que en varias oportunidades se canalizaron mediante huelgas de hambre que perjudicaron su salud. Sobre esos cargos pudo explayarse cuando un juez, en busca de razones, le preguntó si “alguna vez” había tenido problemas con el SPB que ameritaran una represalia.

“Si, si, tenía varias cositas. Hace muchos años que yo vengo denunciando...”, contestó Sampietro y empezó a enumerar. Las razones sobraban. Entre otras cosas recordó que, durante su efímera libertad, había empezado a indagar sobre el manejo presupuestario del Servicio: “quería ver las cuentas claras, porque yo estuve casi 19 años en cana y no vi un peso”.

–¿Y en algún momento, en todos tus años privado de libertad, tuviste algún otro tipo de relación con el Servicio? –siguió indagando el magistrado.

–No, jamás. Siempre conservé mi lugar y no tengo un sólo enemigo entre mis compañeros.

Adentro de las cárceles, según sus palabras, Sampietro siempre fue un “líder, desde el primer día que ingresé hasta el día que egresé”. Pero no por eso deseaba volver: “ya cumplí mis penas”, dijo, y “le prometí a mi hijo que no iba a delinquir y que no iba a tener un arma”

Al mediodía, la última declaración correspondió a la abogada Paola Relli, de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, quien declaró como testigo pues, por su trabajo, trató al acusado en los días previos a la cuestionada detención. “Empezábamos a coordinar acciones con La Cantora”, recordó y especificó el proyecto de imprenta que motorizaba aquel militante. “Respetamos mucho el trabajo de La Cantora en cárceles”, valoró la abogada, que evitó hablar de temas más personales que ya habían sido referidos en el juicio, como la preocupación de Sampietro por estar con su hijo.

Relli confirmó que aquella Secretaría, y ella en particular, estaban al tanto del viaje que el acusado y la coordinadora del proyecto La Cantora hicieron el 17 de octubre, y también de la historia de Ángel Pontecorvo, a quien según la imaginación de policías y penitenciarios, aquellos pretendían liberar. Para esta testigo, visitar y averiguar por las causas de amigos, una vez en libertad, es un código extendido entre los presos. Y más en Sampietro, que se caracteriza por la defensa de los derechos de los ciudadanos privados de su libertad, por quienes bregó también en su largo cautiverio.

La abogada sorprendió a los jueces al concluir su declaración con la “opinión institucional” de la Secretaría de Derechos Humanos. Aseguró que, más allá de su condición de testigo, había consultado al respecto a su directora, Carolina Brandana. “Institucionalmente, la Secretaría duda de todo lo que ha sucedido. Esto preocupa muchísimo y despierta sospechas”, sobre todo después de escuchar chicanas de parte de penitenciarios que aludían a la detención ocurrida en octubre. Relli ya había expuesto motivos para pensar que armada estaba la causa, y no Sampietro: “el detenido cuestionador molesta. Y Sampietro es cuestionador”. Como ejemplo, recordó cuando se negaba a entrar en una celda por las condiciones infrahumanas: “uno quizás no lo puede entender porque no lo vive...”

 

Más testigos, compañeros y un fotógrafo

Otras cinco declaraciones completaron la etapa probatoria, que en su mayor parte se había desarrollado el miércoles. Juan Ignacio Angulo, el segundo testigo de la requisa, rememoró que aquel día estaba muy asustado, que lo convocaron cuando el operativo ya se había iniciado y que el objeto fue puntualmente observar la apertura del maletín. No recordaba el momento en que el arma, según la versión policial, fue extraída del bolso de Sampietro, pero sí el recuento de las balas que contenía aquella. Más tarde, el fotógrafo del diario local habló del “despliegue inusitado de la policía” y entregó al Tribunal imágenes de aquel día, en la que los testigos de actuación aparecen alejados del bolso del acusado, a diferencia de lo que habían declarado.

Por otra parte, declaró una empleada de la obra social policial, Mabel Hernández, que fue testigo de la requisa a Sampietro en la comisaría, ya detenido. No quedó clara la razón por la que el cacheo se realizó por segunda vez, y menos aún cómo fue posible que encontraran en su bolsillo una navaja, si el episodio de aprehensión violenta realizado antes se había justificado en la necesidad de revisar sus pertenencias, considerándolo de “alta peligrosidad”. El testimonio de Hernández reveló también que los policías no cumplieron ninguna formalidad –salvo la firma de un acta posterior– y confirmó aquello de lo que el jefe del operativo se había jactado el día anterior: que la policía leyó dos mensajes y atendió una llamada en el celular del militante de La Cantora. Los miembros del tribunal acertaron al interrumpir la indagatoria de la fiscal, que pretendía saber el contenido de esas comunicaciones privadas: esa intromisión fue ilegal, pues no mediaba una orden judicial.

También testificó el detenido Miguel Ángel Pontecorvo, a quien el acusado buscaba rescatar, según la versión nacida de la descarriada Inteligencia del SPB que motivó el operativo del 17 de octubre pasado. Contra esa versión, Pontecorvo aseguró que tanto él como su esposa y su madre sabían que Sampietro iría a verlo, como ya había hecho en otra oportunidad.

