Ante la rescisión del contrato de Aguas Argentinas S.A.
Por reenvío moreno - Wednesday, May. 31, 2006 at 6:59 PM

REAFIRMAMOS QUE EL AGUA ES UN DERECHO, NO UNA MERCANCIA Y RECLAMAMOS UNA EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS Y SANEAMIENTO BAJO CONTROL DEMOCRATICO Y POPULAR

Ante la decisión del Gobierno Nacional, encabezado por el Presidente Néstor Kirchner, de rescindir el contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas y la creación de una empresa con mayoría accionaria estatal, las organizaciones sociales abajo firmantes, que hace más de diez años venimos luchando en pos de ese objetivo, a la vez que saludamos dicha medida, queremos expresar lo siguiente:

LA RENEGOCIACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO
Pese a todos los incumplimientos en los planes de obras e inversiones, pese a las extraordinarias ganancias obtenidas, al grave impacto ambiental y sanitario generado por la empresa, (expresado en el deterioro de la calidad del agua potable, altos porcentajes de contaminación, baja presión en numerosos partidos del conurbano), al endeudamiento irresponsable que ameritaba el retiro de la concesión a la empresa, y a los proyectos de ley que por esos motivos pedían la rescisión del contrato, y que fueran cajoneados en el Congreso, el gobierno argentino sostuvo una política de renegociar la continuidad de la concesión, o bien la transferencia de su capital accionario mediante la capitalización de su deuda. Así como la incorporación de otros operadores privados, vinculados a grupos económicos locales cómplices del saqueo privatizador, como es el caso de Eurnekian. Fue el fracaso de estas alternativas de continuidad lo que llevó al gobierno nacional a la rescisión del contrato con la concesionaria.

En la actualidad el gobierno nacional sigue llevando adelante una política deliberada de renegociación con las empresas privatizadas, donde se insiste nuevamente en negociar con los saqueadores, convalidar incumplimientos y terminar las obras pendientes financiadas por fondos públicos que pagamos todos los usuarios. Como puede constatarse en los resultados de las renegociaciones con varias concesionarias como aeropuertos, corredores viales, ferrocarriles y distribuidoras eléctricas, entre otras. Es la misma política llevada a cabo por gobiernos anteriores, siempre en beneficio del poder económico más concentrado.

Frente a esto rechazamos cualquier intento de reconocimiento por parte del Estado Nacional de asumir la deuda privada de Aguas Argentinas, contraída irresponsablemente por esta empresa y bajo su exclusivo riesgo. Rechazamos también la demanda presentada por la empresa ante el Ciadi, Tribunal Arbitral del Banco Mundial, que a la vez es accionista de la empresa a través de la Corporación Financiera Internacional y uno de los acreedores de la concesionaria. Reclamamos al respecto el desconocimiento del CIADI como instancia para dirimir conflictos y proponemos que se tramiten las causas existentes en los tribunales nacionales.

Fue el fracaso de la renegociación con la transnacional Suez (principal accionaria de AASA), que consideró insuficientes los subsidios ofertados por el gobierno nacional y que ya había resuelto en septiembre del 2005 solicitar “la terminación del contrato por culpa del Concedente (en alusión al Estado argentino)", así como de los sucesivos fracasos para lograr inversores que capitalizaran la deuda de la concesionaria mediante un nuevo pase de manos accionaria, lo que llevó a la caída de la concesión.

No obstante, valoramos la medida tomada en el Decreto Nº 303/06 de rescindir la concesión con Aguas Argentinas, que reconoce los incumplimientos reiterados de la concesionaria en la provisión del servicio de agua potable y da cuenta de los reclamos populares que durante años fueron denunciando el comportamiento depredador de la empresa privatizada. Nos preocupa, sin embargo, que entre los considerándos de la medida el Estado Nacional sólo se enfatiza la insuficiente calidad en la prestación de agua potable, sin precisar otros aspectos igualmente graves de impacto ambiental y social que generó la concesionaria, tales como los incumplimientos de planes de extensión del servicio, la no construcción de una planta de tratamientos para aguas servidas en Berazategui, el desbalance hídrico al proveer agua del Río de la Plata y con ello favorecer la subida de las napas freátricas, así como una criminal política de cortes del servicio de aguas y cloacas a quienes no podían pagar violando el principio de salubridad pública, entre otros aspectos. Estos incumplimientos habilitaban a rescindir con anterioridad la concesión a la empresa acorde al numeral 14/3 del contrato.

LA CREACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA AYSA
La creación por el decreto Nº 304/06 de la empresa Aguas y Saneamiento Sociedad Anónima (AySA) genera varios interrogantes por la modalidad adoptada de constituir una sociedad anónima regida por el derecho privado y por lo tanto exenta de aplicar el régimen de contrataciones del Estado. En el debate parlamentario sobre el decreto de necesidad de urgencia (DNU) que constituye AySA, sectores de la oposición objetaron que bajo dicha figura jurídica pudiera producirse alguna modalidad de privatización total o parcial de la nueva empresa. A partir de estas objeciones el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto Nº 373 planteó que el 90% de las acciones de propiedad del Estado Nacional, son intransferibles y no podrán ser disminuidas como consecuencia de alguna operación social.

