Julio López
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¿Hacia una nueva Ley de Educación Nacional?
Por reenvío red eco alternativo - Wednesday, Aug. 02, 2006 at 10:47 AM

Soy docente en la Provincia de Chubut y quiero mediante este aporte informar cómo se implementó en mi provincia el debate sobre el borrador de Ley Nacional que enviara el Ministerio de Educación Nacional.


En primer lugar, la información llegó a destiempo. Se sabía de la jornada pero no se contaba con el material. El 90% de los docentes no había leído las bases y llegaba a la jornada con pocos elementos para llevar adelante una discusión seria. La organización de la jornada dependió de la habilidad de cada director para aprovechar al máximo el tiempo. Algunos decidieron analizar solo aquello que hacía referencia a su nivel pero obviaron los otros ejes. Esta lectura parcial no puede tomarse como un aporte serio y profundo. Muchos decidieron la lectura de todos los ejes y en seis horas fue imposible su abordaje. En esas instituciones sólo se sintió frustración y bronca. Como no hubo tiempo ni responsables de informar a los padres, no asistieron o sea que no participó de esta jornada a una parte de los actores, y tal cual se puede leer en la Ley.
Con este panorama son muchas las reflexiones a las que puede arribarse. Primero: este gobierno no puede ni esbozar en sus discursos que consultó a la comunidad educativa, lo que hizo fue simular una consulta irresponsable. En segundo lugar, no se complementó esta jornada con un cronograma que permitiera elaborar documentos serios y fundamentados. Tercero: no se vivenció preocupación por los aportes, todos sentimos que la ley ya está hecha y que los aportes no llegarán nunca y menos aún modificarán las negociaciones ya concretadas.
Aunque cada eje es importantísimo y merecería mucho tiempo de análisis, llama la atención que la ley no incluya en sus primero artículos el aspecto económico. No se menciona qué proyecto de país se postula y por ende, qué dinero se destinará a educación. Los ejes incluyen promesas que datan de años y gobiernos anteriores pero no hay para esas promesas recursos concretos. Valorizar lo deportivo, la lectura, la expresión artística no son cuestiones a las que no se adhiera pero nada dice de los materiales que faltan, de los espacios inadecuados, de los recursos de segunda que llegan a las bibliotecas con el sello del Ministerio de Educación de Nación. Un ejemplo claro es que no se envían a las instituciones obras literarias completas, se imponen manuales de Buenos Aires para chicos patagónicos que no pueden comprender un contexto que no les es propio.
Llama la atención también la ausencia del rol de la familia y que en un párrafo específico aparezca un pedido para que la escuela asuma los roles que no le corresponden. El docente debe ser psicólogo, asistente social, enfermero, padre, etc. y esta ley lo avala. ¿Hasta cuándo la escuela contendrá y se hará cargo de los roles que no le son propios? Lo más grave es que esas obligaciones ahora se extenderán en el tiempo porque la educación secundaria será obligatoria. Tener a más jóvenes en la escuela no implica que las cosas hayan cambiado, significa que la escuela asumirá el rol de la familia y de la empresa