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IMPUNIDAD TAMBIÉN SE ESCRIBE CON "K"
Por reenvío correpi -
Monday, Jun. 19, 2006 at 10:53 AM
La noticia se conoció el sábado en los principales diarios del país: El ex comisario de la Policía mendocina Hugo Trentini —condenado a 15 años de prisión por el crimen del estudiante Sebastián Bordón, en 1997— goza de un régimen de semilibertad y puede salir de prisión para regresar por las noches a dormir al penal.
Este represor había sido condenado por un tribunal de San Rafael en diciembre de 2000. Vale decir, que a menos de 6 años, el cana goza de salidas transitorias y otros beneficios.
En realidad, es el único de los cinco condenados que aún pasa parte de su vida en la cárcel ya que los restantes cuatro cumplieron con la mayoría de la pena y están en libertad. Debemos partir de la base que las excarcelaciones o beneficios de libertad asistida, vigilada o salidas laborales o transitorias son facultativas para los jueces. Los jueces no están obligados a otorgarlas graciosamente.
Generalmente las dan si el condenado reúne las condiciones para su concesión, o sea si ha tenido buena conducta, si tiene la posibilidad de obtener trabajo extramuros. Pero también se toma en cuenta la magnitud criminal del hecho reprochado. El caso Bordón, claro, no fue un simple robo con armas. Por supuesto que los jueces son más restrictivos con los que roban con armas que con los policías que torturan, matan y como en el caso de Sebastián Bordón, lo tiran a un barranco.
Luis Alberto Bordón, padre de Sebastián, es asesor de Gabinete del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y Coordinador del Programa Nacional Antiimpunidad, y se lo vio marchar del brazo del vicegobernador de Ruckauf el 25 de Mayo. Es más, fue responsable de traer 22 colectivos con manifestantes "espontáneos" desde su provincia, Santiago del Estero, para sumar al acto oficial. Queda claro cómo funciona el poder en Argentina: mientras los jueces -que son cualquier cosa menos independientes- facilitan la impunidad de los asesinos de uniforme, el ejecutivo compra e incorpora a su gestión a los padres de las víctimas (los que se dejan comprar, desde luego), para ganar consenso y legitimación, al tiempo que intentan anular la genuina lucha contra la impunidad, que no puede nunca darse desde los despachos oficiales.