La normativa sancionada, sin embargo, deja abierta la puerta a diverso tipo de asociaciones para constituir sociedades que pueden incorporar y recomponer bajo otras modalidades contractuales a la denominada patria contratista. Debemos recordar que gran parte de la provisión de insumos y obras está tercerizado con empresas afines a la empresa Aguas Argentinas y al sindicato de obras sanitarias.

EL DIRECTORIO DE AYSA: VIEJOS PRIVATISTAS CONOCIDOS
El esperado reclamo de lograr una empresa pública que no repita los errores del pasado y supere la gestión privada, se ve gravemente afectado por las designaciones del nuevo directorio. Al frente de la nueva empresa AySA se ha designado como presidente al abogado Carlos Humberto Ben, incorporado como gerente en Obras Sanitarias por la dictadura. Posteriormente nombrado por Menem para participar en la comisión privatizadora de Obras Sanitarias de la Nación , y encargado como gerente de la concesionaria de defender los intereses de la empresa contra los usuarios. El designado titular de AySA, es corresponsable del colapso privatizador de la empresa. Ben todavía sigue reivindicando la privatización de la empresa en la década del 90 y manifestaba desconocer la contaminación del agua con nitratos, principal motivo de rescisión esgrimido por el gobierno nacional.

La designación del Intendente de Tigre, Ricardo Ubieto, de pasado procesista, resulta también inadmisible, en tanto el mismo es un ferviente cómplice de importantes empresarios y grupos inmobiliarios, (entre ellos el magnate Rockefeller). Años atrás llegó a promover islas artificiales con rellenos para la construcción de barrios privados y viaductos que iban a anegar barrios pobres. Recientemente promovió el saneamiento del río Tigre en tiempo record . Por sus gestiones, la Unidad de Coordinación del Río Reconquista (Unirec), construyó un dique para desviar el río Reconquista aguas arriba de su desembocadura natural sin encarar una evaluación de impacto ambiental. De esta manera, la contaminación proveniente del Reconquista que recorre 14 partidos del conurbano, cambia de rumbo antes de llegar al casco urbano. Así consiguieron eliminar el mal olor que ahuyentaba a turistas y potenciales inversores, para beneplácito de los gestores de los negocios inmobiliarios de la zona (Parque de la Costa , la nueva estación fluvial de Tigre, los complejos de torres costeras sobre el río Tigre, entre otros). La consecuencia de esta medida, fue la extensión de la contaminación a la zona de las islas del Delta, afectando el ecosistema de humedales, el modo de vida de miles de habitantes, que ya no pueden usar el agua del río y ven afectada su salud frente al incremento de casos de diarreas y hepatitis. No es la primera vez que el intendente Ubieto participa de emprendimientos inmobiliarios que afectan los ecosistemas locales a favor de los intereses de barrios privados.

La privatización no podría haber avanzado sin la complicidad de la dirigencia sindical corrupta que promovió la misma y fue corresponsable en la dirección de la empresa donde contaba, a partir del programa de propiedad participada, con una representación en el directorio. Cuando Aguas Argentinas se hizo cargo de la empresa, la misma contaba con 7.444 empleados, al 31/12/2001 tenía 3.720, es decir que despidió al 50% del personal, para el mismo período, con la complicidad activa del titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingieri, que eliminó toda oposición interna. Con la anuencia del sindicato la concesionaria tercerizó áreas de insumo y de extensión de obras con empresas subsidiarias que implementaron modalidades precarizadas de contratación para abaratar costos laborales.

El actual secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo, J. L. Lingieri trató hasta último momento de que el servicio se mantuviera en manos privadas con la concesionaria o bien con otros eventuales interesados. Baste recordar la gestión de Lingieri administrando el Programa de Reconversión de Obras Sociales financiado por el Banco Mundial para reconvertir el sector en función de las prepagas. Entonces, manejó 360 millones de dólares que en gran parte pasaron a formar parte de la deuda pública del Estado Nacional con dicha entidad.

Estos personajes son los designados por el gobierno nacional para conducir los destinos de la nueva empresa. Repudiamos estas designaciones en la dirección de AySA. Con esta gerencia sólo se pueden esperar negociados a favor de sectores pudientes, en desmedro de la población.

LOS DESAFÍOS A ENCARAR
La propiedad pública de la empresa es una condición necesaria, pero no suficiente para abordar el actual colapso hídrico.
Entendemos que la recuperación y control soberano del Estado Nacional y de los Estados Provinciales sobre los recursos hídricos es fundamental para diseñar y desarrollar una política nacional de manejo de cuencas y recursos hídricos. Consideramos que deben gestionarse espacios interinstitucionales que permitan superar los vacíos y superposiciones legales que impiden una gestión unificada de las cuencas.