por un tiempo más prolongado. Esta decisión fomenta la dependencia dado que permite que un joven pueda tomar al rol de alumno como un trabajo que obliga a su familia a tener becas y planes para seguir subsistiendo. No hay escuela que no plantee que la realidad pide otras definiciones. La familia es la que debe decidir cuántos años de escolaridad tendrán sus hijos, el estado debe garantizar que los bancos estén pero no imponerlos. Si los integrantes de una familia cuentan con fuentes genuinas de trabajo, si tienen las necesidades básicas cubiertas, si leen libros y pueden comprar el diario, si pueden compartir momentos como familia ellos mismos querrán que los jóvenes asistan a las universidades. Es irónico prometer escuela para todos cuando no se tiene en cuenta que políticas destructivas anularon las familias y naturalizaron la pobreza y la injusticia.
Aunque es clara la ausencia de la familia y del estado, aparece una exigencia muy grande para con el docente quien además de asumir muchos roles, debe capacitarse y mejorar el rendimiento de sus alumnos para obtener un mejor salario. Más aprobados, mayor premio. Aparece aquí la promoción automática sin una lectura clara de lo que pasa en realidad con los alumnos que fracasan. Las evaluaciones bianuales lejos de diferenciarse de las actuales siguen defendiendo exámenes porteños para niños de distintas regiones que siempre rendirán menos si las preguntas no se corresponden con su contexto. Llegar a la conclusión de que tal provincia tiene tales índices de repitencia no nos ha ayudado a mejorar nada.
Esta propuesta de ley es una Ley Federal II a lo que se suma una Ley de Financiamiento Educativo que, sólo se diferencia de la primera porque incluye una crítica muy suave a las políticas neoliberales de la década del noventa. No plantea cambios profundos dado que un país que no puede decidirse por un proyecto político-económico menos aún podrá ser propietario de los factores de producción y garantizar la distribución de las ganancias entre los habitantes que deben ser los únicos responsables de determinar el modelo de país y de educación que quiere para sus niños y jóvenes.
Soy docente en una provincia justicialista que muestra todo el tiempo que tiene recursos pero estos no benefician a los trabajadores; una provincia cuyo gobierno dice estar ordenando años de desorden y caos y que en los hechos decreta un concurso de titularización sin que haya en la provincia estatuto nuevo (se está elaborando), Ley de Educación Provincial (se está elaborando??), Ley de Educación Nacional que aún se está consultando??? En esa elaboración participan pocos, no hay espacios para el debate y pronto serán impuestos dado que Estatuto Unificado y Ley de Educación Provincial forman parte de la campaña de este gobierno para las elecciones del 2007. Entonces, la educación preocupa en función del número de votos que se obtengan; no preocupan los jóvenes sino bajar los índices de desocupación y delincuencia. Mientras el concepto de educación que se maneje tenga que ver con las variables de pérdida y ganancia similar al de una empresa y no con el concepto de liberación e independencia de los pueblos, los gobiernos de turno seguirán creando espacios virtuales de consulta.

