Apagar el incendio con bencina
Por Azkintuwe - Tuesday, May. 23, 2006 at 4:01 PM
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LEY ANTITERRORISTA Y CONFLICTO MAPUCHE-CHILENO EN ZONA SUR

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Manifestación de solidaridad en Berlín. Foto de Archivo.
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Hay quienes creen que Chile no da muestras de civilidad al aplicar la regulación antiterrorista a la cuestión mapuche. De hecho, oficialmente no existen organizaciones terroristas en el país. Así lo descartó, incluso, la asesora jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Deborah McCarthy. “No tenemos ninguna información al respecto”, declaró la funcionaria tras reunirse a principios de mayo en La Moneda con el ministro del Interior subrogante, Felipe Harboe.
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Por Andrés PÉREZ* - Lunes 22 de Mayo de 2006

SANTIAGO / “No es posible que a un joven que en Santiago lanza una bomba molotov contra un vehículo de Carabineros se le aplique la Ley de Control de Armas, que es muy severa, y en la IX Región a un mapuche que hace lo mismo se le aplique la Ley Antiterrorista. No es posible”, sentenció el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal (PPD), dando cuenta de las arbitrariedades que envuelven a este nuevo episodio en el denominado conflicto mapuche.

Al menos, el recién finalizado “receso” de la huelga de hambre iniciada el pasado 13 de marzo por Juan (32) y Jaime Marileo Saravia (27), Juan Carlos Huenulao (39) y Patricia Troncoso Robles (36) –favorecido por la decisión del Gobierno de dar suma urgencia a un proyecto que les otorgaría la libertad vigilada si renuncian al uso de la violencia– permitió bajar las tensiones de lo que se convirtió en una “piedra en el zapato” durante la pasada gira europea de la Presidenta Michelle Bachelet.

Ese “receso” se extendió además al llamado a un “levantamiento generalizado” de las comunidades originarias realizado por José Cariqueo, vocero de esos cuatro presos mapuches que demandan la revisión del juicio por el que fueron condenados a diez años y un día y al pago –cada uno– de una indemnización de más de 420 millones de pesos a la Forestal Mininco S.A. por su participación, según el veredicto judicial, como autores en el incendio perpetrado en los predios Poluco y Pidenco, en la comuna de Ercilla, en diciembre de 2001.

“Abusiva y exagerada”

El afamado ex juez Juan Guzmán –hoy convertido en decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central– calificó como “abusiva y exagerada” la actual normativa contraterrorista autorizada por la Junta Militar en mayo de 1984.

Ya en el período postdictadura, agrupaciones de familiares de los “presos políticos” mapuches denunciaron la política de “criminalización” traducida en la aplicación de excepciones, como la Ley de Seguridad Interior del Estado (Nº 12.927) y la mencionada Ley Antiterrorista (Nº 18.314). Ellos comparten eso de que “la resistencia no es terrorismo”, según se leía en varias pancartas que aparecieron durante la pasada estadía de Bachelet en Madrid.

Hay quienes creen que Chile no da muestras de civilidad al aplicar la regulación antiterrorista a la cuestión mapuche. De hecho, oficialmente no existen organizaciones terroristas en el país. Así lo descartó, incluso, la asesora jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Deborah McCarthy. “No tenemos ninguna información al respecto”, declaró la funcionaria tras reunirse a principios de mayo en La Moneda con el ministro del Interior subrogante, Felipe Harboe. Por cierto, a mediados de abril pasado, dos agentes especiales de la estadounidense Oficina Federal de Investigación (FBI) habían instruido a especialistas chilenos en diversos métodos antiterroristas.

“Ellos (el Gobierno) dirán que no existen asociaciones ilícitas que imponen el terror, pero yo creo que sí las hay”, estimó por su parte el diputado Gonzalo Arenas Höder (UDI), quien representa precisamente al radicalizado distrito 48, que incluye a Ercilla. La cuestionada normativa sí ha llamado la atención de organismos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que reconoció estar “profundamente preocupado por la aplicación de leyes especiales (...) en el contexto de las actuales tensiones por las tierras ancestrales en las zonas mapuches”.

Ya Human Rights Watch demandaba a la pasada administración Lagos a que “se abstenga de abrir nuevos procesos contra mapuches, de acuerdo con la Ley Antiterrorista, a no ser que se hayan cometido delitos graves contra la vida, la libertad o la integridad física”. Instaba inclusive a “una revisión completa e imparcial de los procesos en que los mapuches han sido juzgados y condenados por terrorismo, con el fin de verificar que se haya respetado el principio del debido proceso y, de ser necesario, ordene un nuevo juicio”.

De acuerdo a la Federación Internacional de Derechos Humanos, en un categórico informe de marzo pasado, titulado “La otra transición chilena: derechos del pueblo mapuche, política penal y protesta social en un Estado democrático”, en los casos analizados que “involucran daños contra la propiedad (...) y donde no se han producido riesgos para la vida e integridad física, la calificación como ‘terrorista’ de los hechos punibles ha vulnerado los principios de proporcionalidad, racionabilidad y necesidad que definen el derecho penal en democracia, conduciendo así a violaciones del derecho al debido proceso”.

