1. El agua en todas sus formas es un bien común y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable. El agua es un patrimonio de las comunidades, de los pueblos y de la humanidad, principio constitutivo de la vida en nuestro planeta. El agua no es mercancía. Por eso rechazamos todas las formas de privatización, inclusive la asociación pública-privada que han mostrado su total fracaso en todo el planeta.

2. La gestión y el control deben permanecer en el ámbito público, social, comunitario, participativo, con equidad y sin fin de lucro. Es obligación de todas las instituciones públicas locales, nacionales e internacionales garantizar estas condiciones desde la planificación hasta el control final del proceso.

3. Se debe garantizar la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras, por eso rechazamos este modelo desarrollista, neoliberal y consumista que promueve la sobre-explotación de la madre naturaleza.

4. Es necesaria una gestión sustentable de los ecosistemas y la preservación del ciclo del agua mediante el ordenamiento del territorio y la conservación de los ambientes naturales. Las cuencas hidrográficas son unidades básicas integrales de gestión pública, factor de identidad y unión comunitaria, donde se efectivice la participación ciudadana y de los pueblos. La defensa del agua implica recuperar la salud de los ecosistemas desde las fuentes de captación hasta el tratamiento de las aguas residuales.

5. En función de lo antes dicho, dejamos sentada nuestra firme oposición a todos los Foros Mundiales del Agua, ámbitos de grandes empresas transnacionales, de instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, BID, BEI, etc.) y de las potencias gubernamentales del mundo, por excluyentes y antidemocráticos. Por eso no legitimamos a estos organismos que ignoran las demandas y las exigencias reales de los pueblos y que por el contrario continúan buscando nuevas formas de mercantilización del agua, desdeñando los altísimos costos humanos, sociales y ambientales de este modelo neoliberal.

La actitud del Gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, de querer mantener el modelo privatizador que ha fracasado de la mano del grupo Suez y sus asociados “locales” como lo es la empresa Benito Roggio.

Que las privatizaciones no podrían haber avanzado sin la complicidad de la dirigencia sindical, política y empresarial corrupta que promovió la misma y fue co- responsable en la dirección de las empresas, recibiendo como regalías los llamados PPP (propiedad participativa del Personal o Pacerías Público Privada), acciones compartidas con la multinacional.

Que los Estados siguen llevando adelante una política deliberada de renegociación con empresas privatizadas, donde se insiste nuevamente en negociar con los saqueadores, convalidar incumplimientos y terminar las obras pendientes financiadas con fondos públicos que pagamos todos los usuarios, como puede constatarse en los resultados de varias negociaciones con concesionarios como una continuidad de la misma política llevada a cabo por gobiernos anteriores, siempre en beneficio del poder económico más concentrado.

Llamamos

A las organizaciones, movimientos sociales, gobiernos y parlamentos a incluir estos principios en los marcos jurídicos locales nacionales e internacionales.

A todos los ciudadanas y ciudadanos del planeta a desarrollar acciones conjuntas para unirnos organizarnos y concretizar nuestra propuestas de cambio, articulando un movimiento mundial del agua.

Exigimos

La exclusión de la OMC y todos los acuerdos de libre comercio e inversión, tanto bilateral como multilateral del agua.

La abolición del Centro Internacional sobre Disputas Relativas a inversiones CIADI, considerando las experiencias , por ejemplo la Argentina y otros pueblos que quieren recuperar la soberanía de sus bienes comunes. Que la única instancia en donde dirimir conflictos se tramite en tribunales nacionales.

La anulación inmediata de los tratados bilaterales de inversión que el estado nacional renueva año a año, así como que no se firmen nuevos tratados de libre comercio (TLC).

.La recuperación y control soberano del estado nacional y de los estados provinciales y/o estaduales sobre la totalidad de los recursos hídricos, que habilite la construcción de un modelo de autogestión que permita avanzar hacia una Política Nacional de Aguas superando los vacíos y superposiciones legales que impiden una gestión unificada y sustentable desde las cuencas, hasta el tratamiento de las aguas servidas.

La participación de los/las trabajadoras, usuarios y la universidad pública para asegurar la transparencia y el uso racional del recurso.

la redacción de códigos de agua nacionales (Ley de Agua), que abarquen todas las dimensiones del recurso, así como un código de agua de las Amétrica insertando los códigos nacionales, en el que no se habilite el doble discurso, prestando especial atención a las reservas de agua dulce, y en especial , el acuífero Guaraní.

Los principios de este código será que el agua es un derecho humano fundamental e inalienable, excluyendo toda posibilidad de apropiación y mercantilización del recurso.
El respeto al derecho humano está íntimamente ligado a la universalización de los servicios de agua y saneamiento en calidad y cantidad suficiente para la vida, independientemente de la condición económica, social y cultural del usuario.

Rechazamos

Cualquier intento de reconocimiento por parte de los estados provinciales o nacionales de asumir deuda privada alguna, contraída irresponsablemente por estas empresas depredadoras y bajo su exclusivo riesgo.

Rechazamos enfáticamente las demandas ilegítimas, presentadas ante el CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) que a la vez es accionista de estas empresas.

Cualquier financiamiento condicionado a que se liberalicen y privaticen los servicios de agua por parte de las Instituciones Financieras Internacionales IFIS.

El modelo predatorio y no-sustentable del agua, mediante la realización de Mega –Proyectos, represas, construcción de puertos, explotación minera y su embotellamiento.

Exigimos al encuentro de Presidentes del MERCOSUR que los gobiernos de Argentina y Brasil suscriban la declaración oficial del Agua en México, firmada por Bolivia, Venezuela, Cuba y Uruguay.

Los movimientos sociales presentes

En la “CUMBRE DE LOS PUEBLOS”

Denunciamos ante la comunidad internacional, que continúa vigente la Ley 9279 que le intenta dar continuidad a la privatización en la ciudad de CÓRDOBA a pesar del rotundo fracaso de la multinacional SUEZ – Aguas de Barcelona- Roggio.

La inmediata transferencia a la empresa de saneamiento estatal de gestión publica con participación directa y democrática de usuarios y trabajadores.