Gladis Ramírez, Maestra de Orientación y Tutoría y Docente de Lengua, Chubut.


Estoy totalmente en desacuerdo con el tratamiento político/neoliberal de la “Ley Nacional de Educación”.

A partir de las siguientes situaciones y/o consideraciones:
1. El método “feudal” que se puso en práctica para desarrollar el tema del debate, ya que se comenzó por consultar a los grupos de poder en forma escalonada descendiente para, en último término, concluir en una serie de preguntas (no debate) al “soberano”.
Son múltiples los documentos de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la CEPAL, de la UNESCO, que concuerdan que la falta de participación de los agentes docentes y la comunidad educativa deja a la deriva cualquier Ley de Educación que se quiera llevar adelante.
2. En las instituciones escolares se manejó el trámite al estilo de las “Jornadas Capacitación Docente”, o de las jornadas de estudio de los libritos sobre “La Ley Federal de Educación”.
Los docentes, una vez más, se sintieron violados en su dignidad profesional, ya que solo debían contestar preguntas, la mayoría totalmente superficiales.
3. En ningún momento se alentó la discusión de los “Fundamentos Doctrinarios” de la Ley, como Soberanía Nacional, Justicia Social, Identidad Nacional, Integración Latinoamericana, etc.
El escaso tiempo en que se llevaron adelante las reuniones giraron en torno a temas vinculados a las múltiples y graves carencias del “Sistema Educativo”.
4. En el sentir generalizado de los docentes expresaba: “esto ya está todo cocinado”, “nos quieren usar de cómplices”, “son los mismos que implementaron la Ley Federal neoliberal”, “son los que entre bambalinas le entregaron el sistema educativo a Microsoft, usándonos de agentes de promoción y venta”, “el ministro le ha entregado los lugares claves a la institución Iglesia”, “total a las escuelas nunca llega nada”, “nadie sabe que pasa, cuando cerramos la puerta del aula”.
5. No conocemos antecedentes de que una ley de educación se haya resuelto en tan poco tiempo. El “Congreso Pedagógico” llevó cuatro años, en Venezuela hace cinco años que se viene discutiendo. Este es el elemento de mayor “peso” que hace pensar que está todo “cocinado”, la manera autoritaria en que se ha dispuesto.
6. Se han detectado palabras claves, donde no se ha podido descifrar el contenido cierto. Por ejemplo, la palabra “calidad”. Según la versión del Ministro de Educación Daniel Filmus se mesura tomando exámenes de castellano y matemáticas, en tanto, la versión de otros ministros latinoamericanos contradice casi en términos antagónicos diciendo que se mesura en la medida que ésta le transfiere el poder al pueblo.
7. Este punto anterior toma relevancia con la incorporación de Venezuela al MERCOSUR. La propuesta sobre la “Integración Latinoamericana”, “La Patria Grande”, queda totalmente maltrecha: Venezuela habla de la “Pedagogía Endógena” y nosotros nos preocupamos por las particularidades de la estructura del sistema, dejando inalterable la discusión de la “Pedagogía Neoliberal”, que nos “vacunó” estos últimos 30 años, con el más potentes de sus virus el “individualismo”.
8. Aquí se pone de manifiesto otra pregunta casi oculta ¿Es la educación una herramienta política? Si lo es. Entonces estamos en problemas si tenemos una Ley de Educación con los mismos principios doctrinarios de los ´90. Por lo tanto cabe preguntarse: ¿el gobierno de los 90 es igual al del 2006?. No, no lo vivimos así. Por lo tanto, la herramienta política educativa no puede ser la misma. Si a esto le agregamos que la cúpula educativa actual es la ocupó los despachos del Palacio Pizzurno en la época neoliberal /menemista, estamos con seguridad en problemas.
9. La Ministra de Economía Felisa Miceli, trata de virar la política económica hacia las pymes, contradictoriamente nos encontramos con una “Ley de Educación Técnica”, que en el mejor de los casos logra “mano de obra barata” para las multinacionales.
10. Otra de las preocupaciones docentes son los funcionarios que militan en la institución iglesia, que están insertados en el “Sistema Educativo Nacional” y desde sus cargos imposibilitan el fluir de una política educativa nueva, para una nueva argentina, como por ejemplo la educación sexual, etc.
11. Las famosas TICs son el sustrato por el que nos deslizaríamos al primer mundo, según el menemismo, teniendo como “primera vedette” la informática y en un rol principal las computadoras. Pareciera que nuestras computadoras son mágicas, por que jamás se pone sobre el “tapete” que “Software” usar. Nuestra cúpula educativa decidió firmar el convenio “Alianza para la Educación” donde le entrega el sistema educativo argentino a Microsoft y sus productos. ¿Y los demás productos vinculados al “Software Libre”?.
12. Otro tema nada menor es los “Centros de Estudiantes”. ¿Qué hacemos con esto? ¿Es una herramienta para educar dentro de un sistema democrático de Nación? ¿La ciudadanía es una construcción que requiere del día a día?. ¿Sirve para esto el ámbito de los “Centros”?.

Profesor Mario Gattafoni, docente jubilado, Morón, Provincia de Buenos Aires .


El documento para el debate lanzado por el Ministerio es cuestionable y debe ser denunciado y rechazado, tanto desde el punto de vista formal, como sustantivo.