La universalidad es la herramienta fundamental para asegurar la salubridad pública. La nueva gestión debe revertir el impacto ambiental, sanitario y social negativo, producto de la política mercantilista vigente durante la concesión a la francesa Suez. Con el propósito de alcanzar estos objetivos sostenemos la indivisibilidad de la región de la concesión que abarca la ciudad de Buenos Aires y 19 partidos del gran Buenos Aires (AMBA). Proponemos la constitución de Consejos Populares por distritos, para el diagnóstico de la situación hídrica y la elaboración de planes de inversión que prioricen la resolución de las necesidades básicas insatisfechas de nuestro pueblo.

Consideramos urgente abrir un espacio de debate para la revisión del marco normativo heredado en el contrato de concesión que rige actualmente, para modificar el Servicio Universal y Medio Ambiente –SUMA-, cargo regresivo en dónde los que menos tienen pagan más; cobros indebidos sin contraprestación real del servicio, facultad que transforma a la tarifa en confiscatoria; cobros de 2 o más conexiones por inmueble; cobros indebidos por baja presión a más del 60% de los usuarios y por cobrar por M 2 construido más M 3 consumido, aplicando una doble carga impositiva. Queremos terminar con la estafa de transferir las inversiones a los usuarios a través de las Obras por Cuenta de Terceros. Asimismo precisamos acordar estándares comunes de medición de la calidad del agua y asegurar los controles correspondientes.

Creemos que se puede avanzar en la lucha por la recuperación del patrimonio público, sabemos que no será fácil. Sabemos que la trama de intereses de la patria contratista y entreguista y de las burocracias sindicales cómplices de las privatizaciones garantizan la continuidad bajo otras modalidades de dicho modelo, pero también sabemos que fuimos protagonistas de un 19 y 20 de Diciembre, que puso en cuestión el modelo neoliberal y hoy en todos los espacios territoriales el pueblo quiere y debe intervenir en las decisiones.

Consideramos que la empresa pública puede volver a ser una herramienta tendiente a impulsar la integración nacional, promover una regulación de las transferencias de ingresos intersectoriales, como de diversas modalidades de redistribución de ingresos que privilegie a nuestro pueblo empobrecido y excluido socialmente.

Proponemos articular un sistema de control público donde intervengan Institutos Tecnológicos y Universidades Públicas, como un sistema de control interno y externo que facilite la supervisión y monitoreo de la gestión, que permita el análisis y evaluación del rendimiento de la organización como un todo, además de la adecuación de los planes estratégicos de inversiones con participación de la comunidad. Sobre la base de estos criterios se pueden acotar y/o superar los problemas de cooptación de camarillas políticas o sindicales que interfieran en la gestión pública del servicio.

Proponemos una empresa pública con gestión democrática y popular, donde se pueda ejercer un control social por parte de los trabajadores (no de la burocracia), de organizaciones barriales, sociales y de usuarios, así como de la ciudadanía en general. Debe entenderse a dicho control como complementario, al que realicen los Organismos de Control de modo de reforzar los mecanismos tendientes a lograr una mayor transparencia de los actos de gobierno, ampliar la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración pública, rendición de cuentas de la gestión y de los recursos públicos y la prestación universal y equitativa del servicio que asegure la salud pública de la población. Precisamos fortalecer en todos los sectores de la sociedad civil la toma de conciencia y la participación en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos, acuíferos y prestación del servicio público en el sector de agua y saneamiento.

Firmantes:

Foro Hídrico de Lomas de Zamora
Foro en Defensa del Río de la Plata
Sociedad de Fomento de Barrio Seré. Cautelar
Foro de Salud y Medio Ambiente de Avellaneda
Federación de Entidades de Fomento y ONG del Partido de Quilmes
Confederación de Entidades de Fomento y Juntas Vecinalistas de la Provincia de Buenos Aires
Unión Confederativa de la República Argentina
Vecinos en Emergencia Hídrica y Sanitaria de Almirante Brown
Vecino en Emergencia Hídrica de Cuartel Noveno. Lomas de Zamora
Movimiento por la Recuperación de la Energía Orientadora (MORENO)
Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FETERA)
Movimiento Nacional Oro Negro
Central de Trabajadores Argentinos-Capital Federal (CTA)
IMPA La Fábrica Cultural
Casa por los Derechos Humanos de Quilmes
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Por Asambleas Barriales por la Recuperación de las Empresas Privatizadas: Wilde, Liniers, Beccar, Castro Barros y Rivadavia, Núñez, Cooperativa La Asamblearia , Justicia para Todos, Cabildo Abierto de Bernal-Bernal Unidos.

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