Finalmente, otro integrante de La Cantora y docente universitario, Fabián Viegas, habló de su relación con el acusado en los escasos meses de libertad que tuvo en 2005. Hizo referencias al “trabajo de contención y socialización” que realiza ese colectivo de comunicación popular con presos y liberados, dijo haber compartido entrenamientos deportivos con Sampietro, y habló de la participación que éste había tenido en ámbitos académicos. Enfrentado a la pregunta hipotética de si el acusado pudo haber llevado un arma, Viegas estimó que era imposible: tanto “por un imperativo categórico, institucional”, como por la necesidad de proteger a Azucena Racosta, y porque Sampietro es un líder que no se expondría de esa forma.

 

El árbol envenenado

Por la tarde, la fiscalía y los abogados defensores realizaron sus alegatos. Pese a lo que algunos auguraban, la doctora Cicacci no retiró los cargos. Al contrario, sostuvo una versión incluso más exagerada que la policial y pidió una condena de 5 años de prisión. Consideró legítimo el informe de inteligencia del SPB y justificó el estado de alerta, porque la visita de Sampietro y la coordinadora de La Cantora al detenido Pontecorvo “podía tratarse de un rescate”. En su reconstrucción, aseguró que ambos fueron demorados “para su identificación, cacheo y requisa” –aún cuando los propios policías admitieron en el juicio no haber procedido a la identificación– y que en ese episodio “se constata la presencia de un arma, procediendo a la aprehensión”. El día anterior, los magistrados habían corregido a algunos policías por su incapacidad para distinguir entre aprehensión y detención, que se reflejaba ahora en el alegato de la fiscalía. “Entiendo que ha quedado probado”, afirmó Cicacci en una exposición de prosa trabada, plagada de titubeos y confusiones de nombres. En más de oportunidad equivocó el del propio acusado, al que llamaba Pontecorvo.

En síntesis, la fiscal avaló todos los pasos del operativo y entendió que “el personal policial se encontraba abocado a una tarea de seguridad”.

La insistencia en justificar el procedimiento tenía relación con la estrategia de la defensa, centrada en probar la nulidad de todo lo actuado. En su alegato, los abogados defensores hicieron varios pedidos en ese sentido. Cuestionaron la validez del Acta de Procedimiento Policial, por la no coincidencia de firmas, por “falsedad ideológica” –refiere al motivo del rescate, que nunca existió– y por haberse canalizado a partir de un viciado informe de la inteligencia penitenciaria. También desecharon el aporte de quienes presenciaron la requisa: “los testigos instrumentales, en rigor, han estado ausentes”, expresó Luis María Giordano, uno de los defensores.

“No hemos encontrado causa probable ni actitud sospechosa. Hemos encontrado una actitud discriminatoria”, sintetizó el doctor Oscar Rodríguez sobre las aprehensiones realizadas, recordando que se dirigieron también a Azucena Racosta, “arbitrariedad tal que no obedece a razón alguna”.

Para Rodríguez, la exageración de controles ocurrida el 17 de octubre de 2005 hacen de Sampietro “un ejemplo de cátedra de derecho penal del enemigo”. El abogado auguró futuras causas penales contra el jefe del operativo si persiste con su “celo policial exagerado” que se ilustró cabalmente en su “hacer alarde de escuchar el teléfono de Sampietro, en desconocimiento absoluto de los derechos de los ciudadanos”.

El Tribunal podría rechazar las nulidades solicitadas por la defensa, no por carecer de razones, sino por su presentación “fuera de tiempo” y por haber sido “salvadas en el proceso”, según los argumentos de la fiscal Cicacci. En ese sentido, Giordano se quejó de la “pérdida irreparable” que significó no haber sido notificado a tiempo de varios pasos de la instrucción de la causa, por tener domicilio fuera de Trenque Lauquen.

A resguardo de aquella posibilidad, los defensores invocaron además el principio de la “duda razonable” respecto de los hechos ocurridos, debido a las divergencias en los relatos de los testigos. No obstante, la tesis más fuerte a favor del militante del colectivo de comunicación popular La Cantora es la del “fruto del árbol envenenado”. “Aquello que ha nacido en contra del derecho no puede generar derecho en su actuación posterior”, explicó Giordano. Así, el hallazgo del arma –cuya “plantación” es más difícil de probar– está viciado en su origen: la aprehensión de Sampietro se basó en un informe ilegal y en un acto de discriminación. El acusado lo había dicho en la mañana: cometió un delito en el pasado, pero ya cumplió su condena por él. Si los antecedentes hacen sospechosa a una persona en cada uno de sus actos, no existen penas que no sean perpetuas.

El próximo martes se sabrá si la Justicia curará ese envenenamiento originado en grupos retrógrados del Servicio Penitenciario o si, por el contrario, también los jueces se han intoxicado con los frutos de aquel árbol.

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