El cronograma impuesto no posibilita tiempos reales de participación, ni la organización de un debate serio y responsable. Entre los autores figura Juan Carlos Tedesco y Domingo de Cara quienes fueran ideólogos de “la transformación educativa de los 90”. ¿Con qué responsabilidad ética intentan conducir esta etapa?.
Muchos de los conceptos e ideas básicas (calidad, teoría aggiornada del capital humano, estado evaluador; responsabilidad subsidiaria del Estado, etc), y hasta la misma letra es copiada de la Ley Federal de Educación (LFE): confrontar el “documento para el debate” con los artículos 2,3 y 4 de la LFE.
Además, preexisten dos leyes que actúan como corsé (la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de escuelas técnicas), primero debiera realizarse la normativa general y luego vendrán las normativas o reglamentaciones específicas y el financiamiento requerido.
Las características básicas del “Documento para el Debate” realizado por el Ministerio nos llevan por el camino de una carta de intención; “un programa de acción” que al no tomar como eje vertebrador los problemas estructurales y coyunturales del sistema educativo, al no partir de un diagnóstico, nos puede conducir por caminos errados y contradictorios.
Creemos que la relación “pasado – presente - futuro”, planteada en ese material, se resuelve en el marco de debatir los problemas del sistema educativo, indagando cómo llegamos a ellos y buscando las alternativas; lo cual incluye un análisis detallado de los efectos de la implementación de la Ley Federal de Educación y los modelos educativos y sociales de país que conllevan.
Al analizar la evidencia empírica acumulada, surgen acuerdos en relación a ideas y principios en el marco de la profunda desigualdad educativa y social (con una brecha entre pobres y ricos similares a la del 2001): el derecho social a la educación, debe ser sostenido por el Estado, quien debe asumir el financiamiento de modo indelegable y con presupuesto genuino y debatido democráticamente.
No se trata de sancionar leyes como sueños que depositan en la educación la resolución de los problemas del desempleo, la industrialización y la pobreza, sino de trazar nuevas políticas económicas y sociales que transformen radicalmente la desigualdad social actual y de Políticas educativas que surja de un debate amplio, participativo y democrático, que se constituya en una verdadera Política de Estado, y una ley de contenidos democráticos, científicos, populares y nacionales como marco normativo que la exprese.
Creemos que éste debiera ser el camino para elaborar una nueva ley de educación para todos los niveles (desde el inicial al superior) y para una Argentina justa y soberana.

María Cristina Romagnoli, Docente de Mendoza

La Argentina debe definir un proyecto político, económico y social alternativo al establecido constitucionalmente por los sectores más oligárquico - conservadores desde los orígenes de la historia Argentina.
El modelo constitucional hoy vigente ha establecido el modelo del ALCA hasta los huesos por más que se diga lo contrario. Prueba de ello son las reformas constitucionales provinciales que permiten el saqueo y la entrega mientras por otro lado se habla de derechos humanos.
El pueblo trabajador debe definir el modelo político, económico y social que quiere para el presente porque el futuro se está jugando hoy.
Esta propuesta educativa solamente garantiza el continuismo del modelo ya imperante de la Ley Federal de Educación(LFE): educar para la productividad, es decir, para que las ganancias y que los factores de producción, recursos naturales, trabajo y capital continúen en manos de las multinacionales, terratenientes y sectores neoconservadores.
Como trabajador de la Educación pienso que estas bases se sustentan en: educar para descentralizar mediante proyectos de privatización encubiertos, municipalización y flexibilización laboral disfrazada y, por otro lado, convertir a la escuela en un gran centro de contención social.
Ojalá me equivoque, pero los personajes ligados a este nuevo invento ya fueron parte de la coordinación de la LFE.
No observo participación popular ni social. Ojalá algún día el pueblo tome la manija de un modelo de país alternativo y en consecuencia un nuevo proyecto educativo verdaderamente popular y nacional.

Lucas Fossati, docente patagónico.