Arbitrariedad

Siguiendo al senador Alejandro Navarro (PS) –autor de la moción de suma urgencia que modifica los requerimientos para acceder a la libertad condicional para condenados por acciones “terroristas”, incluyendo el caso judicial de los cuatro ex ayunantes–, las sentencias de esos presos se manifiestan “más injustas” al atender que el tribunal de juicio oral en lo penal de Angol determinó hace sólo algunas semanas absolver a otros dos mapuches detenidos y acusados por el mismo caso Poluco-Pidenco. Dudando de la imparcialidad de los jueces, José Cariqueo Saravia y Juan Antonio Colihuinca se hallaban prófugos. El veredicto final calificó como incendio común el caso que llevó a los otros cuatro comuneros a mantener por más de dos meses una huelga de hambre.

El codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, advirtió que la evidencia que inculpó a esos cuatro mapuches se basó además en el testimonio de diez testigos “protegidos”, quienes, “según consta en un documento reservado del Ministerio Público que trascendió a la opinión pública, recibieron de la unidad de víctimas y testigos de esa entidad pagos por 20 millones de pesos en un período de cuatro meses”.

Más que especificar acciones que desaten el terror generalizado en la población, mediante “artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos”, como estipula la presente ley, el proyecto de modificación hace hincapié en “el alcance de los efectos del delito”, puntualiza el diputado Leal, uno de los autores.

Lo que pretende esta propuesta es actualizar y precisar la siempre problemática definición de “terrorismo”, postulando “el delito (que) se cometa por bandas armadas o integrantes de ella contra la vida o la integridad física de las personas con la finalidad de subvertir el régimen constitucional o el orden público y de producir en la población o en una parte importante de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado en la consecución de dichos objetivos, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados”.

La diferencia sustancial radica, según expertos, en explicitar que no toda acción de violencia es un acto terrorista. Ello ayudaría a que esa parte del territorio no termine convirtiéndose en un polvorín. Para el debutante diputado Felipe Ward (UDI), integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la moción presentada por su homólogo constituye una “señal equívoca”, ya que debiera exigirse un “máximo de mano dura posible” para quienes intenten quebrantar la seguridad interior del Estado. Por ello se muestra contrario a cualquier tipo de modificación que no lleve a endurecer la actual legislación. En su opinión, quienes lancen bombas molotov debieran igualmente ser procesados por la Ley Antiterrorista.

No obstante compartir algunas acusaciones de arbitrariedad y discriminación en procesos judiciales que involucran a mapuches, el parlamentario Gonzalo Arenas asevera que sólo apoyará la moción presentada por Leal “si ésta es para adelante, no para atrás. Ahí no tendría ningún problema”. Advierte, suspicaz, que si la moción del presidente de la Cámara se trata de una operación “encubierta” para liberar a esos cuatro mapuches condenados por la Ley Antiterrorista, la propuesta del senador Navarro apunta “expresamente” al mismo objetivo.

Ambos correligionarios descartan legislar para “resolver casos puntuales... de tinte político”, en referencia a la movilización efectuada por agrupaciones mapuches en torno a la huelga de hambre que llevaron por 63 días los tres comuneros y la activista apodada “La Chepa”, y que fue “interrumpida” tras el acuerdo del que son garantes los senadores Alejandro Navarro y Jaime Naranjo (ambos PS) y el obispo de Temuco, monseñor Manuel Camilo Vial.

Concordando con Ward y Arenas, el también diputado aliancista Cristián Monckeberg (RN) –integrante de la comisión que verá a mediados de junio esta propuesta en su primer trámite constitucional– agrega que el actual escenario permite, en definitiva, sólo tres alternativas: “Empezar de cero, por medio de una amnistía; cambiar la actual normativa, o dejarla tal cual como está”. Lamentablemente, ni el Instituto Libertad (vinculado a RN) ni Libertad y Desarrollo (pro UDI) quisieron pronunciarse sobre esta propuesta para modificar la vigente regulación contraterrorista.

Por su parte, los diputados DC Eduardo Díaz y Sergio Ojeda –por la IX y X la Región, respectivamente, y también autores de la moción junto a Leal– esperan que se apruebe la iniciativa, “de tal forma que los mapuches no sigan siendo condenados con penas más altas que quienes realizan actos similares en la Región Metropolitana, producto de otras motivaciones”. Su objetivo, insisten, no sería otro que conseguir la ansiada igualdad ante la ley.

En tanto, desde Temuco, ayer se anunció que los cuatro huelguistas reiniciaban el ayuno al considerar que no existe “voluntad política para solucionar la problemática del pueblo mapuche”, afirmó el lonko Juan Curinao, quien ha sido vocero de la movilización. Les molesta “renunciar a la violencia, pues nunca han estado en ella”, señaló Curinao / Azkintuwe

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*La Nación Domingo.

www.nodo50.org/azkintuwe/may22_1.htm

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