E. P. N. M. Nº 92 Gral. López Jordán
Apreciaciones acerca de la Ley Nacional de Educación

“El pasado 22 de mayo se anunció en la Casa Rosada el nuevo proyecto que busca revertir los desastres causados por la Ley Federal de Educación, impuesta por el gobierno justicialista en el Período de Menem. Sin embargo, no parece ser más que un poco de maquillaje de la vieja ley. Lejos de proponer cambios profundos, el documento parece profundizar el camino abierto por la anterior”. (El Espejo De Argentina y el Mundo, junio de 2006, Nº 158).
No es casual que hayamos elegido este fragmento para comenzar nuestras reflexiones acerca de “pretendida” ¿nueva? Ley de Educación, pues a modo de preanuncio de lo que se “pretende cambiar” fueron invitadas a la presentación figuras claves y nefastas que tuvieron que ver con el origen de la Ley Federal de Educación: la ex Ministra de Educación de la Nación, Susana Decibe; el ex Ministro de Educación, Juan Llach; el empresario Luis Pagani (ARCOR); Mario Vicens (de la Asociación de Bancos); el sindicalista de los camioneros, Hugo Moyano; el sindicalista docente, Hugo Yasky, que avala un básico de tan sólo $ 414; el gobernador de Salta, Romero, quien hace un año reprimió brutalmente a los docentes de su provincia cuando reclamaban un aumento salarial.
Tampoco es casual que escuchemos en los noticieros nacionales, en las jornadas previas al debate, que fueran consultados, en primer término, los empresarios acerca de la implementación de esta ley y no la comunidad educativa, verdadera protagonista del hecho.
Lamentablemente, hemos naturalizado en nuestro país el fracaso de las leyes, no por su contenido en sí, sino por su ineficiente implementación. Si nos remontamos a la Ley Federal de Educación comprobaremos que las escuelas carecen hasta el día de hoy de los recursos materiales, económicos y humanos.
La ley que se pretende superar hablaba ya de calidad y equidad, sin embargo la comunidad educativa de la escuela Nº 92 “Gral. Ricardo Ramón López Jordán” pareciera pertenecer al siglo XVIII, ya que sus instalaciones (una de las “quinceañeras” del gobierno de Busti), hoy por hoy, en estado deplorable, no garantiza las condiciones mínimas de las que hace gala ésta y la futura ley.
Vemos, nuevamente, una disociación entre lo que se promete y la realidad.
Avanzando en el análisis de los ejes de discusión propuestos, en el número 3 se habla de: “Garantizar el derecho a ser reconocido y respetado en su lengua y en su cultura”. No obstante, sabido es, que poderosos empresarios están en una constante lucha por el despojo de tierras a comunidades aborígenes y no aborígenes.
Por otra parte, en el eje número 6.2 (“La concertación para definir condiciones de trabajo y carrera docente”), en uno de sus párrafos expresa: “Será necesario diseñar una carrera que permita ascender ejerciendo funciones de monitoreo o tutorías de los nuevos docentes, funciones especiales dentro de las escuelas o, simplemente, ejercer las mismas tareas desde una categoría más alta en términos del escalafón y reconocimiento material”. Se trata, lisa y llanamente, de un nuevo avasallamiento a los derechos del docente como trabajador, desoyendo el principio constitucional de: igual salario por igual tarea. Además, con la clara intención de profundizar la fragmentación de futuras luchas docentes por reivindicaciones. Recordemos que las movilizaciones docentes se producían a nivel nacional, actualmente, a nivel provincial y de seguir así pasarían a ser conflictos individuales. Asimismo, ¿quién elegiría a los monitores?, ¿qué perfil deberían tener?, ¿a qué intereses responderían?
En el eje 8 (“Garantizar el derecho de todos a participar del desafío educativo”); en uno de sus párrafos dice: “Es necesario definir estrategias con un fuerte carácter intersectorial donde participen los Ministerios de Educación, Trabajo, Justicia, Desarrollo Social y de Salud, así como las organizaciones del mundo del trabajo: empresarios y sindicatos y las organizaciones no gubernamentales dedicados al trabajo comunitario”.
Este abigarrado concierto de diferentes sectores tan heterogéneos, ¿qué finalidad tiene?. ¿Esta nueva ley tiene, efectivamente, como fin preparar ciudadanos críticos, con saberes para el mundo del trabajo y de la universidad o tiene a preparar mano de obra barata para las grandes empresas que se llevan las divisas a sus casas matrices? ¿Y la formación humanista que apunta a la persona, dónde queda?
Como ejemplo tenemos grandes empresas que propician concursos en las escuelas. ¿Cuál es el propósito de este “esponsoreo”? ¿Quiénes ganan dichos concursos? Precisamente, en nuestra institución tenemos un afiche del concurso “Conociendo a San Martín”, cuyo premio es pintura para la escuela. Pueden verse empresas muy conocidas que patrocinan dicho concurso. Consideramos que el mantenimiento de la escuela es una función indelegable del Estado.
A modo de cierre, ya que hay mucho para debatir, cuestionar, proponer y no sólo en dos jornadas, una de las cuales se propuso desde Departamental, precisamente, cuando Argentina jugaba contra Alemania (¿será casual justo ese día?) y con poco (o nada) de tiempo para la lectura del texto, ya que no llegó el material anticipadamente, queremos precisar lo que consideramos fundamental:

No se dice claramente cómo se va a implementar esta Ley.
Una vez redactado el Anteproyecto, tampoco contemplan una instancia de discusión y aporte en las escuelas.
No se explicita de dónde saldrá el dinero para la implementación de esta Ley.
Tampoco existe la posibilidad de discutir la currícula y qué sucederá con la estructura actual, ya que en el día de la fecha, hemos podido escuchar en los noticieros que el índice de repitencia en octavo año es del 13 %.
Para una “Ley de Educación Nacional. Hacia una educación de calidad para una sociedad más justa” (como manifiesta el título de tapa del texto), nos preguntamos si sólo con la educación vamos a lograr una sociedad más justa o necesitamos rever o discutir un proyecto de país en serio que nos contenga a todos.

Docentes de Entre Ríos

Creo que antes de debatir el documento, debemos analizar desde un enfoque de contexto cual es el momento en que se elige poner a consideración la ley: Mundial de fútbol compartiendo la convocatoria. Creo que no es casual.

Por otra parte, ningún docente pudo leer previamente el material, ni hubo convocatoria alguna a padres, docentes, alumnos, comunidad. Y estoy hablando de más de 100 escuelas consultadas de manera directa en la zona oeste del conurbano.
Con la gran experiencia que tengo del sistema educativo bonaerense, en el que me desempeñé de forma constante durante 32 años y desde distintos lugares de trabajo, se que esto se puede generalizar a toda la provincia y a todas las restantes. Esto significa que, de parte del Ministro de Educación Daniel Filmus no hubo ninguna acción que intentara producir participación y debate.
Además, una ley ¿se puede debatir en cuatro horas?. ¿No merece un tiempo de reflexión y decantación?. Creo que es lo menosque podemos pedir como ciudadanos. Y debemos ser considerados al respecto. Por otra parte, si el estado llama a la participación, ¿no debe garantizar los medios para que eso ocurra?. En cuanto a la consulta, las preguntas prefiguraban la respuesta. Eso no es consulta...Recomiendo la lectura de trabajos de Andrés Brenner al respecto. ¿Significa que somos lelos, a los que hay que inducir la respuesta?.
Y como final, ¿cuántas veces el neoliberal Filmus, mano derecha de Susana Decibe, habló de una nueva ley?.
Si nos remitimos a sus versiones anteriores, él habla de modificar la ley, no de hacer una nueva ley. Es lo que se propuso en los hechos, disfrazando el discurso, para lograr otra avanzada neoliberal. Abramos los ojos. Pensemos en nuestros hijos...En mi caso en mis futuros nietos.

Lydia Pallavicini, docente, Morón provincia de Buenos Aires

Otro collar para el mismo perro
La nueva Ley de Educación

Esta consulta es una pantomima como aval de un proyecto creado por el gobierno y “no” planteado desde la ciudadanía . Rechazamos la consulta porque la creación de una ley no se realiza en sólo tres días, sino que se necesita más tiempo para el debate y la puesta en común.
¿Cuál es el modelo de país? Si no hay un modelo de país menos podemos plantearnos un “modelo” de Ley Nacional de Educación de estas características ya que los principios son anacrónicos, es decir, no se relacionan con la situación socio -económica real que enfrentamos la mayoría de los argentinos: los salarios mínimos no corresponden al Mínimo Vital y Móvil actual, el empobrecimiento de todos los sectores medios y bajos del pueblo, que no pueden mitigar con los planes sociales que causan, a su vez, una cultura del facilismo y la resignación.
Por otro lado, si se habla de “profesionalización” de la tarea docente, los sueldos también deberían corresponder a los de un profesional. Entonces sí, cada docente trabajaría el mínimo de carga horaria y podría, en consecuencia, capacitarse correctamente: con tiempo para la lectura, presentismo y participación en los cursos correspondientes.
La capacitación docente debe ser financiada desde fondos desde del Estado y no una mercantilización privada del conocimiento. El Estado debe proveer de una capacitación “real” del docente y gratuita.
El problema de la aplicación de una ley con estas particularidades es que el Estado delega la responsabilidad de la Educación únicamente a cada establecimiento, es decir, “descentraliza” sus obligaciones y recarga de tareas a los docentes y a los directivos. Por ejemplo: encargarse de los presupuestos y puesta en marcha de reformas edilicias y asistencialismo (comedores, provisión de zapatilla, etc).
Por otro lado ¿cuáles son los métodos para implementar esta propuesta de Ley? ¿Dónde están los recursos? ¿Considera el Estado que con sólo el 6% del PBI, que contempla la Ley de Financiamiento, podría suministrar una buena calidad de la educación cuando en países más avanzados emplean porcentajes mucho más altos?
El alumno deberá tener un perfil con capacidades y actitudes múltiples no sólo una preparación para el futuro ( investigación , conocimiento real ) sino también como ser pensante, autónomo y con una actitud crítica.
No se debe educar para la productividad, la educación no es un servicio, es un derecho se debe educar con rigurosidad científica y apuntar a operaciones del pensamiento para adquirir competencias cognitivas que se aplicarán en la vida y en el trabajo.
También se observa una gran similitud con la Ley Federal de Educación vigente pero existe un retroceso ya que en el apartado Nº 2.3 “Educación de buena calidad es formación integral” se refiere a una “formación básica y universal (…): cultural, social, estética ética y religiosa ”. Esto atenta contra un derecho ya adquirido que es la “Educación laica”, establecido en la Constitución Nacional.
No menciona la tan reclamada derogación de la Ley Federal de Educación. Reinstala muchos de los postulados de dicha ley , como la continuidad de los aportes a la educación de gestión privada el trabajo infanto juvenil en las pasantías, la idea de un estado que se desresponsabiliza de su rol y la inclusión de la dimensión de la educación religiosa en las escuelas públicas.
Establece el rol subsidiario y controlador del Estado cediendo a las presiones de la Iglesia y los grupos privados.
Contiene afirmaciones controvertidas, entre las que rescata la Teoría del Capital Humano que deposita en la educación la resolución de los problemas del desempleo y la pobreza.
A través del canje de deuda se reconocería una deuda ilegítima, se daría ingerencia a asesores y gobiernos extranjeros y se fragmentaría la educación en cientos de proyectos administrados por ONG y empresas.
Reduce el papel del docente a mero aplicador de saberes y dispositivos resueltos «por arriba» del sistema educativo y « desde fuera» de las instituciones docentes (ver punto 4 de la introducción)
Impulsa el salario por mérito
Consideramos que es responsabilidad indelegable e intransferible del Estado garantizar el pleno y efectivo derecho a la Educación y, por lo tanto, debe garantizar las condiciones materiales y simbólicas para la universalización de la escolarización; las políticas sociales que aseguren la igualdad de posibilidades en el acceso, la permanencia y el egreso; igualar la educación para todos/as teniendo en cuenta lo regional, lo multicultural, las poblaciones migrantes, las personas con discapacidades, las personas privadas de libertard, adultos, etc; la unificación del Sistema Educativo Nacional y la redefinición de líneas nacionales para el desarrollo curricular, desde un profundo debate político cultural sobre que enseñar para lograr una educación científica, popular, democrática, solidaria, al servicio de los intereses nacionales y latinoamericanos la emancipación social y la liberación.

La nueva ley de Kirchner y Filmus: seis motivos para enfrentar la reforma educativa

Desde el PTS publicamos el folleto “El gobierno quiere emparchar la LFE” en el cual desarrollamos los puntos más polémicos de la nueva reforma que proponen Filmus y Kirchner. A modo de síntesis remarco algunos aspectos:
1) El documento escasamente repartido por el Ministerio de Educación en las escuelas llega acompañado de un cuestionario para “orientar el debate”, 20 preguntas que inducen las respuestas esperadas. No permite que todos debatamos y opinemos qué tipo de educación queremos para nuestros hijos. Esto no tiene nada de democrático.
No permiten poner en cuestión el conjunto de leyes y reformas antieducativas, como la Ley de Financiamiento o la Ley de Educación Técnica. Esto es lo que quiere evitar discutir el gobierno.
2) A partir de la Ley de Financiamiento Educativo se mantiene la desigualdad presupuestaria entre las provincias y de esta manera sienta las bases para una educación de distintos grados de calidad, según la jurisdicción. El Estado nacional no se hace cargo del financiamiento de la educación.
Hay que avanzar hacia un sistema educativo público, laico, gratuito, único, nacional, financiado por el Estado y gobernado y planificado por los docentes, el movimiento estudiantil, organizaciones obreras y populares.
3) No garantiza la educación gratuita para todas y todos, durante toda la vida, siendo sólo obligatoria desde la sala de 5, tal como ya está establecido. Además no plantea claramente que el problema de la exclusión educativa es la exclusión social.
4) La escuela que proponen vincula la educación a los intereses de los empresarios, sobre todo a través de las pasantías gratuitas, vinculadas a las necesidades de las empresas de cada zona. Hay que exigir la anulación de pasantías como sistema de mano de obra barata.
5) Con la propuesta de la nueva reforma proponen la incorporación de una “dimensión religiosa”, a la noción de educación integral, dando por tierra el carácter laico de la educación.
La escuela debe promover una formación no dogmática que permita el acceso al conocimiento científico, que acepta el cuestionamiento crítico.
La Iglesia y el CONSUDEC (Consejo Superior de Educación Católica), vienen reclamando “que se respete el derecho de la familia a participar en la educación de sus hijos, que la Iglesia Católica y demás confesiones, sean responsables junto con el Estado y las organizaciones sociales y que se considere al alumno como un ser trascendente”.
El financiamiento privado (vía desgravación impositiva, canje de deuda, subsidios, etc.) condiciona la independencia de la investigación y la enseñanza, a las empresas privadas multinacionales y aún nacionales, cuyos intereses particulares aseguran la producción y el uso del conocimiento a sus intereses y la búsqueda de mayores ganancias.
6) Al no plantear claramente la necesidad de mejorar las condiciones de enseñanza –aprendizaje no podemos asegurar ni las mínimas condiciones para el funcionamiento del sistema educativo. Las aulas están superpobladas, los edificios se caen, las jornadas laborales de los docentes son extenuantes, con salarios de pobreza, no se asegura la posibilidad que se capaciten, ya que los cursos son pagos, a contra turno, etc.
El futuro de la educación de los hijos de los trabajadores y el pueblo no puede estar en manos de los responsables de la crítica situación educativa que estamos viviendo, del avance de la privatización y el oscurantismo sobre los contenidos.
Desde el PTS estamos poniendo todas nuestras fuerzas en este sentido. Opinamos que las organizaciones combativas del movimiento obrero, de derechos humanos no pueden quedar fuera de esta discusión, debemos unirnos para enfrentar este nuevo ataque a la educación pública. Como se votó en Santa Fé, a partir de la insistente propuesta de nuestros compañeros del terciario de Villa Constitución, en agosto habrá un encuentro regional con AMSaFe, o como recientemente se acordó en el Encuentro “la educación que queremos”, debemos organizar encuentros de docentes, estudiantes, trabajadores en cada región, coordinar las acciones y el debate, en el camino de un gran congreso educativo nacional que discuta las bases de una educación al servicio de los trabajadores y el pueblo.
En primer lugar las seccionales opositoras del SUTEBA y todas las oposiciones del país, podrían salir de la pasividad y convocar a encuentros regionales como primer paso para enfrentar este nuevo ataque a la educación pública, gratuita y laica.

Virginia Pescarmona docente de Capital Federal, de la Agrupación Construyendo desde las Bases y del PTS

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